Protección contra Hospital de Quellón
- Fecha
- 11 de diciembre de 2024
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 1074-2024, sentencia de 11 de diciembre de 2024
Resumen
Se rechaza la protección contra el Hospital de Quellón: no hay derecho indubitado a mantener la mejora transitoria de grado, pues esta estaba condicionada a que el cargo se concursara y la recurrente no fue seleccionada.
Texto íntegro
Puerto Montt, de dos mil veinticuatro Vistos:
En estos autos, Rol Ingreso Corte N° 10.74-2024, la abogada doña Makarena García Dinamarca, deduce acción de protección de garantías constitucionales en favor de doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado.
Expone que la recurrente ingresó a trabajar al Hospital de Quellón, desempeñando las funciones de enfermera, desde el 18 de Julio del año 2014, y, posteriormente, como encargada de varias unidades y programas, como el de unidad de emergencia hospitalaria, servicios de hospitalizados, médico quirúrgico y pediátrico, encargada de sala de procedimientos y pabellón y recuperación, jefe de policlínico de especialidades, encargada de programas de epidemiología, subrogante de dirección de gestión del cuidado desde el año 2015. Indica tener una jornada de 44 horas semanales y una remuneración bruta desde marzo 2023 de $2.995.051 y desde 2024 variando entre $2.142.993 y de $2.551.959.
Afirma que en el mes de octubre de 2022 recibió la noticia de estar embarazada, lo que comunicó a su empleador, sosteniendo que aquella, desde el año 2019 cumplía funciones como Subdirectora de Gestión del Cuidado en calidad de “subrogante”, lo cual implicó nuevas responsabilidades pero ninguna mejora en su remuneración, dado que aquel cargo no se encuentra establecido en el DFL N°22 de 2017 que fija la planta del Servicio de Salud Chiloé y, conforme el Dictamen N°15.122, de 2014 de la Contraloría General de la República, la subrogación es un mecanismo de reemplazo que se encuentra concebido en relación con los empleos establecidos en los respectivos escalafones o plantas, por lo que, en el evento que el cargo no se encuentre previsto en aquéllos, únicamente se trataría de una asignación o encomendación de labores o funciones, que no tiene asignada por la ley una remuneración determinada.
Refiere que, cursando el cuarto mes de embarazo, se modificó su grado asimilándola al N°8 de la E.U.S., de la planta profesional, y mediante Resolución Exenta N°2658 de fecha 01 de abril de 2023 se le encomendaron funciones como Subdirectora de Gestión del Cuidado Titular, iniciando su descanso prenatal y naciendo su hija el 17 de junio de 2023.
Luego, con ocasión del pago de la remuneración del mes de febrero de 2024, advirtió una diferencia en su remuneración, efectuada conforme al grado N°12 y no N°8 de la Escala única de Sueldos, lo que se debió a que su prórroga de contrata, a partir del 01 de febrero de 2024, se hizo conforme el grado indicado, cuestión que nunca le fue informada. Consultada su jefatura sobre lo anterior, se indicó que el cargo de Subdirectora de Gestión del Cuidado había sido concursado, por lo que procedía la rebaja de grado sin perjuicio del fuero maternal que le asistía.
Sostiene que dicha conducta vulneró las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 201 del Código del Trabajo, 89 del Estatuto Administrativo y normas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Solicita en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene dejar sin efecto la rebaja de grado y remuneración, pagándose de manera retroactiva, y en lo sucesivo, los montos adeudados, y/o adoptar de inmediato las providencias que resulten necesarias para el restablecimiento del derecho, con intereses, reajustes y condena en costas a la contraria.
Al evacuar el respectivo informe doña nombre reservado, por la recurrida, sostuvo, en lo que interesa, que la presente acción no constituye la vía procesal idónea para la resolución de los hechos denunciados en aquella, al no existir un derecho indubitado que pueda ser tutelado mediante la presente vía procesal de urgencia.
