nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION

Puerto Montt, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que, con fecha 27 de junio del año en curso, comparecen los abogados Carlos Pizarro Wilson y Karen Muñoz Villagra en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección de garantías fundamentales en contra de la Xª DIRECCIÓN REGIONAL PUERTO MONTT DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representada por don nombre reservado, al haber dictado de forma ilegal y arbitraria la Resolución Ex. Nº 547 de fecha 27 de junio de 2023, que se niega a inhibirse administrativamente del procedimiento invalidatorio de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, de la misma Dirección Regional, lesionando de esta manera el derecho al debido proceso, consagrado en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, Señala, en lo pertinente, que la resolución recurrida, dictada por el Director Regional, se niega a inhibirse administrativamente del procedimiento invalidatorio de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, que habría otorgado derechos a su parte, pese a existir una denuncia de vulneración de derechos interpuesta ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos con el Rit VD-12-00008-2023, RUC 23-9-RUT reservado, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, sin abstenerse el SII conforme a lo dispuesto en la norma del artículo 54 inciso 3° de la Ley 19.880 que establece la regla de la inhibición administrativa, disponiendo la incompatibilidad entre las vías de impugnación administrativa y jurisdiccional.

Explica que la recurrente fue notificada con fecha 1 de marzo de 2023 de la Resolución Exenta Nº 176, que resolvió un incidente de nulidad presentado por ella en contra de la Resolución Ex. Nº 91, de 26 de enero de 2023, que, a su vez, dio inicio al proceso de invalidación de la Resolución OPAT Ex. Nº 492, de 26 de agosto de 2021. Agrega que, para entender bien las actuaciones de la recurrida, que considera vulneratorias, deben necesariamente realizar un detalle de todos los hechos, resoluciones y actuaciones que dan inicio al proceso de invalidación de la Resolución OPAT Ex. 492.

Dice que la contribuyente ha sido sometida a largos avatares y disputas con el SII, toda vez que el Servicio enroló dos veces superficies de su propiedad, adquiridas por ésta por sucesión por causa de muerte, ya catastradas por la Sección de Avaluaciones de Osorno, como resultado de la declaración F-28 durante el proceso del Plan de Normalización y Reavalúo del año 1987, según dan cuenta las resoluciones Nº 3674 de 16 octubre de 1989 y Nº 3742 de 19 de octubre de 1989, dictadas por el Director Regional.

Indica que el segundo enrolamiento lo realizó el SII de oficio por medio de las Resoluciones Números 7278332 y 7278333, ambas de fecha abril de 2015, creando roles mediterráneos, conocidos como 90 - 317 y 90 - 318. Esta irregularidad, explica, fue revertida y aclarada por la Dirección Regional de oficio, hace más de un año por medio la OPAT Ex. Nº 492, de 26 de agosto de 2021 mediante la cual se dio razón a su representada, dejando sin efecto el doble enrolamiento, pero sin que nunca haya llegado a cumplirse o ejecutarse.

Refiere que a partir de esta resolución favorable, de 26 de agosto de 2021, su representada ha realizado todas las gestiones para hacer efectiva la Resolución Exenta Nº 492 y poner fin al doble enrolamiento y proceder a la devolución de lo indebidamente cobrado por exceso en el impuesto a la herencia y contribuciones, sin éxito alguno, siendo sometida actualmente al proceso de invalidación de esta Resolución.

Señala que el problema radica en que unas mismas superficies detentan doble enrolamiento, lo que generó un pago indebido, pero exigido por el SII, que mediante la resolución Ex. Nº 791 dejó sin efecto otra resolución OPAT Ex. Nº 492, de 26 de agosto de 2021, en la cual se daba razón a la recurrente, terminando con este doble enrolamiento, ordenando restituir las sumas pagadas en exceso al contribuyente. Luego, el SII, sin audiencia del contribuyente, de una forma imprevista y dando un giro en 180º, decidió que lo resuelto hacía más de un año era incorrecto, esgrimiendo para fundamentarlo el artículo 6 Letra B) Nº 5 del Código Tributario, una norma cuyo contenido aduce no le autoriza para la invalidación de actos administrativos terminales, pues señaló que no habrían nuevos antecedentes y que se habría violentado la cosa juzgada.

Reclama que al haberse dejado sin efecto la OPAT Ex. Nº 492, de 26 de agosto 2021, no se procedió a la cancelación de los roles 90-317 y 90-318 de la ciudad de Osorno, correspondientes a superficies doble y maliciosamente catastradas por la Unidad de Avaluaciones de Osorno y tampoco cesó el cobro duplicado de contribuciones por el Juez Sustanciador Tesorero Provincial de Osorno; ni ha tenido lugar la restitución de $141.678.671.- por concepto de contribuciones cobradas con efecto retroactivo y un derecho de herencia abultado.

