Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt

Foja: 72 Setenta y Dos Puerto Montt, once de enero de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 35 comparece doña nombre reservado, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., ambos domiciliados en domicilio reservado. Deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, representada por don nombre reservado, o quien lo reemplace o subrogue legalmente.

Expone que, con fecha 29 de julio de 2015, la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de la ciudad de Puerto Montt, doña nombre reservado, dictó la resolución N°7400/15/40 -1, -2 y -3, por medio de la cual se aplicó un total de tres multas administrativas a su representada y por los siguientes hechos: 1.-"No cumplir estipulaciones del instrumento colectivo", 2.-"Pagar las remuneraciones por periodos que exceden de un mes” y 3.- "No proporcionar los elementos de protección personal libre de costo para el trabajador". Que dicha resolución fue notificada el día 01 de septiembre de 2015.

Plantea que con fecha 14 de octubre de 2015, se envía por el Servicio mediante carta certificada a través de la empresa Chilexpress, el formulario F 10 junto con un anexo, con el objeto de obtener la anulación de las multas, o en subsidio una rebaja sustancial de las multas a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa, en la que se exponen argumentos que dan cuenta de un evidente error de hecho. Que sin perjuicio, con fecha 29 de octubre del 2015 el Inspector Provincial del Trabajo de Puerto Montt dictó el ordinario número 1792, en el que mantiene firme las multas cursadas ya que decide no dar curso a ella por cuanto expresa: "No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación", es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionalmente protegidos y amparados por la acción de protección, siendo claramente un acto arbitrario e ilegal. Agrega que dicho dictamen fue notificado con fecha 06 de noviembre de 2015.

Expone que la resolución mencionada es totalmente improcedente conforme a los hechos y contraria a las normas de derecho que regulan la materia, tal como se expresa en el recurso de protección y en lo resuelto por las diversas Cortes de Apelaciones del país y la propia Excma. Corte Suprema en innumerables fallos de recursos de protección, ya que la autoridad administrativa recurrida, a través de la resolución señalada está desconociendo el contenido mínimo de los propios procedimientos determinados por ella para ejercer los recursos administrativos. Que en definitiva, la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt ha incurrido en hechos graves excediendo sus atribuciones, desconociendo un derecho que le ha entregado el ordenamiento jurídico a la recurrente y sabido es, que en materia de derecho público sólo se puede hacer aquello que la ley permite expresamente, principio de juridicidad o legalidad, que en materia de órganos del Estado está establecido en el artículo 6º y 7° de la Constitución Política de la República de Chile. Particular interés tienen las normas de los incisos 1° y 2° de cada artículo y que en este caso la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, no sometió su actuación a las normas legales dictadas conforme a la Constitución y excedió la órbita de su competencia, por cuanto no debió resolver en dicha forma, al desconocer un derecho que fue ejercido válidamente conforme la normativa que regula la materia. Que en cuanto al derecho de propiedad con la resolución pronunciada, el funcionario recurrido lo afecta gravemente, ya que en forma indebida y arbitraria la obliga a pagar tres multas - de, 30; 40 y 60 Unidades Tributarias Mensuales respectivamente-, habiendo ejercido correctamente el derecho en el recurso administrativo, en consecuencia se la ha impedido de hacer uso de la rebaja y/o dejar sin efecto las multas, que contempla la norma para este tipo de procedimientos, todo lo cual se ha hecho sin existir motivo justificado para ello, actuando de esta forma en contra del texto expreso de la normativa.

Cita al efecto, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26 de abril de 2013 y razonamiento aplicado por la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 2789-2013 de fecha 20 de junio de 2013.

