COMERCIAL ETCETERA S.A CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DE PUERTO MONTT

nombre reservado, siete de julio de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 1 comparece doña Camila Ramírez Vargas, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en nombre de la sociedad “Comercial Etcétera S.A.” RUT N° RUT reservado, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial de nombre reservado, representada por doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de nombre reservado y en contra del Fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, a fin de que se deje sin efecto el Ordinario N° 631 de fecha 27 de abril de 2016 que rechaza la solicitud de reconsideración de la multa administrativa presentada con fecha 21 de abril de 2016, en razón de no haberse presentado la solicitud dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, ordenando a los recurridos conocer y resolver la reclamación administrativa presentada por Comercial Etcetera S.A. por haber sido interpuesta dentro del plazo legal, así como ordenar a los recurridos abstenerse de ejercer cualquier acción de cobro o suspender las ya iniciadas en contra de la sociedad Comercial Etcetera S.A., en relación a la multa reclamada, con costas.

Como antecedentes refiere que con fecha 08 de marzo de 2016 en Correos de Chile, oficina nombre reservado, se entregó sobre que contenía copia de Resolución de Multa Administrativa N° 1802/16/13 de fecha 26 de febrero de 2016, efectuada por el fiscalizador nombre reservado, ascendente a 20 IMM . Conforme al artículo 508 del Código del Trabajo la notificación de multa se efectuó el día 15 de marzo de 2016.

Conforme a las normas legales y administrativas e instrucciones impartidas por la Dirección del Trabajo, su representada hizo uso del recurso administrativo a que se refiere el artículo 511 del Código del Trabajo, presentando el recurso con fecha 21 de abril de 2016.

Mediante Ord. N° 631 de fecha 27 de abril de 2016, se informa que no se dio cumplimiento a los requisitos que permiten al Servicio conocer de la solicitud, pues esta “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación el día 13/3/2016”.

Argumenta en relación al cómputo del plazo, que aquél establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y no corridos como pretende la Inspección del Trabajo, por aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880, reproduciendo extractos de jurisprudencia en dicho sentido.

Señala como vulneradas las garantías del artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso 4° (sic) de la Constitución Política de la República.

A fojas 22 acompaña los documentos ofrecidos en el recurso, Resolución de Multa N° 1802/16/13 de fecha 26 de febrero de 2016b y su correspondiente Acta de Notificación y copia de Ord. N° 631 de fecha 27 de abril de 2016.

A fojas 11 la Corte de Apelaciones de Santiago se declara incompetente, remitiendo los autos a esta Corte de Apelaciones, aceptándose la competencia declinada a fojas 24.

A fojas 39 informa por los recurridos la abogada doña Francisca Massri Negrón, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta en primer lugar la improcedencia del recurso en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que tenga ser tutelada por el recurso de protección. En este sentido, sostiene que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de un acto administrativo.

El acto que se estima ilegal es un ordinario dictado por el Inspector del Trabajo de nombre reservado Subrogante que declara extemporánea la solicitud de reconsideración de la multa cursada a la recurrente, centrándose la cuestión debatida en la interpretación de la naturaleza del plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo y en consecuencia no es ésta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el Ordinario Nº 631 de fecha 27 de abril de 2016 dado que el recurso de protección no es un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso de actuación ilegal o arbitraria, que no es del caso, si se considera que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicadas, actividad inherente a la administración.

En segundo término trata de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario.

La resolución de Multa N° 1802/2016/13, fue cursada a la recurrente el día 26 de febrero de 2016, por el fiscalizador del Servicio, recurrido en autos, y fue notificada mediante carta certificada al empleador, depositada en las oficinas de Correos de Chile con fecha 08 de marzo de 2016, conforme el artículo 508 del Código del Trabajo. La solicitud de reconsideración administrativa de la multa fue presentada en la Inspección del Trabajo de nombre reservado, el día 22 de abril de 2016.

Argumenta en este sentido que por regla general, las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a los plazos consigna expresamente que éstos se refieren a días hábiles y como el artículo 512 de dicho cuerpo normativo no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos, interpretación que es corroborada por la regla que establece el artículo 435 conforme a la cual los términos de días que establece el Título I del Libro V del Código del Trabajo se entenderán suspendidos durante los feriados, a contrarios sensu, la disposición del artículo 512, pertenece a otro título del mismo Libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que establece no se suspende durante los días feriados.

Así, a juicio de la recurrida se desprende del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512 y por lo tanto no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley Nº 19.880 que se refiere a una materia en especial.

Al respecto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha sostenido que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio.

