Protección contra Ilustre Municipalidad De Puerto Montt

Puerto Montt, seis de febrero de dos mil veintiséis Vistos:

En estos autos, Ingreso Corte N° 1066-2025- Protección, don nombre reservado, chileno, casado, comerciante, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, dedujo acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Ilustre Municipalidad De Puerto Montt, representada legalmente por el alcalde, don Rodrigo Javier Wainraihgt Galilea, en base a los hechos que expone en su presentación.

Afirmó que en el año 2016 inicio actividad comercial de bebidas y confites en el sector "Ferias Weitzler" de Puerto Montt, contando con un permiso municipal, organismo que, de forma posterior, gestionó un cambio de locación del permiso en cuestión para operar en el sector "Calle Los Aromos" o "Sector HPM", ubicado directamente frente al Hospital de Puerto Montt, operando de forma continua en aquel lugar.

Sostuvo haber realizado diversos esfuerzos para regularizar su situación comercial, a través de diversos permisos ante SERCOTEC, inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y el establecimiento de una “razón social”, asumiendo las obligaciones tributarias correspondientes, solicitando resolución sanitaria con el domicilio de su vivienda ante la imposibilidad de una patente para el quisco en cuestión.

Agregó que durante el año 2019 se efectuaron diversas reuniones para construcción de módulos de trabajo con concejales de aquel entonces, formándose el "Comité de nombre reservado" del cual es vicepresidente, buscando soluciones justas para su situación y obteniendo compromisos con la Municipalidad prometiendo regularización y obtención automática de patente y renta, el cual fue declarado ilegal de forma posterior, lo que se suma a una negativa reitera a otorgar patentes comerciales en el sector bajo el argumento de inconsistencias sobre la propiedad de la vereda.

Dio cuenta de las diversas inversiones realizadas en el equipamiento de su quisco, entre ellas conexión eléctrica, sirviendo el mismo de punto de recarga y caja vecina, brindando un servicio esencial a la comunidad, colaborando con Carabineros para evitar el comercio ambulante del sector.

Indicó que su último permiso municipal expiro en octubre de 2024 y con fecha 27 de junio de 2025, recibió notificación de desalojo N°030262 de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, donde se otorgaba un plazo de 5 días para retirar local bajo apercibimiento de denuncia al Juzgado de Policía Local. Adicionalmente, fue citado a comparecer ante la Policía Local de Puerto Montt el 15 de julio de 2025, por la "Instalación de Quiosco en Vías de Espacio Público". Frente a ello, se gestionó una reunión con las nuevas autoridades municipales, quiénes se comprometieron a detener el desalojo de forma momentánea, pero la persistencia en las citaciones mantiene activa la amenaza en cuestión, cuestión que lo mantiene en una permanente situación de preocupación, dado que aquello es su única fuente de ingresos y teniendo presente el cáncer que padece su cónyuge.

Afirmó la vulneración del principio de confianza legítima y de actos propios de la administración con su conducta pretérita y el incumplimiento de sus compromisos previos, así como la inconsistencia y falta de fundamento en la argumentación municipal sobre la propiedad del terreno y una errónea aplicación de la normativa municipal, en concreto, la Ordenanza N°3 de 1997, que rige específicamente los quioscos, y al intentar aplicar indebidamente la Ordenanza N°003 de 2018/2019, la cual excluye explícitamente a los quioscos de su ámbito, ya que esta última rige sobre el comercio ambulante, lo cual no se configura en la especie y no encontrándose el mismo en la zona de exclusiones que fija esta última ordenanza, excluyendo a los quioscos emplazados en un bien nacional de uso público.

Alegó la falta de proporcionalidad en la medida denunciada, vulnerándose con ello la garantía del articulo 19 Nº21 y Nº24 de la Constitución Política, razón por la cual solicita que se acoja la presente acción declarando que los actos y omisiones denunciados son arbitrarios e ilegales, y ordenando a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt abstenerse de realizar cualquier acto de desalojo o perturbación de su actividad comercial.

Al evacuar el respectivo informe, doña nombre reservado, abogada, por la recurrida, invocó lo establecido en el artículo 5 letra c) de la Ley N° 18.695, en cuanto a la administración de bienes municipales y nacionales de uso público, así como la prohibición de concesión de estos establecida en el artículo 36 de la misma ley.

Al respecto, dio cuenta de los permisos municipales obtenidos por el recurrente consistentes en:

a)

Permiso Municipal Folio N°RUT reservado para venta de café y confites en calle Salvador Allende con JJ Mira (paradero de microbuses) por los días 12 al 17 de septiembre de 2016 en un espacio de 2x1 mts.;

b)

Permiso Municipal Folio N°RUT reservado por venta de confites en calle Salvador Allende con JJ Mira (paradero de micro) valido por el mes de agosto de 2017 espacio 2x1 mts.;

c)

Permiso Municipal Folio RUT reservado por venta de confites en calle Los Aromos con el teniente sector Cayenel valido por el mes de octubre de 2018 espacio 2x1 mts.;

d)

Permiso municipal N°RUT reservado por venta de paquetería en calle Los Aromos sector Cayenel (NO SE AUTORIZA ACCESOS NI ENTORNO DEL HOSPITAL) valido por el mes de enero de 2020, espacio a ocupar 2x1 mts.

e)

Permiso municipal otorgado Gabinete Municipal valido desde el 02 de enero de 2025 al 29 de febrero de 2025.

