Protección contra Tesorería General de la República

Puerto Montt, quince de julio de dos mil dieciséis.

Vistos:

Con fecha 09 de junio del año en curso, comparece en autos Rol N° 1082 don nombre reservado, odontólogo, domiciliado en domicilio reservado; en Rol N° 1083 comparece don nombre reservado, kinesiólogo, domiciliado en domicilio reservado; Rol N° 1084 comparece don nombre reservado, biólogo marino, domiciliado en domicilio reservado, final Bellavista, Pelluco, N° 1846, Puerto Montt: Rol N° 1085 comparece don nombre reservado, biólogo marino, domiciliado en domicilio reservado; Rol N° 1086, comparece don nombre reservado, psicólogo, domiciliado en Pto. Godoy N° 2177, Población Mirasol, Puerto Montt; Rol N° 1087, comparece doña nombre reservado, cesante, domiciliada en domicilio reservado; Rol N° 1088, comparece don nombre reservado, ingeniero, del mismo domicilio anterior, domicilio reservado; Rol N° 1089 comparece don nombre reservado asesor, domiciliado en domicilio reservado. Montt; Rol N° 1090 comparece don nombre reservado cesante, domiciliado en domicilio reservado; Rol N° 1092, comparece doña nombre reservado, educadora, domiciliada en domicilio reservado; Rol N° 1093 comparece doña nombre reservado, psicopedagoga, domiciliada en domicilio reservado; Rol N° 1094, comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado; Rol N° 1095, comparece doña nombre reservado, psicopedagoga, domiciliada en domicilio reservado; Rol N° 1096, comparece don nombre reservado, cesante, domiciliado en domicilio reservado; Rol N° 1097 comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, domiciliada en Puerto Montt; Rol N° 1098 comparece doña nombre reservado, asistente dental, domiciliada en domicilio reservado; Rol N° 1099 comparece don nombre reservado, trabajador social, domiciliado en domicilio reservado comparece doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado.

Se trata de 18 recurrentes que en presentaciones idénticas, tipo formato en el que sólo han incluido su individualización , en algunos casos poco legible, recurren en contra de Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, Tesorero General de la República, ambos con domicilio en domicilio reservado, solicitando que se deje sin efecto la retención de impuestos que refieren en sus presentaciones y se disponga la devolución del dinero retenido en forma urgente, dada la precariedad de sus situaciones económicas y sociales, dentro del plazo que determine el tribunal.

Las presentaciones antes dichas, difieren únicamente en la fecha de resolución del Servicio recurrido que motiva su interposición, señalándose como tales los días 12, 13, 23, 27 y 30 de mayo y en los Roles N° 1084, 1085, 1086, 1093, 1094, y 1095, se omite la designación de fecha.

Afirman que mediante dicha resolución de la recurrida se dispuso la retención de dineros provenientes de la devolución de impuestos originados de la emisión de boletas con ocasión del trabajo de cada uno de ellos a honorarios, actividad que desarrollan en cada caso sin contar con contrato de trabajo ni vínculo laboral, lo que significa estar al margen de las normas de protección social y cuyos impuestos han sido pagados y declarados ante el Servicio de Impuestos Internos.

Aseguran que estos ingresos son los únicos de los que disponen para sobrevivir junto a sus familias, pues no cuentan con un trabajo formal y estable. Estos montos fueron retenidos aparentemente para ser destinados al pago de deudas educacionales. Señalan como vulnerada la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues el organismo público recurrido le ha privado de dicha garantía actuando en su perjuicio y el de su familia, como si se tratara de una verdadera expropiación, privándolo de la devolución de impuestos que legalmente es de su propiedad, omitiendo todo procedimiento judicial al respecto, infringiendo el debido proceso.

No se adjunta documento alguno, salvo copia de cédula de identidad en la mayoría de los casos.

Con fecha 13 de junio del año en curso los recursos son declarados admisibles y se dispone su acumulación al primer ingreso correspondiente al Rol N° 1082-2016.

Con fecha 01 de julio del año en curso informa en representación de Tesorería General de la República el abogado don Osvaldo Emhart Vicencio.

