Protección contra Sealand Aquaculture S

Puerto Montt, ocho de junio de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 22, comparece don nombre reservado, abogado del Programa de Defensa Jurídica de Conadi, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección a favor de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de Sealand Aquaculture S.A., representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Parque Industrial San Andrés, Puerto Montt, toda vez que este ha incurrido en un acto y/o omisión arbitrario e ilegal, que ha significado privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República, en especial a los numerales 2, 23 y 24, a fin de que se adopten todas aquellas medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada.

En cuanto a los hechos, menciona que la recurrente en virtud del artículo 2 letra b) de la Ley 19.253, goza y ostenta la calidad de indígena, es una mujer de 72 años, que es analfabeta, y recientemente le fue diagnosticado un trastorno mental orgánico, situación que en los hechos le impide comprender situaciones triviales y mucho menos comprender contratos de connotación jurídica.

Indica que en el año 1982, por resolución administrativa Nº 0355 de junio de 1982 dictada por el Director de Bienes Nacionales de la Décima Región de la época, adquirió la recurrente mediante el procedimiento de saneamiento de título establecido en el Decreto Ley 2.695, un inmueble rural ubicado en Chayahué, comuna de Calbuco, de una superficie de 39,52 hectáreas, el cual fue inscrito a nombre de la actora a fojas 314 Nº 325 del Registro de Propiedad del año 1982.

Agrega que en septiembre de 2014, aprovechándose de su edad, mal estado de salud mental y confianza, en razón de ser hijo de la recurrente, y de su condición de analfabeta, don nombre reservado, la conminó y convenció de firmar ciertos documentos en la notaria de Calbuco, con el propósito de obtener beneficios y bonos del gobierno según le indicó, a los que la actora sin comprender los que firmaba, y de buena fe accedió, sin embargo dichos documentos no eran otra cosa que un contrato de compraventa mediante la cual la recurrente vende la propiedad individualizada como lote Z, Y y tres B, a su hijo, situación de la que supo solo hace diez días atrás, cuando la recurrida le informó que debía retirarse del terreno que posee ancestralmente y cuyo dominio se enajenó ilegal e indebidamente.

Señala que este psudo contrato de compraventa entre la recurrente y su hijo de fecha 09 de septiembre de 2014, inscribiendo a su nombre los predios, y solo tres días después el 12 de septiembre de 2014, el hijo de la actora celebró un nuevo contrato de compraventa, en que enajena estos predios a Sealand Aquaculture, inscribiendo a su nombre.

Por lo anterior, el 02 de marzo del presente, los recurridos comenzaron a transitar en sus camiones por el predio que posee aún la recurrente, y consultando a uno de los choferes, les señaló que estaban transitando por terrenos que le pertenecían a la empresa, quienes prontamente comenzarían a ejecutar obras en dichos terrenos por lo que le recomendaba a la recurrente que hiciera abandono de dicho inmueble.

Dice que de acuerdo al artículo 12 letra D de la Ley 19.253, dicho inmueble ostenta la calidad de indígena por haber sido adquirido a través del DL 2.695, y a su vez el artículo 13 de la misma norma señala que “estas tierras por exigirlo el interés nacional gozarán de la protección de esta ley, y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”, así también lo reconoce el artículo 14 del convenio Nº 169 de la OIT, pues la recurrente pertenece a la etnia mapuche, y ella y sus ascendientes ocupan dicho territorio desde tiempos ancestrales.

Argumenta que tal como se demandará ante el tribunal pertinente, es evidente que la segunda compraventa celebrada entre el hijo de la recurrente y la recurrida también adolece de un vicio de nulidad absoluta, por cuanto este contrato adolece de objeto ilícito de acuerdo a los artículos 1445, 1462 y 1464 Nº 1 del Código Civil y de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19.253, ya que estos predios están fuera del comercio humano.

En cuanto al derecho, menciona que la acción descrita es ilegal y arbitrario, por cuanto vulnera el derecho de la recurrente establecido en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, por cuanto a pesar de contar con la condición de indígena, ha sido violentada en sus derechos por la recurrida, con el pretexto de desarrollar una actividad económica licita en el territorio que ancestralmente ha habitado el recurrente, y además ha vulnerado los numerales 23 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental, pues vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, pues ésta se siente legítimamente dueña de los inmuebles, y como tal solicitará ante los tribunales ordinarios pertinentes, pues las enajenaciones adolecen de sendos vicios de nulidad.

