nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUELLÓN PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

Puerto Montt, cuatro de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio N° 1, el día 30 de enero del año en curso, comparece el abogado Óscar Olivares Jatib a favor de nombre reservado, y nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUELLÓN, solicitando dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N°s. 906 y 919, ambas de fecha 27 de diciembre de 2024, notificadas el día 31 de diciembre de ese año, en virtud de las cuales se ordenó el traslado de los recurrentes a otros establecimientos de salud municipal a contar del 02 de enero de 2025, infringiéndose el artículo 70 de la Ley N°18.883, y sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Que por resolución de Folio 18, de fecha 06 de junio del año en curso, se excluyó a don nombre reservado, quien mediante presentación de fecha 05 de junio manifestó que el recurso se presentó sin su consentimiento y pide tenerlo por no presentado, a fin de accionar por la vía laboral correspondiente. Por este motivo, se hará alusión sólo al actor nombre reservado.

En el recurso, el abogado detalla que el recurrente es técnico en enfermería, perteneciente a la categoría C, grado 10 de la carrera funcionaria, y desempeña desde hace diez años sus labores en los sectores rurales de Quellón, donde adquirió una vivienda, estudian sus hijos, desarrollando sus proyectos personales y familiares. Atendida la naturaleza de los establecimientos de salud, percibe mensualmente una asignación de desempeño difícil, la cual asciende a la suma de $191.759.

Precisa que el 31 de diciembre de 2024, el actor fue notificado intempestivamente por correo electrónico, de su traslado a otro centro de salud desde el día 02 de enero, desde el Equipo Rural 2 a la Farmacia de CESFAM, con el argumento de destinación, fundado en “1-. La necesidad de regularizar el funcionamiento administrativo del área de salud municipal de la Corporación Municipal de Quellón, y las facultades que me confiere los estatutos de la institución.

2-. Que, el articulo N° 70 de la ley 18.883, supletoria de la Ley 19378 que indica; que los funcionarios solo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la Municipalidad correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas por el alcalde de la respectiva Municipalidad. La destinación implica prestar servicios en funciones de la misma jerarquía en cualquier localidad de la comuna o agrupación de comunas en su caso”.

Reclama que dicha resolución no informa las razones que justifican el traslado, en circunstancias que él reside en lugar apartado de su nuevo establecimiento de salud y cuenta con apoyo de la comunidad y realiza labores complejas para los usuarios, y significa un cambio abrupto de vida, por horario de transporte público no podrá llegar a la hora, y en la salida ya no tendrá buses para retornar, con tiempos de desplazamiento de dos horas de viaje aproximadamente, con gastos ya de pasajes, bencina u otros, provocándole una gran afectación patrimonial.

Reclama asimismo, que el traslado implica la pérdida de asignaciones de desempeño difícil, porque estos otros establecimientos no están categorizados como tales, provocando de igual manera una afectación patrimonial.

Por todo lo dicho, concluye que la decisión adoptada por la recurrida es ilegal y arbitraria, pues no informa las razones que motivan su traslado, reubicándolo en zonas apartadas de su residencia habitual, causándole un considerable daño de naturaleza patrimonial, infringiendo el artículo 70 de la Ley N°18.883, en relación al Dictamen N° 4856/90, del 9 de diciembre del 2008 de la Dirección del Trabajo. Agrega que si bien la jurisprudencia ha determinado que la autoridad está facultada para cambiar el lugar de prestación de servicios, esta potestad debe implicar que se mantenga la naturaleza de las funciones y sin que importe un menoscabo para el funcionario, como ocurre en este caso, en que indica ni siquiera pueden determinar si se altera la naturaleza de sus servicios porque las nuevas labores no han sido especificadas, afectando de igual modo su jerarquía dentro del DESAM.

Finalmente, sostiene que es aplicable el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880, en relación al artículo 41 del mismo cuerpo legal, respecto a la necesaria fundamentación de los actos que afecten a particulares, que no se cumple en este caso.

