Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

Puerto Montt, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTO:

Con fecha 24 de enero de 2019, compareció doña nombre reservado, trabajadora dependiente, domiciliada en domicilio reservado, en Puerto Montt, e interpuso recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, Corporación de Bienestar Social, con domicilio en domicilio reservado, en Puerto Montt, representada legalmente por su Gerente General nombre reservado o por quien ejerza dicha calidad, de igual domicilio, en razón de lo siguiente:

El 25 de octubre de 2012, obtuvo un crédito de mutuo de dinero por el cual suscribió un pagaré en 48 cuotas de $168.210, cada una de las cuales se descontarían por planilla por su empleador de ese momento. En el mes de abril de 2016 fue despedida, razón por la cual no pudo seguir cumpliendo, dejando de pagar la cuota correspondiente al mes de mayo de 2016, fecha desde la cual se constituyó en mora. A la fecha, el titular del crédito no ha ejercido acción ejecutiva ni administrativa alguna tendiente al cobro compulsivo de la obligación, no agotando así los medios para obtener el pago, siendo negligente en el cobro del crédito, dejando transcurrir un período de tiempo significativo desde que se constituyó en mora.

No obstante, en el mes de diciembre de 2018 habiendo ya transcurrido 2 años y 8 meses, desde que se constituyó en mora, en forma arbitraria e ilegal, sin previo aviso el recurrido ordena a su empleador actual realizar descuentos por el crédito a través de la red de Cajas de compensación. Sin haber agotado los medios necesarios para obtener su pago. Por lo que, cualquier intento de cobro a la fecha, carece de sentido y lógica, toda vez que cualquier acción estaría prescrita, citando jurisprudencia al efecto. Razón por la cual se ha infringido su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto los descuentos efectuados afectan su patrimonio.

Por lo tanto: solicitó se acoja el recurso, resolviendo que los actos descritos son ilegales y afectan garantías constitucionales, y en consecuencia ordene restablecer el imperio del derecho, haciendo cesar los descuentos a sus remuneraciones o lo que se determine de justicia y derecho establecer, con costas.

Con fecha 08 de febrero de 2019, informó doña Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en el siguiente sentido:

Dio cuenta de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.833, que conforme al artículo 29 de la citada ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, que a su vez son corporaciones sin fines de lucro, además, que a fin de cautelar el fondo social la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una central de riesgo financiero, instrucciones contenidas en Circulares N°2627 del año 2010, N°2714 y N°2743 del año 2011, N°2839 del año 2012, N°2925 del año 2013, entre otras. Es en este contexto y para dar efecto a dicha normativa, que con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, la Caja a la que actualmente se encuentra afiliado el deudor, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud del carácter social de los mismos.

Luego, citó el artículo 7 y 22 de la Ley N° 18.833, para sostener que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador debe deducir de las remuneraciones de los trabajadores los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Por lo expuesto, una vez detectado a quien mantiene una deuda con la entidad recurrida, ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, su deuda se incorpora en la nómina de cobranza respectiva, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento conforme la planilla de crédito que recibe la entidad pagadora de su remuneración, reteniendo y remesando la cuota descontada a la Caja acreedora o conforme el contrato señalado precedentemente a la Caja de Compensación recaudadora.

Así las cosas, es en el propio pagaré en que consta la autorización por parte del deudor para proceder al descuento, por lo que no ha sido negligente, por cuanto todos los descuentos efectuados en distintos meses y años fueron de conocimiento de la recurrente al recibir las respectivas remuneraciones por parte de su empleador. En consecuencia, sostiene no haber vulnerado garantía constitucional alguna, ya que en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, pasando a cometer un acto arbitrario e ilegal si lo informado a deducir por concepto de crédito social ha sido declarado prescrito tanto respecto de su acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, lo que no aconteció en este caso, ni tampoco la extinción de la obligación por cuanto desde la época en que se efectuó el último descuento, esto es, entre mayo 2016 a agosto de 2018, no han transcurrido más de 5 años. Además, que la prescripción de las acciones, está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer, la recurrente cuando hace referencia al transcurso del tiempo. Citando en este punto jurisprudencia al efecto.

