nombre reservado con BANCO SCOTIABANK CHILE

Puerto Montt, veintitrés de julio de dos mil veinte.

Vistos:

A folio 1 compareció nombre reservado quien interpuso acción cautelar de protección en contra del Banco Scotiabank Chile S.A., por estimar que este último ha vulnerado sus derechos constitucionales, conforme los hechos que relata en su libelo.

Sostiene el recurrente que el día 13 de febrero del presente año, cuando estaba en su domicilio, le llegó un mail a su celular a las 15:13 horas, notificándole que tenía una transferencia retenida en su cuenta vista N°[cuenta reservada], percatándose de inmediato que era un mail falso, porque no estaba haciendo transferencia alguna y su tarjeta y coordenadas estaban en su poder y no ha delegado su uso a ningún tercero. Agrega que, con su mujer, ingresan desde computador al sitio web del banco a las 15:58, y al revisar los movimientos de la cuenta, se percata que había dos cargos o transferencias electrónicas por $1.194.032 y $320.140 figurando como descripción de la operación “PAGO IMPTO SII” y “PAGO POR WEB DE FORUM” respectivamente, pese a que no había realizado gestión alguna de ese tipo ni es cliente de Forum, ni ha iniciado actividades en el SII. Agrega que, de dichas operaciones, solo llegó un mail aparentemente falso que respaldaba el pago por web de Forum a las 15:59, y nada de la otra operación, tampoco le llegó notificación o solicitud de tercera clave, como ocurre con todas las transacciones que se realizan en la página del banco, especialmente al ser destinatarios desconocidos y por monto tan alto.

Dice haber llamado varias veces al call center del banco para bloquear la cuenta, sin respuesta, pudiendo hacerlo solo por el chat del servicio al cliente, oportunidad en que hizo la solicitud de desconocimiento de transacción N° 1786391 adjuntando todos los documentos necesarios, incluido el Parte Denuncia ante la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt.

Finalmente, el 13 de mayo el Banco le informó que no restituirá los fondos en atención a que estimó la no existencia de vulneración de los sistemas de seguridad del Banco, y presumen de un malware en sus dispositivos electrónicos que pudo provocar la captura de sus credenciales de seguridad. El día 19 del mismo mes, se le notifica resolución también negativa de reclamo presentado ante la Defensoría del Cliente de la ABIF, que había presentado ante la demora del banco de dar solución a su reclamo.

Reprocha el actor que el banco no se pronuncia de las omisiones de los comprobantes de las operaciones o la falta de solicitud de tercera clave, que había sido incluso exigida para una transferencia que hizo de $50.000 a su hermana. Concluye entonces que fueron los sistemas de seguridad del Banco los que fueron vulnerados, y además, reprocha que, aunque el Banco reconoce que existió un fraude (malware), le endosa toda la responsabilidad.

Conforme a lo expuesto, estima vulnerada por el actuar del Banco su derecho constitucionalidad de propiedad, garantizado por el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, y su derecho a la integridad psíquica, porque se ha visto agobiado y estresado al no contar con ese dinero que era producto de su término de contrato, por lo que solicita le sea restituida por el Banco la suma de $1.514.172, con costas.

Acompaña a su recurso, a) Correo electrónico del Banco Scotiabank con el rechazo a la restitución de los fondos sustraídos. b) Aviso falso de transferencia de fondos retenida. c) Comprobante de pago falso: Pago de Servicios – Forum por $320.140 d) Copia de correo electrónico que da cuenta de la gestión N° [cuenta reservada] por desconocimiento de transacciones. e) Cartola de cuenta vista N° [cuenta reservada] entregada por el Banco en la sucursal Puerto Montt. f) Parte denuncia por efectuado el día 13 de febrero de 2020 a las 18:00 ante la Segunda Comisaría de Puerto Montt de Carabineros. g) Copia correo electrónico dirigido a Forum para consultar por el pago realizado por terceros. h) Certificado de la Tesorería General de la República que señala que no tiene registro de deudas. i) Certificado emitido por Servicios de Impuestos Internos que indica que no registra inicio de actividades vigentes en primera ni segunda categoría. j) Historial de búsqueda de su navegador que dan cuenta que el ingreso al sitio web www.scotiabank.cl se realizó a las 15:58 según la hora del historial del navegador del computador, al menos un minuto antes de la llegada del “comprobante” falso de una de las transacciones. k) Correos electrónicos enviados y recibidos durante el desconocimiento de transacción N° 1786391. l) Correo electrónico que verifica reclamo interpuesto ante la Defensoría del Cliente de la ABIF.

