nombre reservado CONTRA nombre reservado

Puerto Montt, siete de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Juan José Ahrens Pérez, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quiénes interponen acción de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por los hechos que exponen en su acción.

Se indica en el citado recurso que con fecha 19 de julio de 2024, el recurrente nombre reservado, copropietario en conjunto con los demás recurrentes de la propiedad horizontal Condominio Los Volcanes, ubicado en Volcán Corcovado N°5800, Alto La Paloma, Puerto Montt, envía un correo electrónico a la administración de dicho condominio para acreditar la veracidad ellos, en conjunto con un comité de facto, habían tomado la decisión de prohibir el recibo en conserjería de encomiendas y otros documentos que hubiesen sido despachado a propietarios, arrendatarios y ocupantes que mantuviesen deudas por concepto de gastos comunes, sin que dicha medida estuviese reglamentada en cuerpo legal alguno y actuando dichos órganos como juez y parte, vulnerando garantías constitucionales con la intención de obtener el pago por aquel concepto, transcribiendo la mensajería sostenida a dichos efectos.

Indica que previamente, con fecha 24 de febrero de 2024, algunos vecinos y copropietarios de la comunidad indicada fueron citados a una reunión urgente, de carácter informativa, con la intención tratar puntos de “seguridad y otros temas que urgen a la comunidad” sin que se expresara de manera clara el hecho de llevar a cabo elecciones de personas que deben integrar el comité de administración, no efectuándose las citaciones que dictamina la ley. Sin perjuicio de ello, se lleva a cabo la citada reunión, en donde los recurridos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado forman un comité de facto con la intención de imponer una administración en la práctica.

Lo anterior es verificado mediante mensaje de texto vía whatsapp por parte del recurrido nombre reservado a la recurrente nombre reservado, en donde se le solicita pasar a firmar acta de comité para validar su presidencia, y con fecha 15 de marzo de 2024, en una asamblea efectuada en aquel día, se presenta renuncia formal por parte del administrador que ejercía aquel cargo a dicha fecha ante el comité de facto que indican los recurrentes, oportunidad en la cual se acuerda cursar multas a los copropietarios que no asistan a las reuniones que se citen al efecto.

Da cuenta que, en escritura pública de 05 de octubre de 2023, la cual contiene los integrantes del Comité de Administración de la citada comunidad, figura en ella solo la recurrida nombre reservado y no los otros recurridos, quién cumple funciones de secretaria y la que ha sostenido la existencia de un comité provisional, existiendo además una rendición de cuentas por el otrora administrador a la recurrida señalada y nombre reservado, con fecha 03 de abril de 2024, negando este último haber procedido en tal sentido, impidiéndose con ello un correcto funcionamiento de los dineros de la comunidad.

Posteriormente, con fecha 09 de mayo de 2024, el comité provisorio cita a asamblea extraordinaria para el 10 de mayo de 2024 a efectos de realizar elección del Comité de Administración y elección de nuevo administrador, sin respetar plazos establecidos en la ley para ello. Además, tomaron conocimiento de que la recurrida nombre reservado figurada con cargo de tesorera, firmando los cheques de la comunidad, pero sin haber pertenecido al comité en cuestión y que siendo requerida la escritura pública en donde conste la constitución del comité provisional, aquello no ha sido entregada, por no existir tal documentación.

Da cuenta, además, que con fecha 03 de junio de 2024, el abogado recurrente recibió un correo electrónico por parte de un conserje de la citada comunidad mediante el cual denuncia la existencia de malos tratos por parte del Comité de Administración, en particular, de nombre reservado y nombre reservado, dando cuenta de la existencia frustrada de instancias de diálogo y mediación, señalando además objeciones a gastos que han sido informadas en abril de 2024.

Afirma que, la serie de hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, N°2, N°3, N°4, N°16 y N°24 de la Constitución Política, conjuntamente con la vulneración de la ley N°21.442 sobre copropiedad inmobiliaria en cuanto a la forma de constitución de las administraciones.

