BLUE SHELL S.A. con SEREMI SALUD REGION DE LOS LAGOS

Puerto Montt, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos, Ingreso Corte N° 1065-2024, el abogado don Pablo Nilo Díaz, en representación de la empresa Blue Shell S.A., interpuso acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, representada por doña nombre reservado, fundado en que con fecha 14 de junio del 2024, la empresa fue notificada de la Resolución Exenta N°24100664, dictada por la recurrida y que resolvió imponerle una multa de 15 unidades tributarias mensuales, por hechos que acontecieron el 14 de junio del año 2019, esto es, 5 años antes de la dictación del acto recurrido.

Expone que la resolución considera que, en dicha fecha, funcionarios de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, se constituyeron en una visita inspectiva en la instalación ubicada en camino a Teguel, parcela 2, KM 1.2, Dalcahue, cuyo responsable es la recurrente, consignándose, de acuerdo al acta de fiscalización N°32174, lo siguiente:

“En fiscalización por acumulación de residuos industriales en sitio de planta de procesos de mitílidos se constata lo siguiente:1.- se evidencia acumulación de conchilla en patio de planta, con emanación de olores hacia el ambiente. 2.- se evidencia presencia de aves en la acumulación de conchillas, en relación a los hechos constatados se exige el retiro inmediato de las conchillas acumuladas en el patio, especificando su sitio de disposición final y trazabilidad de los residuos.”

Expresó que en los respectivos descargos indicó que el día 28 de mayo de 2019 se enteró de la situación crítica de auto cierre del único vertedero industrial de Chiloé y Rexin, y que siguiente sitio autorizado más próximo para estos fines es el ubicado en la localidad de Maullín, el que se negó a seguir recibiendo más residuos, por lo que no contaban con un lugar para disponer de 132 metros cúbicos de residuos. Agregó que, por problemas climáticos dejaron los residuos en los camiones y bateas, suspendiendo el proceso productivo.

Expuso que el 2 de junio de 2019 encontraron un destinatario para los residuos en la Región del Bio Bío - Ñuble, por lo que, con fecha 7 de junio de 2019, abrieron la planta y se retomó el proceso productivo.

Indicó que la empresa Cal Austral, que recibía las respectivas conchas del proceso de residuos, decidió aumentar los requisitos de recepción, por lo que no podían tener más de 2% de materia orgánica, lo que solo se podía cumplir desde diciembre del mismo año 2019. En consecuencia, con fecha 13 de junio de 2019, el personal de la empresa decidió voltear tres camiones en el patio trasero de la Planta, lejos de los accesos y de los lugares de trabajo, a fin de no detener el proceso productivo, el que ya había sido paralizado anteriormente. Finalmente, a raíz de la fiscalización, se procedió a realizar el retiro de los residuos acumulados y limpieza, los que fueron transportados hasta su lugar de destino, en la empresa Rexin.

Argumentó que el problema fue generado por no contar con un sitio de disposición de residuos industriales en la Provincia de Chiloé, debido al auto cierre imprevisto y no avisado, lo que provocó la acumulación de residuos, por la que fue sancionado.

Expresó que el acto objeto del recurso indica como fundamento de esta que “es deber de la empresa velar por el buen manejo de los residuos generados por el proceso industrial que realiza, y de prever situaciones extraordinarias a través de planes de contingencias, lo que en este caso, no realizaron”, señalando, además, que su parte “reconoce los hechos al indicar las circunstancias que justificarían su actuar y las medidas correctivas que solucionan las deficiencias, por lo que ante tal reconocimiento se darán por establecidos los hechos sin perjuicio de considerar esto como una circunstancia atenuante al momento de apocar la sanción correspondiente”.