Recurriendo a una interpretación histórica, afirma que en el mensaje que envió el ejecutivo al Congreso Nacional de la Ley 20.087 se estableció como una de las novedades simplificar las reclamaciones administrativas, señalando que el proceso de reclamación de multa se establecía dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo y así se elimina la confusión de determinar si el plazo es de días corridos o hábiles, sin embargo en la segunda Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se modificó esta situación y se cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, sacándolo del Título I y expresamente haciendo inaplicable el artículo 435 del Código del Trabajo, misma situación ocurrió con la Ley 20.260 que modificó la estructura del Código del Trabajo.

Conforme lo anterior y en consideración al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, mediante Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 del Servicio, se establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

En atención al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, la Dirección del Trabajo dejó sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular Nº 88 de fecha 05 de julio de 2011, hecho por la Circular Nº 96 de fecha 23 de septiembre de 2009 en la parte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles dictando al efecto la Circular Nº 73, retornando a la interpretación que históricamente había sostenido este Servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar y por ello no fue posible admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente pues no se cumplió con el requisito de presentar la solicitud de reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, plazo que, el mismo formulario utilizado por la empresa recurrente para solicitar la reconsideración – F 10 -, indica es de días corridos.

Se transcribe a continuación, extractos del Dictamen de Contraloría General de la República Nº 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 y jurisprudencia judicial sobre la materia.

Finalmente, y de acuerdo a lo expresado en su informe, afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario en la actuación de la recurrida ya que actuó amparada por la ley, que le confiere facultad para actuar como lo hizo, por lo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del recurrente. El Ordinario Nº 631 no afecta la igualdad ante la ley ni se ha constituido en una comisión especial, ni menos ha ejercicio facultades jurisdiccionales.

La aplicación de la normativa e instrucciones vigentes se hace respecto de todos aquellos usuarios que realizan presentaciones o solicitudes formales ante este Servicio, utilizando criterios ajustados a la normativa vigente y uniformes para todos. La autoridad administrativa ha aplicado la ley vigente con apego a las normas legales y a los procedimientos administrativos que rige la materia.

Se acompaña al informe, copias de Ordinario Nº 631 de fecha 27 de abril de 2016, Resolución de Multa Nº 1802/16/13, acta de notificación, solicitud de reconsideración administrativa de fecha 22 de abril de 2016, Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 y Anexo Nº 1 y Dictamen Nº 64.985 de Contraloría General de la República.

A fojas 48 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste señala.

Segundo: Que se ha recurrido de protección por la conculcación en el ejercicio legítimo de los derechos que le asiste a la recurrente garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Carta Fundamental con ocasión del acto ilegal y arbitrario contenido en la Resolución N° 631 de fecha 27 de abril de 2016, que no dio curso a tramitar la reconsideración administrativa de la Multa N° 1802/16/13 de fecha 26 de febrero de 2016, por haber sido ésta presentada en forma extemporánea, transcurridos el plazo de 30 días que al efecto establece el artículo 512 del Código del Trabajo, cuyo cómputo a juicio del Servicio es de días corridos y no de días hábiles como sostiene la recurrente por aplicación supletoria de la Ley N° 19.880.

Tercero: Que según aparece de los documentos agregados a fojas 15, 16 y 17, la resolución de Multa N° 1802/16/13 fue cursada a la recurrente el día 26 de febrero de 2016 y depositada en la Oficina de Correos de Chile con fecha 08 de marzo de 2016.

Cuarto: Que el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880 establece: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos”, norma que cobra aplicación con carácter de supletoria en los procedimientos administrativos especiales establecidos por la ley, como acontece en la especie con el cómputo del plazo para interponer el recurso de reconsideración de multa administrativa a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, norma supletoria especial que prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, por tratarse de un recurso presentado en la etapa administrativa.

Quinto: Que, según consta de copia agregada a fojas 32, el recurso de reconsideración de multas fue presentado el día 22 de abril de 2016, es decir, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de la resolución de Multa, sea que ésta se considere que se practicó el día 13 como sostiene el Servicio o el día 15, ambos del mes de marzo de 2016.

Sexto: Que, en consecuencia, la negación de la recurrida a tramitar un recurso de reconsideración dentro del plazo legal, desconociéndolo en toda su extensión ha dado un trato arbitrario lo que constituye una actuación ilegal que afecta la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que se tendrá presente que si bien el recurso fue dirigido igualmente en contra del fiscalizador de la Inspección del Trabajo don nombre reservado, su actuación en el proceso de fiscalización no ha tenido incidencia alguna en la dictación del Ord. N° 631 de fecha 27 de abril del año en curso, que motiva el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Camila Ramírez Vargas, en nombre de sociedad “Comercial Etcétera S.A.” RUT N° RUT reservadoy se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 631 de fecha 27 de abril de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración solicitado respecto de la Resolución de Multa N° 1802/16/13 de fecha 26 de febrero de 2016.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1056-2016.