Señala que las declaraciones de impuesto a la renta, año tributario 2016, presentadas por cada uno de los recurrentes (18), arrojó un remanente de pagos provisionales a favor de ellos, cantidad que Tesorería General debía restituir en el mes de mayo del presente año. Sin embargo, tal devolución no se verificó, puesto que, los Administradores de Fondos Solidarios de Crédito Universitario e Instituciones Financieras, solicitaron a Tesorerías que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.989 y artículo 17 de la Ley N° 20.027, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario y crédito con aval del Estado, entre los cuales se encuentran los recurrentes, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Revisadas las respectivas cuentas únicas tributarias, se ha constatado que a 11 de los recurrentes se les retuvo sus devoluciones de impuesto a la renta en consideración a que registraban deudas por concepto de deudas de crédito solidario universitario; a otros 3 recurrentes se les retuvo sus excedentes de impuesto a la renta por registrar deudas de crédito con aval del Estado; respecto de otros 2 recurrentes, operó una compensación por deudas recíprocas entre el Fisco y éstos; y 2 de los recurrentes no han sido objeto de retención ni compensación por cuanto a esta data no figuran como deudores de los créditos mencionados, según pasa a detallar en cuadro explicativo.

Señala que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.989, Tesorería General de la República está facultada para retener de la devolución de impuesto a la renta que le correspondiente anualmente a los deudores de crédito solidario universitario, regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

A su vez, el artículo 17 de la Ley N° 20.027 contiene una norma similar a la indicada, puesto que en similares términos faculta a Tesorería para retener los excedentes de impuesto a la renta a los deudores del crédito con aval del Estado, hasta los montos que se encontraren impagos, según lo informado por la entidad crediticia acreedora, imputando dicha retención a pago de la mencionada deuda.

Conforme a lo dicho, el presunto acto que los recurrentes califican de ilegal o arbitrario no es imputable a Tesorería General de la República, careciendo su representada de legitimación pasiva pues ha obrado en cumplimiento de un deber legal de acuerdo a lo informado por las respectivas entidades acreedoras.

En cuanto al fondo, señala que no ha existido de parte del Servicio actuación arbitraria o ilegal alguna. Los deudores de crédito solidario universitario omiten señalar en sus recursos la facultad establecida en el artículo 1° de la Ley N° 19.989.

Para llevar a efecto esta retención debe observarse lo dispuesto en el reglamento de la Ley contenido en el D.S. N° 2978 del Ministerio de Educación, del año 2009 que fija procedimiento para retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de Tesorería General. En su artículo 1° señala que el reglamento rige la forma en que las Instituciones Administradoras del Fondo Solidario Universitario informan a Tesorería General las deudas que existan con éstas; los procedimientos de retención de las devoluciones de impuestos; la imputación de las retenciones de impuestos a las deudas informadas por los respectivos administradores y el ejercicio de derechos por parte de los deudores afectados. El artículo 4° señala que los Administradores, deben antes del 1° de febrero del año respectivo, elaborar una nómina de deudas vencidas y no pagadas. Enseguida, el artículo 5° indica que los Administradores deben notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de la retención. Los deudores que figuren en la nómina una vez notificados tienen el plazo de 10 días para solicitar al Administrador que aclare la situación del deudor en aquellos casos que considere que haya operado algún modo de extinguir las obligaciones o bien que el monto que se consigna como adeudado no está correcto. En dicho caso, la interposición de la aclaración no obsta al ejercicio de las acciones y recursos que disponga la ley. Una vez finalizado el proceso de reclamo, los Administradores deben remitir las nóminas al Ministerio de Educación antes del 30 de marzo del respectivo año, organismo que debe verificar que las nóminas contengan las menciones que indica el artículo 4°, que haya sido practicada la notificación y que en caso de aclaración ésta haya sido resuelta, para lo cual el Ministerio tiene un plazo de 10 días.

