Protección contra Ilustre Municipalidad de Los Muermos

Puerto Montt, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos sobre recurso de protección, rol 1009-2025, comparece el abogado don Juan Francisco Reyes Santibáñez, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos, representada por su alcalde don Emilio González Burgos.

El recurrente solicita que se dejen sin efecto los Decretos Municipales NUM000 y NUM001, de junio y julio de 2025, respectivamente, mediante los cuales se dispuso su destitución.

Expone que prestó servicios por más de 15 años, desde 2009, con un desempeño calificado como intachable, que sus contratas fueron renovadas sucesivamente entre 2018 y 2024, periodo durante el cual la autoridad, conforme al artículo 11 de la Ley N° 18.883, debió verificar anualmente sus antecedentes, por lo que su permanencia generó una legítima expectativa de estabilidad.

Refiere, además, que la sanción que le fue aplicada se funda en una condena del año 2017, por los delitos de lesiones menos graves y violación de morada (RIT 414-2017), cuyas penas de multa y accesorias fueron íntegramente cumplidas y extinguidas en 2018, sin que existan nuevos antecedentes penales.

Alega que, de existir una infracción por "no declarar" la inhabilidad (Art. 64 de la Ley N° 18.575), el plazo de 10 días para informarla venció en diciembre de 2017. Por tanto, al iniciarse el sumario en 2025, la acción disciplinaria se encontraba prescrita, por el transcurso de más de cuatro años (Art. 154 de la Ley N° 18.883).

Indica que realizó gestiones ante el Servicio de Registro Civil para omitir sus antecedentes, logrando que en los certificados para "fines particulares" y "fines especiales" no figuraran anotaciones, lo que le dio la convicción de que su situación estaba regularizada administrativamente.

Por su parte, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, exponiendo que no sancionó alguna conducta relacionada con el delito del año 2017, sino la grave infracción al principio de probidad administrativa, consistente en haber omitido, el recurrente, declarar una inhabilidad sobreviniente; conducta detectada recién el 8 de enero de 2025, al obtenerse un certificado de antecedentes para ingreso a la Administración Pública.

Argumenta que la condena por simple delito constituye la pérdida de un requisito de idoneidad moral para permanecer en el servicio público. Al ser un requisito de objetividad y permanente, no está sujeto a los plazos de prescripción de las faltas administrativas comunes, criterio que refrendó la Contraloría Regional de Los Lagos en su oficio NUM002.

Señala que el actor solo realizó trámites de "omisión" ante el Registro Civil, los cuales no eliminan el antecedente del registro específico para el Estado.

Sostiene que el beneficio de eliminación definitiva (DL 409) requiere de un control ante Gendarmería de Chile, que el recurrente no acreditó haber realizado satisfactoriamente.

Con lo expuesto, y considerando:

Primero: Que, para que prospere la acción de protección, se requiere la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte el legítimo ejercicio de una o más de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que en este caso existe una controversia que requiere determinar si la municipalidad incurrió o no en una en ilegalidad o arbitrariedad, al destituir al recurrente basándose en una condena por delito, dictada en el año 2017 en la causa RIT 414-2017 del Juzgado de Garantía de Los Muermos, detectada por el empleador en enero de 2025, mediante un informe de antecedentes requerido para la permanencia en la Administración Pública.

Tercero: Que, respecto a la naturaleza de la infracción y alegación de prescripción, esta Corte debe considerar el informe específico Folio NUM002 emitido por la Contraloría Regional a la recurrida para este caso y cuya copia acompañó la recurrida al evacuar el correspondiente informe, que en lo medular razona: “Al respecto, se debe tener especialmente presente lo manifestado con anterioridad, en orden a que una condena de la naturaleza indicada implica no poder formar parte de la Administración del Estado al no cumplirse un requisito de ingreso a la misma, y, además, constituye para quien se encuentra en ella, una inhabilidad sobreviniente que obliga al funcionario afectado a presentar su renuncia al cargo, en términos tales que, de no hacerlo, debe ser destituido.

