nombre reservado JAVIER nombre reservado MAC-CONELL EN REP. DE COMERCIAL CHILE ALGAS LIMITADA CONTRA nombre reservado

Foja: 28 Veintiocho PUERTO MONTT, siete de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 7, con fecha 25 de noviembre de 2015, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en representación de Comercial Chile Algas Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de doña nombre reservado, funcionaria y fiscalizadora (N3280) del Servicio de Impuestos Internos, ambos con domicilio en la Unidad del Servicio de Puerto Varas, en domicilio reservado de la comuna de Puerto Varas; toda vez que éste ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, que han significado privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, contenidos en el artículo 19 N°3 inciso 5 que prescribe “Nadie Podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el Tribunal que señalare la Ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Asimismo, indica lo establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies y que nadie puede ser privado de los atributos o facultades esenciales del dominio sino por Ley.

Finalmente agrega, que la recurrida vulnera el artículo 19 N° 22 de dicho cuerpo legal, esto es, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Indica que tal acción de facto de la recurrida obviamente produce menoscabo de estos derechos protegidos por la vía de la presente acción, atendida la naturaleza cautelar de la misma, creada precisamente para la mantención regular del orden jurídico y para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, a fin de mantener el statu quo vigente e impedir que los ciudadanos vulneren derechos garantizados y se hagan justicia por sí mismos, sin dilucidar o resolver previamente el verdadero alcance de sus derechos, puesto que para ello existen las acciones judiciales pertinentes.

En cuanto a los hechos, indica que es representante legal de una pequeña empresa (PIME) Comercial Chile Algas Limitada, la que se dedica a la comercialización y transporte, ubicada en la ciudad de Puerto Varas; hace mención que con fecha 10 de noviembre de 2015, a eso de las 13:25 horas se dirigió a la unidad del Servicio de Impuestos Internos de Puerto Varas; presentándose en el mesón de atención timbraje, el funcionario varón (don nombre reservado, ignorando más antecedentes) de dicho Servicio, le manifiesta que antes del timbraje debe pasar a conversar con una fiscalizadora, siendo ya alrededor de las 14:12 horas y encontrándose cerrado al público ya la unidad del Servicio. La funcionaria fiscalizadora lo atiende, manifestándole que mantenía una situación pendiente, respecto que se le había notificado que concurra a la unidad para presentar documentación contable. En ese momento le manifestó que no le había llegado ningún requerimiento por parte del Servicio; por lo que a su juicio se daba por notificado del requerimiento de fiscalización, solicitando plazo prudencial para la recolección de información y posterior presentación en su oportunidad.

Como era día 10 de noviembre requería timbrar facturas, por cuanto conforme a los dictámenes y jurisprudencia administrativa del Servicio, un contribuyente puede timbrar con límite de esa fecha (los primeros diez días de cada mes) para poder extender facturas por servicios y ventas prestados en el mes de octubre, ya que había extendido guías de despacho con fecha de octubre del 2015; oportunidad en que la fiscalizadora le expresa que el plazo de presentación de documentación requeridos, se encontraba vencido y que no autorizaría el timbraje de factura alguna. Posteriormente le solicita una copia de la notificación donde supuestamente se le había citado a la unidad del Servicio, entregándole la recurrida fotocopia simple de notificación N°695882, de fecha 05 de junio del 2015, indicándole que había sido enviada por Correos de Chile, a través de carta certificada; consultándole por el reporte del envío de dicha carta, manifestándole la recurrida que al no estar la carta devuelta por correos se entiende que le llegó al destinatario.

Considera que el actuar de la recurrida ha incurrido en prácticas arbitrarias e ilegales, que vulneran su derecho a la libertad de trabajo, el respeto a la vida privada y la honra de las personas y el derecho a desarrollar una actividad económica, lo cual importa una privación a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República, consistente en restricciones al timbraje de factura; en circunstancias que con fecha 09 de junio de 2015 realizó sin ningún inconveniente el timbraje de facturas; en dicha oportunidad el funcionario le autorizó el timbraje de 20 unidades de facturas; ahora él se pregunta por qué en esa ocasión no se le negó el timbraje, siendo que el requerimiento y según lo expresado por la recurrida él estaba notificado supuestamente con fecha 05 de junio del 2015 y ese timbraje fue realizado con fecha 09 de junio del 2015, sin que se le informara observación alguna por el funcionario que le realizó el trámite de timbraje.