Luego de explicar detalladamente las diversas presentaciones de la actora ante el Servicio recurrido a fin de dejar sin efecto el supuesto doble enrolamiento y cobro, dice que por Resolución 393 de 4 de septiembre de 2019, del Jefe del Departamento de Avaluaciones de Osorno, se resolvió no dar lugar a su solicitud, sin mediar acto revocatorio por el SII o de la Dirección de Obras Municipales, en desconocimiento a cuestiones previamente resueltas. Ante ello, agrega, el día 31 de enero de 2020 se interpuso RAV en contra de la Resolución 393 (que se negaba a anular el doble enrolamiento), lo que motivó una reunión presencial con abogados del SII junto con acompañar nuevos antecedentes, pero dicha petición fue denegada con fecha 10 de junio de 2020 por OPAT N° 255, dictada por el Jefe de la Unidad de Procedimientos Administrativos, el abogado don Andrés Olave Echenique, por orden del Director Regional, fundado en que ya existiría cosa juzgada porque antes se había pedido al Tribunal Tributario y Aduanero la eliminación de los roles 90-317 y 90-318, aunque aduce que en ambos casos la causa de pedir era distinta.

Señala luego que contra la Resolución 393, que negó la nulidad de los roles sobrevinientes, su parte interpuso recurso administrativo al superior jerárquico, teniendo en consideración los nuevos antecedentes anteriormente aportados. Con fecha 15 de junio de 2020, se solicitó resolver al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza (Correo de 16 de junio de 2020) este recurso administrativo, y pendiente éste, que debía remitirse a la oficina central del SII para ser resuelto por el Director Nacional, el abogado del SII don nombre reservado comienza a manifestar una apertura a dar una solución al problema, la resolución OPAT EX. Nº492 estaba en ciernes. Agrega que por razones que desconoce, el abogado nombre reservado no elevó el expediente ante el Director Nacional para que conociera y fallara el recurso jerárquico, comentándole incluso a su mandatario que el error que fundaba el recurso era evidente, que lo resolverían de oficio y le devolverían todos los impuestos a la contribuyente.

Indica luego, que por OPAT Ex. Nº 492 de fecha 26 de agosto de 2021, dictada por el abogado señor Olave, por orden del Director Regional del SII, se dejó sin efecto Resolución Ex. 393 de 04 de septiembre de 2019, que había rechazado su solicitud de cancelación de los roles 90-317 y 90-318 de la comuna de Osorno, petición que se fundó en su oportunidad en que se habían enrolado doblemente las superficies previamente catastradas como resultado de la división y liquidación de la comunidad de la cual fue parte la recurrente, según daría cuenta la escritura pública de fecha 13 de abril de 1987. Agrega que la OPAT EX. Nº 492 puso fin a la larga disputa, y abrió la puerta a obtener la devolución de montos pagados en exceso por contribuciones e impuesto a la herencia.

Detalla que al dejar sin efecto la Resolución Ex. 393, solicitó al SII en reiteradas oportunidades la devolución de montos cobrados ilegalmente, y el abogado del Servicio don nombre reservado les habría informado que la anulación de los roles 90 - 317 y 90 - 318, sería resuelta “internamente” por la Unidad de Avaluaciones de Osorno y que se devolvería todo lo pagado en exceso, sin perjuicio que luego le indica que debe hacer una presentación formal, lo cual cumplen en noviembre de 2021, pero pese a ello no hubo pronunciamiento de la anulación de los roles o montos a devolver. Agrega que en el intertanto, la Tesorería notificó mandamiento de ejecución y embargo por no pago de contribuciones. Y en abril de 2022 solicitaron ante ésta la suspensión del cobro, manteniéndose la inactividad del Servicio, en su oficina de Osorno.

Precisa luego que el 16 de junio de 2022 volvieron a presentar petición de restitución y la suspensión del procedimiento de cobro ante Tesorería y el 18 de agosto de 2022, por instrucciones nuevamente del abogado del Servicio, volvió a solicitar por tercera vez el cumplimiento de la OPAT EX. Nº 492, la anulación de los roles referidos, la suspensión del procedimiento de cobro por parte de tesorería y la devolución de los montos indebidamente cobrados.

Detalla que luego de esta dilación, más de un año postergada la resolución del fondo, el Director Regional resolvió de oficio dejar sin efecto la OPAT N°492 de 26 de agosto de 2021, la cual fue notificada el 30 de septiembre de 2022, a través de la Resolución Exenta 791, (que era la recurrida en la causa anterior). A través de ella, el SII ejerce una corrección de oficio conforme lo dispuesto en el artículo 6 Letra B) Nº5 del Código Tributario y revoca la tantas veces citada Opat Nº492 de 26 de agosto de 2021, y se indica que el error manifiesto sería que no hubo nuevos antecedentes y se cita obiter dictum una pretendida cosa juzgada. Agrega que el día de octubre de 2022, Tesorería notifica a la contribuyente que dispone de beneficios tributarios para facilitar la regularización de su deuda por Contribuciones, y así detener el proceso de cobranza en que esta se encuentra.