Arguyó que el procedimiento por el cual se le impuso la multa adolece de vicios de forma y de fondo, que transforman lo resuelto en ilegal y arbitrario, por cuanto no existe excusa alguna del servicio recurrido, en la demora de casi cinco años en resolver una fiscalización iniciada el 14 de junio del 2019, además de no considerar los descargos, ni la situación pública y notaria de crisis sanitaria vivida en la isla de Chiloé en el año 2019. Dicha demora injustificada vulnera los principios de probidad, eficacia y eficiencia, impulso de oficio y de economía procedimental, configurando una circunstancia sobreviniente en términos tales que genera una desaparición del objeto del procedimiento administrativo, estableciéndose así la hipótesis especial de terminación del procedimiento administrativo prevista en el artículo 14 inciso final de la Ley 19.880, circunstancia que permitiría hablar del decaimiento del procedimiento administrativo, como así se ha indicado en algunos fallos para graficar esta situación, correspondiendo más bien a la terminación anticipada del procedimiento por desaparición sobreviniente del objeto.

Además, expresó que la tardanza de la recurrida ha excedido todo límite de razonabilidad, ya que para que nos encontremos ante un procedimiento racional y justo, la resolución debe ser oportuna, razón por la cual los actos dictados por la recurrida en este procedimiento administrativo debieran ser estimados como arbitrarios.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema, relativa a los procedimientos administrativos, los plazos establecidos en la Ley 19.880, los principios que regulan dicho procedimiento y los efectos de una demora injustificada, y concluye que hallándose materialmente paralizado por un término largamente superior al establecido en la ley corresponde declarar, de conformidad a lo previsto en el artículo 40 inciso 2° de la Ley 19.880, la imposibilidad material de continuar dicho proceso.

Alegó como garantías vulneradas la contenida en el artículo19 numerales 2 de la Constitución Política de la República, en relación a la igualdad ante la ley; N° 3, en relación a las garantías de un procedimiento racional y justo, N° 21, en relación a la libertad económica y N° 24 en relación al derecho de propiedad.

Pidió que se acoja el recurso de protección y se ordene dejar sin efecto los cobros efectuados por la recurrida y el término de los procesos de cobro, con costas.

Acompañó a su presentación: 1.- Copia de la resolución de multa administrativa del 14 de junio de 2024. 2.- Copia del acta de fiscalización del 14 de junio del año 2019. 3.- Copia de la carta conductora que acompaña descargos y documentación para efectos de la fiscalización del 19 de junio de 2019. 4.- Copia del correo electrónico conforme con el cual fue notificada de la resolución de multa.

Informando la recurrida, señaló que en la fecha referida se realizó el proceso de fiscalización que la recurrente mencionó, dando origen al sumario sanitario, tramitado en el expediente Nº1910EXP945, el que culminó con la dictación de la Resolución Nº24100664 del 14 de junio de 2024, en que se aplicó la sanción de multa de 15 unidades tributarias mensuales, por infracción a lo dispuesto en los artículos 67 y 80 del Código Sanitario. Además, se acreditó infracción de los artículos 3, 11 y 37 inciso 1º del Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los Lugares de Trabajo.

Expuso que la resolución recurrida ha sido dictada en forma motivada, cumpliendo los requisitos legales establecidos por el artículo 41 inciso 4º de la Ley 19.880, siendo la acción de protección excepcional, por lo que deberá ser rechazado, ya que la resolución notificada, tal como se expresó en ella, puede ser impugnada por la vía administrativa y la judicial ordinaria.

En este sentido, agregó que, habiéndose interpuesto el recurso de reposición ante la misma Autoridad Sanitaria Regional con fecha 21 de junio de 2024, el que se encuentra pendiente de informe técnico por parte de la Unidad de Salud Ocupacional de la Oficina Provincial de Chiloé, para su resolución, procediendo en contra de dicha decisión el reclamo judicial ante el Juzgado Civil competente, conforme lo señala el artículo 171 del Código Sanitario, es posible concluir que la resolución recurrida no se encuentra firme, por lo que el recuso de protección resulta improcedente.

