nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT D.A.E.M.

Puerto Montt, seis de agosto de dos mil veinticinco Vistos:

A folio 1, comparece Mauricio Alejandro Barría Mena, abogado, en representación de nombre reservado, trabajador social, ambos con domicilio, para estos efectos en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt representada por su Alcalde Rodrigo Javier Wainraihgt Galilea, en base a la decisión de no renovar la contrata del recurrente para el año 2025, decisión contenida en un correo electrónico de fecha 30 de diciembre del año 2024, enviado por don nombre reservado, Jefe de Personal de dicho órgano de la Administración del Estado, afirmando que aquello configura un actuar ilegal y arbitrario conforme señala en su presentación.

Señala que el recurrente ingresó a prestar servicios a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, bajo la modalidad jurídica a contrata, con fecha 1 de enero del año 2013 asimilado a la Planta Técnica, grado 12° E.M.S., de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Afecto N° 9295, de 31 de diciembre del año 2012, la cual se extendió hasta el 31 de diciembre de 2013. Que dicha contratación fue renovada sucesivamente por la recurrida por todos estos años hasta el 2024, inclusive, mediante la dictación de los respectivos actos administrativos y en base a lo establecido en la ley N°18.883, conforme se advierte en certificado emitido por el Jefe de Personal de la Municipalidad de 9 de enero del año 2025, configurándose una antigüedad de 12 años de servicios para la entidad edilicia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Aduce que a la fecha de término de los servicios, el recurrente se desempeñaba como profesional grado 9° de la E.M.S., en la Oficina de Emergencias y Protección Civil, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, cuyas funciones que realizaba consistían en planificar, organizar y coordinar los recursos municipales en materias de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbito de emergencias, desastres y catástrofes, de conformidad con los lineamientos estratégicos establecidos para enfrentar dichas contingencias en la comuna, conjuntamente con dirigir el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres.

Sostiene que la comunicación de no renovación de fecha 30 de diciembre de 2024 fue recibida por el recurrente mientras se encontraba haciendo uso de su feriado legal, en donde se indicaba que lo anterior se encontraba resuelto en el Decreto Alcaldicio N°14.522 de fecha 30 de diciembre de 2024, sin que aquella actuación de cuenta de fundamento o motivo alguno que justificara la decisión en cuestión ni acompañándose el referido decreto, situación que se replicó en más de 150 funcionarios municipales de distintas jerarquías y reparticiones. Por el contrario, el recurrente tomó conocimiento, de manera informal, del contenido del decreto señalado, cuyo tenor alude a expresiones vagas y genéricas referidas a la obligación de realizar “una estricta racionalización de los recursos humanos municipales”, privilegiando “áreas estratégicas y reduciendo dotaciones no esenciales”, concluyendo que las funciones que desempeñaba “ya no resultan necesarias o prioritarias en la estructura organizativa de la municipalidad para el ejercicio presupuestario 2025”, debiendo eliminarse su cargo por ser “transitorio” y “de menor impacto comunitario.” Dicha actuación cita como fundamento, además, el Plan de Desarrollo Comunal 2025, cuyas metas exigirían “una reorganización administrativa en áreas y programas que no se consideran prioritarios para el próximo período presupuestario”, sin que se especifique en qué modo implicaba aquello en la decisión respecto del recurrente.

Da cuenta que, de forma previa, con fecha 29 de noviembre de 2024, el recurrente fue informado, de manera verbal y telefónica, sobre la continuidad de su contrata para el presente año, haciendo presente que el 27 de noviembre de 2024 se habría notificado la no renovación de contratas para un grupo importante de funcionarios en dicha calidad, no encontrándose en aquellos el actor. Agrega que el presupuesto para el año 2025 contemplada recursos para el pago de la contrata del recurrente, habiendo sido convocado por doña nombre reservado, dependiente del Departamento de Personal de la recurrida, el 2 de enero del año en curso, mediante correo electrónico para firmar las declaraciones juradas que exige la ley para dar inicio al procedimiento de renovación de las contratas, cuestiones que generaron legítimas expectativas de la mantención del vínculo en cuestión.

Indica que las funciones prestadas fueron realizadas en distintas reparticiones y bajo el mando de diversas jefaturas, siempre obteniendo las mejores calificaciones y no contando con sumarios e investigaciones sumarias en su contra, figurando en lista 1, razón por la que la no renovación de su contrata figura como ilegal y arbitraria.