Detalla que frente a esta invalidación, sin audiencia del contribuyente, interpuso recurso de protección ante esta Iltma. Corte, Rol 4752-2022, contra la Resolución Ex. N°791, y previo al informe, con fecha 16 de noviembre de 2022, por medio de la Resolución Ex. N° 1007, el Director Regional de la Xª Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos se retracta evidenciando su error y deja sin efecto la Resolución Ex. 791 de fecha 13 de septiembre de 2022, que a su vez anulaba la Resolución Ex. 492. Agrega, que el SII reconoció que la resolución Ex. 791 tenía un vicio de ilegalidad, por lo cual la dejó sin efecto, y además aduce que reconoció que la Resolución OPAT Ex. 492 se encontraba vigente, por lo que no existía indefensión ni perjuicio para la contribuyente, así lo sostiene en el párrafo final de la página 12 de su informe. Pese a ello, explica, el SII nunca realizó el cumplimiento efectivo de la Resolución OPAT Ex. 492 (procediendo a devolver las contribuciones e impuesto a las herencias pagado en exceso, y siguieron cobrando altísimas contribuciones), y su estrategia fue alegar la falta de oportunidad del recurso para proceder nuevamente a anular la resolución referida.

Explica que la sentencia de esta Iltma. Corte, de 24 de enero del año en curso, rechazó el recurso adhiriendo a la tesis de la falta de oportunidad, y por existir otras vías más idóneas para alcanzar su pretensión, decisión que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema el día 16 de febrero del año en curso, sin mayores fundamentos. Agrega que sin encontrarse firme la sentencia de esta Corte, por estar pendiente la apelación del fallo, el Director Regional del SII, procedió a iniciar un nuevo proceso invalidatorio de la Resolución OPAT Ex. Nº 492, y con fecha 26 de enero por medio de la Resolución Ex. 91, el Director Regional informó la intención de invalidar la Resolución Ex. 492 y cita para audiencia para el día 2 de febrero de 2023, sólo para cumplir la formalidad de audiencia previa del artículo 53 de la ley 19.880, pero sin hacer referencia a cuáles serían las causales de nulidad de la Resolución OPAT N°492, sino solo referencias vacías a cuestiones previas.

Detalla que previo a la audiencia del 2 de febrero, pidieron la nulidad de la Resolución Ex. 91 porque el SII debía inhibirse de conocer el asunto mientras estuviera pendiente la acción judicial ante la Corte Suprema, y porque además la sola citación a su juicio no cumplía estándares del debido proceso lo que impedía a su parte hacer los descargos pertinentes y ser escuchada, sino conocía los supuestos vicios, pero la recurrida en lo que indica sería una tozudez sin precedentes, y continuando la vulneración de derechos a su representada, ha continuado con el procedimiento de invalidación, pese a los vicios que este proceso adolece, y con fecha 1 de marzo de 2023, dictó la Resolución Ex. Nº 176, desechando las alegaciones presentadas en su escrito de nulidad, señalando que el recurso de protección ya estaba concluido, por lo cual no existiría perjuicio, y que además se recurrió solamente por la Resolución Ex. 791, la que fue anulada por ese servicio, manteniendo su potestad para anular la Resolución Ex. Nº 492, la cual no fue recurrida en el recurso de protección, por lo que no se encontraría en la prohibición del artículo 54 de la Ley 19.880, no debiendo abstenerse de iniciar el proceso de anulación. Finalmente sostiene el SII que la referencia a una resolución anulada, y una resolución anterior al proceso de invalidación, son suficientes antecedentes para señalar los vicios de los cuales adolecería la Resolución Ex. Nº 492, y por estos fundamentos desecha la nulidad impetrada y sigue adelante con el proceso de anulación.

Ante ello, indica que la contribuyente interpuso denuncia de vulneración de derechos en contra de la Resolución Ex. Nº176, de 1 de marzo de 2023 ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos, siguiendo la recomendación dada por el mismo SII y por esta Iltma. Corte, causa RIT VD-12-00008-2023, RUC 23-9-RUT reservado, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”. Lo anterior, detalla, por estimar que esta resolución y la actuación del SII han vulnerado las garantías del derecho de propiedad, además de los derechos consagrados en el artículo 8 bis del Código Tributario, especialmente el N°3, “derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias, debidamente actualizadas”, y el N° 4 letra a) “que las actuaciones del Servicio, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización: a) indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda”, aunque luego precisa que el reclamo no sólo se interpuso contra la Res. Exenta 176, sino en contra de todas las actuaciones y resoluciones del SII, posterior a la dictación de la Resolución OPAT Ex. N°492, por la falta de cumplimiento en su ejecución, reclamo que indica se encuentra en etapa probatoria, estando pendiente la exhibición de documentos por parte del SII, y la designación de un peritaje solicitado por su parte.

Reclama, como actuaciones ilegales y arbitrarias, que el SII ha seguido conociendo el procedimiento administrativo de invalidación de la Resolución OPAT Ex. N°492, pese a la solicitud expresa de su parte de que se inhiba de seguir conociendo de dicha invalidación. Ante ello, refiere, el día 18 de abril del año en curso, su parte presentó una solicitud de que el SII abstuviera de seguir conociendo del procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT 492, pero éste resolvió que no ha lugar a esta solicitud, dictando la Resolución Ex. Nº 547, de fecha 27 de junio de 2023, dictada por el Director Regional, X° Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, y recurrida en estos autos.

