nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO REGIONAL LOS LAGOS

Puerto Montt, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 29 de enero del presente año, comparece doña nombre reservado, en su calidad de secretaria de la Directiva del Sindicato Intermpresa Violeta Parra, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región de Los Lagos, representada por su Director Regional don Guillermo Oliveros López, domiciliada en domicilio reservado, por estimar que la recurrida ha vulnerado las garantías fundamentales de que es titular el sindicato recurrente y que indica como aquella consagrada en el artículo 19 Nº3, sin señalar a qué inciso se refiere; y aquella dispuesta en el artículo 19 Nº19, sin señalar a cuál de las garantías contenidas en dicho artículo hace referencia.

Señala, que la vulneración de sus garantías se configura a partir del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en haber otorgado a una parte de los socios del sindicato, que han promovido una censura del Directorio del Sindicato, de conformidad a lo dspuesto en los artículos 39 y siguientes de los estatutos sociales y artículos 244 y siguientes del texto actual del Código del Trabajo; un ministro de fe para que concurra a la votación de dicha censura, sin que se hayan verificado previamente los requisitos que hacen procedente dicho proceso eleccionario interno.

En efecto, señala que el sindicato interpempresas Violeta Parra cuenta con 750 socios activos aproximadamente en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Lo anterior, ha generado una serie de dificultades de organización y funcionamiento, que serían el motivo que llevó a una parte de sus asociadas a notificar la Directorio de un proceso de censura en su contra.

Así, en virtud de lo preceptuado en los artículos 39 y siguientes de los estatutos del Sindictado, la moción de censura debe cumplir con una serie de requisitos para recibir tramitación, entre ellos se cuenta: que las acusaciones tengan fundamentos concretos, que sea patrocinada por al menos el 20% de los socios activos del Sindicato; que se notifique de la moción al Directorio, acompañando una nómina de las socias que patrocinan la censura a fin de calificar el quorum; y que se informe a todas las socias con antelación mínima de tres días hábiles a la realización de la votación de la censura. Dicha presentación además, debe ser acompañada en copia a la Dirección del Trabajo.

Refiere que el día 28 de diciembre de 2017 se le notificó al directorio de la moción de censura, junto con los cargos específicos que se le imputaban, pero no se cumpió con el requisito de acompañar la lista de socias que diera cumplimiento al quorum mínimo, cuestión que en todo caso, debe ser calificada por el Directorio según los estatutos.

Agrega que la misma presentación ingresada con fecha 29 de diciembre a la Dirección del Trabajo, adjuntando la nómina de socias solicitantes y pidiendo se designaran ministros de fe para la votación de la censura.

Con fecha 9 de enero del presente año, el Directorio denunció la irregularidad de dicha situación ante la Dirección del Trabajo y solicitó se le remitiera la lista de socias a fin de calificar el quorum requerido por los estatutos, a lo que la recurrida respondió ordenándole pedir la información por vía de la Ley de Transparencia.

De esta manera, expone que recién el día 18 de enero la directiva estuvo en condiciones de evaluar la concurrencia de los requisitos para dar curso a la censura promovida.

Explica que solo en el caso que la directiva no convoque a votación de la censura dentro de los 30 días siguientes de la petición inicial, son los mismos socios los que pueden proceder por su cuenta ciñéndose a las disposiciones estatutarias.

No obstante ello, el día 24 de enero, 6 días después de saber si los solicitantes cumplían o no con los requisitos para promover la censura, la recurrida les notificó que se habñian designado ministros de fe para la votación de la misma en los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero del presente año.

Lo anterior, a su juicio, redunda en una vulneración de las garantías fundamentales de que es titular la organización sindical, en especial de aquella consagrada en el inciso tercero del Nº19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha infringido la libertad de organización autónoma de que goza el órgano sindical, interfiriéndo en un procedimiento de carácter reglado tanto en sus estatutos propios, como por la ley –en este caso, el artículo 244 del Código del Trabajo- que se remite expresamente a ellos. Lo dicho, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 1º inciso tercero la Carta Fundamental.

Asimismo, acusa una vulneración del principio del debido proceso que estima consagrado en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política, al interferir en el procedimiento reglado para las mociones de censura, contraviniendo lo expresamente señalado en el estatuto social, lo que impide un correcto ejercicio de la autonomía y democracia sindical interna, a fin que la censura se adecúe a las normas que los mismos socios se han fijado para su procedencia.