En caso de cumplirse con los requisitos, el Ministerio de Educación emite un certificado de conformidad el que es remitido al Administrador del Fondo respectivo y a Tesorería General. Además, el Ministerio debe remitir electrónicamente a Tesorería las nóminas de deudas impagas para que con su mérito y del certificado proceda a la retención.

Durante este procedimiento el deudor tiene la oportunidad de ejercer sus reclamaciones en contra de su acreedor.

Tesorería General de la República no es acreedora original ni actual, el acreedor sigue siendo el Fondo de Crédito Universitario Solidario de cada universidad.

Afirma que no existe vulneración al derecho de propiedad por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no exista una causa legal de retención.

Es la propia ley que en este caso regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa.

Cita a continuación jurisprudencia judicial sobre la materia.

En cuanto a las retenciones por deudas de crédito con aval del Estado, señala que la Ley N° 20.027 y su reglamento, contenido en el Decreto Nº 266 de 2009, del Ministerio de Educación, regulan un sistema de financiamiento de estudios de educación superior para alumnos de aquellas instituciones educacionales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3º de la citada ley, que cuenta con la garantía de las instituciones de educación superior y del Estado.

Para estos efectos, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, lleva a cabo anualmente un proceso de licitación pública para el servicio de financiamiento y administración de estos créditos a través de instituciones financieras.

Las devoluciones de pagos provisionales mensuales que arrojaron las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por los recurrentes, deudores del crédito con aval del Estado, efectivamente no se verificaron, puesto que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores solicitó a Tesorería que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nº 20.027 y su reglamento, retuviera de la declaración anual de impuestos a la renta, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por las respectivas instituciones financieras, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Al igual que en el caso anterior, una de las causas por las cuales se puede legalmente alterar el derecho de dominio, es el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas. En este caso es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa.

En relación a la compensación entre deudas recíprocas del Fisco y de dos de los recurrentes, nombre reservado y nombre reservado, expresa que la obligación de pago de los créditos con aval del Estado, nace en un plazo de 18 meses contados desde que han sido informados como egresados, o al mes subsiguiente desde que son declarados desertores, momento en el cual la institución financiera debe generarles un cuadro de pago, iniciándose el periodo del servicio normal de financiamiento.

Si el alumno incurre en mora en el pago de su crédito, las instituciones financieras en su calidad de administradoras de los créditos, deben efectuar las gestiones de cobranza de los mismos, conforme lo estipulan las Bases de Licitación, tanto para aquéllos financiados por las instituciones financieras como para los que son vendidos y cedidos al Fisco.

En ambos casos, las gestiones de cobranza forman parte de los requisitos que éstas deben cumplir para efectos de proceder al cobro de la garantía Estatal y de la garantía por deserción académica, según lo dispuesto en las Bases de Licitación, excepto para los créditos adquiridos por el Fisco y que corresponden a deudores egresados, caso en el cual la garantía Estatal se extingue por confusión entre acreedor y garante.

Cumplidos los requisitos por las instituciones financieras, éstas pueden solicitar a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores que certifique dicha circunstancia y remita un oficio a los garantes para que éstos procedan al pago de las garantías.

Una vez pagada la garantía por el Fisco, la Comisión Administradora, remite los respectivos formularios de cobro por concepto de deuda de crédito con aval del Estado a Tesorería, deuda que se registra en la cuenta única tributaria de los recurrentes como una deuda fiscal.

Conforme al artículo 2º Nº 4 del DFL Nº 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a esta institución efectuar el pago de las obligaciones fiscales y, en general, las de las entidades del sector público que las leyes encomienden, contando con la facultad de compensar deudas de los contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, en los términos dispuestos en el artículo 6º de dicho cuerpo normativo.

Respecto de los dos recurrentes a quienes se les compensó, el Fisco les adeudaba cantidades de dinero por concepto de excedentes de pagos provisionales mensuales que arrojaron sus declaraciones de impuesto a la renta, año tributario 2016. Por su parte, los recurrentes eran deudores del Fisco de iguales sumas de que dan cuenta los respectivos formularios 34, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado; operando la compensación por el solo ministerio de la ley.