Transcribe luego la resolución recurrida, que en síntesis indica que “…no habiéndose impugnado jurisdiccional y directamente la Resolución OPAT EX. N° 492, esta repartición fiscal no ha perdido la competencia, ni ha sido restringida o limitada en el ejercicio de sus facultades legales respecto a ella, principalmente, por cuanto sus efectos no son los que han sido sometidos al conocimiento Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos, sino los de la Resolución Ex. N° 176. Por lo anterior, resultaría improcedente dar lugar a la solicitud de abstención y de paralización planteada”.

Argumenta que la resolución recurrida, sigue conociendo del procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT Ex. Nº492, pues usa el razonamiento absurdo que no se habría recurrido esta resolución, sino de una resolución distinta, la N°176, de 1 de marzo de 2023, que era parte del procedimiento de invalidación, pero bajo el amparo de esta tesis, la Administración nunca debiera inhibirse de conocer procedimientos invalidatorios de resoluciones que sean favorable a los administrados, ya que nunca van a ser impugnados por los beneficiarios del acto, conservando la Administración siempre la competencia para seguir conociendo de estos procedimientos, pese a que existan reclamos judiciales pendientes. Esta tesis, sostiene, vacía de contenido lo establecido en el inciso 3° del artículo 54 de la Ley 19.880.

Alega que ha recurrido a sede jurisdiccional, y por la norma del artículo 54 de la Ley 19.880, el SII se debe abstener de seguir conociendo el procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT 492, mientras se conoce y falla el procedimiento de reclamación de vulneración de derechos interpuesto ante el TTA, según lo ha entendido la Excma. Corte Suprema, en sentencia Rol 69.503-2021, de 13 de diciembre de 2021, en la parte que transcribe. Agrega que incluso, la norma referida es aplicable a la acción de protección como la presentada ante esta Iltma. Corte, y opera frente a la interposición de cualquier reclamación de los administrados a través de los diversos recursos administrativos, y a otras vías de revisión del acto administrativo, como la revocación y la invalidación, por lo cual concluye que la recurrida debe abstenerse de seguir tramitando el proceso de invalidación de la Resolución OPAT Nº 492, mientras se conozca y falle el reclamo por vulneración de derechos, interpuesto ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos.

Solicita declarar que se ha violado la garantía constitucional del debido proceso de la recurrente y que se debe restablecer el imperio del derecho, ordenando que se deje sin efecto la Resolución Ex. Nº 547, de 27 de junio de 2023, ordenando asimismo que se inhiba de seguir conociendo el procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, mientras se conozca el reclamo de vulneración de derechos interpuesto ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos; además de invalidar todas las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento de invalidación con posterioridad a la interposición de este reclamo de vulneración de derechos de fecha 15 de marzo de 2023, con costas.

Que, a Folio N°2, el día 31 de julio del año en curso, se declara admisible el recurso y se deniega la orden de no innovar solicitada.

Que a Folio N°10, el día 11 de agosto, comparece nombre reservado, Director Regional de la X Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, evacuando informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

En lo pertinente, señala que de acuerdo con la información catastral de Bienes Raíces del Servicio, los inmuebles a que hace referencia la actora, Roles de avalúo N°s 90-317 y 90-318, de la comuna de Osorno, están clasificados en la segunda serie, no agrícola, se encuentran ubicadas en el área urbana de la comuna, tienen destino “sitio eriazo” y “otros no considerados”, respectivamente, y como su propietaria aparece registrada la Sra. nombre reservado, madre de la recurrente. El inmueble Rol N° 90-317, corresponde a la propiedad ubicada en Cochrane Lote B 586, Osorno. Tiene una superficie de 301 metros cuadrados y un avalúo fiscal ascendente a $292.510.097, expresado en pesos al 2° semestre de 2022 (desde ahora e indistintamente “lote B”). El inmueble Rol N° 90-318, corresponde a la propiedad ubicada en Cochrane Lote C, Osorno, tiene una superficie de 291 metros cuadrados y un avalúo fiscal ascendente a $346.045.837, expresado en pesos al 2° semestre de 2022 (desde ahora e indistintamente “lote C”).

En relación a la historia registral, precisa que con fecha 25 de febrero de 2015 nombre reservado, en su calidad de albacea de la sucesión de doña nombre reservado, requirió al Servicio de Impuestos Internos que se "certifique la efectividad de que el Lote B está integrado por partes iguales en los roles número 90-47, 90-51, 90-52, 90-55, todos de la comuna de Osorno y que el Lote C se integra al rol de avalúo 90-48 de la misma comuna". El día 06 de abril de 2015, el Servicio da respuesta a su petición indicando, que los inmuebles se encontraban en trámite de inclusión catastral con vigencia primer semestre de 2012, resultando afectos al pago de contribuciones, de acuerdo a los avalúos provisionales cuya vigencia regiría a contar de junio de 2015. Ello, ante la inexistencia de una resolución municipal de fusión.