Por último, justificó el retraso en la resolución del sumario sanitario ya que este se desarrolló mientras se encontraba vigente la Alerta Sanitaria por Covid-19, conforme lo dispuso el Decreto Supremo Nº04/2020 del Ministerio de Salud, estableciéndose la aplicación de medidas sanitarias con vigencia hasta el 31 de agosto de 2023. En esos términos, expuso que resulta justificado para la Autoridad Sanitaria Regional el retardo en la resolución de sumarios sanitarios, por la gran cantidad de expedientes administrativos sanitarios ingresados productos de los incumplimientos asociados a la vigencia de la Alerta Sanitaria, como los incumplimientos de cuarentena obligatoria, no cumplimientos de las restricciones de circular en la vía pública, no uso de la mascarilla y otros, lo que determinó un incremento de ingresos de un 400% de expedientes administrativos durante los años 2020 y 2021, sin que en forma proporcional se destinare mayores profesionales al área jurídica para permitir dar mayor celeridad a la tramitación de los actos administrativos, pudiendo subsumirme en la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor del artículo 27 de la Ley 19.880.

Por último, sumó que para la Administración el cómputo de los plazos no es fatal, sin perjuicio de una eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en el retardo o resolución, pero que, por ello, no significa acoger una tesis que no tiene sustento legal en nuestro ordenamiento jurídico.

Acompañó en autos el expediente del sumario sanitario Rol Nº1910EXP945 y previas citas legales, pidió el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes. Asimismo, durante la tramitación de estos autos, acompañó documentos que dan cuenta del flujo de ingresos al sistema MIDAS, para la tramitación de los sumarios sanitarios.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que las partes no han controvertido que, en la especie, la actora ha sido objeto de un sumario sanitario, tramitado en el expediente Nº1910EXP945, iniciado en virtud del Acta de Fiscalización N° 032174 de 14 de junio de 2019, por infracción a lo dispuesto en los artículos 67 y 80 del Código Sanitario y artículos 3, 11 y 37 inciso 1º del Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los Lugares de Trabajo.

A continuación, consta que la notificación del inicio del sumario se practicó con fecha 19 de junio de 2019, formulándose los descargos el mismo día.

Finalmente, dicho sumario culminó con la dictación de la Resolución Nº24100664 del 14 de junio de 2024, en que se le aplicó la sanción de multa de 15 unidades tributarias mensuales, por infracción a lo dispuesto en los artículos 67 y 80 del Código Sanitario. Además, se acreditó infracción de los artículos 3, 11 y 37 inciso 1º del Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los Lugares de Trabajo, notificándose dicha resolución con fecha 17 de junio del presente año.

Tercero: Que, para resolver el asunto en examen, es necesario consignar que la legislación distingue entre las fases administrativa y jurisdiccional de los procedimientos contencioso-administrativos.

A su turno, y en relación con la primera etapa, la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, consagra en su artículo 8 el principio conclusivo, conforme al cual todo “procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad”, el que es complementado por el inciso tercero del artículo 14, que contempla el principio de inexcusabilidad, de acuerdo al cual, ante la terminación de un procedimiento, aun por causales extraordinarias, corresponde dejar expresada esta circunstancia, disponiendo al efecto que: “En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables”.

Cuarto: Que, en este sentido, y tal como ha sido señalado por la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia (rol N° 127.415-2020, entre otros) resulta relevante que la ley establezca como causal extraordinaria de término del procedimiento “la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento”, todo lo cual es complementado por el artículo 40 de la referida Ley N° 19.880, relativo a la conclusión del procedimiento, en cuanto prescribe que terminará normalmente por la “resolución final”, pero también por las causales extraordinarias de desistimiento, abandono y renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando no esté prohibida la renuncia, y que también “producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes”, la que deberá ser declarada por resolución fundada.

En este contexto el inciso quinto del artículo 41 dispone: “En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento”.

Quinto: Que la ley regula la renuncia, el desistimiento y el abandono del procedimiento administrativo, en el entendido que tales causales proceden en los casos en que éste haya comenzado por requerimiento del administrado.