Por lo dicho, solicita acoger el recurso y ordenar se deje sin efecto la resolución cuestionada, ordenar la reubicación del actor en su anterior establecimiento de trabajo, manteniéndolo en las mismas funciones desempeñadas y ordenar el pago íntegro de la asignación de desempeño difícil en el tiempo que media entre el 01 de enero de 2025 y su reubicación en el anterior establecimiento de salud municipal, con costas.

Acompaña al recurso las Resoluciones Exentas N°s. 906 y 919, ambas de fecha 27 de diciembre de 2024.

A folio N° 4, se declaró admisible la acción y Folio N°12 se le negó lugar a la orden de no innovar solicitada.

A folio N° 11, evacúa informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, y como primera cuestión, destaca que la destinación no es un derecho que el funcionario pueda invocar a su voluntad y/o en cualquier momento como quiera -en relación a la disposición de los recursos humanos dentro de la institución- sino que constituye una facultad que la ley entrega a la autoridad administrativa en cuyo ejercicio ésta debe velar por hacer prevalecer el interés institucional de la función pública por sobre el particular de cada servidor, considerando que ello guarda armonía con lo que dispone el artículo 58 letra e) de Ley N°18.883, en relación a sus letras c) y g), y lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N°18.883, supletoria de la ley N° 19.378, que rige los requisitos que deben cumplir estas destinaciones cuando se realicen dentro de la red de atención primaria municipal.

Sostiene la legalidad del traslado, que obedece a la ejecución por disposición del Departamento de Salud Municipal de Quellón de una rotación de funcionarios a partir de enero del año 2025 en diversos establecimientos de la red, todo ello en el plano de la necesidad de regularizar el funcionamiento del área de salud municipal para así dar continuidad y mejoramiento integral al servicio de las prestaciones que brindamos a nuestros usuarios, porque se debían cubrir algunos cargos que quedaron sin desempeño, consecuencia del término de la relación laboral de otrora funcionarios que se encontraban a reemplazo y/o con contratos a plazo fijo. Ha sido este motivo lo que ha llevado a una reestructuración en las diversas dependencias de la red de salud municipal, pero algunos funcionarios manifestaron oposición a la destinación.

Detalla que conforme el artículo 70 de la Ley N°18.883, supletoria de la ley N°19.378, “Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la municipalidad correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas por el alcalde de la respectiva municipalidad.

La destinación implica prestar servicios en funciones de la misma jerarquía en cualquier localidad de la comuna o agrupación de comunas en su caso”.

De ello colige que esta faculta para destinar al personal a prestar servicios en labores de la misma jerarquía, en cualquier localidad de la comuna o agrupación de comunas. Luego, el Dictamen N°5732/65 de fecha 06 de noviembre de 2015 de la Dirección del Trabajo precisa aquello, lo que se corrobora con el Dictamen N°816 de fecha 29 de noviembre de 2024 de la Dirección del Trabajo, en los mismos términos, por lo que estima no existe otra limitación legal de la destinación funcionaria, más que el funcionario se siga rigiendo por la ley n°19.378, prestando servicios en labores de la misma jerarquía, y que estas se desempeñen en cualquier localidad de la comuna o agrupación de comunas en su caso, circunstancias todas que se cumplen en la destinación recurrida.

Sostiene por ello que la resolución cuestionada cumple la normativa legal vigente, y propenden únicamente al fin de dar continuidad y mejoramiento integral al servicio de las prestaciones que brindan a sus usuarios, razones que por cierto son objetivas y fácilmente verificables, pues existe un imperativo legal que así lo ordena, y hace presente además que las funciones a desarrollar de todas las actoras, atendidas sus profesiones y lo señalado en sus contratos, se mantienen inalterables:

En el caso de nombre reservado, en su contrato indefinido señaló que su domicilio domicilio reservado, Población 11 de Septiembre, de la comuna de Quellón, que el empleador puede modificar la naturaleza de sus servicios o sitio o recinto, siempre que sean similares y pertinentes a su profesión u oficio, siempre que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para la persona, y respecto de la asignación de desempeño difícil, que se estará a lo señalado por el Ministerio de Salud cada año, pudiendo variar según el lugar de desempeño.