Posteriormente, explica, se procede a emitir las Resoluciones Exentas N°s A 10.2015.00010324, A 10.2015.00010325, A 10.2015.00010326, de fecha 19 de junio de 2015, mediante las que asigna el rol de avalúo 90-317 al Lote B, y las Resoluciones Exenta N°s A 10.2015.00004663 y A 10.2015.00004664, de fecha 13 de abril de 2015, mediante las que asigna el rol de avalúo 90-318 al Lote C. Finalmente, el día 12 de abril de 2016, la entidad fiscalizadora modifica y establece una rebaja en el avalúo de los inmuebles roles 90-317 y 90-318, mediante Resoluciones Exentas N°s A 10.2016.00003188 y A 10.2016.00003190, respectivamente.

Indica que con fecha 09 de agosto de 2016, la sucesión presentó Reclamo Tributario, ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos (de aquí en adelante e indistintamente “TTA”), en causa RIT GR-12-00022-2016, en el que solicitó anular los roles 90-317 y 90-318, y consecuencialmente las resoluciones “que se refieren a ello”, ya que, a su juicio, la superficie del Lote B se encontraría incorporado o fusionado a los roles 90-47; 90-51; 90-53; 90- 55; 90-56 y, la superficie del Lote C se encontraría fusionada al rol de avalúo 90-48. El reclamo fue rechazado por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos, mediante fallo de fecha 18.05.2017; el que, apelado, fue confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, mediante sentencia de fecha 27.03.2018. En contra de esta última, se interpuso recurso de casación en el fondo, el que fue declarado inadmisible por la Excma. Corte Suprema, con fecha 09 de mayo de 2018.

Posteriormente, con fecha 15 de abril de 2019, la recurrente presentó una “Solicitud de Modificación de Catastro de Bienes Raíces” Nº RUT reservado, solicitando la eliminación de los Roles 90-317 (Lote B) y 90-318 (Lote C), en base a los mismos argumentos de su reclamo tributario. En base a los antecedentes tenidos a la vista, el Departamento de Avaluaciones de la X Dirección Regional verificó que los mencionados lotes B y C no se encontraban incorporados a los roles 90-47; 90-51; 90-53; 90- 55; 90-56 y 90-48, respectivamente. Es más, se constató que estos “Lotes” tenían la calidad de “predios omitidos”, lo que significa que eran predios que no se encontraban catastrados por el Servicio, por lo que dichas superficies no fueron objeto de pago de contribuciones, debido a que no se encontraban registrados, hasta el año 2015, año en que se le asigna los roles 90- 317 (lote B) y 90-318 (lote C). De igual forma, dice que se constató que no existía una autorización de fusión de predios por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Osorno. Por ende, no era posible entender fusionados los lotes B y C en los roles 90-47; 90-51; 90-53; 90- 55; 90-56 y 90-48, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, el Servicio emitió la Resolución Exenta Nº 393, de fecha 04 de septiembre de 2019, determinando dejar activos los roles 90-317 y 90- 318 y no acceder a la eliminación, dado que no existe duplicidad en el registro predial de los lotes B y C.

Detalla que con fecha 31 de enero de 2020, la contribuyente presentó un Recurso de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), en contra de la resolución señalada, solicitando que ésta sea dejada sin efecto, para obtener así la eliminación de los Roles 90-317 (lote B) y 90-318 (lote C), ello en base a los mismos argumentos ya indicados sobre la fusión, y a la duplicidad de roles. Dicha presentación fue resuelta mediante Resolución Exenta OPAT N° 255, de fecha 09 de junio de 2020, en la que se le negó lugar a lo pedido, toda vez que, se verificó que los lotes B y C “por un error del Servicio, nunca fueron catastrados, es decir, nunca fueron registrados en roles independientes, ni los que el contribuyente señala que se encuentran incorporados. Lo anterior significa que, desde el año 1987, los Lotes B y C no fueron tasados por el Servicio de Impuestos Internos, y en consecuencia no fueron objeto de contribuciones…” (sic). En contra de la Resolución Ex. OPAT. N° 255, ya singularizada, la contribuyente dedujo Recurso Jerárquico enviado mediante correo electrónico al mismo funcionario que emitió la resolución impugnada, cuyo conocimiento no fue elevado al superior jerárquico. Agrega que en virtud de lo anterior, se instruyó la evaluación y revisión pertinente en cuanto a los motivos por los cuales, el Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios (OPAT), de la X Dirección Regional de Puerto Montt, de aquella época, no remitió los antecedentes al superior jerárquico.