Se acompaña al informe certificados de egresos, de retención, compensación y de movimiento de formularios 34.

A fojas 175 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que según se ha reseñado, el asunto a dilucidar dice relación con la actuación de Tesorería General de la República en orden a retener de la devolución de impuestos que se iba a efectuar a los recurrentes, las sumas que en cada caso se indican por deudas de crédito solidario universitario: nombre reservado, $224.755.- Pontificia “U” Católica de Valparaíso; nombre reservado, $460.939, “U” Los Lagos; nombre reservado, $ $418.028 “U” Austral de Chile; nombre reservado, $359.604 “U” Austral de Chile; nombre reservado, $1.742.006, “U” La Frontera; nombre reservado, $132.384 “U” Austral de Chile; nombre reservado $901.661 “U” de Los Lagos, nombre reservado, $54.272 “U” Católica de Temuco; nombre reservado, $50.886 “U” Católica de Temuco; nombre reservado, $41.219 “U” de Los Lagos; y nombre reservado, $826.080, “U” La Frontera; por deudas de crédito con aval del Estado, en el caso de los recurrentes nombre reservado, $820.123, Scotiabank; nombre reservado, $694.079, Scotiabank y nombre reservado, $106.924, Santander; y por compensación entre deudas recíprocas del Fisco y dos recurrentes nombre reservado, $1.297.586 For. 34 y nombre reservado $392.827, For. 34.

Tercero: Que, se ha de tener presente que respecto de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, según da cuenta el informe evacuado por la recurrida no han sido objeto de retención ni compensación por no registrar deuda por crédito con aval del Estado o crédito solidario; de manera que los recursos por ellos presentados carecen de causa y por lo mismo habrán de ser rechazados.

Cuarto: Que la Ley N° 19.989 “Establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la Ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario”, prescribe en su artículo 1°: “ Facúltese a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiente a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”

El reglamento al que la antedicha disposición legal se refiere, es el contenido en el Decreto N° 297 del año 2009 del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento que fija procedimiento para retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República.

Por su parte, la Ley N° 20.027 Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, conocido como crédito universitario con aval del Estado, en cuyo Título V Del pago de los créditos garantizados, establece en el artículo 17 lo siguiente” La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.

Si el monto de la devolución de impuesto fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto…”.

El reglamento aludido corresponde actualmente al Decreto N° 266 del año 2011 del Ministerio de Educación.

Finalmente, el D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda que Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece como objeto del mismo, estar a cargo de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.

Entre sus funciones, el artículo 2° N° 4 encomienda al Servicio, “Efectuar el pago de las obligaciones fiscales y, en general, las de las entidades del Sector Público que las leyes le encomienden. Para estos efectos, podrá utilizar como medio de pago la transferencia electrónica de fondos, para depositar los valores correspondientes en la respectiva cuenta corriente bancaria, cuenta de ahorro a plazo o a la vista que indique el acreedor”; y en el artículo 6° autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Quinto: Que, según las presentaciones efectuadas por los recurrentes, éstos no cuestionan la existencia del crédito universitario, obtenido en algunas de las modalidades establecidas por la ley así como tampoco la exigibilidad de la deuda que mantienen con el acreedor de la misma, sea la entidad administradora, financiera o el propio Fisco; luego, no es posible atribuir a Tesorería General de la Republica actuación ilegal y/o arbitraria alguna, por cuanto se ha ajustado como agente recaudador, a cumplir con la retención que dispone la ley, procediendo en consecuencia y no fundado en la mera voluntad o capricho.

Sexto: Que en consonancia con lo que se viene señalando, ha de concluirse que no existe afectación alguna al ejercicio legítimo de un derecho amparado por esta acción cautelar por cuanto es precisamente la ley que ha dispuesto los casos y la forma en que los dineros provenientes de la devolución de impuestos no se incorporen al patrimonio de los recurrentes.

Séptimo: Que por lo antes razonado, los recursos interpuestos habrán de ser desestimados.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, aquéllos interpuestos por don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de Tesorería General de la República.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García.

Rol N° 1082-2016 y acumulados.