Protección contra autoproclamado “Comité de Censura Sindical”

Puerto Montt, dieciocho de enero de dos mil veintidós VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, por si y en representación de la Directiva Sindical de del “Sindicato De Trabajadores N°2 de la Empresa Mainstream S.A Quemchi”, N°10040195 en el Registro Sindical Único de la Inspección Comunal del Trabajo de Ancud, en su calidad de presidenta, y conformada por los directores nombre reservado, en calidad de Tesorero; nombre reservado, en calidad de Primer Director y nombre reservado en calidad de Secretaria, todos domiciliados en domicilio reservado, lugar donde se ubica la sede sindical y que corresponde al domicilio de la empresa a la cual pertenece la organización sindical, actualmente, Cermaq Chile S.A (ex Mainstream S.A), Planta Quemchi, quien deduce acción de protección en contra del autoproclamado “Comité de Censura Sindical”, compuesto por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que implican una vulneración del artículo 19 N°3 de la Constitución Política.

Señala que la actual directiva fue elegida el 25 de marzo del 2019, y que durante el año 2021 llevaron a cabo un proceso de negociación colectiva reglada que culminó el 26 de agosto de 2021, luego de llegar a acuerdo con el empleador tras un proceso de huelga legal. Sin perjuicio de ello, el 27 de agosto del 2021, luego de celebrarse asamblea para dar a conocer el contrato colectivo suscrito, los recurridos se autoproclamaron “Comité de Censura” y comenzaron a solicitar a los socios que firmaran en una hoja en blanco.

Indica, que solo mediante información entregada por la Inspección del Trabajo de Ancud, ante el apersonamiento de ellos en dicha institución, se les informó de la elevación de solicitud de Ministro de Fe para efectuar las votaciones de censura el día martes 07 de septiembre, pero que a la fecha de interposición de la presente acción de protección, no existe registro alguno de cumplimiento de las formalidades y plazos respectivos para realizar la votación de censura en el día señalado. Asevera que dicho procedimiento se encuentra regulado en los artículos 38, 39 y 40 del Estatuto del Sindicato, los que tienen relación con los artículos 239, 244 y 246 del Código del Trabajo.

Enseguida transcribe los citados artículos del estatuto sindical, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 38: “El directorio podrá ser censurado. La petición de censura contra el directorio se formulará, a lo menos, por el 20% del total de los socios de la organización y se basará en cargos fundamentados y concretos los que se harán constar en la respectiva solicitud. Para los efectos ya señalados, los socios interesados formarán una comisión integrada por tres socios del sindicato. Esta se dará a conocer a los asociados con no menos de cinco días hábiles anteriores a la realización de la votación correspondiente, en asamblea especialmente convocada o mediante carteles que se colocarán en lugares visibles de la sede social y/o lugar de trabajo, y que contendrán los cargos presentados. En la misma forma se dará publicidad a los descargos que desee exponer el directorio inculpado.”

Artículo 39: “La votación de censura será secreta y deberá efectuarse ante ministro de fe, de los señalados en la ley. La comisión integrada de acuerdo a lo señalado en el artículo precedente, fijará el lugar, día, hora de iniciación y término en que se llevará a efecto la votación de censura; todo lo cual se dará a conocer a los socios mediante carteles colocados en lugares visibles de la sede sindical y/o lugar de trabajo, con no menos de tres días hábiles anteriores a la realización de la votación.”

Artículo 40: “Para cada proceso eleccionario interno o votación que se realice, se constituirá un órgano calificador de las elecciones, conformada por tres socios del sindicato elegidos por mayoría simple de los presentes en asamblea extraordinaria, encargado de implementar la elección y / o votación, así como de supervisar el acto eleccionario y certificar los resultados del mismo.”

Afirma que nunca se realizó la señalada asamblea extraordinaria, no pudiendo por tanto constituirse dicho órgano, actuando las recurridas con total impunidad y autarquía, incumpliendo abiertamente los estatutos transformándose a todas luces en “juez y parte” en este proceso, o como lo estima nuestra Constitución, en una comisión especial.

Añade que el artículo 6 del estatuto indica que “Son Asambleas Extraordinarias las convocadas por el presidente o a solicitud del 20% a lo menos, de los asociados…”, cuestión que tampoco concurre en la especie. A su vez, dicho comité no ha sido formada por los socios interesados en la petición, sino que solo por las tres personas recurridas, no existiendo formulación de cargos ni de descargos.

De este modo, señala que las recurridas vulneraran la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución Política, y que sin perjuicio de que letra b) del artículo 420 del Código del Trabajo dispone que “b) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras con competencia en materia del trabajo (…)”, respecto a la impugnación del proceso de censura sindical por transgresión del procedimiento señalado en los estatutos, la ley no entrega expresamente el conocimiento de esta materia a la competencia de los juzgados laborales, razón por la cual, atendida la vulneración de la garantía constitucional antes dicha, es competente esta Corte para su conocimiento.

Previas citas legales, solicita que se acoja su recurso, decretándose en consecuencia: 1.- Que se deje sin efecto el actual procedimiento de censura en su contra y la directiva que preside, compuesta por su persona, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, Presidenta; nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, Tesorero; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado,Primer Director y nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, Secretaria; Que, como consecuencia de la decisión anterior, se deje sin efecto la votación fijada para el 07 de septiembre de 2021 y todos los actos del procedimiento de censura realizados sin apego a los Estatutos y la normativa laboral, como son: constitución de Comisión de censura, petición de censura realizada en Inspección del Trabajo de Ancud, solicitud de ministro de fe al efecto, y; Que, se deje sin efecto todos los actos que sean consecuencia directa de la censura que por esta resolución se invalida, entre ellas, la eventual nueva elección de directorio que se convoque en los días siguientes.