Explica que si bien no existen en los registros del Servicio antecedentes de la presentación de una Revisión de la Actuación Fiscalizadora en contra la Resolución N°393, ya citada, ni antecedentes nuevos que la respaldaren, se emitió la Resolución OPAT Ex. N°492, de 26.08.2021, la que dio lugar a lo solicitado originalmente en Reposición Administrativa Voluntaria por la contribuyente, dejando sin efecto la Resolución Exenta N.º 393, de fecha 04 de septiembre de 2019.

Aduce que con posterioridad, atendida una solicitud remitida por la recurrente, con fecha 14 de junio de 2022, directamente al Director Regional, se procedió a revisar los antecedentes, entre los cuales se encontraba la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, emitida por el Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios, de la X Dirección Regional Puerto Montt, y se pudo constatar que ésta contenía errores o vicios manifiestos; razón por la cual, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 6 letra B) N° 5 del Código Tributario, mediante Resolución Ex. N°791, se procedió a anular de oficio dicho acto, en atención a que la circunstancia que habilitaba para proceder a revisar nuevamente la Resolución 393 de 2019, esto es, la presentación de nuevos antecedentes, no resultaba efectiva.

Luego, con fecha 29 de octubre de 2022, se interpuso la acción de protección Rol 4.752-2022, ante esta misma Corte. Al respecto, dice que con ocasión de dicha acción de protección, se procedió a revisar el procedimiento llevado a cabo para anular la Resolución OPAT Ex. N°492, advirtiéndose que no se citó a audiencia previa a la contribuyente, lo que contravendría lo señalado en los artículos 13 y 53, de la ley 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; razón por la cual, mediante Resolución Exenta N°1007, de fecha 16 de noviembre de 2022, se procedió a dejar sin efecto la Resolución Ex. N° 791, de 13 de septiembre de 2022.

Detalla que esta Iltma. Corte, por sentencia de 24 de enero del año en curso, rechazó dicha acción, decisión confirmada por la Excma. Corte Suprema en fallo de 16 de febrero.

Explica luego que posterior a la sentencia de esta Corte, se dio inicio al proceso de invalidación de la Resolución OPAT Ex. N°492, por medio de la Resolución Ex. N°91 de fecha 26.01.2023. En dicha resolución se citó a la contribuyente nombre reservado, a la audiencia de rigor, el día 02 de febrero de este año, a las 09:00 horas, en dependencias de la Dirección Regional Puerto Montt, de este Servicio. Luego de celebrada la audiencia, dice, el mismo día 02 de febrero, la contribuyente presenta Recurso de Nulidad contra Procedimiento de Invalidación, en específico, contra la Resolución Ex. N°91 de fecha 26.01.2023. Ante ello, el día 01.03.2023 se dictó Resolución Ex. N°176, que resuelve incidente de nulidad y petición de suspensión del procedimiento de invalidación, no dando lugar a las solicitudes y, procediendo a citar nuevamente a la contribuyente a la audiencia respectiva conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la citada Ley N°19.880.

Indica luego que contra esta última resolución, el día 15 de marzo, la contribuyente presentó Reclamo por Vulneración de Derechos, tramitada bajo el RIT VD-12-00008-2023 ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos, que se encuentra con gestiones pendientes del término probatorio. Junto con ello, solicitó orden de no innovar, pidiendo la paralización del cobro de contribuciones y además que se ordenara a la Dirección Regional que se inhibiera de seguir sustanciando el proceso de invalidación de la Resolución OPAT Ex. N.º 492, pero con fecha 13.05.2023 el Tribunal Tributario resolvió no dar a lugar a la solicitud respectiva; decisión que se mantuvo a firme a pesar de haberse interpuesto recurso de reposición por la reclamante.

Detalla que se continuó con el proceso invalidatorio, se han llevado a cabo 2 audiencias, también la recurrente ha acompañado diversa documentación y peticiones, las cuales han sido respondidas por el servicio en forma oportuna. Sin embargo, dice, el día 18 de abril la recurrente presentó escrito en el proceso invalidatorio solicitando la abstención del servicio, y además el día 24 de abril presentó escrito de descargos, acompañando documentos y pidiendo audiencia. Ante ello, agrega, mediante Res. Ex. N°547, de fecha 27.06.2023, el Servicio resolvió las solicitudes presentadas por el contribuyente, no dando lugar a la solicitud de abstención y paralización del procedimiento iniciado por Res. Ex. N°91 de fecha 26.01.2023, teniendo presente los descargos, teniendo por acompañados documentos y citando a la audiencia solicitada, para el 22.07.2023. Un día antes de la audiencia, dice, el contribuyente alegó entorpecimiento, a lo cual no se accedió porque el mismo había pedido la audiencia, la que finalmente se llevó a cabo, dejando constancia que no compareció la contribuyente ni sus apoderados, y sin perjuicio de haber repuesto de aquello, dice que se confirmó lo resuelto, por resolución de 1 de agosto del año en curso. Hace presente que en el intertanto, el día 27 de julio, el actor dedujo el presente recurso de protección.

