Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Segurida

nombre reservado, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, domiciliada domicilio reservado, nombre reservado, quién interpone acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social por los hechos que expone en su presentación.

Sostiene haber sido víctima de acoso laboral en su oportunidad, razón por la cual se activó la Ley Karin y, en consecuencia, la intervención de la Inspección del Trabajo, organismo que ordenó su derivación a la Asociación Chilena de Seguridad en donde le dieron atención psicológica y psiquiátrica, con entrega de fármacos. Luego de la intervención señalada, afirma que continuó con su tratamiento a través de médico particular, ello a pesar de haber recurrido ante la Superintendencia de Seguridad Social respecto de la decisión de no mantenerse con tratamiento en la Asociación Chilena de Seguridad, la cual fue rechazada.

Indica que continuó con tratamiento con médico particular, quién otorgó licencias a su respecto las que no han sido pagadas, y que la denuncia por acoso laboral fue acogida el 04 de junio de 2025.

Solicita en definitiva que se acoja su presentación y se proceda con el pago de sus licencias médicas que indica.

A folio 5, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 9, consta informe de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, la que alega, en primer término, la improcedencia de la presente acción, sosteniendo que dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos Señala el marco normativo de las licencias médicas en el país y al procedimiento para la autorización de aquellos instrumentos, sosteniendo la inexistencia de algún actuar ilegal o arbitrario de su parte, indicando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.

Sobre el fondo del asunto, sostiene que la informante mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 16 de agosto de 2025, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, resolvió confirmar el rechazo efectuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del reposo prescrito en las licencias médicas NºNUM001, NUM002, NUM003 y NUM004, extendidas por un total de 56 días a partir del 21 de abril de 2025, por no encontrarse justificado al no existir informes complementarios de los médicos emisores de las licencias médicas reclamadas.

En ese contexto, consta informe médico de profesional de la recurrida, de fecha 12 de agosto de 2025, que advierte la existencia de un diagnóstico depresivo escueto, sin descripción de cuadro clínico ni tratamiento, existiendo de forma precedente a las licencias en cuestión resolución de calificación de enfermedad común efectuado por la Asociación Chilena de Seguridad, no existiendo elementos clínicos que permitan justificar el reposo otorgado.

Agrega que la recurrente registra un total de 76 días de reposos previos autorizados por la misma patología ansioso-depresiva, el cual resulta clínicamente suficiente, atendido el carácter de la afección y la respuesta esperada al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico otorgado en su oportunidad. No logra justificarse un reposo mayor con el informe médico de fecha 02 de junio de 2025 por el médico general Dr. nombre reservado, el cual presenta una descripción escueta y genérica, sin detallar el cuadro clínico ni la evolución funcional de la recurrente, no consignado elementos objetivos como escalas de evaluación clínica o antecedentes de adherencia terapéutica que permitan concluir que la actora se encontraba incapacitada para desarrollar sus funciones por un tiempo mayor al otorgado, no advirtiéndose tampoco modificaciones al esquema base de farmacología otorgada, por lo que la ausencia de ajustes terapéuticos progresivos, de incorporación de combinaciones farmacológicas más complejas o de uso de tratamientos de segunda línea, sugiere que el cuadro no mostró agravamiento clínico ni refractariedad al manejo inicial.

Indica que si bien se acompañaron constancias de controles realizados por médico psiquiatra en los meses de abril y mayo de 2025, dicha profesional no fue la emisora de las licencias reclamadas, lo que genera una falta de correlación entre las atenciones registradas y las licencias en controversia, siendo emitidas las cuatro licencias médicas por tres médicos diversos en un lapso breve de tiempo.

Que, en este caso, el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº7 de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación con los Grupos de Patologías. En ese sentido, todo reposo laboral de más de 60 días debe ser otorgado por médico psiquiatra, máxime considerando que el reposo autorizado a la fecha a la actora por salud mental.

Continua con referencias a la normativa y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, sosteniendo, además, que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada como una herramienta de protección de derechos indubitados y que, en el presente caso, la actora no cuenta con uno que haya sido vulnerado por el actuar de la recurrida, no configurándose así un derecho a la licencia médica en mérito de la revisión y estudio de los antecedentes aportados en su oportunidad.