Por lo expuesto, insta por que se acoja el presente recurso de protección y se ordene por esta Corte a la recurrida el cese inmediato de las conductas denunciadas y se abstenfga de actuar en este proceso hasta que sea la propia directiva o la comisión de censura la que lo solicite, previo cumplimiento de las normas estatutarias.

Acompaña a su recurso documentos que indica.

Solicitada orden de no innovar en el sentido de suspender la citación a votación de la censura, fue esta rechazada.

Mediante presentación posterior, la recurrente amplió el recurso en cuanto acompañó un ordinario de la Dirección del Trabajo que en respuesta a su reclamo calificó que el proceso cumplía con el quorum suficiente y que cualquier reclamo sobre el procedimiento eleccionario de votación de la censura, debía impetrarse ante el tribunal electoral regional como órgano competente en dicha materia.

Solicitado informe a la recurrida, ésta lo evacúa haciendo una relación de las competencias que le asisten en esta materia, en virtud de la regulación general de los procesos de censura que hace el Código del Trabajo en sus artículos 218, 232, 239 y 244 y siguientes.

Refiere que a una primera solicitud de la comisión de censura para designar ministros de fe, presentada con fecha 12 de enero de 2018, no se accedió por dicho organismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 inciso segundo de los estatutos del Sindicato, sino sólo a una posterior de 23 de enero que fijó como fechas para la votación de la censura para los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero del presente año.

Luego de la relación de normas estatutarias, aduce que su actuar se ha conformado a Derecho, en especial a aquellas preceptivas que se contienen en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que le imponen un deber de actuar conforme a ella y dentro del marco de sus atribuciones.

Expone su parecer acerca de la competencia del tribunal electoral regional a fin de calificar si se ajusta a Derecho o no el proceso eleccionario relacionado con la moción de censura promovida por parte de las socias del Sindicato, citando al efecto lo dispuesto en el artículo 10 Nº2 de la Ley Nº18.593 o en su defecto se debiese ocurrir ante los Tribunales Laborales de conformidad a lo que preceptúa el artículo 420 letra b) del Código del Trabajo.

Por lo anterior, estima que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna respecto del sindicato recurrente y como alegación final reclama la pérdida de oportunidad del recurso, atendido que la votación de la censura se llevó a cabo los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, con resultado negativo en cuanto fue rechazada dicha moción, por lo que insta por el rechazo de la acción cautelar en definitiva.

Acompaña a su informe documentos que indica.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente en tabla.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho de haberse calificado por la Dirección del Trabajo la procedencia de un procedimiento de censura del directorio del sindicato recurrente, en contravención a la normativa estatutaria interna, accediendo a otorgar ministros de fe para la votación de la moción sin verificar el cumplimiento previo de los requisitos de procedencia de la misma, lo que se denuncia como una vulneración al debido proceso y a la autonomía sindical interna, consagrada en el artículo 19 Nº19 inciso tercero de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, habiéndose solicitado informe, la recurrida expone que ha actuado dentro de sus competencias de conformidad a los artículos 6 y 7 de la Carta Política y fijadas por los artículos 218, 232, 239 y 244 y siguientes del Código del Trabajo, ciñéndose además al propio estatuto del Sindicato, por lo que descarta una actuación ilegal y arbitraria de su parte.

Alega en subsidio la competencia para conocer de estos asuntos por parte del Tribunal Electoral Regional o en su defecto por los Tribunales Laborales.

Finalmente, refiere una pérdida de oportunidad de la acción cautelar de marras al haberse verificado la votación de la censura con resultado negativo para los peticionarios, rechazándose ella en definitiva.

CUARTO: Que, como un primer asunto, esta magistratura estima pertinente señalar que más allá de la naturaleza desformalizada de la acción cautelar de autos, que lleva muchas veces a reconducir los hechos a la garantía vulnerada cuando ella no ha sido expresada por el recurrente, lo cierto es que en este caso se ha denunciado concretamente una vulneración del debido proceso, como principio constitucional que el actor estima consagrado genéricamente en el artículo 19 Nº3 de la Carta Política y aquella garantía contenida en el artículo 19 Nº19, especificando eso sí en el cuerpo de su presentación que se refiere en particular a la garantía consagarda en el inciso tercero de dicha norma.

De esta forma, es menester recordar que el artículo 20 de la Constitución sólo ampara por esta vía cautelar la garantía del artículo 19 Nº3 inciso quinto, la que en la especie no aparece como denunciada específicamente y los hechos tampoco permiten inferir que se haya referido a ella la ocurrente, por lo que no será analizada en particular.

