Protección contra resolución de multa

Puerto Montt, dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 23 comparece don nombre reservado, por su representada Invermar S.A. , ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección de la Inspección del Trabajo de Castro, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que acogiéndolo se deje sin efecto el Ordinario Nº 932, de fecha 18 de diciembre de 2013, notificado a su parte con fecha 17 de enero del año en curso, por ser arbitrario e ilegal.

Refiere como antecedentes que por Resolución de Multa Nº 7719/13/44 1-2, de fecha 15 de octubre de 2013, notificada con fecha 11 de diciembre de 2012 (sic), la recurrida aplicó a su representada una multa administrativa, por tres infracciones que en total ascienden a 100 UTM.

En contra de la resolución de multa, con fecha 15 de noviembre de 2013 se interpuso recurso de reconsideración administrativo, solicitando que ésta fuera dejada sin efecto en atención a errores de hecho.

Por Ordinario Nº 932, de fecha 18 de diciembre de 2013, el Inspector Provincial del Trabajo declaró inadmisible el recurso de reconsideración referido, fundado en que la solicitud no se presentó dentro del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación, entendiendo que el plazo para deducir el recurso vencía el día 14 de noviembre de 2013, fundamento que, a juicio de su parte es errado, pues el artículo 512 del Código del Trabajo no atribuye al plazo de 30 días el carácter de corridos; y por el contrario se trata de un plazo de días hábiles administrativos, por aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimiento Administrativo.

El artículo 512 del Código del Trabajo, ubicado en el Título Final del Código del Trabajo, bajo el epígrafe “ De la Fiscalización, de las sanciones y de la Prescripción”, regula el ejercicio por parte de un particular de un recurso de carácter administrativo, inserto dentro de un procedimiento de fiscalización y sanción que lleva a cabo la Dirección del Trabajo que tiene la característica de se un procedimiento administrativo.

Afirma que el acto administrativo es ilegal ya que pese a lo establecido en la Ley Nº 19.880, la interpretación que hace la recurrida respecto plazo de interposición es un plazo de días corridos y no hábiles como corresponde en derecho y asimismo es arbitrario, toda vez que la interpretación de la recurrida reduce de manera considerable el plazo del cual dispone un particular para interponer un recurso administrativo, frente a las decisiones tomadas por un organismo laboral.

En cuanto a las garantías conculcadas sostiene que se afecta aquella prevista en el inciso segundo del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, pues en el caso, la interpretación de la recurrida reduce de manera considerable el plazo del cual dispone un particular para interponer un recurso administrativo, frente a decisiones de un organismo laboral, efectuando con ello diferencias arbitrarias que no tienen asidero racional. Así, los particulares sancionados administrativamente por la Dirección del Trabajo se encuentran en una situación desmejorada en comparación con particulares sancionados por otros órganos del Estado, los cuales si aplican el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, sin obstaculizar la garantía de recurrir ante el acto administrativo sancionador.

Agrega que el acto administrativo de la Inspección del Trabajo de Chiloé, afecta las garantías establecidas en los incisos primero y segundo del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, pues se le impide ver acogida su pretensión legítima de rever el acto sancionado ante la autoridad competente. El accionar de la recurrida vulnera el ejercicio legitimo de un derecho establecido a favor del particular afectado, determinando un estado de indefensión que impide salvar el perjuicio de forma alguna, sino mediante la declaración de su ilegalidad. Se niega además, de manera arbitraria e ilegal la posibilidad de obtener un debido proceso conforme a la ley, específicamente la posibilidad de recurrir en contra del acto administrativo sancionador.

Finalmente y en cuanto a las garantías constitucionales afectadas, menciona la del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que la negativa a reconsiderar la multa, sin entrar al fondo del asunto, perjudica el patrimonio de su representada.

Reproduce a continuación extractos de sentencias de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Acompaña al recurso, copia de resolución de multa Nº 7719/13/44 de fecha 15 de octubre de 2013; copia de solicitud de reconsideración de fecha 15 de noviembre de 2013, copia de Ordinario Nº 932 y copia de estado de envío de Correos de Chile A fojas 58 informa por la recurrida doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta en primer ligar la improcedencia del recurso en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que tenga ser tutelada por el recurso de protección. En este sentido, sostiene que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se sienyte perjudicado por la dictación de un acto administrativo.

El acto que se estima ilegal es un ordinario dictado por el Inspector del Trabajo de Chiloé – Castro que declara extemporánea la solicitud de reconsideración de la multa cursada a la recurrente, centrándose la cuestión debatida en la interpretación de la naturaleza del plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo y en consecuencia no es ésta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el Ordinario Nº 932 de fecha 18 de diciembre de 2013 dado que el recurso de protección no es un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso de actuación ilegal o arbitraria, que no es del caso, si se considera que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicadas, actividad inherente a la administración.

En segundo término trata de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario. Argumenta en este sentido que por regla general, las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a los plazos consigna expresamente que éstos se refieren a días hábiles y como el artículo 512 de dicho cuerpo normativo no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos, interpretación que es corroborada por la regla que establece el artículo 435 conforme a la cual los términos de días que establece el Título I del Libro V del Código del Trabajo se entenderán suspendidos durante los feriados, a contrarios sensu, la disposición del artículo 512, pertenece a otro título del mismo Libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que establece no se suspende durante los días feriados.