Indica que de esta forma la recurrida lo ha dejado impedido de poder facturar un servicio, limitando el cobro de éstos y provocándole un daño patrimonial y de endeudamiento en la cadena comercial que él incurre, coartándole así unilateralmente este derecho a ejercer un trabajo, vulnerando atributos esenciales para poder ejercer una comercialización, de forma libre y soberana. Ante tal atropello se siente impotente y no puede sino recurrir a la presente acción cautelar, toda vez que el acceso a tener facturas timbradas se ha visto restringido y coartado al no poder entregar ese instrumento en forma libre e irrestricta, por el hecho de facto, unilateral, arbitrario e ilegal de la recurrida, como es la negativa por mero capricho y sin sustento legal de no autorizar el timbraje. Que para mayor abundamiento le significará una multa posterior por parte del Servicio por haber realizado un servicio dentro del mes de octubre y no haberlo facturado, por la negativa de la recurrida.

Para mayor abundamiento su parte posee casilla de Correos en la ciudad de Puerto Varas y realizadas las consultas de rigor, no existe ningún registro de que la unidad del Servicio de Puerto Varas, hubiese enviado carta certificada alguna a la dirección del recurrente.

En conclusión, atendido el mérito de lo expuesto, solicita a ésta I. Corte de Apelaciones acoja el presente recurso de protección, por actos arbitrarios o ilegales cometidos por doña nombre reservado, y en definitiva solicita se disponga la autorización inmediata a tener acceso al timbraje de facturas; restablecimiento del statu quo existente hasta antes de la negativa arbitraria de restricción y de negación de timbraje de facturas; que todo lo anterior deba ser realizado a exclusivo costo de la recurrida, con costas. En su defecto solicita, se permita el timbraje en forma libre y que se le fije día para la presentación de requerimiento de fiscalización, ello por no haber recibido notificación alguna de requerimiento de documentación hasta la fecha y las demás medidas que conforme a derecho procedieren para restablecer el imperio del derecho y evitar futuras violaciones a las garantías conculcadas.

A fojas 1 y siguientes, la parte recurrente acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1.- Copia con timbre original del Servicio de Impuestos Internos de formulario F3230, habiéndosele timbrado 16 unidades de facturas con fecha 06/06/2015.- 2.- Copia por declaración del Servicio de Impuestos Internos, formulario F29.

3.- Formulario en original de la solicitud de timbraje F3230, por el cual recurre.

4.- Formulario de información del Servicio de Impuestos Internos, donde acredita calidad de representante legal del recurrente.

5.- Copia simple de notificación N° 695882 de fecha 05 de junio del 2015, emitida por el Servicio de Impuestos Internos.

A fojas 11, se declara admisible el recurso y se solicitó informe al recurrido.

A fojas 17 y siguientes, doña nombre reservado, evacúa el informe requerido, haciendo presente las razones por las que debe ser rechazada la acción del recurrente por adolecer de ciertas imprecisiones que aclara de la siguiente manera:

La sociedad Comercial Chile Algas Limitada, registra inicio de actividades con fecha 1 de octubre de 2012; desarrolla los giros de recolección de productos marinos, como perlas naturales, esponjas, corales y algas; mayoristas de productos del mar (pescado, mariscos, algas) y transporte de carga por carretera. El único domicilio informado al Servicio, a contar del 02 de diciembre de 2014, corresponde a San Ignacio N°975, Puerto Varas.

Señala que a partir de los cruces de información realizados por el Servicio, se detectó que desde su inicio de actividades, todas las declaraciones mensuales de la contribuyente registran remanente de crédito fiscal, pese a que el promedio de sus débitos fiscales ascienden a $1.202.316 y que el promedio de sus créditos fiscales alcanza los $931.214; en otras palabras, nunca ha pagado Impuesto al Valor Agregado. Tal situación, sumada a la circunstancia de efectuar su declaración anual contenida en el formulario 22 folio 243119295 del año tributario 2015, sin movimiento, ameritaron que el Servicio requiriera la revisión de su documentación, la que fue solicitada mediante notificación N°695882 de fecha 05 de junio de 2015; no habiendo dado cumplimiento el contribuyente.