Destaca que todas las cláusulas de su contrato de trabajo fueron aceptadas en bloque por el actor al suscribirlas de su puño y letra, y respecto de sus funciones, seguirá realizando idénticas a aquellas que realizaba en su establecimiento o equipo de origen -sólo con mínimas modificaciones, atendida la ubicación del establecimiento de salud y el tipo de población usuaria-, asimismo seguirá perteneciendo a la dotación de atención primaria de la comuna de Quellón, y conforme a ello seguirá percibiendo sus mismas remuneraciones anteriores, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 19.378, cumpliendo por tanto los límites impuestos por el legislador, doctrina y jurisprudencia a la facultad de cambio de lugar o destinación.

Niega asimismo afectación a la igualdad ante la ley, el recurso sólo expone un criterio subjetivo del recurrente y su abogado, que alude a una supuesta discriminación por condiciones laborales menos favorables como la lejanía de su residencia habitual o alteración de su jerarquía al interior de la corporación, pero obvia explicitar cómo la destinación provocaría aquello, considerando que otros 13 funcionarios fueron destinados en sus funciones para este año 2025.

Detalla que estas reubicaciones obedecen estrictamente a necesidades del Departamento de Salud, en relación a dar continuidad a la atención de los usuarios de la red de atención primaria, pues primeramente hubo funcionarios que hasta el año 2024 se encontraban realizando reemplazos o funciones con contrato a plazo fijo cuyas relaciones laborales cesaron por el solo ministerio de la ley o la llegada del plazo de término del vínculo contractual, siendo necesario cubrir dichos cargos, lo que conllevó a destinar a estos funcionarios, quienes eran los más calificados para desempeñar dichas funciones.

Detalla luego, a fin de despejar dudas respecto a las labores que desempeñará en su nueva destinación, que en el caso de nombre reservado pasó de desempeñarse como Técnico en Enfermería Nivel Superior de Maleta de Farmacia del Equipo Rural 2 a prestar funciones como Técnico en Enfermería Nivel Superior de la Farmacia del Cesfam de Quellón. Por tanto, no existe absolutamente ningún tipo de menoscabo ni en las funciones ni en la jerarquía del recurrente dentro de esta Corporación Municipal.

En relación a la supuesta afectación al derecho de propiedad niega también aquella, destacando que la Asignación por Desempeño Difícil, como su nombre lo indica, es en consideración a las dificultades que presenta la ubicación o sector geográfico en el cual se deben desarrollar las labores, y no es atribuible al funcionario en particular, por lo que malamente podría existir un derecho de propiedad de los recurrentes respecto de dicha asignación (se hubiese realizado la destinación o no). A ello se ha referido, dice, el Dictamen 2030/135 de fecha 07 de mayo del año 1998, de la Dirección del Trabajo, y la General de la República, mediante Dictamen N° 123.812 del 22 de julio del año 2021, destacando que esas asignaciones se determinan por imperativo legal y por tanto la determinación de su monto no está sujeta a acuerdo entre empleador y funcionario. Agrega que sobre este aspecto se ha pronunciado la Dirección del Trabajo en Dictamen N°5732/65, de fecha 06 de noviembre del año 2015, a propósito de una consulta emitida por este mismo Departamento de Salud, con ocasión de la destinación de otra funcionaria.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra la Corporación Municipal de Quellón por la dictación de la Resolución Exenta N°919, de fecha 27 de diciembre de 2024, mediante la cual se dispuso la destinación del actor a desempeñar funciones en un nuevo centro de salud en la misma comuna.