Solicita que se acoja la presente acción y se ordene dejar sin efecto el comité de administración provisoria o, en subsidio, que se nombre a los recurrentes en dichos cargos; que los recurridos rindan cuenta de sus gestiones; que la recurrida nombre reservado de cuenta de las denuncias efectuadas en contra del comité que forma parte; que se oficie al Banco Santander Chile para que remita el estado de cuenta a nombre de Condominio Los Volcanes y que informen las personas con poder para firmar cheques a nombre de aquel; que se ordene a nombre reservado y nombre reservado a exhibir documentos que respaldan acta de entrega de documentos de fecha 03 de abril de 2024 y que den cuenta de lo obrado en asamblea de fecha 09 de mayo de 2024; que se deje sin efecto la medida de prohibición de recibir encomiendas por parte de conserjería en caso de existir mora en pago de gastos comunes; que se deje sin efecto lo señalado en el reglamento interno en cuanto a las sanciones para estacionamientos y accesos; y se deje sin efecto contrato con la Administradora Barceló.

A folio 5, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 15, evacua informe evacuado por Enzo Alessandro Tassara Leal, abogado en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, alegando la extemporaneidad del presente recurso al afirmar los argumentos basados en los hechos de fechas 24 de febrero, 29 de febrero, 15 de marzo, 3 de abril, 9 de mayo y 3 de junio, todos del año 2024 en curso, no deben ser considerados ni conocidos por esta Corte, atendida la fecha de presentación de esta acción, esto es, 26 de julio de 2024, no pudiendo entenderse por prorrogado aquel plazo con el correo de fecha 17 de julio de 2024 por no ser hechos vinculados entre sí.

Sobre el fondo, sostiene que la presente vía no es la idónea para la resolución del conflicto en cuestión, por cuanto los hechos aludidos en reiteradas ocasiones como vulneratorios de garantías fundamentales, no son más que descriptivos de conductas reguladas en la ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria, en la que se define cuáles son los procedimientos, sanciones y el organismo competente para llevarlos a cabo, esto es, los Juzgados de Policía Local conforme la norma del artículo 44 de dicha ley, sujetas a las disposiciones de la ley Nº18.287 y, en subsidio, a las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, atendido el petitorio del presente recurso y los presupuestos de competencia establecidos en la norma citada resultan coincidentes, no resultando pertinente, en consecuencia, el ejercicio del presente arbitrio procesal.

Afirma, además, la existencia de peticiones que resultan irracionales en atención a la naturaleza del presente procedimiento, sobre todo en lo relacionado con la eliminación de la disposición del reglamento interno sobre estacionamientos y accesos, en su letra F, disposición que se encuentra en el reglamento desde abril del año 2020, siendo aquella además, una petición extemporánea y no adoptada por el comité conformado por los recurridos, quienes ejercen sus atribuciones desde febrero de 2024.

Respecto de las supuestas vejaciones sufridas por un trabajador del condominio, afirma que aquellos hechos deben ser denunciados ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, no resultando idónea, además, esta vía a dichos efectos.

En cuanto a la medida de no recibir encomiendas por parte de la conserjería por mora en el pago de gastos comunes, afirma que aquella es una sanción de carácter administrativo, establecida por un ente que en su propio reglamento interno define la facultad de interponer o crear nuevas sanciones para las personas que generan un perjuicio a la comunidad al no cumplir con sus obligaciones de Copropiedad, siendo este el fundamento para la medida adoptada por el comité y la administración del edificio. Precisa que aquella es impuesta a copropietarios deudores en tres o más meses de gastos comunes, por lo que no es una medida que afecte a todos los copropietarios del edificio y no existiendo antecedentes de otros copropietarios que expresen su disconformidad sobre aquella medida ni cese de la misma ante el Juzgado de Policía Local respectivo. Agrega que dicha medida no se mantuvo en el tiempo y no es aplicable al día de hoy al no cumplir con la efectividad requerida para el objetivo señalado.

Afirma la existencia de un conflicto de interés manifiesto por parte de los recurrentes, quienes son directamente afectados por las medidas adoptadas por el comité de administración y las disposiciones de la ley 21.442, toda vez que parte de los recurrentes formaron parte del comité de administración con anterioridad al comité formado por los recurridos, como es el caso de las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, figurando esta última incluso como Directora del comité de administración en el acta de fecha 05 de octubre de 2023.

Sostiene la inexistencia de vulneraciones a las garantías fundamentales invocadas, razón por la cual aboga por el rechazo de la presente acción.