Alega la inexistencia de derechos vulnerados en los términos indicados en la presente acción mediante un actuar ilegal o arbitrario de su parte, solicitando en definitiva que se rechace la presente acción, con costas.

A folio 18, consta presentación de la COMPIN Regional, dependiente de la SEREMI de Salud, Región de Los Lagos, dando cuenta que las licencias médicas reclamadas fueron tramitadas por la COMPIN Metropolitana.

A folio 19, se solicitó informe a la COMPIN Metropolitana en base a lo señalado a folio 18 por la COMPIN Regional.

A folio 23, en atención al tiempo transcurrido, se ordenó prescindir del informe solicitado a la COMPIN Metropolitana.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en el rechazo de las licencias médicas NºNUM001, NUM002, NUM003 y NUM004 por parte de la autoridad recurrida a través de actuación administrativa que no se encontrarían justificadas conforme el mérito de los antecedentes médicos esgrimidos por la actora en su oportunidad.

Cuarto: Previo al debate sobre el fondo, y tal como lo ha sostenido esta Corte de manera previa en cuanto a las alegaciones sostenidas por la Superintendencia de Seguridad Social respecto a la eventual improcedencia de la presente acción al no estar amparada bajo alguna las garantías constitucionales señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política, teniendo presente el carácter de los hechos denunciados por la recurrente y las infracciones en las que habrían incurrido los órganos administrativos en esta materia, se estima que dicho análisis impide la declaración solicitada por la recurrida en su informe, toda vez que la naturaleza de aquellos eventualmente se extendería a otras garantías constitucionales, no pudiendo zanjarse ello en una fase meramente formal, razón por la cual se descartarán los argumentos vertidos en torno a la citada excepción.

Quinto: Sobre el fondo del asunto, y en mérito de los antecedentes acompañados por las partes a esta causa, se aprecia que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió confirmar lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en orden a rechazar las licencias médicas NºNUM001, NUM002, NUM003 y NUM004, extendidas por un total de 56 días a partir del 21 de abril de 2025, por cuanto el reposo otorgado en dichos instrumentos no encuentra justificación en los antecedentes médicos acompañados en su oportunidad por la recurrente de esta causa.

Que dicha decisión es adoptada al señalar que el reposo prescrito no se encuentra justificado en los informes complementarios de los diversos médicos emisores de las licencias médicas reclamadas, los cuales resultan escuetos y sin mayor análisis respecto del cuadro clínico ni modificaciones al esquema base de farmacología otorgada en una primera oportunidad.

Sexto: Que los argumentos señalados por la autoridad recurrida, a criterio de estos sentenciadores, encuentran correlato en los antecedentes fácticos contenidos en el expediente administrativo acompañado a estos autos, estimándose en definitiva que su actuar se encuentra ajustado a derecho al haber obrado dentro de sus competencias legales y con resoluciones debidamente fundadas en orden a rechazar los pagos de las licencias médicas que indican, dándose cumplimiento con ello al mandato de fundamentación exigido por el artículo 41 de la ley 19.880 de todo acto emanado de la Administración del Estado.

A su vez, es posible establecer que el actuar de la recurrida se ha ajustado al principio de imparcialidad impuesto por el artículo 11 de la citada norma, toda vez que la decisión de rechazo se funda en antecedentes objetivos que permiten arribar a la conclusión señalada, descartando cualquier indicio de arbitrariedad en el que hayan podido incurrir de acuerdo con el tenor de los hechos denunciados por la recurrente en su oportunidad.

Séptimo: En definitiva, no siendo posible imputar la comisión de un actuar ilegal o arbitrario en los términos denunciados en esta acción que se traduzca en vulneración alguna de garantías fundamentales respecto de la recurrente de esta causa, quién no logró acreditar, con la documentación pertinente y emitida eventualmente por los profesionales que correspondieran, la necesariedad del reposo otorgado a su persona, la presente acción será rechazada tal como se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas por estimar la existencia de motivos plausibles para litigar, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez.

Redacción a cargo del abogado integrante Mauricio Cárdenas García.

No firma el Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1119-2025.