Agrega que el día 9 de junio de 2015, sólo se le timbraron 5 facturas; es decir desde la factura N°16 a la 20; no 20 como señala el recurrente; cabe hacer presente que en dicha oportunidad nada se le señaló respecto de la notificación por cuanto aún estaba vigente el plazo para dar respuesta. Sin embargo una vez vencido el plazo sin obtener respuesta, se procedió a incorporar en el sistema de información integrada del contribuyente una anotación por la causa N°42 “Inconcurrente a notificación IVA- Renta”, la cual implica que el contribuyente debe regularizar su situación para no restringir el timbraje.

Además, indica que el día 9 de junio de 2015 el contribuyente optó por ser contribuyente electrónico. Sin embargo tampoco ha cumplido con su obligación de enviar sus libros de compraventa en forma electrónica de los períodos julio 2015 a octubre de 2015. Igualmente con fecha 10 de noviembre de 2015, el Sr. nombre reservado, en representación de la contribuyente, solicitó el timbraje de a lo menos 20 facturas bajo el argumento de haber emitido durante el mes de octubre guías de despacho que ameritaban la emisión de la factura respectiva, lo cual es al menos curioso, toda vez que el último timbraje de guías de despacho fue realizado el 15 de febrero del año 2013, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

Señala que por todo lo anterior se le indicó al recurrente que no se le timbraría el número de facturas solicitadas, sino sólo un número restringido. Asimismo, se le indicó que debía acompañar los antecedentes solicitados en el requerimiento antes mencionado para así levantar la anotación que lo restringía, o bien, acompañar las guías de despacho que debían ser facturadas, para que excepcionalmente, la Jefa de la Unidad autorizara el timbraje total de facturas para tal efecto; posteriormente se retira el contribuyente sin haber regresado al Servicio con los antecedentes solicitados.

Finalmente la recurrida explica latamente los fundamentos que se dan por enteramente reproducidos, respecto de los argumentos considerados para dar por establecido que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional de la recurrente.

A fojas 14 y siguientes la parte recurrida acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1.- Copia de notificación N°695882 de fecha 05 de junio de 2015 de la X Dirección Regional Unidad Puerto Varas del Servicio de Impuestos Internos.

2.- Copia de envío de Correos de Chile, de fecha 05 de junio de 2015.

3.- Copia Historial de facturas timbradas de fecha 05 de junio de 2015.- A fojas 25, asume representación abogado del Servicio de Impuestos Internos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que la acción cautelar deducida, se fundamenta por el actor en que se habrían afectado gravemente sus garantías constitucionales, y aunque no lo señala en su presentación, se desprende que se trataría de aquella prevista en el artículo 19 N°3 inciso 5°, N°21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República; por cuanto indica que se le ha coartado el legítimo ejercicio del derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, en este caso al desarrollo de una actividad empresarial, al impedir y restringir su acceso a facturas timbradas.

Tercero: Que apreciando conforme a las reglas de la sana crítica los antecedentes reunidos en autos, es posible arribar a la conclusión, de que la actual existencia de una institución como el Servicio de Impuestos Internos, la cual tiene facultades fiscalizadoras por Ley, gozando de potestad normativa, mediante la cual dictó por ejemplo la Circular N°19 de fecha 11 de mayo de 1995, que contiene instrucciones sobre timbraje de documentos y establece que el criterio para su otorgamiento es el comportamiento tributario del contribuyente; el que según el informe del Servicio recurrido no ha sido el de un contribuyente responsable, con lo que se logra establecer que no existe arbitrariedad o ilegalidad en el actuar del Servicio, por lo que la acción de protección esgrimida por el recurrido escapa a la naturaleza de la misma.

Cuarto: Que, conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores forzosamente deberán desestimar el recurso interpuesto.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 N°3 inciso 5°, N°21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 7 por nombre reservado. Conell en contra de nombre reservado, Funcionaria y Fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1063-2015.- Pronunciada por la Primero Sala, integrada por el Presidente don nombre reservado, la Fiscal Judicial doña nombre reservado y el Abogado integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.- Puerto Montt, siete de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que precede.