Pues bien, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control ha expresado en los dictámenes N°s.40.806, de 2000, y 23.882, de 2001, entre otros, y teniendo como punto de partida el principio básico de la idoneidad moral de los funcionarios del Estado, que ese principio es consustancial "al ingreso y permanencia en la Administración", de modo que tal idoneidad se pierde cuando el afectado es condenado por sentencia definitiva en causa criminal, "resultando irrelevante que esté cumpliendo o haya cumplido la pena impuesta".

En ese orden de consideraciones, se debe destacar, entonces, que esta Contraloría General, en relación a la condena por crimen o simple delito, no ha reconocido el sólo transcurso del tiempo como un elemento que permita dar por superada esa condición, tanto respecto de una persona que desea ingresar a la Administración, como de un funcionario que es afectado por una condena de esa naturaleza.”

Asimismo, ha interpretado que la pérdida de un requisito de permanencia, y no de una mera falta disciplinaria procedimental, la inhabilidad tiene un carácter objetivo y permanente, no sujeta al plazo de prescripción de la acción disciplinaria común. . Conforme a estos criterios -con los que estos sentenciadores concuerdan-, y que fueron informados por el ente contralor a la recurrida, ésta dispuso el correspondiente procedimiento disciplinario y aplicó la sanción de destitución, ante la subsistencia de la anotación de condena del actor por un simple delito, constatada en dicho procedimiento disciplinario y que lleva aparejada la destitución, por pérdida de un requisito de idoneidad moral esencial para permanecer en la Administración del Estado; decisión fundada y acorde a tales antecedentes, sin que pueda tildarse de ilegal o arbitraria.

Cuarto: Que, en lo relativo a las gestiones relacionadas con la omisión del antecedente prontuarial, el recurrente sólo acreditó haberlas realizado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Sin embargo, de los antecedentes examinados en el sumario administrativo se desprende que el funcionario no realizó correctamente la gestión necesaria para su vinculación con la Administración Pública. En efecto, tratándose en la especie de los beneficios previstos en el Decreto Ley N° 409 de 1932, la eliminación definitiva de antecedentes, que permite que una persona sea considerada como si nunca hubiere delinquido para fines administrativos, requiere de una petición y control ante Gendarmería de Chile, diverso al que requirió del Servicio de Registro Civil e Identificación. En este caso, a la fecha de cierre del sumario administrativo el recurrente mantenía vigente la anotación en el Registro General de Condenas, reflejado en el certificado específico para ingreso y permanencia en la administración, que evidencia la inhabilidad.

Quinto: Que no se advierte, en la actuación de la recurrida, al dictar el acto de destitución y luego desestimar el recurso de reposición administrativo, hubiese incurrido en alguna desviación de poder o incongruencia, al analizar el cargo desempeñado por don nombre reservado y la aplicabilidad de la sanción. El artículo 64 de la Ley N° 18.575 obliga imperativamente al funcionario a declarar ante su superior jerárquico las inhabilidades sobrevinientes, dentro de los diez días de configuradas, sancionando su incumplimiento precisamente con la medida de destitución. Por tanto, al verificarse que el actor no informó su condena del año 2017, la que fue descubierta o constatada por gestiones del empleador años después, la Municipalidad no ha hecho sino aplicar la normativa vigente, sin que el cargo técnico o los años de servicio del recurrente constituyan una exención legal a dicho deber de probidad.

Sexto: Que, en consecuencia, el actuar de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos, al emanar los actos administrativos recurridos, se ajustó a la legalidad y a lo instruido de manera vinculante por la Contraloría General de la República, sin que se aprecie un acto u omisión arbitrarios, toda vez que la decisión de destitución se fundó en un procedimiento sumarial legalmente tramitado, donde se acreditó la existencia de una inhabilidad legal, vigente y no declarada oportunamente por el actor.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, contra la Ilustre Municipalidad de Los Muermos.

No se condena en costas al recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don nombre reservado. No firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Rol Corte N° 1009-2025 (Protección)