Continua con referencias a la configuración de la confianza legítima respecto del recurrente conforme los dictámenes de la Contraloría General de la República que invoca, ello en base a las continuas renovaciones de sus contratas que, en la especie, son de 12 años, cuestión que se ha ratificado por la jurisprudencia de la Excma., Corte Suprema en los fallos que invoca. Además, de la naturaleza y motivación de todo acto administrativo que determine la no renovación de una contrata y del plazo para la dictación del mismo, esto es, con treinta días de antelación al vencimiento de la eventual nueva designación que se efectúe conforme se advierte del artículo 2 de la ley 18.883 y notificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su dictación.

En la especie, señala que la no renovación de contrata para el año 2025 no se efectuó mediante la dictación de un acto administrativo en los términos exigidos por el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 19.880, no pudiendo calificarse como tal el correo electrónico enviado el 30 de diciembre del año 2024 por el Jefe de Personal de la recurrida, quien no cuenta con atribuciones decisorias sobre la materia. Además, el acto en cuestión tampoco contiene el razonamiento y expresión de hechos y fundamentos en que se sustenta, advirtiéndose la falta de satisfacción del estándar de motivación exigido por la jurisprudencia y su dictación de forma extemporánea, configurándose de ese modo como un actuar ilegal y arbitrario que vulnera las garantías del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción, declarando arbitraria e ilegal la decisión de no renovación de contrata contenida en el correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024, debiendo ser reestablecido el recurrente a su cargo de contrata, grado 9°, escalafón profesional, de la E.M.S., debiendo pagarse las remuneraciones devengadas, debidamente reajustadas, desde la fecha de su separación hasta la de su efectiva reincorporación, con costas.

A folio 3, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 5, consta informe de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, la que señala, ante todo, la naturaleza de las contrataciones bajo la modalidad de contrata en base a lo establecido en el artículo 2 de la ley 18.883, las que son de evidente transitoriedad y con vigencia hasta el término de la anualidad respectiva, salvo que se disponga la prórroga de la misma con treinta días de anticipación, por lo que en la especie, el vínculo se extinguió de manera irremediable con fecha 31 de diciembre de 2024 al no existir ningún acto administrativo que declarara una situación diversa. Sin perjuicio de lo anterior, señala que la recurrida, mediante decreto N°14.254 de fecha 30 de diciembre de 2024, comunicó el término efectivo de las prestaciones vigentes, de las razones para aquello y la fecha cierta de la extinción del vínculo.

Respecto de la eventual falta de motivación, afirma que, aun siendo innecesario fundar la no renovación de contrata en atención a que la extinción opera de pleno derecho, se dictó un decreto y la remisión de una carta en los que se precisan los motivos observados al respecto, dando cuenta en las mismas la compleja coyuntura financiera de la recurrida que, no siendo enmendada con urgencia, compromete el cumplimiento de las funciones esenciales y básicas que le corresponde efectuar y la asunción de eventuales responsabilidades de sus autoridades, invocando, además, el principio de juridicidad, de eficiencia y eficacia que rige a la administración del Estado.

Alega la inexistencia de vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas por haber sido dictada la decisión por la autoridad competente y en uso de sus atribuciones, razón por la cual solicita el rechazo de la presente acción.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la decisión de la recurrida de no renovar la contrata del actor para el año 2025, cuestión comunicada mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024, alegándose, además, la falta de fundamentación del acto administrativo mediante el cual se funda aquella decisión, lo cual vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de protección de la propiedad sobre toda clase de bienes y el principio de confianza legitima que se configura en la especie. Solicita en definitiva que se ordene su reincorporación en iguales condiciones a las que tenían hasta el 31 de diciembre de 2024, con el pago de las remuneraciones devengadas a la fecha y debidamente reajustadas.

Cuarto: Que, para resolver la controversia puesta en conocimiento de esta judicatura, conviene tener presente que el inciso 3º del artículo 2 de la Ley N°18.883 prevé que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y “los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación”. Por tanto, la decisión de no renovación del vínculo a contrata, por regla general, no puede constituir una ilegalidad o arbitrariedad, salvo que se hubiera previamente dispuesto su prórroga con 30 días de anticipación, cuyo no es el caso. A lo anterior, se adiciona la excepción que ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia respecto de la confianza legítima, para lo cual se requiere el cumplimiento de determinados requisitos que, en la especie, y sin perjuicio su eventual concurrencia, debe ser contrastado con el análisis de la fundamentación dada por la recurrida para proceder con la no renovación de la contrata en cuestión.