Por lo tanto: solicitó el rechazo del recurso de protección.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, y que permite, en definitiva, poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales del tribunal competente, en orden a restablecer, de un modo rápido, inmediato y directo, el imperio del derecho y las garantías fundamentales de cualquier persona.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho; en este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en acto, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma constitucional, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en este sentido, la acción de protección tiene como particularidad ser cautelar y no principal, ello quiere decir que la resolución que recaiga en ésta, produce cosa juzgada formal y solo substancial respecto a otras acciones de protección posteriores, lo que entrega la posibilidad de hacer valer otros derechos en materias y procedimientos distintos.

CUARTO: Que, el acto ilegal y arbitrario alegado por la recurrente radica en que ya transcurrido 2 años y 8 meses, desde que se constituyó en mora, en forma arbitraria e ilegal, sin previo aviso el recurrido ordena a su empleador actual realizar descuentos por el crédito a través de la red de Cajas de compensación. Lo anterior, sin haber agotado los medios necesarios para obtener su pago, por lo que, cualquier intento de cobro a la fecha, carece de sentido y lógica, toda vez que cualquier acción estaría prescrita. A su vez, el recurrido sostuvo que es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, no siendo ilegal ni arbitrario su actuar porque desde la época en que se efectuó el último descuento, esto es, entre mayo 2016 a agosto de 2018, no han transcurrido más de 5 años.

QUINTO: Que, en este sentido, cobra aplicación lo establecido en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 19.833 que dispone en lo pertinente que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En este sentido, debe relacionarse con la existencia del contrato celebrado entre todas las Cajas de Compensación con la finalidad de recabar información y actuar como mandatarios de la Caja acreedora para los efectos de proceder a exigir el pago de los créditos adeudados, acto jurídico validado por la Superintendencia de Seguridad Social que permite la realización de los descuentos de la remuneración en ejercicio de dicha convención.

SEXTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, a la recurrente se le otorgó un crédito social de consumo por la Caja de Compensación La Araucana el 25 de octubre de 2012, cuyo pago se pactó en 48 cuotas, y que se cumplió hasta la cuota N° 14, dejando de pagar la del mes de mayo de 2016, adquiriendo la recurrente la calidad de morosa, en la que se mantuvo hasta el mes de agosto de 2018, cuando fue detectado como cotizante de otra caja de compensación y, a partir de esa fecha, se le efectuaron los descuentos correspondientes, por haberse solicitado el descuento de las cuotas correspondientes en la forma prevista en los artículos 22 de la Ley N° 18.833 y 58 del Código del Trabajo, en la modalidad que se conoce como “inter caja”.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, el recurrente dejó de pagar el crédito en el mes de mayo de 2016, según sus propios dichos pero, con posterioridad, se efectuaron nuevos descuentos, respecto a las cuotas correspondientes, cuando fue habido en el mes de agosto de 2018, los que se extendieron hasta el mes de enero de 2019; de manera que no pasaron cinco años entre el último pago realizado en 2016 y el siguiente descuento, efectuado en el año 2018.

OCTAVO: Que, a la luz de lo reflexionado precedentemente, al erigirse la protección constitucional como una acción cuyo objeto es poner urgente remedio a la vulneración actual o potencial de un derecho fundamental, lo que, como ya se ha dicho, no se ha acreditado, de modo que no existen conductas ilegales ni arbitrarias por parte de la recurrida, quien no ha podido afectar las garantías constitucionales señaladas por el actor, por lo cual esta acción de cautela constitucional no puede prosperar.

NOVENO: Que, en consecuencia, no aparece de los antecedentes que la recurrida haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna respecto de la actora, ya que la solicitud de descuento de la cuota correspondiente al crédito cobrado por la Caja de Compensación Los Andes, por instrucción de la Caja de Compensación La Araucana, no puede ser calificada de ilegal ni de arbitraria, razón por la que el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por su Gerente General nombre reservado, ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don nombre reservado.

Rol Corte Nº 113-2019