Informa el recurso la recurrida y previene, tal y como hace en la misiva que le envió al actor, que las operaciones se realizaron mediante el acceso a la página web del banco, previo ingreso de clave personal y que cada una de las transacciones fue autorizada con código adicional de la tarjeta de coordenadas, sin que durante la investigación efectuada se detectaran fallas en los sistemas de seguridad dispuestos por el banco. Por ello afirman no hubo una falla en los sistemas de seguridad del Banco, siendo de cargo del cliente -el actor- el resguardo de las claves de seguridad que le han sido entregadas, existiendo campañas de publicidad permanentes tanto de su parte como de las restantes instituciones financieras en orden al resguardo de dichas claves.

Luego, desarrolla las características del contrato de cuenta corriente y el de operaciones bancarias y las diferencias que poseen con el depósito irregular, destacando que, en el presente caso, forma parte del contrato suscrito que quien asume el riesgo de entregar las claves o no custodiarlas debidamente es el cliente y no el Banco, lo que redunda en la característica de contrato bilateral conmutativo que poseen éstos, a diferencia del depósito irregular. En dicho orden de cosas, sostiene que expresamente el riesgo fue trasladado al cliente.

Enseguida afirma que la determinación judicial de los saldos en las cuentas del cliente no es una cuestión que pueda ser conocida por esta vía cautelar, existiendo un procedimiento previsto en el DFL N°707 sobre cuentas corrientes bancarias, agregando que en caso de estimarse que existe un incumplimiento contractual de su parte, el asunto aún sigue siendo de lato conocimiento, que requiere una declaración previa de derechos.

Concluye entonces señalando que no existe actuación arbitraria ni ilegal de su parte que pudiere haber afectado las garantías constitucionales que invoca el recurrente, no existiendo tampoco medidas cautelares que pudiese adoptar esta Corte pues los dineros fueron transferidos a terceros, debiendo discutirse primeramente en sede penal la responsabilidad de terceros, para luego, de conformidad con el artículo 680 N°10 del Código de Procedimiento Civil, determinar las indemnizaciones pertinentes.

Encontrándose los autos en estado de ver se trajeron en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley; o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que, el objeto de la acción cautelar dice relación con la negativa del Banco recurrido de revertir el cargo en la cuenta vista del actor por la suma de $1.514.172, que se origina en dos transferencias o supuestos pagos a diferentes entidades el día 13 de febrero de 2020, las que desconoce haber efectuado.

Cuarto: Que, si bien el Banco ha señalado que en las operaciones efectuadas ha existido responsabilidad del cliente, en la especie se reconoce la existencia de un fraude mediante técnicas de apropiación de las claves de seguridad de éste.

Quinto: Que lo debatido en autos es, en definitiva, si las transferencias de fondos efectuadas desde la cuenta a la vista del recurrente tuvieron su origen en un defecto atribuible a una falla del sistema de seguridad propio del banco recurrido, lo que habilitaría la restitución de los dineros sustraídos sin la autorización y voluntad del recurrente por parte de la institución bancaria recurrida.

Sexto: Que, en cualquier caso, frente a la existencia de un fraude es la parte recurrida la engañada, pues se le ha hecho creer que el cliente ha efectuado libremente operaciones con cargo a su cuenta vista. De lo dicho, se desprende que el Banco no puede excusarse en el eventual uso irregular de las claves secretas por parte del cliente para no restituir los fondos sustraídos ilícitamente.

Séptimo: Que, la negativa del Banco recurrido a restituir los fondos del actor es vulneradora del derecho de propiedad, previsto por el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, arbitrio por el cual el presente recurso será acogido. La conclusión anterior, por lo demás, es propia de la naturaleza de esta acción cautelar que propende más que a un examen y resolución de fondo del asunto, a la colocación de las partes en condiciones de solucionar su controversia por medios jurídicamente idóneos.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara, que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Banco Scotiabank Chile S.A. y, en consecuencia, el Banco recurrido debe restituir a la cuenta vista del actor la suma de $1.514.172, en el plazo de quince días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones contempladas en al Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.- Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Abogado Integrante María Herna Oyarzún Miranda.

Rol Protección 1031-2020