En concreto, a la fecha de fiscalización efectuada a la recurrente, acaecida el 30 de junio de 2025 a propósito de oficio N°104147, emanado del Prosecretario de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remitió solicitud del Diputado Sr. Jaime Sáez Quiroz, respecto de fiscalizar los carros de comida instalados en las afueras del Hospital de Puerto Montt, aquel no contaba con ningún permiso o autorización municipal para ocupar un bien nacional de uso público. En dicha oportunidad, el recurrente, junto a 10 comerciantes más, se les cursó citación por ejercer actividad sin permiso municipal, notificándose además del retiro de las estructuras correspondientes al carro instalado en bien nacional de uso público sin las debidas autorizaciones.

Afirmó que lo obrado se ajusta al mérito de los antecedentes y de las normas invocadas, toda vez que el recurrente carece de permiso para ocupar un espacio en un bien nacional de uso público, no pudiendo atribuirse al municipio responsabilidad en los gastos o inversiones que el recurrente haya efectuado en un quiosco instalado ilegalmente.

Descartó la concurrencia de vulneración al principio de confianza legitima y doctrinas del acto propio, así como una eventual inconsistencia o falta de fundamento en la argumentación municipal efectuada, cuestión ultima que sería del todo falsa, no habiendo existido acuerdo alguno entre el actor y la entidad edilicia, habiéndose aplicado correctamente la Ordenanza N°3 de 1997, la cual regula el comercio estacionado y donde el recurrente no cumple con sus requisitos al no tener permiso municipal alguno. Además, agrega que las medidas adoptadas son las establecidas por la ley, descartando la existencia de vulneración alguna sobre las garantías constitucionales invocadas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, asimismo, resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva.

Así, la intervención de esta Corte se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega, razón por la que resulta imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitado o indubitable y no se base en meras expectativas o auto atribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en la orden de retiro, notificada fecha 27 de junio de 2025, de un carro de comida que el recurrente mantiene en el exterior del Hospital de Puerto Montt, al no contar con las autorizaciones ni permisos respectivos por parte de la entidad edilicia para ello.

Cuarto: Que, como se desprende del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, desde el año 2016, el actor ha solicitado y se le han concedido permisos precarios para efectuar actividades comerciales en bienes nacionales de uso público, el último de ellos, hasta el mes de febrero de 2025, por lo que, a la fecha de la fiscalización efectuada al recurrente, esto es, el 30 de junio de 2025, aquel no contaba con ningún permiso o autorización municipal para ocupar un bien nacional de uso público, razón por la que se le cursó citación por ejercer actividad sin permiso municipal, notificándose además del retiro de las estructuras correspondientes al carro instalado en bien nacional de uso público sin las debidas autorizaciones.

Se trata, por tanto, de permisos precarios, consistente en meras autorizaciones para el ejercicio de una actividad lucrativa temporal, precisa y determinada, otorgándose, el último de éstos, hasta febrero de 2025, según se desprende de la documentación acompañada por la recurrente, por los días expresamente comprendidos, no habiéndose acreditado ninguna autorización posterior.

Quinto: Que, debido a lo señalado, el actuar de la recurrida se ajusta al mérito de los antecedentes y de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 18.695, toda vez que el recurrente carece de permiso para ocupar un espacio en un bien nacional de uso público, no pudiendo atribuirse al municipio responsabilidad en los gastos o inversiones que el recurrente haya efectuado en un quiosco instalado ilegalmente.

Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 36 y 63 de la Ley N° 18.695, es atribución de las municipalidades la administración de los bienes municipales existentes en la comuna, los que podrá ser objeto de concesiones y permisos, los que serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización.

Lo anterior, permite descartar la concurrencia de vulneración al principio de confianza legítima y doctrinas del acto propio, así como una eventual inconsistencia o falta de fundamento en la argumentación municipal efectuada, puesto que, como se observa la municipalidad hizo uso de sus facultades legales, aplicando, además, la Ordenanza N°3 de 1997, la cual regula el comercio estacionado, no cumpliendo el recurrente con los requisitos exigidos por dicha normativa, al no tener permiso municipal alguno.

Sexto: Que, en virtud de lo anterior, y no existiendo derecho indubitado que se configure en la especie en favor del recurrente, la presente acción necesariamente deberá ser rechazada por no reunirse los requisitos de procedencia para aquella.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por don nombre reservado en contra de la Municipalidad De Puerto Montt.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Báez.

Rol Protección N°1066-2025.