Por su parte, sostiene la inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad alguna, toda vez que la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República sostiene, en casos de los empleos a contrata, que estos carecen de un grado específico de la planta de un servicio, de modo tal que es la jefatura respectiva la que debe fijar un grado en el escalafón correspondiente y conforme la relevancia de labores y el grado de asimilación en el estamento respectivo, tal como se advierte en los Dictámenes N°14.177/2009, 16.019/2010, 58.893/2011, 8.847/2014 y 58.407/2014.
Expone que, en la especie, el acto impugnado fue o por la autoridad competente, de conformidad a la ley y dentro del ejercicio de sus funciones, conforme las necesidades del propio organismo en cuestión, no existiendo en definitiva vulneración de las garantías invocadas por la actora, solicitando el rechazo de la presente acción, con costas.
Se ordenó traer los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.
Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo expuesto, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la rebaja unilateral, por parte de la recurrida, del grado de sueldo N°8 que la recurrente mantenía durante el año 2023, en tanto prestaba servicios como subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital de Quellón, al N°12 de la E.U.S., el cual comenzó a regir a partir de la renovación de su contrata para el año 2024, ello a pesar de encontrarse en uso de licencias médicas en base al post natal respectivo.
Cuarto: Que de los antecedentes acompañados por las partes en esta causa, es posible advertir que la actora mantiene una vinculación con el Hospital de Quellón desde 18 de julio de 2014, ingresando a dicha entidad con un cargo asimilado al grado N°13 de la E.U.S., el cual sube al N°12 a contar de agosto del año 2017 y al N°8 a contar de febrero de 2023, volviendo posteriormente al grado N°12 a partir de febrero de 2024, tal como se advierte del certificado adjunto a esta causa emitido por recursos humanos de la entidad recurrida de fecha 27 de febrero de 2024. Luego, aquella variación encuentra sustento en la asignación momentánea de la actora en el cargo de Subdirectora de Gestión de los Cuidados informado en correo electrónico de fecha 03 de febrero de 2023 por el Director del Hospital de Quellón, donde se hace expresa mención a que la asignación indicada perdura en tanto se concurse el cargo de la citada subdirección, debiendo volver al grado que mantenía, eso es, el N°12, en caso de que la actora no participe o no sea seleccionada en el cargo en cuestión.
Sexto: Que, en ese orden de ideas, y tal como lo afirma la recurrida en su respectivo informe, la renovación de la contrata de la recurrente se efectuó en el grado que mantenía antes de la modificación transitoria señalada precedentemente, ello por cuanto el cargo asociado a la mejoría de grado que la benefició fue concursado mientras ella se encontraba haciendo uso de su permiso laboral por postnatal, cumpliéndose así con las condiciones señaladas en cuanto al término de la mejora momentánea en el grado de sueldo asociada a la responsabilidad del cargo que aquella ejerció en su oportunidad desde el 08 de febrero de 2023.
Séptimo: Que, así las cosas, no es posible advertir la existencia de un derecho indubitado de la recurrente en orden a mantener la mejora en el grado remuneracional efectuado en su oportunidad conforme lo señalado de manera precedente, por cuanto aquella circunstancia estaba condicionado a la ocurrencia o cumplimiento de ciertas condiciones que se verificaron en la especie, no advirtiéndose, en consecuencia, la existencia de actuar ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, la que ha obrado dentro de sus facultades y dentro de los límites establecidos por la ley al respecto.
Es por lo anterior que la presente acción debe ser y, de consiguiente, será desestimada, sin perjuicio del ejercicio de acciones de lato conocimiento que se puedan efectuar en la respectiva sede procesal.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción de protección interpuesta por Makarena García Dinamarca en favor de nombre reservado en contra del Hospital de Quellón.
Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.
No firma el Presidente don nombre reservado y el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ambos en comisión de servicio.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
Rol Protección N°1074-2024.