Protección contra Colegio nombre reservado

nombre reservado, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 compareció nombre reservado, chilena, dueña de casa, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM001, chileno, estudiante, de su mismo domicilio, quien interpuso recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la expulsión de su hijo a través del procedimiento de “Aula Segura”, lo cual ha afectado sus garantías constitucionales.

Expuso que es la madre y apoderada de nombre reservado, de 16 años, estudiante de 2° medio B en el colegio recurrido. Dice que recibió un llamado de Inspectoría el 6 de agosto del año en curso a las 13:30 horas, por lo que se acercó inmediatamente al establecimiento educacional, donde se le informó que nombre reservado vendió clonazepam (7 unidades) a tres compañeros de su curso, quienes la ingirieron en la sala de clases, por lo que se inició una investigación. Al día siguiente, la llaman nuevamente y le informan de la suspensión por 5 días de su hijo.

Agrega que su hijo debía volver a clases el 14 de agosto, pero el día anterior recibió un correo electrónico en donde es nuevamente citada a entrevista con la Directora, Convivencia Escolar e Inspectoría, y le informaron que de acuerdo a los artículos y Reglamentos de “Aula Segura” su hijo seguiría suspendido y que tenía 5 días para apelar. Luego, el 14 de agosto le remitieron un correo electrónico con el Informe de Investigación Ley 21.128 “Aula Segura”.

Argumentó que no se le explicó el proceso con claridad, ni cual es la investigación que se debe realizar; no tomaron en consideración la declaración de su hijo, que su hijo no es consumidor de drogas, que esta es la primera vez que se equivoca, que asumió su error ante la inspectora, que ella es una apoderada comprometida con su hijo y que nombre reservado tiene TDAH, trastorno de déficit por hiperactividad, por lo que es parte de Programa de Integración Escolar, es deportista de alto rendimiento en el ciclismo, justamente para controlar la hiperactividad.

Indicó que el hecho que uno de los compañeros que consumió clonazepam luego haya sido atropellado fuera del colegio, no puede ser responsabilidad de su hijo, por cuanto eso ocurrió a las 16:45 horas, siendo que ya sabían del consumo del medicamento, por lo que debieron preocuparse de que lo viniese a retirar su apoderado. Por lo que eso es responsabilidad del colegio.

Refirió que no recibió apoyo o contención ante la situación y que sólo se investigó a nombre reservado, siendo que, de acuerdo con el Reglamento, también es una falta grave el consumir, pero a los otros estudiantes no les aplicaron ninguna medida, lo cual hace más arbitraria la sanción. Reiteró la falta de información respecto al procedimiento seguido, en donde no pudo aportar todos los antecedentes que hubiese podido dar, y explicó la dificultad de poder encontrar una matrícula a estas alturas del año, con cupo para PIE, siendo desproporcionada la sanción ya que es primera vez que le ocurre algo de esta gravedad. Reiteró el compromiso familiar con la enseñanza de su hijo y con que esto no vuelva a ocurrir.

Previas citas legales, pidió que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida que se haga el proceso de forma válida, y se deje a su hijo continuar sus estudios en el colegio.

Acompañó al recurso los siguientes documentos:1.- Correo de Convivencia Escolar de 14 de agosto de 2025. 2.- Informe de Investigación Procedimiento Ley “Aula Segura”.

A folio 6 se declaró admisible el recurso de protección y se pidió informe a la recurrida. A folio 10 evacuó informe el Colegio nombre reservado, el cual expresó que efectivamente ocurrió la venta de clonazepam a tres compañeros en el colegio, los cuales presentaron síntomas de somnolencia y aletargamiento, sufriendo uno de ellos un accidente a las afueras del colegio, por lo que se activó el seguro escolar y fue llevado al establecimiento de salud.

Explicó que el 7 de agosto de 2025, dentro del plazo de 24 horas, la madre del estudiante fue formalmente notificada por la Dirección de los hechos y de la activación del Protocolo de Drogas y Alcohol, así como de la aplicación de la Ley N°21.128 “Aula Segura”, disponiendo la suspensión preventiva.

Luego, dijo que, durante la investigación, se recibieron declaraciones, se levantaron actas y se permitió a la apoderada presentar descargos y apelación, lo que efectivamente realizó el 19 de agosto de 2025.

Refirió que el 20 de agosto de 2025, el sostenedor del Colegio nombre reservado emitió resolución fundada en donde aplicó la medida disciplinaria máxima de cancelación de matrícula, en virtud del Reglamento Interno Escolar (arts. 231 y 232) y la Ley N°21.128 “Aula Segura”, al considerar que la permanencia del estudiante implicaba un riesgo cierto y grave para la comunidad educativa.

Agregó que el colegio implementó un Plan de Acompañamiento Pedagógico y Socioemocional, para orientar a la familia en la búsqueda de un nuevo establecimiento, entregando informes académicos y PIE, garantizando así la continuidad de estudios del alumno.