Sostiene el recurrente que dicho acto administrativo sería ilegal, arbitrario e infundado, y vulneraría sus derechos a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues a su juicio el traslado afectaría su jerarquía dentro del Departamento de Salud, implica mayores costos en traslados, y además de que con motivo de la destinación habría perdido sus asignaciones de desempeño difícil.

Segundo: Que la recurrida alegó que para la decisión reprochada se basó en el ejercicio de las facultades reguladas en el artículo 70 de la Ley N°18.883, supletoria de la ley N° 19.378, que rige los requisitos que deben cumplir estas destinaciones cuando se realicen dentro de la red de atención primaria municipal, y cumpliendo los acuerdos de los contratos de trabajo celebrados; esto es, a labores de la misma jerarquía y similares, dentro de la misma comuna -sólo con mínimas modificaciones, atendida la ubicación del establecimiento de salud y el tipo de población usuaria-, y seguirá perteneciendo a la dotación de atención primaria de la comuna de Quellón, y conforme a ello continuará percibiendo sus mismas remuneraciones anteriores, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley N°19.378, precisando a este efecto que la asignación de desempeño difícil es determinada por imperativo legal, y, por tanto, la determinación de su monto no está sujeta a un acuerdo entre empleador y funcionario.

Niega asimismo cualquier vulneración a los derechos fundamentales señalados por el recurrente.

Tercero: Que, el artículo 70 de la ley 18.883, supletoria de la Ley 19.378, dispone que: “Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la municipalidad correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas por el alcalde de la respectiva municipalidad.

La destinación implica prestar servicios en funciones de la misma jerarquía en cualquier localidad de la comuna o agrupación de comunas en su caso.”, de lo que se desprende que la autoridad de la Corporación Municipal tiene la potestad legal de destinar al personal a prestar servicios en labores de la misma jerarquía, en cualquier localidad de la comuna o agrupación de comuna, sobre la base de la norma en comento.

Dicha interpretación ha sido recogida por diversos Dictámenes de la Dirección del Trabajo, entre ellos el Ord. 5732-065 de 6 de noviembre de 2015, organismo que ha señalado que no existe inconveniente jurídico para destinar a un funcionario de salud primaria municipal, con la condición de que siga regido por la Ley 19.378 y que las funciones de la destinación revistan la misma jerarquía de aquellas asignadas en su contrato de trabajo. El mismo dictamen, referido precisamente a un funcionario de salud de la Corporación Municipal de Quellón con contrato indefinido, agrega que la norma en comento no establece límite de duración para dicha medida (como sí lo establece por ejemplo para las comisiones de servicio), y obedeciendo la destinación a consideraciones de bien común y otorgamiento de un buen servicio de salud a la comunidad, no existe impedimento para la destinación.

Luego, existiendo la facultad legal de modificar el lugar donde ejercerá sus funciones, y habiéndose destinado a prestar labores de la misma jerarquía en otro establecimiento de salud de la comuna, la autoridad ejerció correctamente el derecho contemplado en el artículo 70 ya referido. Este criterio ha sido sostenido por la Excma. Corte Suprema, a modo ejemplar, en causa Rol 3.044-2025.

Cuarto: Que, por otra parte, el hecho que se invoque el uso de la facultad legal de la autoridad máxima de la Corporación, no la sustrae de acreditar un deber de razonabilidad en la destinación, que pasa por el hecho que las necesidades institucionales lo requieran.

Luego, dicha ponderación se encuentra efectuada en las resoluciones impugnadas, que dan cuenta de la necesidad de regularizar el funcionamiento administrativo del área de salud municipal de la Corporación Municipal de Quellón.

