nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

nombre reservado, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de Los Lagos, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, y en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, de fecha 12 de enero de 2026, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para trabajador técnico extranjero, afectando sus garantías constitucionales.

Expuso que la actora solicitó, a través del portal web de la administradora recurrida, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica, y que el 12 de enero de 2026 fue notificada por correo electrónico del rechazo de su solicitud, fundado, en síntesis, en que: (1) la Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo permite acreditar una afiliación desde el 3 de diciembre de 2022, en circunstancias que los periodos de cotización cuya devolución se solicita comprenden desde junio de 2017 hasta abril de 2023; (2) dicha constancia señala tener una validez de 120 días, por lo que no se encuentra vigente; (3) la declaración jurada personal con certificación notarial de 24 de diciembre de 2025 no corresponde a un certificado de afiliación emitido por la institución competente de su país; (4) la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales la solicitante se encuentra cubierta, sino que las del sistema en forma genérica, y no está firmada por quien la emite ni se encuentra apostillada o legalizada; y (5) los anexos a los contratos de trabajo suscritos con los empleadores GEA Gestión y Construcción Limitada y GEA Arquitectos Asociados SpA señalan de manera idéntica que “las partes acuerdan mantener el pago de las cotizaciones previsionales desde el 01 de enero de 2023 hasta término de su relación laboral”, por lo que no se ha manifestado de forma clara e inequívoca la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

En cuanto a la vigencia del certificado de afiliación, sostuvo que el documento es auténtico y fidedigno, que su veracidad no ha sido cuestionada y que ni la Ley N°18.156 ni su normativa complementaria establecen un plazo de validez, caducidad o vencimiento para el certificado de afiliación previsional extranjera, por lo que la exigencia de una vigencia de 120 días carece de sustento legal. Agregó que el documento, emitido el año 2022, se encuentra legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y da cuenta de su afiliación al sistema previsional de su país de origen, que cubre las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo tenerse por válido, máxime considerando que la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela impide en la práctica obtener nuevas legalizaciones o certificaciones actualizadas, circunstancia ajena a su voluntad.

Respecto de la fecha de afiliación, arguyó que el artículo 1° de la Ley N°18.156 no exige que la afiliación al régimen extranjero sea anterior a la primera cotización efectuada en Chile ni que cubra íntegramente todo el período de prestación de servicios en el país, por lo que la administradora introduce una exigencia temporal no prevista por el legislador, contraria al principio de legalidad.

En relación con la Constancia Electrónica de Cotizaciones, señaló que ya se había acompañado un certificado legalizado que acredita su afiliación, y que la constancia es un documento oficial cuya autenticidad es verificable en el portal web del IVSS mediante el código de verificación que consigna, de modo que la omisión de verificarla constituye un actuar arbitrario e ilegal; que la inexistencia de relaciones diplomáticas hace materialmente imposible obtener la apostilla o legalización de nuevos documentos, y que nadie está obligado a lo imposible, invocando el artículo 45 del Código Civil. Añadió que, a mayor abundamiento, otorgó una declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada, destinada a reforzar la autenticidad y veracidad de los antecedentes acompañados.

En cuanto a la supuesta contradicción en la manifestación de voluntad, afirmó que la recurrida efectuó una interpretación errónea y descontextualizada de los anexos, pues de su revisión íntegra se desprende claramente su voluntad de mantener su afiliación previsional en su país de origen, y que la circunstancia de que el empleador haya declarado que, no obstante dicha preferencia, procedería igualmente al pago de las cotizaciones en Chile, dice relación exclusiva con el cumplimiento de las obligaciones previsionales del empleador mientras no exista un pronunciamiento que reconozca la exención, sin que ello importe renuncia o desconocimiento de la voluntad de la trabajadora.