En cuanto al derecho, sostiene la improcedencia del recurso, por los siguientes argumentos:

1) Procede llevar a cabo un proceso administrativo de invalidación de la Resolución OPAT Ex. N°492, y respecto de ello existe cosa juzgada; lo anterior, fundado en que no puede volver a discutirse nuevamente si puede iniciar o no un procedimiento invalidatorio, porque eso fue resuelto por esta Corte, y confirmado por la Excma. Corte Suprema, y porque además se denegó la orden de no innovar solicitada por el actor en esta sede. Agrega que, en su caso, podrá recurrir contra la resolución que resuelva el proceso invalidatorio, conforme a la ley.

2) El asunto que se somete a conocimiento de la Iltma. Corte de Apelaciones ya fue sometido a la competencia del Tribunal Tributario y Aduanero de los Lagos; al efecto, indica, se somete paralelamente a conocimiento de esta Corte, una cuestión que ya está en conocimiento del TTA, cuestión que decidió el propio recurrente. Y en todo caso, reitera, el asunto que dio origen a toda esta disputa, que dice relación con la petición referida a dejar sin efecto resoluciones relativas a dos roles, ya fue resuelto por el TTA de esta Región.

3) El recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto. Dice que la vía idónea es el reclamo por vulneración de derechos, en actual tramitación, como ya se ha resuelto por esta Corte en el recurso de protección anterior entre las mismas partes.

4) No corresponde suspensión o inhibitoria en la tramitación del procedimiento administrativo de invalidación de la Resolución OPAT Ex. N°492; al efecto, reitera que el TTA al conocer la reclamación por vulneración de derechos, rechazó la orden de no innovar solicitada, respecto al procedimiento invalidatorio, resolución que se encuentra firma, lo cual se confirmaría al haber rechazado la orden de no innovar por esta Corte. Agrega que el SII ha puesto en marcha el procedimiento invalidatorio de la Resolución OPAT Ex. N°492, pues no podía permanecer impávido y proceder al cumplimiento de una resolución que adolece de graves vicios y errores manifiestos, los que contradicen abiertamente las disposiciones contenidas en el artículo 6 letra B) N°5 inciso segundo del Código Tributario.

Por otra parte, dice que en este caso no converge el requisito del humo de buen derecho, porque no hay derechos indubitados en discusión, que amerite la suspensión del procedimiento administrativo, y porque además una vez resuelto el procedimiento invalidatorio, la contribuyente podrá impugnar lo que se resuelva ante los Tribunales de Justicia. Agrega que en definitiva, lo que busca la recurrente es dejar sin efecto una resolución del TTA que conociendo su reclamo, le denegó la orden de no innovar, y ello no procede por esta vía cautelar de urgencia.

5) En relación a la garantía del debido proceso, dice que aquella no está amparada por el recurso de protección. Al efecto, aduce que el argumento basal del recurrente es que la ilegalidad en el actuar del Servicio se materializa en que no se habría inhibido de seguir conociendo del procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT Ex. 492, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 54, inciso 3°, de la Ley 19.880, pese a existir un reclamo de vulneración de derechos ante el Tribunal Tributario y Aduanero, pero la garantía al debido proceso no se encuentra amparada por la acción de protección.

Luego, analizando le tenor de la norma del artículo 54 de la ley 19.880, que es el principal argumento de la actora, dice que esta norma se aplica a la inhibición cuando se haya interpuesto reclamación y exista un procedimiento administrativo sobre la misma pretensión, pero esto no ocurre porque el servicio sólo estaría impedido de conocer cuestiones vulneratorias de derecho que se susciten a raíz de la dictación de la dictación de la Resolución Ex. N°176, reclamada ante el Tribunal Tributario y Aduanero en la causa autos, lo que no ocurre en la práctica. Agrega que no hay disposición legal o administrativa que obligue al Servicio a suspender o paralizar la tramitación del proceso invalidatorio, por lo que resultaría evidente que no hay actuación ilegal de esta repartición.

A mayor abundamiento, dice que desde el inicio del proceso invalidatorio el SII ha cumplido con el artículo 53 de la Ley 19.880, citando a audiencia y recibiendo todos los antecedentes que la recurrente considerase necesario aportar, y es allí donde el contribuyente debe plantear sus alegaciones, como ya se ha resuelto previamente por esta Itma. Corte. Agrega que hay una instrumentalización del recurso de protección, porque ante la negativa del TTA, y luego del SII, recurre a esta corte con iguales resultados, pues se rechazó su orden de no innovar.

6) No existe afectación de la garantía constitucional invocada; porque el aspecto formal de la garantía en cuestión, no está amparada por el recurso de protección, y además tampoco ha sido vulnerada en forma alguna, habiendo el servicio respetado cada una de las etapas procesales y plazos, previstos en la ley, para que el actor pueda ser oído y hacer valer sus alegaciones. Agrega que la misma parte se contradice, porque en su recurso de protección anterior sostuvo que la vía procesal adecuada era un procedimiento invalidatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 y luego, en el presente recurso, exige que, este Servicio se inhiba de conocerlo, lo que dejaría entrever que su único objeto es crear otra oportunidad procesal para suspender el procedimiento administrativo, lo que ya fue rechazado por el TTA y por esta Corte al denegar la orden de no innovar 7) Finalmente, indica que no resulta comprensible cuál es el acto recurrido, si es efectivamente la Resolución Ex. N°547 o bien el rechazo de la orden de no innovar dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos. Agrega que el actor omitió que dicho Tribunal denegó la orden de no innovar solicitada, y al parecer lo que busca es una nueva decisión al respecto, que incluso podría generar decisiones contradictoras, sin ser la vía para zanjar el asunto. Agrega que la propia recurrente, independiente de las peticiones de inhibición en el procedimiento invalidatorio, se ha hecho parte en él, participando activamente, reconociendo su validez.