Por otro lado, cabe destacar que el artículo 23 del referido cuerpo legal estatuye que el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley N° 19.880 “u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos”, a la vez que el artículo 24 fija los plazos máximos de respuesta y la posibilidad que el interesado solicite que se certifique que la solicitud se encuentra en estado de ser decidida, originando responsabilidad administrativa la “prolongación injustificada de la certificación”. Más adelante, el artículo 25 de la ley hace referencia expresa al silencio administrativo, de forma tal que los plazos “se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo”, pudiendo ampliarse los plazos en aquellos casos en que no se encuentre prohibido y que estén vigentes, lo que se podrá hacer de oficio o a petición de parte, sin exceder la mitad de los mismos y en “ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido” (artículo 26), mientras que el artículo 27 expresa perentoriamente que: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Vinculado con lo anterior, la ley regula en su artículo 64 el silencio administrativo desde el prisma positivo, en que se llega a acoger la solicitud del administrado, previa denuncia de esta circunstancia a la autoridad competente de resolver el requerimiento y transcurrido que sea el plazo de cinco días, oportunidad en que “la solicitud del interesado se entenderá aceptada” si no ha existido pronunciamiento de la autoridad. En el artículo 65 se desarrolla el silencio negativo, conforme al cual el requerimiento a la Administración se entiende rechazado, limitado a las peticiones de carácter patrimonial y que afecte los intereses fiscales o la Administración actúe de oficio, “cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política”. La consecuencia de que los actos concluyan por aplicación del silencio positivo o negativo de la Administración, de acuerdo al artículo 66 de la ley, consiste en que estas circunstancias producirán los mismos efectos “que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración, desde la fecha de la certificación respectiva”.

Por último, el inciso 2° del artículo 54 ordena que interpuesta “la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional”, el cual volverá a computarse “desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo”.

Sexto: Que, de esta forma, la fase administrativa de todo procedimiento, respecto a su sustanciación, reposa, como ha sostenido nuestra Corte Suprema en, a lo menos, los siguientes supuestos:

a.- Acción de oficio. Teniendo presente lo dispuesto respecto de la iniciación (art. 29) y la sustanciación (art. 34), pero especialmente derivado de los principios conclusivo (art. 8) e inexcusabilidad (art. 14), el procedimiento está destinado a obtener que la Administración emita pronunciamiento sobre las materias de que éste trata, esto es, que emita una resolución final, razón por la que se dota a la Administración de acción de oficio en el procedimiento.

b.- A la Administración le vinculan los plazos y en especial el término máximo de respuesta, el que la ley establece para el procedimiento propiamente tal en seis meses (art. 27), desde la iniciación y hasta la decisión final, con la sola excepción, que en todo caso deberá probarse, de caso fortuito o fuerza mayor.

c.- La demora injustificada por parte de la Administración da origen a responsabilidad, sin perjuicio de aplicar positiva o negativamente el silencio como causal de término del procedimiento.

d.- Se regula expresamente que “producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes” (arts. 14, inciso final, y 40, inciso segundo).

e.- La iniciación del procedimiento tiene como efecto interrumpir cualquier plazo para ejercer acciones ante la autoridad jurisdiccional (art. 54).

Séptimo: Que, por su parte, en el Mensaje del proyecto que dio inicio a la tramitación de la Ley N° 19.880, se lee: “2. Los plazos en el procedimiento administrativo. Por mucho que estén reguladas las etapas que lo componen, un procedimiento sin plazos no funciona. En efecto, mediante los plazos se logra fijar un límite temporal a las distintas etapas o a los diferentes trámites por los que pasa un acto administrativo antes de surgir al mundo del derecho.

De ahí que el plazo sea definido como aquel espacio de tiempo que fija el ordenamiento jurídico para que un órgano de la administración ejerza sus potestades o para que un particular que se vincula con dichos órganos ejerza sus derechos o cumpla sus obligaciones. Mientras en el derecho privado prevalecen los plazos convencionales, en el derecho público los plazos son fijados por la ley o el reglamento.