Estimó que el obrar de las recurridas vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, así como la prohibición contenida en el numeral 26 del mismo artículo, al exigir requisitos no establecidos en la ley y descartar documentación oficial y verificable mediante una interpretación excesivamente formalista. Citó fallos de la Excma. Corte Suprema Roles N°28.881-2022, N°96.380-2021 y N°7.254-2025, y de las Iltmas. Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso, Concepción, La Serena, Santiago y Temuco, entre otros.

Pidió que se acoja la acción constitucional, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, que se efectúe un nuevo pronunciamiento conforme a derecho sobre la solicitud y que, dentro de un plazo razonable, se proceda a la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó al recurso: 1.- Cédula de identidad para extranjeros de la recurrente. 2.- Notificación de rechazo de AFP Modelo S.A. 3.- Declaración jurada simple, en formulario de AFP Modelo S.A. 4.- Declaración jurada ante notario público de la recurrente. 5.- Constancia de afiliación legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 6.- Constancia electrónica de afiliación de la recurrente. 7.- Anexo de contrato de trabajo. 8.- Contratos de trabajo.

Los documentos individualizados bajo los números 9 (cédula de identidad venezolana) y 10 (carta de aprobación de retiro de fondos de AFP Cuprum respecto de un tercero) no fueron adjuntados, según se dejó constancia en la resolución de folio 4.

A folio 4 se declaró admisible la acción y se pidió informe a las recurridas.

A folio 6 evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expuso que la recurrente presentó cuatro solicitudes de devolución de fondos previsionales (N°11148, 11149, 25326 y 25327), invocando la exención de la Ley N°18.156, respecto de las cotizaciones enteradas a su nombre por los empleadores GEA Arquitectos Asociados SpA, por el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y abril de 2023, y GEA Gestión y Construcción Limitada, por el periodo comprendido entre junio de 2017 y abril de 2023; que analizó la totalidad de los documentos acompañados y que rechazó las solicitudes por los motivos consignados en la comunicación de 12 de enero de 2026, que transcribe.

Sostuvo que la recurrente no acreditó haberse encontrado afiliada a un régimen previsional extranjero con anterioridad y durante toda la prestación de servicios en Chile; que el certificado acompañado no se encuentra vigente, pues el propio documento indica una validez de 120 días; que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no cumple las exigencias normativas, al no ser un certificado de afiliación, no mencionar las coberturas específicas de la afiliada, no estar firmada por quien la emite y no encontrarse legalizada o apostillada; y que la recurrente no manifestó en forma clara e inequívoca su voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile, por lo que no dio cumplimiento a los requisitos copulativos de las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

En cuanto al derecho, invocó los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156; el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que exige acreditar la afiliación mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada; el artículo 94 N°3 del D.L. N°3.500, de 1980, que faculta a la Superintendencia de Pensiones para fijar la interpretación de la legislación del sistema con carácter obligatorio para las administradoras; los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, sobre legalización y apostilla de instrumentos públicos otorgados en el extranjero; y los Oficios de la Superintendencia de Pensiones N°21.480, de 20 de septiembre de 2017; N°26.288, de 15 de noviembre de 2017; N°12.088, de 3 de julio de 2024; y N°19.835, de 22 de octubre de 2025, este último en cuanto indica que la manifestación de voluntad es equívoca cuando el trabajador afirma, por una parte, su intención de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero y, por otra, que continuará enterando cotizaciones en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500. Citó jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, entre ella la dictada en los autos Rol N°28.528-2025, de 3 de noviembre de 2025, y de diversas Cortes de Apelaciones, y concluyó que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno.

Acompañó los documentos solicitud de devolución de fondos de la Ley 18.156.

A folio 7 evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°2629, de 5 de febrero de 2026, solicitando que se declare improcedente el recurso por exceder la materia el ámbito de la acción de protección y, en subsidio, que se rechace, con costas.

Como cuestión previa, alegó que la acción de protección sólo ampara el ejercicio legítimo de derechos indubitados y preexistentes, y que lo pretendido por la recurrente es una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, existiendo controversia sobre los certificados presentados, lo que debe ser materia de un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto a los hechos, informó que la recurrente no registra ante ese organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la acción, por lo que no existen antecedentes que informar, y que el recurso no individualiza acto alguno imputable a esa Superintendencia.