QUINTO: Que, de igual manera y previo a entrar al análisis de los hechos denunciados a fin de estimar si aquellos son ilegales o arbitrarios y redundan en una vulneración de garantías o derechos fundamentales que motiven la intervención cautelar de esta Corte y justamente, en atención a la naturaleza jurídica de la acción deducida, se hace necesario un pronunciamiento acerca de la alegación final de parte de la recurrida en cuanto a la pérdida de oportunidad del recurso proteccional incoado.

SEXTO: Que, en efecto, la acción cautelar de marras se erige como un mecanismo de protección constitucional que busca impedir la alteración de un status quo jurídico o material, que se encuentra debidamente amparado en el Derecho, de manera de resguardar los derechos o garantías fundamentales de que es titular el recurrente y que se ven conculcados por un actuar ilegal o arbitrario del recurrido que irrumpe contrariando el ordenamiento normativo; o, de contrario, para permitir que el Derecho actúe cuando éste se ve impedido de hacerlo por vías que truncan el ejercicio legítimo de los derechos sin asidero jurídico que lo respalde.

De esta manera, lo que se pide a la judicatura es que restablezca el imperio del derecho quebrantado por la actuación u omisión ilegal del recurrido y que si bien, requiere como paso previo dentro de la construcción del silogismo juridico que lleva a adoptar una decisión estimativa de la acción incoada, el reconocimiento de la preexistencia de un derecho, no es en concreto una acción declarativa, sino cautelar, de naturaleza extraordinaria por su urgencia y por el rango constitucional de los derechos amagados.

SÉPTIMO: Que, entonces, como se viene razonando, una acción cautelar de esta naturaleza requiere actuar frente a una amenaza o una agresión concreta respecto de los derechos o garantías que protege, pero no actúa ex post de su ocurrencia, con el solo fin de declarar si la actuación denunciada se ajusta o no a Derecho.

Ello, por cuanto, al no existir un motivo que lleve a actuar o desplegar las facultades conservativas que se demandan de esta magistratura, la acción incoada ha perdido su sentido último y por ende, la oportunidad de actuar el Derecho que se demanda.

Lo expuesto, no priva al actor de recurrir por las vías que estime pertinentes para reclamar de los eventuales daños o perjuicios que el actuar de la recurrida le haya podido ocasionar, en la forma y ante los tribunales que las leyes prevén.

OCTAVO: Que, así las cosas, de lo expuesto por la recurrida aparece que la votación de la censura promovida en contra del Directorio del Sindicato recurrente se llevó a cabo con fecha 30 y 31 de enero y 1 de febrero, siendo dicha moción rechaza en definitiva.

De lo anterior, se siguen dos conclusiones: de una parte, que los hechos denunciados, consistentes en la intervención ilegítima a juicio de la actora por parte de la Dirección del Trabajo, ya se materializó mediante la concurrencia de los ministros de fe a dicho proceso eleccionario; y de otra parte, por cuanto no existe perjucio que motive el ejercicio de las potestades cautelares de esta Corte, ya que desplegada la conducta denunciada no se ha producido agravio para el recurrente.

Las cuestiones previamente referidas llevan a concluir que a la fecha, la presente acción constitucional ha perdido oportunidad, como se dirá.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, aun cuando se estimara que de la actuación de la recurrida se ha seguido una vulneración de la autonomía sindical en concreto, existe la vía jurisdiccional ordinaria de reclamo ante los tribunales laborales, para que así sea declarado con las consecuencias jurídicas que estime la recurrente.

Por otra parte, si se estimara que la intervención de la denunciada en el proceso eleccionario ha viciado de alguna manera dicho procedimiento, ha de ocurrirse al Tribunal Electoral Regional, como lo dispone la Ley Nº18.593.

Así las cosas, esta magistratura estima que la cuestión que ha motivado a estos autos se encuentra sometida a la competencia de otros órganos de los que se puede demandar una sentencia declarativa, atendido que la cautela urgente solicitada en esta sede ha perdido su oportunidad.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en su calidad de secretaria de la Directiva del Sindicato Intermpresa Violeta Parra, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región de Los Lagos, representada por su Director Regional don Guillermo Oliveros López, por estimar que la presenta acción constitucional ha perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con permiso.

Rol Nº 114-2018