Quinto: Que, tal como lo ha sostenido en forma reiterada la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el referido principio de la confianza legítima, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesiones derechos. Así, se ha resuelto que la no renovación de la contrata, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas.

De este modo, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinará las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

En busca de un criterio unificador la Excma. Corte Suprema ha concluido que el principio de confianza legítima se configura cuando el funcionario ha prestado servicios a contrata de manera ininterrumpida por cinco años o más en funciones equivalentes, con evaluaciones positivas. En tal sentido, ha razonado que “(...) el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determino el inicio del vínculo ́ con la Administración.” (Excma. Corte Suprema Rol N°26.131-2023, Rol N°20.476-2024).

Por el contrario, se ha determinado que, si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente. A este respecto ha señalado que, “la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario” (Rol N°20.476-2024).

Sexto: Que, revisados los antecedentes de la causa, se constata que el actor ha prestado servicios para la Municipalidad de Puerto Montt desde el 01 de julio de 2010, manteniendo un periodo de vinculación bajo las reglas del Código del Trabajo y de suplencia, para prestar, de manera ininterrumpida funciones a contrata desde el 01 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024, las que fueron desempeñadas en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ello según certificado emitido por el jefe de personal de la entidad recurrida de fecha 09 de enero de 2025.

Por lo anterior, el recurrente cumple con el requisito temporal mínimo de cinco años de servicios continuos bajo la modalidad de contrata para la configuración de la confianza legítima; sin embargo, no por ello goza de una inamovilidad en el empleo, si existen antecedentes que justifican su remoción o no renovación, ya que la jurisprudencia no ha alterado la naturaleza de la modalidad de contratación, ni el carácter esencialmente precario y temporal del vínculo a contrata.

Séptimo: Que, toca entonces analizar por estos sentenciadores si en la especie, el acto administrativo mediante el cual se adoptó la decisión de no renovar la contrata del recurrente satisface un estándar mínimo de fundamentación que dé cuenta de las razones observadas por la entidad edilicia en los términos exigidos por la ley Nº 19.880 aplicable en la especie.

Octavo: Que, en la especie, el Decreto Alcaldicio Nº14.522 de fecha 30 de diciembre de 2024. mediante el cual se resolvió la no renovación de diversas contratas, se fundamenta en la existencia de una severa restricción presupuestaria, acompañada de una política de racionalización del gasto público, lo cual se encuentra respaldado en antecedentes objetivos y verificables, documentos que detallan con claridad la situación económica adversa que enfrenta la Municipalidad y que imponen la necesidad de ajustes inmediatos para garantizar la sostenibilidad de sus programas y servicios esenciales. Al efecto, consta el informe técnico emitido por la Dirección de Finanzas contenido en el Ord. Nº15 de fecha 14 de enero de 2025, el cual evidencia un déficit financiero significativo, que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos prioritarios y compromisos institucionales, lo que ha obligado a realizar una reestructuración organizacional, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y garantizar una distribución eficiente y equitativa en áreas críticas de atención ciudadana.

Noveno: Que, de este modo, el acto administrativo impugnado cumple con el estándar de fundamentación que exigen los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, en tanto expresa fundamentos objetivos, verificables y acordes con el interés público y finalidades propias de la entidad municipal en cuestión y que descartan, en consecuencia, que la decisión adoptada responda a un mero capricho a la autoridad, sino que un ejercicio motivado por criterios de razonabilidad, proporcionalidad y buen uso de los recursos públicos.

Décimo: Que la documentación acompañada por la recurrente consistente en una presentación efectuada por la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt y el Ord. Nº303/969 de fecha 01 de julio de 2025 mediante el cual se adjunta el listado de contrataciones del primer trimestre anterior, resulta insuficiente para establecer que las funciones prestadas por el recurrente hayan sido cubiertas por una nueva contrata y en base a los mismos concluir -en esta sede cautelar de urgencia- que la autoridad recurrida haya ejercido sus potestades administrativas para fines diversos de los fijados por el ordenamiento jurídico y que la desvinculación del actor busca servir algún interés particular que el ordenamiento jurídico no tutela.

Undécimo: Que, en consecuencia, no advirtiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el acto que puso término a la contrata de la recurrente, no se verifica el presupuesto básico para hacer lugar a esta acción constitucional, de modo que corresponde su rechazo, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Mauricio Alejandro Barría Mena en representación de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

II.- Que, no se condena en costas por considerar que ha existido motivo plausible.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°101-2025.