Así, a juicio de la recurrida se desprende del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512 y por lo tanto no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley nº 19.880 que se refiere a una materia en especial.

Al respecto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha sostenido que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio.

Recurriendo a una interpretación histórica, afirma que en el mensaje que envió el ejecutivo al Congreso Nacional de la Ley 20.087 se estableció como una de las novedades simplificar las reclamaciones administrativas, señalando que el proceso de reclamación de multa se establecía dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo y así se elimina la confusión de determinar si el plazo es de días corridos o hábiles, sin embargo en la segunda Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se modificó esta situación y se cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, sacándolo del Título I y expresamente haciendo inaplicable el artículo 435 del Código del Trabajo, misma situación ocurrió con al Ley 20.260 que modificó la estructura del Código del Trabajo.

Conforme lo anterior y en consideración al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, mediante Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

En atención al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, la Dirección del Trabajo dejó sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular Nº 88 de fecha 05 de julio de 2011, hecho por la Circular Nº 96 de fecha 23 de septiembre de 2009 en la parte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles dictando al efecto la Circular Nº 73, retornando a la interpretación que históricamente había sostenido este Servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar y por ello no fue posible admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente pues no se cumplió con el requisito de presentar la solicitud de reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, plazo que, el mismo formulario utilizado por la empresa recurrente para solicitar la reconsideración – F 10 -, indica es de días corridos.

Se transcribe a continuación, extractos del Dictamen de Contraloría general de la República Nº 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 y jurisprudencia judicial sobre la materia.

Finalmente, y de acuerdo a lo expresado en su informe, afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario en la actuación del recurrido ya que actuó amparado por la ley, que le confiere facultad para actuar como lo hizo, por lo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del recurrente. El Ordinario Nº 932 no afecta la igualdad ante la ley ni afecta el derecho de propiedad del recurrente, pues la aplicación de la normativa e instrucciones vigentes se hace respecto de todos aquellos usuarios que realizan presentaciones o solicitudes formales ante este Servicio, utilizando criterios ajustados a la normativa vigente y uniformes para todos. La autoridad administrativa ha aplicado la ley vigente con apego a las normas legales y a los procedimientos administrativos que rige la materia.

Se acompaña al informe, copias de Ordinario Nº 932 de fecha 18 de diciembre de 2013, Resolución de Multa Nº 7719/13/044, acta de notificación, solicitud de reconsideración administrativa de fecha 15 de noviembre de 2013, Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 y Anexo Nº 1 y Dictamen Nº 64.985 de Contraloría General de la República.

A fojas 65 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste señala.

Segundo: Que se ha recurrido de protección por la conculcación en el ejercicio legítimo de los derechos que le asiste a la recurrente garantizados en el artículo 19 N° 2, N° 3 y N° 24 de la Carta Fundamental con ocasión del acto ilegal y arbitrario contenido en la Resolución N° 932 de fecha 18 de diciembre de 2013, que no dio curso a tramitar la Reconsideración Administrativa de la Multa N° 7719/13/044-1-2 de fecha 15 de octubre de 2013, por haber sido ésta presentada en forma extemporánea, transcurridos el plazo de 30 días que al efecto establece el artículo 512 del Código del Trabajo, cuyo cómputo a juicio del Servicio es de días corridos y no de días hábiles como sostiene el recurrente por aplicación supletoria de la Ley N° 19.880.

Tercero: Que según aparece de los documentos agregados a fojas 3 y 15, la resolución de Multa N° 7719/13/44-1 y 2 fue cursada al recurrente el día 15 de octubre de 2013 y notificada al representante legal del empleador con igual fecha.

Cuarto: Que el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880 establece: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingos y los festivos”, norma que cobra aplicación con carácter de supletoria en los procedimientos administrativos especiales establecidos por la ley, como acontece en la especie con el cómputo del plazo para interponer el recurso de reconsideración de multa administrativa a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, norma supletoria especial que prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, por tratarse de un recurso presentado en la etapa administrativa.

Quinto: Que, según consta de copia de formulario agregado a fojas 43, el recurso de reconsideración de multas fue presentado el día 15 de noviembre de 2013, es decir, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el día 15 de octubre de 2013.

Sexto: Que, en consecuencia, la negación de la recurrida a tramitar un recurso de reconsideración dentro del plazo legal, desconociéndolo en toda su extensión ha dado un trato arbitrario lo que constituye una actuación ilegal que afecta la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Invermar S.A., y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 932 de fecha 18 de diciembre de 2013, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración solicitado respecto de la Resolución de Multa N° 7719/13/044-1-2 de fecha 15 de octubre de 2013.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Mauricio Cárdenas García.

Rol N° 113-2014.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por don nombre reservado e integrada por la Ministra doña Teresa Mora Torres y por el Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

Puerto Montt, dieciocho de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que precede. Lorena Fresard Briones, Secretaria Titular.