Finalmente, argumenta, que la recurrida ha incurrido en infracción a los artículos 6 y 7 incisos 1 y 2 y 19 N° 3 de la Constitución Política de la República por lo que solicita que conforme a lo expuesto, citas constitucionales invocadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, demás disposiciones aplicables, y disposiciones legales y constitucionales que resulten pertinentes y aplicables a la situación concreta, que se tenga por deducido recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, a objeto de que se restablezca a la brevedad el pronto imperio del derecho y adopte todas las providencias que juzgue necesarias para tal efecto, dejando sin efecto la resolución N°1792 de fecha 29 de octubre de 2015, que niega lugar al recurso administrativo y que en consecuencia deja firme la multa N° 7400/15/40 -1, -2 y -3, por un total de 130 UTM, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, ello, sin perjuicio de las demás consideraciones, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

A fojas 43, se declara admisible el recurso y se pide informe a la recurrida en el plazo de 5 días, el que es ampliado por 5 días más a petición de ésta.

A fojas 61, informa en representación de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, doña nombre reservado.

En primer término alega la improcedencia del recurso de protección, en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión Constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección. Que constituye jurídicamente una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio. Agrega que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede en el caso de autos. El acto que se estima ilegal es un ordinario dictado por el Inspector de la Inspección del Trabajo de Puerto Montt que declara como extemporánea la solicitud de reconsideración de una multa cursada a la recurrente, por lo que la cuestión debatida radica en la interpretación acerca de la naturaleza del plazo para solicitar dicha reconsideración; la recurrente sostiene que el plazo para presentar la reclamación administrativa de multa es de 30 días hábiles, por aplicación de la ley 19.880, en circunstancias que para la Inspección recurrida este plazo es de días corridos, discrepancia que surge del artículo 512 del Código del Trabajo, disposición que señala que el Director del Trabajo puede hacer uso de la facultad de dejar sin efecto o rebajar, multas, a solicitud escrita del interesado, "la que deberá presentarse dentro del plazo de 30 días desde notificada la resolución que aplicó la multa administrativa". De modo de lo que se trata es de resolver una cuestión de interpretación legal, para lo cual el recurso de protección no es la respuesta más adecuada, eficiente y eficaz, si se parte de la base de su carácter cautelar, urgente y excepcional que busca dar solución a una situación que le afecta tanto al ordenamiento jurídico como al recurrido frente a la amenaza que pudieren sufrir garantías constitucionales indubitadas. Que en consecuencia, no resulta ser esta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el ordinario N° 1792 de fecha 29 de octubre de 2015 dado que el recurso de protección no es un instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso que se hubiera actuado de manera ilegal o arbitraria, que no es el caso, habida consideración que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicables, actividad inherente a la administración. Para ello, cita fallo de la Excma. Corte Suprema, de fecha 23 de noviembre de 2015, Rol Corte 20.173-2015, que confirma la Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol Corte 740-2015, que rechaza el recurso de protección interpuesto en contra de un fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Puerto Montt y Rol Corte 2132-2013 de la Iltma. Corte de Valdivia.

Argumenta además que no existiría tal acto arbitrario o ilegal.

Que todo fue resuelto en base a la legalidad y racionabilidad del acto administrativo contenido en el Ordinario N°1792 en cuanto el plazo para reclamar es de 30 días corridos. Aplica Dictamen N° 64.985 de la Contraloría General de la República (20.11.2009).

Que el acto recurrido, se ha dictado en conformidad a lo dispuesto por el artículo 511 y artículo 512 del Código del Trabajo, y como ejemplo cita los artículos 312, 435, 9, 162, 168, 171, 201 inciso final, 223, 282, 360 y 412, 503, 435 inciso tercero todos del Código del Trabajo para argumentar que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil; que de acuerdo a lo anterior, como el precepto en examen, artículo 512, no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos, no resultando aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere a una materia en especial.

Prescribe además, que al respecto la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República ha sostenido en reiterados dictámenes que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio, mencionado al efecto el dictamen 21025 de 2005 en el que la Contraloría General de la Republica ha establecido: "la Ley 19.880 al fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración del Estado, instituyó los elementos fundamentales y esenciales de dicha regulación, disponiendo una normativa de general aplicación para la Administración pública y que al tenor de su artículo 1° "se aplicará con carácter de supletoria" frente a los procedimientos especiales establecidos por la ley".