Concluye solicitando que se acoja el presente recurso, declarando específicamente como medida de protección, que la recurrida se abstenga de realizar obras y retire todas sus herramientas, vehículos y maquinarias y personal del predio de la actora, y que se abstenga de ejecutar cualquier obra, trabajo, contrato o acto jurídico o material mientras no sea resuelta la demanda de nulidad que se impondrá coetáneamente con este recurso, con costas.

A fojas 166, se acumulan a estos autos de protección, el recurso Rol 110-2015, por los mismos hechos y en idénticas presentaciones.

A fojas 1 y siguientes, y reiterados a fojas 83 y siguienes, la recurrente acompaña a su presentación:

1.- Copia de medida prejudicial precautoria, solicitada 13 de febrero de 2015, ante el Juzgado de Letras de Calbuco, por la recurrente contra el recurrido;

2.- Copia de inscripción de dominio de fojas 325 N°314 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Calbuco año 1982 a nombre de la actora, con las subinscripciones de las transferencias;

3.- Copia de inscripción de dominio a nombre de nombre reservado de fecha 09 de septiembre de 2014, del lote Z, con subinscripción de transferencia del mismo al recurrido el 16 de septiembre de 2014;

4.- Copia de escritura publica, por el cual el hijo de la recurrente vendió a la recurrida el predio lote Z y Y, el 12 de septiembre de 2014, en $30.000.000 en total;

5.- Copia de certificado médico psquiatra nombre reservado, certifica que la recurrente tiene trastorno mental que la imposibilita para hacer trámites legales;

6.- Fotos del ingreso de camiones;

7.- Certificado de nacimiento de nombre reservado;

A fojas 70 y siguientes, don Jorge Rubio Parada, abogado en representación de la recurrida Sealand Aquaculture S.A., evacúa el informe solicitado, señalando en primer lugar que gerente general de la empresa no es nombre reservado, quien dejó de pertenecer a la empresa, sino que actual gerente general es nombre reservado.

Luego dice que por escritura pública de 18 de agosto de 2014, la recurrente vendió a nombre reservado, parte de su propiedad signados como los lotes a) lote Y, de 1 hectárea; b) lote Z, de 0,50 hectáreas; y c) lote 3 B-1, de 4,66 hectáreas, (total vendido: 6,16 hectáreas).

Agrega que la recurrida encargó la subdivisión y demás gastos de esta transferencia entre las partes, respondiendo al compromiso de don nombre reservado, de costear los gastos generales, con el objeto de dejar los antecedentes en condiciones para que la recurrida pudiera comprar sólo los retazos de terreno que le interesaban, es decir, los lotes Y de 1 hectárea y Z de 0,50 hectáreas, de las 4,66 hectáreas de propiedad de nombre reservado.

Menciona que por escritura pública de 12 de septiembre de 2014, don nombre reservado, vendió a Sealand Aquaculture S.A., dos retazos de terreno denominados como lote Y de 1 hectárea y lote Z de 0,50 hectáreas, precio de venta fue de $30.000.000.

Por lo anterior, dice la venta fue entre la recurrida y don nombre reservado, no existe relación contractual con la recurrente, por lo que argumenta que tienen la convicción de les asiste el derecho, y que han obrado con absoluta transparencia y seriedad.

Alega que el texto de la presentación se encuentra llena de elementos contradictorios, a saber, pues la actora parece olvidar que en la misma fecha vendió a su hijo nombre reservado otro lote resultante de la misma subdivisión, signado como lote X, de 3 hectáreas, y que también el hermano de éste nombre reservado fraguó un engaño contra su madre para hacerse del dominio del lote X, o ¿es que respecto del otro contrato celebrado con su otro hijo, no estuvo tan privada de salud mental?.

Señala que es falso que la recurrente fuera conminada a abandonar el terreno, ya que nunca lo ha solicitado la recurrida, pues adquirió el predio para hacer un pozo, con sus respectivas servidumbre de paso.

Lo antes descrito dice, no hace más que confirmar que los contratos de la recurrente con sus dos hijos, celebrados con igual fecha, hora y notaria, no es otra cosa que un acuerdo entre ellos para, en vida, repartir un bien que naturalmente pertenece a todos como familia, no obstante encontrarse inscrito a nombre de la recurrente.