En cuanto al fondo, señaló que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción, que conforme al Oficio N°5.963, de 16 de abril de 2007, debe interpretarse restrictivamente; se refirió a sus facultades interpretativas conforme al D.F.L. N°101, de 1980, al artículo 94 del D.L. N°3.500 y al artículo 47 de la Ley N°20.255; y concluyó que la constancia de afiliación se encuentra vencida; que la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma autorizada, legalización y apostilla, y no señala las coberturas específicas de la afiliada, citando el Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025; que la declaración jurada no reemplaza la certificación de la autoridad previsional competente; que la ausencia de relaciones diplomáticas no configura una imposibilidad absoluta, citando la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°33.946-2025; y que, conforme a la documentación aportada por la propia recurrente, ésta se encuentra afiliada al sistema previsional venezolano recién desde el 3 de noviembre de 2022, por lo que durante el período anterior no contó con cobertura previsional en su país de origen. Agregó que la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, y que la improcedencia del beneficio excepcional no importa la pérdida de sus fondos, los que podrá destinar a pensión o a los demás beneficios del D.L. N°3.500, de 1980.

A folio 8 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, contrario a la ley o producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en estos autos, doña nombre reservado ha interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, comunicado el 12 de enero de 2026, de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, sosteniendo que cumple los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 y que la administradora le ha exigido condiciones no previstas por el legislador, en lo relativo a la extensión temporal de la afiliación acreditada, a la vigencia y formalidades de los documentos acompañados y a la manifestación de su voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera.

Por su parte, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. sostuvo haber resuelto conforme a la ley, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, al no haberse acreditado los requisitos copulativos de las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156; en tanto que la Superintendencia de Pensiones alegó que la materia excede el ámbito de esta acción cautelar, que no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de la recurrente y que el acto de la administradora se ajusta a la normativa vigente.

Cuarto: Que, en lo que respecta a la Superintendencia de Pensiones, de los antecedentes del proceso no aparece que dicho organismo haya dictado acto alguno, ni incurrido en una omisión, relativo a la solicitud de la recurrente. El acto que se impugna es la comunicación de 12 de enero de 2026, emanada de la Fiscalía de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., y no consta que la actora haya formulado reclamo o presentación ante el órgano fiscalizador, como éste informa, sin que el libelo individualice actuación concreta alguna que le sea imputable. La sola circunstancia de que la administradora haya fundado su decisión en la normativa y en la jurisprudencia administrativa emanada de dicha Superintendencia no la convierte en autora del acto reprochado, por lo que la acción, en cuanto se dirige en su contra, no puede prosperar.

En cuanto a la alegación de improcedencia formulada por el mismo organismo, cabe precisar que, en la especie, se impugna un acto concreto y determinado -el rechazo de una solicitud formal de devolución de fondos-, cuya conformidad a derecho puede ser examinada por esta vía cautelar, a la luz de los antecedentes documentales allegados, sin que ello importe efectuar una declaración de derechos, por lo que se procederá a analizar el fondo de lo planteado respecto de la administradora recurrida.

Quinto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo legal prescribe que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Se trata de un régimen de excepción a la regla general de obligatoriedad de cotizar que rige para los trabajadores dependientes conforme al D.L. N°3.500, de 1980, correspondiendo al trabajador que pretende acogerse a él acreditar ante la administradora, el cumplimiento de tales requisitos, mediante antecedentes que tengan valor probatorio en Chile. Asimismo, conforme al artículo 94 N°3 del citado decreto ley, corresponde a la Superintendencia de Pensiones fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del sistema, con carácter obligatorio para las administradoras, lo que ha hecho, entre otros instrumentos, a través del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige acreditar la afiliación mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en los casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sexto: Que, de los documentos acompañados por la recurrente, no objetados, se desprenden los siguientes antecedentes:

a) Contrato de trabajo celebrado en Santiago el 1 de junio de 2017 entre GEA Gestión y Construcción Limitada y la recurrente, para desempeñarse como arquitecta, en cuya cláusula séptima se deja constancia de que ingresó al servicio el 1 de junio de 2017, y en cuya cláusula octava la trabajadora informa que sus cotizaciones deberán ser enteradas en la AFP PlanVital y en Fonasa; y contratos de trabajo posteriores de 1 de diciembre de 2019 y 1 de abril de 2022, con GEA Arquitectos Asociados SpA, y de 1 de marzo de 2021, con GEA Gestión y Construcción Limitada, todos los cuales reconocen como fecha de ingreso el 1 de junio de 2017 y, en su cláusula octava, disponen que las cotizaciones deberán ser enteradas en la AFP PlanVital, sin contener estipulación alguna relativa a la mantención de una afiliación previsional extranjera.

b) Anexo de contrato de trabajo suscrito el 12 de enero de 2023 entre GEA Gestión y Construcción Limitada y la recurrente, con firmas autorizadas ante notario el 17 de febrero de 2023, en cuya cláusula primera, numeral 1.2, la trabajadora manifiesta su afiliación al IVSS y su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social en su país de origen, “y de este modo, eximirse de cotizar en el régimen previsional chileno”; en su numeral 1.3, las partes acuerdan “agregar un acuerdo respecto al régimen previsional del trabajador, a contar del día 01 de enero de 2023”; y en su cláusula segunda se estipula que “el trabajador desea aplicar la exención de responsabilidad del pago de las cotizaciones provisionales de la empresa desde la fecha de su ingreso hasta el 31 de diciembre de 2022”, agregando que “Conforme lo anterior, las partes acuerdan mantener el pago de las cotizaciones previsionales desde el 01 de enero 2023 hasta término de su relación laboral”.

c) Constancia de afiliación al IVSS para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones N°6423, consistente en una declaración bajo fe de juramento de la recurrente, dirigida a la “Administradora de Fondos de Pensiones AFP Plan Vital”, en la que expresa que “con fecha de afiliación desde el 03-12-2022, estoy cubierto por el Sistema de Seguridad Social Venezolano (…) desde antes de comenzar a trabajar en la República de Chile”, cuyo contenido es reproducido en la certificación extendida el 28 de diciembre de 2022 por el funcionario a cargo de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, con firma legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 16 de enero de 2023, y que al pie contiene la nota “Documento válido por 120 días”. Se adjunta a ella una Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS expedida el 26 de diciembre de 2022, que da cuenta de 4 semanas cotizadas, de una “primera fecha de afiliación al Instituto 03/11/2022” y de una vigencia “hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2022”.

d) Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS expedida el 4 de diciembre de 2025, que indica que la recurrente posee 126 semanas cotizadas, “siendo su primera fecha de afiliación al Instituto 03/11/2022”, registrando como empleador a la propia recurrente, con fecha de ingreso 3 de noviembre de 2022, “según base de datos de la institución sujeta a revisión de documentos probatorios”, y que expresa que “El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2025”. El documento transcribe el artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, contiene un código de verificación electrónica y no se encuentra legalizado ni apostillado.

e) Declaración bajo fe de juramento de la recurrente, firmada ante notario público de la comuna de Las Condes el 24 de diciembre de 2025 y apostillada en Chile el 30 de diciembre de 2025, en la que declara que se encuentra afiliada al IVSS “desde el 03 de noviembre de 2022”, remitiéndose a la constancia electrónica singularizada en la letra precedente.

f) Declaración jurada en formulario de AFP Modelo S.A., suscrita por la recurrente el 2 de enero de 2026, y comunicación de rechazo de 12 de enero de 2026, de la que consta que los periodos de cotización cuya devolución se solicitó comprenden desde junio de 2017 hasta abril de 2023.