Que así las cosas y a mayor abundamiento, a fin de establecer la naturaleza del plazo para reconsiderar, argumenta que se puede recurrir también a una interpretación histórica, la ley 20.087 en el mensaje que envió el ejecutivo al Congreso Nacional, estableció como una de las novedades simplificar las reclamaciones administrativas, señalando que se eliminaba la consignación para reclamar de la multa y también que el proceso de reclamación de multa se establecía dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo, y así se elimina la confusión de determinar si el plazo es de días corridos o días hábiles, sin embargo en la segunda comisión de trabajo de Cámara de Diputados, se modificó esta situación y se cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, sacándolo del Título 1 del Código del Trabajo y expresamente haciendo inaplicable.

Sostiene además que el Servicio, mediante Circular N°73, de fecha 08 de junio de 2010, que entró en vigencia el día 14 de Junio de 2010, establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos, lo mismo ocurre con el Dictamen N° 64.985 en lo que se refiere a plazos para ejercer esta acción.

Sus argumentos además se basan en Jurisprudencia Judicial que se detalla a fojas 64 vuelta, 65, 65 vuelta, 66, 66 vuelta y 67 de estos autos.

Concluye, señalando que no existiría conculcación de garantías constitucionales pues no hay acto ilegal ni arbitrario en la actuación del Inspector del Trabajo, ya que, actuó precisamente amparada por la Ley, que le confiere facultad para actuar como se hizo, por lo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del recurrente ya que no queda claro de qué manera mediante el Ordinario N° 1792, dictado conforme a la legalidad vigente, se pueda afectar la igualdad ante la ley de la empresa recurrente, pues no se aprecia discriminación alguna en su contra, ni afectar el derecho de propiedad, más aun teniendo en cuenta que la aplicación de la normativa e instrucciones vigentes se hace respecto de todos aquellos usuarios que realizan presentaciones o solicitudes formales ante el Servicio, y utilizando criterios, ajustados a la normativa vigente y uniformes.

Solicita que en mérito a lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 y 20 de la Constitución Política de la República, DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, resolución Exenta N° 444 de la Dirección del Trabajo y Circular N° 88 del jefe del Departamento Inspectivo de la Dirección del Trabajo y demás normas pertinentes, tener por evacuado el informe solicitado y rechazar el presente recurso por no existir actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno por cuanto el Inspector Provincial del Trabajo de Puerto Montt actuó dentro del marco legal y la órbita de competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Segundo: Que por la presente acción cautelar, doña nombre reservado, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., reclama de la decisión pronunciada por el Inspector Provincial del Trabajo de Puerto Montt que no acogió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de tres multas que le fueran cursadas por dicha institución mediante Resolución 7400/15/40 de fecha 29 de julio de 2015, por haber sido presentada en forma extemporánea según la recurrida, pese a que a juicio de la actora, fue deducida dentro de plazo, de manera que su rechazo constituye una actuación arbitraria e ilegal, que amaga las garantías consagradas en el artículo 19 N°3 de la Constitución.

Tercero: Que según aparece del documento agregado a foja 22, la resolución que impuso las multas a la empresa fue remitida por Correos de Chile el día 25 de agosto de 2015, habiéndose presentado solicitud de reconsideración el día 14 de octubre de 2015, según consta de documento de fojas 19.

Cuarto: Que, como se ha resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, entre otros fallos en el citado por el actor Rol N° 2789-2013, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Quinto: Que, en efecto, tratándose de un recurso presentado en la etapa administrativa, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Sexto: Que, en consecuencia, siendo un hecho no controvertido, y constando además del documento de fojas 19, que el recurso de reconsideración fue presentado el día 14 de octubre de 2015, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el 1 de septiembre del mismo año, es dable concluir que la actuación de la recurrida que califica de extemporánea la mencionada reconsideración, constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el deducido en lo principal de la presentación de fojas 35 y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N°1792 de fecha 29 de octubre de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multas N°7400/15/40, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Presidente don nombre reservado.

Rol N° 1123-2015.

Dictada por la Primera Sala, integrada por el Presidente don nombre reservado, la Fiscal Judicial, doña nombre reservado don Pedro Campos Latorre. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En Puerto Montt, a once de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.