Sin embargo, la inexistencia de una regulación del procedimiento administrativo ha llevado a que sea la doctrina y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República las que definan los elementos centrales de los plazos para la Administración. Estos pueden sintetizarse en dos.

En primer lugar, se sostiene que, para el cumplimiento de sus fines, la Administración no puede concebirse, en principio, como supeditada a un plazo determinado, más allá del cual la Administración se vería impedida de actuar. Ello, se agrega, derivaría en un perjuicio del interés general, que exige que cada vez que las circunstancias lo hagan necesario, la Administración provea adecuada y oportunamente a la solución de las necesidades públicas.

De ahí que se concluya que requerida legalmente a prestar un servicio que la ley ha puesto a su cargo, la Administración no puede válidamente negarse a actuar, no otorgándolo a pretexto de que haya transcurrido el plazo dentro del cual debió responder al requerimiento de que fue objeto; en este caso, su obligación de actuar no puede encontrarse sujeta a prescripción.

En el derecho público, se sostiene, las obligaciones que se imponen a la Administración tienen relevancia colectiva y ello origina un interés general en su cumplimiento. De este modo, deben armonizarse la finalidad de los plazos y las consecuencias que involucra su incumplimiento.

En segundo lugar, lo anterior no significa que el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración no produzca consecuencias jurídicas. La exigencia de un plazo tiene una finalidad conducente a la implantación de un buen orden administrativo. Luego, cada vez que la administración no cumpla una obligación dentro del plazo fijado, se atenta contra este buen orden.

Ambos elementos han permitido arribar a la conclusión de que la regla general es que la Administración no está sujeta a plazos para cumplir sus obligaciones, aun cuando la ley los fije determinadamente. Los actos de ejecución extemporánea de dichas obligaciones son, en consecuencia, válidos.

Esta regla tiene una excepción: los casos en que la ley contemple expresamente la ‘caducidad’ como sanción al incumplimiento del plazo, o bien, que la ley establezca expresamente un mecanismo de sustitución de dicha sanción que determine el destino de la obligación incumplida.

De este modo, por regla general, el incumplimiento del plazo no tiene otra consecuencia que la de motivar la adopción de medidas correctivas y sancionatorias respecto de los funcionarios responsables de alterar dicho orden.

Pero no afecta la validez de los actos de ejecución extemporánea, toda vez que en el efectivo cumplimiento de las mismas existe un interés general comprometido, con prescindencia de su oportunidad.

Dicha visión de los plazos para la administración genera incerteza para las personas beneficiadas con una decisión que deba adoptar un órgano de la administración del Estado.

Si a esto se suma que muchos procedimientos no tienen plazo para dictar el acto terminal, o que no contemplan plazos para la emisión de los actos trámites que fundan o preparan dicha decisión, el panorama no es alentador. Precisamente a solucionar estos problemas apunta el presente proyecto” (Historia de la Ley 19.880, páginas 5 y 6 del Mensaje Presidencial).

Octavo: Que, así las cosas, si bien el decaimiento de los actos de la Administración se produce en el contexto del demérito o pérdida de eficacia primero por desaparición sobreviniente de los presupuestos de hecho que ocasionan la imposibilidad de producir sus efectos, en que la substancia o contenido del acto pierde su eficacia, y, en segundo lugar, producto de su falta de legitimidad por antijuricidad del acto también con posterioridad a su dictación, por alteración del ordenamiento jurídico sobre cuya base se dictó y que determina que, en el nuevo escenario, el acto sea ilegal o, a lo menos ilegítimo.