Séptimo: Que, en cuanto al primer motivo de rechazo, la recurrente sostiene que la ley no exige que la afiliación extranjera cubra todo el período trabajado en Chile. Tal alegación no puede ser acogida. La exención del artículo 1° de la Ley N°18.156 opera “para los efectos de esos contratos” y “siempre que” el trabajador “se encuentre afiliado” a un régimen de previsión extranjero, expresión que alude a una situación actual y coetánea a la prestación de los servicios cuyas cotizaciones se pretende eximir. Por consiguiente, respecto de los periodos en que el trabajador no contaba con dicha afiliación, no concurría el presupuesto de la exención, rigiendo a su respecto la obligación general de cotizar, de manera que las cotizaciones correspondientes a esos periodos no pueden ser objeto de la devolución que autoriza el artículo 7°, que se remite precisamente al cumplimiento de los requisitos del artículo 1°. Exigir que la afiliación extranjera se acredite respecto del período cuya devolución se solicita no constituye, entonces, un requisito adicional creado por la administradora, sino la aplicación del contenido mismo del requisito legal.

En la especie, todos los antecedentes aportados por la propia recurrente sitúan el inicio de su afiliación al IVSS en noviembre o diciembre de 2022 -el 3 de noviembre de 2022, según las constancias electrónicas y su declaración jurada notarial; el 3 de diciembre de 2022, según la constancia consular-, en circunstancias que los contratos de trabajo acreditan que ingresó a prestar servicios en Chile el 1 de junio de 2017 y que la devolución pedida abarca cotizaciones desde junio de 2017 hasta abril de 2023. En consecuencia, respecto de un lapso superior a cinco años no se acreditó que la recurrente se encontrara afiliada a un régimen de previsión extranjero que le otorgara las prestaciones exigidas por la ley. Refuerza lo anterior la circunstancia de que la constancia electrónica expedida el 26 de diciembre de 2022 registrara apenas 4 semanas cotizadas, lo que es coherente con una afiliación iniciada semanas antes. Por último, la afirmación contenida en la constancia consular, en orden a que la recurrente estaría cubierta “desde antes de comenzar a trabajar en la República de Chile”, resulta contradictoria con la fecha de afiliación que ese mismo documento consigna, por lo que no permite tener por acreditada una cobertura anterior a esa fecha.

Octavo: Que, respecto de la vigencia del certificado, si bien la Ley N°18.156 no establece un plazo de validez para los documentos que acreditan la afiliación, ello no importa que la administradora deba reconocer eficacia indefinida a una certificación cuyo propio texto la limita temporalmente, es la propia autoridad emisora la que ha circunscrito su eficacia dado que advierte ser “válida por 120 días”, y la constancia electrónica expedida el 4 de diciembre de 2025 señala tener vigencia “hasta el día 31 del mes de Diciembre de 2025”. De este modo, a la fecha de la solicitud y de su rechazo, ambos documentos habían perdido la eficacia que su emisor les asignó, de manera que la administradora no ha creado una exigencia no prevista en la ley, sino que se ha atenido a los términos en que los propios instrumentos fueron otorgados.

En cuanto a la alegada imposibilidad de obtener nuevos documentos debidamente autenticados, como bien lo señalado la Excma. Corte Suprema, la interrupción de las relaciones consulares entre ambos países dificulta, pero no hace imposible, el cumplimiento de la exigencia, pudiendo efectuarse el trámite a través de sedes consulares de terceros países o del portal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela (sentencia de 24 de diciembre de 2025, Rol N°33.946-2025). No se configura, por tanto, la fuerza mayor invocada por la recurrente, la que, por lo demás, en nada alteraría la conclusión expuesta en el motivo precedente, pues aun de aceptarse los documentos acompañados, éstos sólo acreditan una afiliación a partir de noviembre de 2022.

Noveno: Que, en lo que concierne a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, ésta no se encuentra legalizada ni apostillada, por lo que no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para que un instrumento otorgado en el extranjero produzca efectos en Chile, sin que la sola inclusión de un código de verificación electrónica supla tales formalidades. En cualquier caso, aun prescindiendo de estas observaciones, la constancia sólo acredita una afiliación a partir del 3 de noviembre de 2022 y con una vigencia que expiró el 31 de diciembre de 2025, por lo que tampoco permitiría acceder a lo pedido.