A folio 32, consta informe evacuado por nombre reservado, quién señala que aquella no ha incurrido en ninguno de los hechos denunciados en esta causa, dado que con fecha 12 de junio de 2024, fue llamada a reunión por el presidente nombre reservado, el cual fue elegido por votación pero sin el quórum pertinente, por lo que fue su elección de manera temporal hasta que se ratificase su otorgamiento, en conjunto con la secretaria nombre reservado y el director nombre reservado, siendo además destituida en aquella ocasión de su cargo de tesorera, afirmando que dichas personas se tomaron los cargos mediante actos arbitrarios.

Frente a lo anterior, no continuó con la emisión de cheques, dejando constancia de aquello en Carabineros, siendo posteriormente revocado el poder de administración ante las entidades bancarias respectivas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en la presente causa, se denuncian diversos hechos que configurarían un actuar ilegal y arbitrario por parte de las recurridas, que consisten en la constitución de una administración provisoria por fuera de las formalidades establecidas por la ley a dichos efectos y en una serie de actuaciones que serían contrarias a las garantías constitucionales invocadas por la actora en su presentación.

Cuarto: Que, por su parte, el abogado Enzo Alessandro Tassara Leal, quién actúa en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, alegó la extemporaneidad de la presente acción, por cuanto todas las actuaciones denunciadas en esta causa estarían por fuera del plazo de 30 días contenidos en el Acta 94-2015 de la Excma., Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, a excepción del hecho de fecha 19 de julio de 2024, no existiendo una relación de causalidad entre ellos resultando improcedente, en consecuencia, afirmar la existencia de un actuar permanente que permita extender la revisión de hechos por todo el período denunciado. Luego, y sobre el fondo del asunto, sostiene la inidoneidad de la presente acción conforme el tenor de los hechos que denuncia toda vez que aquellos resultan ser de competencia del Juzgado de Policía Local respectivo en atención a lo señalado en el artículo 44 de la ley N°21.442, siendo aquella sede en donde se deban resolver las peticiones solicitadas en estos autos.

A su turno, la recurrida nombre reservado niega la existencia de acto ilegal y arbitrario de su parte, afirmando que los otros recurridos son los que han incurrido en los hechos denunciados en esta acción, no manteniendo al día de hoy cargo alguno en el comité de administración de la comunidad señalada en esta acción.

Quinto: Que, el artículo 44 de la ley N°21.442 establece las normas de competencia de los conflictos suscitados a propósito de la administración de comunidades inmobiliarias en el tenor que se indica “Serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes y se sujetarán a las disposiciones de la ley Nº18.287 y, en subsidio, a las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, las contiendas que surjan en el ámbito del régimen especial de copropiedad inmobiliaria establecido en esta ley y que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y la asamblea de copropietarios, el comité de administración o el administrador, o entre estos mismos órganos de administración de la copropiedad inmobiliaria, relativas a la administración o funcionamiento del condominio, para lo cual estos tribunales estarán investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias.”

Sexto: Luego, atendido el tenor de los hechos denunciados en esta causa, del petitorio indicado por los recurrentes en su presentación, se advierte que no existe derecho indubitado que deba ser resuelto por esta vía de naturaleza meramente cautelar, no resultando la presente acción la vía idónea para reclamar los derechos que se denuncian como conculcados por los recurrentes.

Que, por su parte, y conforme a como también se razonó anteriormente, la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener de la judicatura, en su caso y en la sede que corresponda, el reconocimiento del derecho que pueda invocarse y, mientras ellos no sean ejercidos y dispuesto lo pertinente, no es esta la vía para discutir la procedencia de los mismos.

Séptimo: Que, en, consecuencia, al no existir un acto ilegal o arbitrario que sea factible atribuir a los recurridos, el arbitrio impetrado por los recurrentes debe ser desestimado, no existiendo una transgresión de las garantías constitucionales que señalan en su recurso.

Octavo: Que, en mérito de lo señalado precedentemente, se omitirá pronunciamiento respecto de la alegación de extemporaneidad planteada por el abogado Enzo Alessandro Tassara Leal, por resultar aquello innecesario atendido lo que se resolverá a continuación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por Juan José Ahrens Pérez, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1145-2024.