Así, el profesor nombre reservado caracteriza los motivos del decaimiento en: a) Por la desaparición de un presupuesto de hecho indispensable para la validez de un acto; b) Por la derogación del precepto legal en que se funda el acto, cuando dicha regla es indispensable para su vigencia, y c) Por modificación del régimen legal, en términos tales que constituya un impedimento para el mantenimiento del acto, por lo que define esta causal como “la pérdida de eficacia que experimenta un acto administrativo por circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho, indispensable para su existencia” (“Tratado de Derecho Administrativo”, Editorial Talleres Bianchi-Altuna, Montevideo, 1953, páginas 518 y 519, citado por Hugo A. nombre reservado en “Extinción de los Actos Administrativos”, Universidad de Chile, páginas 268 y 269).

Vinculado a lo anterior, nuestro legislador hizo referencia a que el procedimiento puede terminar tanto por “la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento” (art. 14) como por la “imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes” (art. 40), conceptos que están más bien referidos a circunstancias de hecho, como el fallecimiento del solicitante de un derecho personalísimo o la destrucción del bien respecto del cual se solicita el pronunciamiento favorable de la Administración, pero que nada impide darle aplicación en relación a presupuestos de derecho, pues, en tal caso, la Administración tampoco podrá actuar materialmente.

Ante la claridad del precepto del artículo 27, que “el procedimiento no podrá exceder de 6 meses” de duración en su sustanciación, contado desde su iniciación y hasta la decisión final, como lo indicado por el Ejecutivo en su Mensaje, en orden a que el proyecto tiende, precisamente, a solucionar los problemas derivados de considerar que a la Administración no le afectan los plazos y que su incumplimiento únicamente genera responsabilidades administrativas, entre otros aspectos, se ha de concluir que existe una imposibilidad material para continuar el procedimiento y que la causa sobreviniente es el cumplimiento del plazo, razonable contexto en el que todo el actuar posterior de la Administración deviene en ineficaz por ilegalidad.

Teniendo presente que dentro de los presupuestos de la institución en análisis no se encuentra descartado que el antecedente de la ilegalidad esté previsto al momento de dictarse el acto, corresponde darle aplicación, en este caso, en torno al procedimiento sustanciado. De resolver en sentido contrario, la ley no habría solucionado una situación que expresamente contempló entre sus objetivos.

Noveno: Que, no es óbice a todo lo razonado, la justificación de la recurrida referida al retraso en la resolución del sumario sanitario por encontrarse vigente la Alerta Sanitaria por Covid-19, conforme lo dispuso el Decreto Supremo Nº04/2020 del Ministerio de Salud. Lo anterior, puesto que se trata de un procedimiento iniciado en el mes de junio del año 2019, esto es, más de 8 meses antes del inicio del Estado de Excepción Constitucional decretado en el mes de marzo de 2020, cuyo término se produjo en el mes de septiembre de 2021, no existiendo justificación razonable para una demora en la dictación de la resolución terminal de cinco años, desde su inicio del respectivo procedimiento.

Décimo: Que, en consecuencia, al haberse extendido el procedimiento de que se trata en autos por más de seis meses y hallándose materialmente paralizado por un término largamente superior al indicado (en la especie, 4 años y 11 meses), corresponde declarar, de conformidad a lo previsto en el artículo 40 inciso segundo de la Ley 19.880, la imposibilidad material de continuar dicho proceso, razón por la cual la acción de protección debe ser acogida en los términos que se indicarán.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en la Ley N°20.609, Ley N°21.331, en el DFL N°1 de 2005 de Salud y en el Acta N°94-2015, se resuelve:

I.- Que, se acoge la acción constitucional deducida por el abogado don Pablo Nilo Díaz, en representación de la empresa Blue Shell S.A., en cuanto se ha verificado, respecto del expediente administrativo Nº1910EXP945, seguido ante la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos en contra de la actora, la causal de terminación del procedimiento prevista en el artículo 40 inciso segundo de la Ley 19.880, consistente en la imposibilidad material de continuar el proceso, por lo que se dejan sin efecto los procesos de cobro efectuados con ocasión de éste.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

No firma el Ministro Presidente don Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien concurrió a la vista y acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol Protección N°1065-2024.