Acompaña al informe, las resoluciones y actuaciones a que ha hecho referencia en su informe, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Encontrándose la causa en estado de ver, se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

A folio 24, previo a la vista de la causa, la recurrida acompaña la Resolución Ex N°724, de fecha 25 de agosto de 2023, y certificado de notificación, de fecha 25 de agosto de 2023, por la cual resuelve “…INVALÍDESE la Resolución Exenta OPAT N°492 de 26 de agosto de 2021…”

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que el objeto de la presente acción cautelar, dice relación con que la actora estima ilegal y arbitraria la Resolución Ex. Nº 547 de fecha 27 de junio de 2023, que se niega a inhibirse administrativamente del procedimiento invalidatorio de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, de la misma Dirección Regional, pese a existir una denuncia de vulneración de derechos interpuesta ante el Tributario y Aduanero de Los Lagos con el Rit VD-12-00008-2023, RUC 23-9-RUT reservado, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”.

Reclama que lo anterior contraviene la norma del artículo 54 inciso 3° de la Ley 19.880 que establece la regla de la inhibición administrativa, disponiendo la incompatibilidad entre las vías de impugnación administrativa y jurisdiccional.

Por lo anterior solicita acoger el recurso, “…ordenando que se deje sin efecto la Resolución Ex. Nº 547, de 27 de junio de 2023, ordenando asimismo que se inhiba de seguir conociendo el procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, mientras se conozca el reclamo de vulneración de derechos interpuesto ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos; además de invalidar todas las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento de invalidación con posterioridad a la interposición de este reclamo de vulneración de derechos de fecha 15 de marzo de 2023, con costas.”

TERCERO: Que, circunscrita la cuestión objeto del presente recurso, corresponde definir si la actuación de la recurrida, en virtud de la cual se dictó la Resolución Ex. Nº547 de 27 de junio de 2023 se ajusta a la normativa vigente o si, por el contrario, ello supone una actuación ilegal y arbitraria, en atención a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Nº19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

CUARTO: Que, para lo anterior, resulta fundamental tener en consideración que existe una denuncia de vulneración de derechos interpuesta ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos con el RIT VD-12-00008-2023, RUC 23-9-RUT reservado, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, la que tiene por objeto el procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, el que se encuentra en trámite desde antes de dictarse la resolución señalada en el considerando precedente.

QUINTO: Que, teniendo en consideración que los órganos de la administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de la República, lo que se reitera en el artículo 2 de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, aparece de manifiesto que el recurrido, dado su carácter público, debe observar, sin posibilidad de excusa, la preceptiva legal que rige el actuar de los organismos públicos, máxime que el artículo 7 de la carta fundamental dispone que los Organos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

SEXTO: Que, en el sentido expuesto, la norma contenida en el inciso tercero del artículo 53 de la citada Ley Nº 19.880, constituye una norma de carácter imperativo, por lo que su observancia lisa y llana resulta obligatoria para todo organismo público, como lo es el recurrido, al decir “Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.”

SEPTIMO: Que, en la especie, la recurrida acreditó la existencia de una acción jurisdiccional deducida respecto del procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, tramitada en el proceso judicial que se menciona en el considerando cuarto de la presente sentencia, circunstancia que obstaba al conocimiento y resolución respecto de dicho acto administrativo, por lo que no resulta ajustado a derecho que se dicte resolución alguna y se efectúe actuaciones a su respecto, estando en trámite el proceso judicial que tiene por objeto el mismo asunto, circunstancia que determina acoger el recurso sub lite, conforme se dirá en lo resolutivo.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Carlos Pizarro Wilson en representación de doña nombre reservado, en contra de la Xª DIRECCIÓN REGIONAL PUERTO MONTT DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, en consecuencia se ordena al recurrido dejar sin efecto la Resolución Ex. Nº 547, de 27 de junio de 2023; inhibirse de seguir conociendo el procedimiento de invalidación de la Resolución OPAT Ex. 492 de 26 de agosto de 2021, mientras se conozca el reclamo de vulneración de derechos interpuesto por la recurrente ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos; e invalidar todas las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento de invalidación con posterioridad a la interposición del reclamo de vulneración de derechos de fecha 15 de marzo de 2023 que dio origen al procedimiento judicial señalado.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Ernesto Manuel González Barría.

Rol Protección Nº 1014-2023.