Por su parte, la declaración jurada otorgada ante notario constituye una manifestación unilateral de la propia interesada, que no emana de la institución de seguridad social competente, y la apostilla de que da cuenta sólo certifica la autenticidad de la firma del notario y la calidad en que actuó, sin certificar el contenido del documento.

Décimo: Que, en cuanto al segundo motivo de rechazo, la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 exige que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación a un régimen previsional extranjero, voluntad que, atendido el carácter excepcional de la exención y su efecto de sustraer al trabajador de la regla general de cotizar, debe ser clara e inequívoca.

Los antecedentes reseñados en el motivo sexto demuestran que ninguno de los contratos de trabajo celebrados entre los años 2017 y 2022 contiene tal manifestación, y que, por el contrario, en todos ellos la trabajadora informó la administradora de fondos de pensiones chilena en la que debían enterarse sus cotizaciones. La única expresión de voluntad en ese sentido se contiene en el anexo de 12 de enero de 2023, suscrito más de cinco años después del inicio de la relación laboral, y en el que se pretende dar efecto retroactivo a la exención “desde la fecha de su ingreso hasta el 31 de diciembre de 2022”.

Décimo primero: Que, además, el mismo anexo no expresa de manera inequívoca que la trabajadora mantendrá su afiliación exclusivamente en el régimen previsional extranjero durante la vigencia de la relación laboral. Por el contrario, a continuación de declarar su voluntad de eximirse de cotizar en Chile, las partes convienen, “a contar del día 01 de enero de 2023”, “mantener el pago de las cotizaciones previsionales desde el 01 de enero 2023 hasta término de su relación laboral”, sin estipular que durante ese período la trabajadora conserve su afiliación fuera de Chile en los términos del artículo 1° de la Ley N°18.156.

En efecto, se trata de un acuerdo bilateral -“las partes acuerdan”-, que obliga también a la trabajadora y que no sujeta la mantención del pago de cotizaciones a condición o pronunciamiento alguno, sino que la extiende expresamente “hasta término de su relación laboral”.

En estas condiciones, la conclusión de la administradora, en el sentido de que no se ha manifestado de forma clara e inequívoca la voluntad de mantener la afiliación a un régimen previsional fuera de Chile, se ajusta al texto de los instrumentos acompañados y a la interpretación que de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Décimo segundo: Que, de lo razonado se sigue que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. no ha incurrido en ilegalidad, pues se ha limitado a exigir la acreditación de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 establecen para la devolución solicitada, en la forma que determina la normativa vigente y conforme a las instrucciones de su órgano fiscalizador, sin que la recurrente haya satisfecho tales presupuestos. Tampoco puede reprochársele arbitrariedad, desde que su decisión se encuentra debidamente fundada, se hace cargo de cada uno de los antecedentes aportados y expresa las razones por las cuales ellos resultan insuficientes, invitando a la solicitante a presentar una nueva solicitud una vez regularizadas las causales de rechazo.

Décimo tercero: Que, sin perjuicio de lo anterior, tampoco se advierte afectación de las garantías invocadas. No se vulnera la igualdad ante la ley, desde que la recurrente no acreditó que otros solicitantes en idéntica situación hubieren obtenido un trato diverso. Tampoco se afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, los que permanecen en su cuenta de capitalización individual y de los cuales podrá disponer conforme a las normas generales, ni se imponen condiciones que afecten los derechos en su esencia. Por las mismas razones, resulta innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones de las recurridas, entre ellas la relativa a la calidad de residente definitiva de la actora.

Décimo cuarto: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a las recurridas que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, la acción cautelar deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora Sofía Bohle Pérez.

No firma el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, quien concurrió a la vista y acuerdo por haber cesado su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°114-2026.-