Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt

Puerto Montt, cinco de enero de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 27 comparece doña Jeanette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS Servicios Generales Ltda., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado. Interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, por la vulneración de los derechos establecidos en el artículo 19 n° 3 y 24 de la Constitución.

Expone que con fecha 29 de julio de 2015, la recurrida dictó resolución n° 7400/15/42 -1 – 2 – 3 – 4, aplicando 4 multas a su representada. Dicha resolución fue notificada con fecha 28 de agosto de 2015 y con fecha 9 de octubre de 2015, se envío por carta certificada, recurso de reconsideración de multa, dirigido a la Inspección Provincial del Trabajo, quién con fecha 29 de octubre de 2015, mediante ordinario n° 1793, resuelve no darle curso, atendido que dicha solicitud no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Señala que la Constitución Política establece en el artículo 19 n° 3 el derecho de toda persona a la igual protección en el ejercicio de los derechos. Al efecto, cita un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que concluye que el artículo 512 del Código del Trabajo, no señala si el plazo para deducir reconsideración administrativa es de días hábiles o no. Ante dicho vacío, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley n° 19.880, que indica que los plazos son de días hábiles, norma conciliable, con la naturaleza del procedimiento administrativo especial de que se trata. Agrega que, la recurrida, no sometió su actuar a las normas legales dictadas conforme a la Constitución, al determinar que el recurso fue presentado de manera extemporánea, decisión que adopta, sin contar con algún elemento que le permita llegar a esa conclusión, siendo claramente un acto arbitrario e ilegal.

En relación al derecho de propiedad, indica que éste se afecta, por cuanto se le obliga a pagar 4 multas por un total de 170 UTM cada una, impidiéndosele hacer uso de la rebaja y/o el dejar sin efecto las multas, sin existir un motivo justificado para ello.

Solicita se acoja el recurso declarando que se deja sin efecto la resolución n° 1793 de 29 de octubre de 2015, que niega lugar al recurso administrativo, declarando que éste se encuentra presentado dentro de plazo, con costas en caso de oposición.

A fojas 35 se declara admisible el recurso.

A fojas 54 informa en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, la abogada Francisca Massri Negrón, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto.

En primer término, alega la improcedencia de la acción ejercida, teniendo presente que se pretende resolver por su intermedio una cuestión de interpretación legal, esto es, la naturaleza del plazo para presentar una reclamación administrativa, no siendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, la vía idónea para ello, pues el recurso de protección no es un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Carta Fundamental.

En segundo lugar, argumenta que el recurso es improcedente al no constituir el Ordinario 1793 dictado por el Inspector Provincial del Trabajo de Puerto Montt, un acto ilegal ni arbitrario. Primero, fue dictado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, norma esta última que efectivamente no precisa si el plazo de treinta días a que alude es de días hábiles o de días corridos, no obstante entiende que para dilucidar aquello debe considerarse el tratamiento que el cuerpo normativo específico relativo a asuntos laborales, esto es, el Código del Trabajo, ha dado a la materia. Y cita al efecto, lo dispuesto en los artículos 312, 435, 9, 162, 168, 171, 201 inciso final, 223, 282, 360, 412 y 503 del Código del Trabajo, normas a partir de cuyo análisis concluye que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, y siguiendo el artículo 50 del Código Civil, corresponde entender que el plazo del artículo 512 en cuestión, es de días corridos.

Sostiene que así se ha concluido por la jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República, que transcribe.

Recurre asimismo a una interpretación histórica, señalando que el mensaje de la Ley 20.087 estableció como novedad la simplificación de las reclamaciones administrativas, eliminando la consignación de la multa para poder reclamar, señalando también que el proceso de reclamación de multa se establecía dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo de modo que se terminaba la confusión de determinar si el plazo era de días hábiles o corridos. Agrega que sin embargo, la segunda comisión de trabajo de la Cámara de Diputados modificó esta situación y cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, haciendo en consecuencia inaplicable el artículo 435 del Código del Trabajo, misma situación que ocurrió con la Ley 20.060 que modificó la estructura del Código del Trabajo.

Puntualiza que de acuerdo a lo anterior, la Dirección del Trabajo emitió la Circular N° 73 con vigencia a partir del 14 de junio de 2010, que establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

A continuación, cita Dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones del país.

Finalmente, controvierte que la actuación impugnada signifique un amago de garantías constitucionales.

A fojas 62, encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero.- Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Segundo.- Que por la presente acción cautelar doña Jeanette Contreras Sepúlveda, en representación de ISS Servicios Generales Ltda., reclama de la decisión pronunciada por el Inspector Provincial del Trabajo de Puerto Montt que no acogió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de cuatro multas que le fueran cursadas por dicha institución mediante Resolución 7400/15/42 – 1 – 2 – 3 - 4 de 29 de julio de 2015, por haber sido presentada en forma extemporánea según la recurrida, pese a que a juicio de la actora, fue deducida dentro de plazo, de manera que su rechazo constituye una actuación arbitraria e ilegal, que amaga las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 3 y 24 de la Constitución.

Tercero.- Que según aparece del documento agregado a fojas 22, la resolución que impuso las multas a la empresa fue notificada a su representante legal el día 28 de agosto de 2015, habiéndose presentado solicitud de reconsideración el día 9 de octubre siguiente.

Cuarto.- Que, como se ha resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Quinto.- Que, en efecto, tratándose de un recurso presentado en la etapa administrativa, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Sexto.- Que, en consecuencia, siendo un hecho no controvertido, y consta además del documento de fojas 19, que el recurso de reconsideración fue presentado el día 9 de octubre del año 2015, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el 28 de agosto del mismo año, es dable concluir que la actuación de la recurrida que califica de extemporánea la mencionada reconsideración, constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión, ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 27 y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 1793 de 29 de octubre de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multas N° 7400/15/42 1-2-3-4.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Rol N° 1121 - 2015.

Pronunciada por la Primera Sala integrada por el Presidente don nombre reservado, la Ministra Suplente doña Jimena Muñoz Provoste y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

No firma la Ministra suplente doña Jimena Muñoz Provoste, por haber cesado en su cometido.- En Puerto Montt, a cinco de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.