Además el hijo de la recurrida al vender a Sealand Aquaculture, se reservó el lote 3 B-1, de una superficie de 3 hectáreas, que representa exactamente el doble de lo vendido a la recurrida.

Argumenta que no reconocen la calidad de indígena de la propiedad, pues el contrato celebrado entre la recurrente y su hijo, está celebrado dentro de personas de una misma etnia, con lo cual ¿cuál es el contrato que se pretende impugnar?, pues si es el celebrado por su hijo, es éste quien debe accionar, además dice que la recurrente pretende hacer creer que no tiene tierras o un espacio físico donde habitar, como consecuencia directa del accionar malicioso de la recurrida, sin embargo la recurrente ha enajenado los siguientes terrenos: el 16 de mayo de 1996, vendió lote C de 0,72 hectáreas a nombre reservado, con fecha 27 de marzo de 1996, vendió lote A de 1 hectárea, a don nombre reservado, el 03 de julio de 2000, vendió el lote 3 B-2 de 1 hectárea a nombre reservado, 29 de enero de 2013, vendió lote 3-B5, de 3 hectáreas a nombre reservado, con esa misma fecha vendió lote 3- B4 de 1,43 hectáreas a nombre reservado, con igual fecha vendió lote 3-B6 de 0,57 hectáreas a nombre reservado, también vendió lotes 3-B7 de 1,37 hectáreas y 3-B8 de 1,63 hectáreas a nombre reservado, con fecha 18 de agosto de 2014 vendió los lotes Y de 1 hectárea, Z de 0,5 hectáreas y 3-B1 de 4,66 hectáreas a nombre reservado y esa misma fecha vendió lote X de 3 hectáreas a nombre reservado.

De lo anterior, se puede concluir, que el retazo objeto del recurso, no representa parte importante del total del predio original, y que ha ido vendiendo hijuelas en el tiempo, además la mayoría de las enajenaciones se hacen a sus hijos, de modo que es dable creer que se trata de una forma de repartir las hijuelas a sus hijos, y de la venta a sus hijos nombre reservado y nombre reservado, se realizaron el mismo día, pero solo reclama por la venta efectuada a nombre reservado.

En cuanto a las ventas realizadas por la recurrente a nombre reservado y nombre reservado, se desprende que nunca existió la calidad de indígenas, respecto de lo vendido, y lo que es más claro, la conciencia de ser propietario de tierra indígena.

Dice que el presente recurso es improcedente porque las materias que se discuten deben ventilarse en un juicio de lato conocimiento, corona esta afirmación el hecho de que actualmente existe una demanda de nulidad de contrato en procedimiento especial indígena, causa rol 22-2015 en el Juzgado de Letras de Calbuco. Agrega que la recurrente sí tiene donde vivir, ya que a la fecha no ha enajenado toda su tierra indígena.

En cuanto a los presupuestos del recurso de protección, no existe acción u omisión arbitraria en el actuar de la recurrida, pues es dueña de la propiedad referida, ni se privó, perturbó o amenazó un derecho de la actora, quien no tiene actualmente ningún derecho sobre el terreno, ni señala en forma clara el modo en que se habría afectado su derecho de propiedad, por lo que solicita rechazo de la presente acción, con costas.

A fojas 41 y siguientes, la recurrida acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de inscripción de dominio de la recurrente, con las subinscripciones de transferencia;

2.- Copia de inscripciones de dominio a nombre de nombre reservado, de los lotes 3-B1, Y y Z;

3.- Copia inscripciones dominio de los otros adquirentes de predios vendidos por la actora;

4.- Copia de demanda de nulidad de contrato interpuesto por la actora en contra de Sealand Aquaculture, 17 de marzo de 2015;

5.- Copia de instrucciones dadas al notario respecto de la venta celebrada entre el recurrido e hijo de la actora;

6.- Copia de carta de 01 de abril de 2015, por la cual la encargada del registro público de tierras indígenas de la zona centro sur de Conadi, dice que dicha propiedad inscrita a nombre de la recurrente no está en dicho registro.