A folio 3, se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 6, se concede orden de no innovar respecto al proceso de censura sindical iniciado, suspendiéndose su tramitación y consecuencias en tanto se resuelva el presente recurso.

A folio 15, consta notificación personal de nombre reservado.

A folio 20, consta notificación personal de nombre reservado.

A folio 26, consta notificación personal de nombre reservado.

A folio 34, atendido el mérito de los antecedentes, no habiéndose evacuado el informe solicitado por partes de los recurridos, se hace efectivo el apercibimiento decretado, prescindiéndose de ellos.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio SEGUNDO: Que de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario por la recurrente estaría dado por la constitución de un comité de censura autoconvocado por parte de los recurridos sin haberse observado las reglas procedimentales establecidas en los estatutos del sindicato al cual pertenecerían, razón por la cual se estaría conformando una comisión especial para conocer de un procedimiento de censura en contra del directorio al que representa la recurrente, lo que constituiría un actuar ilegal y arbitrario.

CUARTO: Que, a este respecto, cabe señalar que la recurrente invoca como derecho conculcado la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, en particular, el no ser juzgado por comisiones especiales en el sentido de la proscripción de establecimientos de Tribunales ad hoc creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerando el principio de igualdad.

Así, resulta pertinente invocar lo que la Excma. Corte Suprema ha entendido como comisión especial en el sentido invocado (en causa Rol 38.411-2021), estableciendo, en lo pertinente:

“El mismo autor añade que “(…) comisión especial no es sólo aquel tribunal que no se ha constituido, con anterioridad, por la ley, sino que cualquiera que, de facto, se atribuye el ejercicio de la jurisdicción. Por ende, la violación de cualquier requisito, condición o garantía mínima de un procedimiento racional y justo, aun por los tribunales ordinarios oportunamente constituidos por la ley, importa erigir a dicho tribunal en comisión especial vedada por la Constitución.” (Op. cit,. pp. 775 y 776).

Así las cosas, la doctrina en comentario concluye: “comisión especial es la que, de modo individual o colectivo, se arroga la facultad de tribunal sin serlo, ejerciendo de hecho la jurisdicción que la Constitución reserva a los órganos imparciales e independientes creados con carácter permanente por la ley.

Conforme a dicha definición, menester resulta consignar que la locución tribunal empleada por la Constitución debe comprenderse en sentido amplio, esto es, como sinónimo de órgano jurisdiccional y no reducida al órgano judicial, incluyéndose, entonces, los órganos que ejercen jurisdicción doméstica”. (Op. cit., p. 776)

Décimo: Que, confirmando lo expuesto en precedencia, es evidente que la Constitución Política, al establecer el recurso de protección por vulneración de la garantía prevista en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19, no hizo distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación.

En efecto, la garantía constitucional que prohíbe ser juzgado por comisiones especiales es de aplicación amplia, extendiéndose la obligación de no atentar contra ella no solo al legislador y a cualquier autoridad, sino que también a otros particulares que actúen en la vida jurídica. Ello, desde el momento que la Carta Política constituye una fuente de Derecho cuya aplicación directa e inmediata resulta imperativa no solo para cualquier órgano público, sino que también para los gobernados en las relaciones jurídicas que los vinculen entre sí, al tenor de lo prevenido por el inciso segundo de su artículo 6º, en cuanto preceptúa que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”.

QUINTO: Que en este caso en concreto, de los antecedentes aportados al proceso, no es posible establecer que los recurridos se hayan constituido en una comisión especial, en los términos definidos precedentemente, ni menos, que en los hechos se hayan atribuido facultades que nuestra carta fundamental prohíbe, tal como lo ha relatado la recurrente, atendido a que no se acompañaron a esta acción cautelar los respectivos listados de miembros del sindicato y la nómina de las personas firmantes para convocar a las votaciones de censura invocadas por la actora en esta causa, ello para poder contrastar tanto los quórums requeridos en los propios estatutos sindicales como el cumplimiento de las formalidades de citaciones y publicidad para llevar a cabo este proceso y así, apreciar si en los hechos se ha constituido alguna comisión censuradora desapegada a la normativa interna de esta organización, situación que impide, por tanto, el análisis fáctico de una posible constitución de comisión especial en los términos señalados en este recurso. Los antecedentes allegados al proceso consistentes en cargos formulados en la carta de fecha 03 de septiembre de 2021 y el correo de 07 de septiembre de 2021, enviado por la gerencia de la empresa, no permiten a estos sentenciadores arribar a la conclusión que la recurrente pretende, por cuanto en ellos no consta la individualización ni la firma de los recurridos, resultando, por ende, insuficiente para establecer que éstos habrían conformado una comisión especial para conocer de un procedimiento de censura, que no se ajusta a los estatutos de la organización sindical.

SEXTO: Que lo razonado precedentemente provoca necesariamente la desestimación de la presente acción cautelar atendida la falta de antecedentes que permitan establecer algún actuar ilegal o arbitrario de las recurridas y que implique una vulneración de algún derecho en carácter de indubitado respecto de los recurrentes, ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales establecidas para este efecto en caso de verificarse los presupuesto señalados por la recurrente, en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción interpuesta por nombre reservado, por sí y en representación de la Directiva Sindical de del “Sindicato De Trabajadores N°2 de la Empresa Mainstream S.A Quemchi”, en contra de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Redacción del ministro suplente Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 1125-2021.