Argumentó que no hay ilegalidad porque se aplicó el Protocolo de Drogas y Alcohol, se notificó a la madre en plazo de 24 horas, se activó el procedimiento Aula Segura (Ley 21.128), con suspensión preventiva, investigación y resolución fundada y se otorgó derecho a defensa y apelación. No hay arbitrariedad por cuanto la medida fue proporcional y necesaria, atendida la gravedad de los hechos, se implementó un plan de acompañamiento para la continuidad de estudios, demostrando que el colegio actuó con resguardo y no con ánimo de exclusión arbitraria.

Citó jurisprudencia y pidió que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la presente acción cautelar denuncia como ilegal y arbitraria la expulsión del estudiante nombre reservado, quien cursaba 2° año medio en el Colegio nombre reservado, por considerar que el procedimiento para su expulsión no fue debidamente informado a su apoderada, quien no pudo ejercer los descargos o alegaciones de forma adecuada, y por considerar que la sanción de expulsión es desproporcionada a la luz de la infracción cometida por el estudiante, y sus perniciosas consecuencias ante la dificultad de encontrar un establecimiento educacional a estas alturas del año, en donde nombre reservado pueda continuar sus estudios con un cupo en el Programa de Integración Escolar, dado el diagnóstico de trastorno de déficit por hiperactividad.

Por su parte el Colegio nombre reservado pidió el rechazo del recurso por considerar que se cumplió en conformidad a la Ley 21.128 cada una de las etapas del procedimiento de Aula Segura, lo que terminó con la expulsión del estudiante, sanción que es proporcional a la infracción cometida y reconocida por el estudiante, la cual es considerada gravísima de acuerdo al Reglamento Interno del establecimiento educacional.

Cuarto: Que, el único documento que fue acompañado a la carpeta electrónica de la presente acción constitucional es el correo remitido por Convivencia Escolar el 14 de agosto de 2025, en donde se acompañó el Informe de Investigación Procedimiento Ley “Aula Segura”.

En el informe mencionado, se indica que, en la semana del 6 de agosto 2025, se recibió denuncia interna por parte de una docente, informando que el estudiante nombre reservado habría vendido, dentro del establecimiento educacional, comprimidos de Clonazepam, medicamento sujeto a control y con prescripción médica, a tres compañeros de curso.

Luego, expone que, de acuerdo con los antecedentes recabados: 1.- La transacción se realizó en dependencias del establecimiento durante el horario de clases. 2.- Los tres estudiantes que adquirieron y consumieron el medicamento presentaron síntomas de aletargamiento y somnolencia en aula. 3.- Uno de los estudiantes, a causa del estado de somnolencia, fue atropellado en el horario de salida del colegio, debiendo recibir atención médica. 4.- La situación puso en riesgo la salud, seguridad e integridad de los estudiantes involucrados y de la comunidad educativa en su conjunto.

Respecto al procedimiento realizado, el informe indica que, una vez recibida la denuncia, el equipo de Convivencia Escolar registró el hecho y activó el protocolo correspondiente, tomando como medidas inmediatas el aislamiento y entrevista inicial al estudiante denunciado; la atención y acompañamiento a los tres estudiantes que ingirieron el medicamento; aviso y citación a los apoderados de todos los involucrados y derivación del estudiante atropellado a centro de salud.

Luego, se realizó el levantamiento de información, tomando declaraciones de testigos, se realizó entrevistas al personal docente, a asistentes de la educación presentes en el momento de los hechos y se comunicó a las autoridades externas, realizando la denuncia en Fiscalía, conforme a la Ley 20.000.

A continuación, de acuerdo con el informe, se realizó un análisis de los antecedentes recabados y se concluyó que la venta de un medicamento controlado, sin prescripción, constituye una falta gravísima, al poner en riesgo grave a la comunidad escolar, lo cual fue acreditado a través de las testimoniales, declaraciones y constatación de consecuencias físicas, configurándose la sanción de expulsión o cancelación de matrícula, la cual fue recomendada aplicar a Dirección.

Quinto: Que, del contenido del informe expuesto en el considerando anterior, se puede observar que se realizó un procedimiento racional y justo, en donde se recopiló la información disponible, poniendo a la apoderada del estudiante sancionado en conocimiento de estos antecedentes, para que pudiera ejercer los descargos que estimara pertinente, lo cual realizó de acuerdo a lo expresado en el recurso.

Por su parte, el colegio indicó que se presentó un recurso de apelación el cual fue resuelto por el Consejo de Profesores, circunstancia también reconocida en la acción constitucional impetrada, y donde 14 profesores de los 17 que votaron estuvieron por confirmar la decisión del Director.

Sexto: Que, en consecuencia, no se observa ilegalidad o arbitrariedad alguna, dado que se respetaron las garantías de un debido proceso, en cuanto la recurrente pudo realizar descargos, se tomó declaración al estudiante y presentó una apelación ante la sanción impuesta, constando de la única documental acompañada que fue notificada del procedimiento de investigación realizado por el equipo de Convivencia Escolar, sin que se hayan presentado mejores antecedentes que acrediten lo contrario, lo cual tiene como corolario que el recurso será rechazado.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, todos ya individualizados.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°1102-2025.-