A fojas 167, informa el Director (S) Regional de Conadi, don nombre reservado, que dice que de acuerdo a los antecedentes la recurrente, en virtud del artículo 2 letra b) de la Ley 19.253, goza y ostenta la calidad de indígena. En el año 1982, por resolución administrativa Nº 0355 dictada por Director de Bienes Nacionales, adquirió el inmueble producto de saneamiento DL 2.695, de 39, 52 hectáreas, por lo que de acuerdo al artículo 12 letra d) de la Ley 19.253 gozan de calidad de indígena. Posteriormente, son transferidos a su hijo, nombre reservado tres lotes denominados Y, Z y 3-B1, quien también goza y ostenta la calidad de indígena, por lo que de acuerdo al artículo 13 de la Ley 19.253, no podrán ser desafectadas de su calidad de indígena, salvo por medio de permuta, en cuyo caso debe ser autorizada por la Corporación, previos informes topográficos, de sustentabilidad, avaluación y un informe jurídico.

Agrega que se debe tener presente que si un no indígena pretende adquirir esta propiedad de una persona indígena, estaría vulnerando el artículo 13 de la Ley 19.253.

Menciona que el hijo de la recurrente, vende parte de estos terrenos a la recurrida, no indígena, por lo cual se debe tener presente artículo 12 de la Ley 19.253 y artículos 1, 4, 13 y 14 del Convenio 169 de OIT, por lo que es de la opinión, que desde un punto de vista jurídico la calidad de indígena de la tierra está otorgada por el solo ministerio de la ley, a los inmuebles que se encuentren en la situación descrita por el artículo 12 de la Ley 19.253, por lo que si bien no está inscrito en el Registro de Tierra Indígena, dicha calidad no la otorga el mencionado registro, sino solo las situaciones del artículo 12 Nº1 y 2 de la Ley 19.253. Además el Convenio 169, está vigente y ratificado por Chile, con posterioridad a la Ley 19.253, el cual en su artículo 13 Nº2 viene a ampliar el concepto de territorio, dándole preponderancia al sentido de la posesión en tierras ancestrales ocupadas por indígenas, quienes han transmitido la propiedad sobre la tierra de acuerdo a sus costumbres.

En este caso, la recurrente ha estado en posesión toda una vida en Chayahué, y su grupo familiar ha practicado la agricultura de subsistencia, conservando sus costumbres. Además no hay que dejar de lado, que su hijo, ha sacado provecho de su madre, atendida su condición de analfabeta y su estado senil, para posteriormente concurrir a la venta del inmueble sin que pudiese manifestar su verdadero consentimiento, por lo que es procedente acoger el presente recurso.

A fojas 175, informa don nombre reservado, antropólogo de la Unidad de Cultura y Educación, quien señala que los terrenos en cuestión son indígenas, porque la recurrente aun detenta su posesión, fueron adquiridos mediante procedimiento de saneamiento de título, establecido en el DL 2.695, además son tierras indígenas porque tanto en el macro sector de Chayahué, y en particular en el sector de Tique, está conformado por familias mapuche huilliches, de larga tradición organizados como comunidad indígena con la denominación Newen Mapu, y lo que constituye su motivación principal es que se autorreconocen y autoconvocan como colectivo de personas con fines particulares, entre los que resalta la preservación del medio ambiente, el cuidado de sus sitios de significación cultural, y la preservación y proyección de su acervo cultural tradicional. Agrega que se trata de tierras indígenas, porque en base a la información verbal proporcionada por los miembros de la comunidad, y los registros de terreno respecto de los sitios de significación cultural (cementerios, corrales de pesca, conchales, ñadi piedra sagrada), es posible sostener que la evidencia de ocupación humana es clara, y es posible identificar restos materiales de dicha ocupación, por lo que además dichos terrenos dado su origen proveniente de tierras ancestrales tiene como derecho primordial el resguardo del Convenio 169 de la OIT.

A fojas 194, encontrándose la causa en estado de ver, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción cautelar, dirigida a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio.

Segundo: Que de lo expuesto se desprende, que la acción cautelar supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos antes indicado, afectando a una o mas de las garantías protegidas.

Tercero: Que según puede inferirse del planteamiento de la recurrente, señala que se habrían afectado gravemente sus garantías constitucionales, previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 2, 23 y 24, por cuanto la recurrida Sealand Aquaculture S.A., habría adquirido parte del predio que ésta vendió a su hijo, pese a que se trata de tierra indígena, las cuales no pueden ser enajenadas, ni gravadas, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia, y además aprovechándose que la recurrente no tiene todas sus facultades mentales y es analfabeta, por lo que al momento de vender los predios a su hijo, no sabía que los estaba enajenando.