Así, el carácter discrecional de la facultad que ha ejercido la administración importa razonablemente una reserva de control en cuanto al mérito de lo obrado, circunscribiéndose el control jurisdiccional a aquella parte del acto administrativo que se encuentra en algún grado reglado en la normativa aplicable y en este caso, dicho marco jurídico es el que emana del artículo 70 antes transcrito, y si se quiere los dictámenes de la Dirección del Trabajo dada la naturaleza del contrato que liga a las partes, sin que aquel exija la justificación que extraña la parte recurrente en torno a la motivación última de la decisión de movilidad, más allá del hecho de ejercer una facultad legal.

Quinto: Que, en cuanto a la ausencia de ponderación en la forma que el recurrente pretende, de sus circunstancias personales y en especial en aquellas referidas a la distancia de su domicilio del nuevo centro de salud, no implica per se la ausencia de motivación o justificación que reprocha el actor, sino una discordancia en cuanto a la relevancia que revisten dichos factores de manera de desvirtuar la necesidad de movilidad determinada por Director de la Corporación Municipal en la resolución cuestionada, que para la recurrida no son óbice para mantener la decisión atacada, aún de ser efectivas, y pese a no haberse indicado en el recurso el supuesto nuevos domicilio del actor. Lo anterior además se ha fundado adecuadamente por la recurrida, quien ha detallado incluso la forma en cómo se desarrollaba la jornada de trabajo del actor previamente, la nueva destinación, y la distancia de aquella del domicilio señalado en su contrato de trabajo.

En este mismo sentido, no se advierte en la resolución cuestionada, y tampoco ha sido alegado en el recurso, que la nueva destinación implique una rebaja en el grado (pues mantiene su categoría y nivel), o un desmedro en las funciones que desempeña, considerando que en las cláusulas de su contrato de trabajo, se contiene de manera expresa la cláusula de ius variandi del artículo 12 del Código del Trabajo.

A mayor abundamiento, no se advierte cómo se alteraría su jerarquía al interior de la Corporación con la nueva destinación, considerando que mediante el traslado pasó de desempeñarse como Técnico en Enfermería Nivel Superior de Maleta de Farmacia del Equipo Rural 2 a prestar funciones como Técnico en Enfermería Nivel Superior de la Farmacia del Cesfam de Quellón, esto es idénticas funciones.

Sexto: Que, en último término, cabe recordar que de acuerdo con el artículo 28 de la ley N°19.378, los funcionarios que se desempeñen en establecimientos reconocidos como urbanos o rurales por el Ministerio de Salud y calificados como establecimientos de desempeño difícil por decreto supremo de esa Secretaría de Estado, tendrán derecho a una asignación de desempeño difícil, y es en consideración a las dificultades que presenta la ubicación o sector geográfico en el cual se deben desarrollar las labores.

Por su parte, el artículo 79, inciso primero, del decreto N° 1.889, de 1995, del Ministerio de Salud -Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal Regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal-, prevé que para determinar los establecimientos cuyos servidores se verán beneficiados con esa asignación, dicha Cartera de Estado fijará cada cinco años el grado de dificultad que presentan los establecimientos rurales, mediante decreto supremo que empezará a regir el 1 de enero del año correspondiente, dando origen a la asignación a partir de esa data.

Luego, dicha asignación entonces no es atribuible al funcionario en particular, por lo que malamente podría existir un derecho de propiedad del recurrente respecto de dicha asignación, pues no sólo su monto se determina por imperativo legal sino también su procedencia, no pudiendo ser modificado entonces por acuerdo entre el empleador y el funcionario respectivo.

Séptimo: Que, atento a lo razonado precedentemente, no se configura en la especie la actuación ilegal y arbitraria que se denuncia, por lo que no existe motivo para acoger la presente acción, debiendo desestimarse, como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1o y siguientes del Acta No94- 2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio N°1, por el abogado Óscar Olivares Jatib a favor de nombre reservado en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUELLÓN.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, atendida la naturaleza de la acción deducida.

Redacción a cargo del Ministro Titular Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección 108-2025.-