Cuarto: Que, de los antecedentes aportados a estos autos por las partes y analizados conforme las normas de la sana crítica, se puede establecer que:

a) la recurrente pertenece a la etnia Mapuche Huilliche, y con fecha junio de 1982, adquirió por resolución Nº 0355, del Director de Bienes Nacionales un predio de 39,52 hectáreas, en el sector de Chayahué, en procedimiento de saneamiento del DL 2.695, el cual inscribió a fojas 325 Nº 314 del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Calbuco del año 1982, según consta de documento que rola a fojas 4 de autos;

b) la recurrente ha transferido retazos de dicho predio a diferentes personas, según constan en la subinscripciones de 12 de junio de 1996, vendió lote C de 0,72 hectáreas a nombre reservado, con fecha 09 de abril de 1996, vendió lote A de 1 hectárea, a don nombre reservado, el 27 de noviembre de 2000, transfirió el lote 3- B2 de 1 hectárea a nombre reservado, 09 de abril de 2013, transfirió el lote 3-B5, de 3 hectáreas a nombre reservado, con esa misma fecha vendió lote 3-B4 de 1,43 hectáreas a nombre reservado, 19 de marzo de 2013, se transfirió el lote 3-B6 de 0,57 hectáreas a nombre reservado, también vendió lotes 3-B7 de 1,37 hectáreas y 3-B8 de 1,63 hectáreas a nombre reservado;

c) posteriormente, con fecha 09 de septiembre de 2014, la recurrente vendió los lotes Y de 1 hectárea, Z de 0,5 hectáreas y 3-B1 de 4,66 hectáreas a nombre reservado y en esa misma fecha vendió lote X de 3 hectáreas a nombre reservado;

d) nombre reservado, es hijo de la recurrente, según certificado de nacimiento de fojas 20, quien a su vez vendió a Sealand Aquaculture S.A. con fecha 12 de septiembre de 2014, el lote Y de 1 hectárea y el lote Z, de 0,50 hectáreas, en $30.000.000, el cual habría sido inscrito a su nombre el 16 de septiembre de 2014.

e) la recurrente de autos, inició causa ante el Juzgado de Letras de Calbuco, demandando a la recurrida y a su hijo, de nulidad de contrato en procedimiento especial indígena, con fecha 17 de marzo de 2015, que rola a fojas 154.

Quinto: Que de lo anterior, es posible concluir, que lo controvertido en el presente recurso, es si las actuaciones de la recurrida en el predio adquirido realizadas desde marzo del presente año, constituyen actos ilegales o arbitrarios que afecten alguna garantía constitucional de la recurrente.

Sexto: Que a este respecto, el recurrido alega tener un título de dominio que ampara los actos por los cuales ingresa, transita y realiza un pozo en el predio que a su vez reclama la recurrente, y que precisamente la actora cuestiona la validez de dicho título ante el Juzgado de Letras de Calbuco, en relación a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19.253.

Séptimo: Que en concordancia con lo anterior, se estima que los hechos por los cuales se deduce el presente recurso, se encuentran sometidos al imperio del derecho, por cuanto la recurrente ha demandado al recurrido, según se desprende de su demanda de fojas 154 de autos, de fecha 17 de marzo de 2015, por el cual deduce la acción de nulidad del contrato en procedimiento especial indígena, así como en su solicitud de medida prejudicial precautoria de 13 de febrero del presente año, de acuerdo documento que rola a fojas 1, por el cual solicita se ordene que no podrá ser objeto de desalojo y se prohíba celebrar actos y contratos sobre el predio.

Octavo: Que por lo anterior, estos sentenciadores forzosamente deberán rechazar el presente recurso, sin perjuicio de lo que se resuelva en la acción de nulidad entablada por la recurrente ante el Juzgado de Letras de Calbuco.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 22 y reiterado a fojas 104, por don David Alfonso Sánchez Guarda, abogado del Programa de Defensa Jurídica de Conadi, a favor de doña nombre reservado, en contra de Sealand Aquaculture S.A., representada por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 107-2015 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por el Ministro Titular don Jorge Ebensperger Brito, la Fiscal Judicial doña nombre reservado y el Abogado Integrante don Luis Mansilla Miranda. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En Puerto Montt, a ocho de junio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.