nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, treinta de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña Chantal Fritzler Sandoval, abogada, en representación de don nombre reservado, egresado de Derecho, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, representada por su Alcalde, don Rodrigo Javier Wainraihgt Galilea, domiciliado en domicilio reservado de la misma comuna.

Señala haber ingresado a prestar servicios en la Municipalidad el 3 de octubre de 2013, primero bajo el régimen del Código del Trabajo y, desde mayo de 2019, en calidad de funcionario a contrata, la cual fue renovada anualmente hasta el año 2025. Refiere haberse desempeñado como actuario del Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, de manera que su desempeño por un período superior a 11 años, en total, impide calificar su función como transitoria y su relación estatutaria solo puede terminar por sumario administrativo o por una calificación anual que así lo permita. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema relativa a la estabilidad del empleo a contrata derivado de la confianza legítima.

Por otro lado, relata que en mayo de 2024 inició un tratamiento por problemas de salud mental, logrando reincorporarse en enero de 2025. Sin embargo, en marzo del mismo año, fue sometido a una cirugía por ruptura del tendón supraespinoso del hombro izquierdo, obteniendo su alta médica solo el 19 de junio de 2025. Afirma que mientras se encontraba en tratamiento, recibió un correo electrónico institucional informándole del término anticipado de su contrata acompañado del respectivo decreto, para lo cual tuvo que asistir hasta al computador del lugar donde trabaja, pese a su reposo por licencia médica.

Además, asegura que el acto administrativo que pone término a su contrata carece de motivación suficiente, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, por cuanto se limita a invocar razones genéricas relativas a necesidades institucionales y ajustes presupuestarios, sin detallar criterios objetivos aplicables a su caso. Además, desconoce su antigüedad, buen desempeño y continuidad en el cargo, configurando un acto arbitrario e ilegal.

Alega vulneración a las garantías constitucionales de integridad psíquica (art. 19 N° 1), ya que debió concurrir al lugar de trabajo e ingresar al computador que ocupaba, con el fin de revisar su correo institucional cuando estaba con licencia médica, experimentando una notable inestabilidad emocional. Asimismo, afectación de la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), al haber sido sometido a un trato desigual, carente de justificación racional o razonable. Por último, alega vulneración al derecho de propiedad (art. 19 N° 24), respecto de la estabilidad en el empleo y los correspondientes estipendios.

Pide se invalide el término de la contrata, se ordene su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con costas.

A folio 8, evacúa informe doña María Verónica Martínez, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Indica que, de conformidad con el artículo 2 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el vínculo entre el recurrente y la Municipalidad es esencialmente transitorio, extinguiéndose por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de cada año, salvo que se disponga su prórroga con 30 días de anticipación.

Asegura que el Decreto Alcaldicio N° 7331 que dispuso la no renovación del vínculo del recurrente, de fecha 30 de mayo de 2025, fue dictado con estricto apego a la ley y dentro del ámbito de las atribuciones del Alcalde. En tal sentido, señala que dicho acto administrativo y la notificación, dan cuenta de la grave situación financiera que afecta a la Municipalidad, la cual ha sido objeto de conocimiento público, obligando a la autoridad comunal a adoptar medidas de ajuste en el gasto, entre ellas la reducción de personal a contrata, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

Sostiene que el acto administrativo impugnado se sustenta en los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad y probidad previstos en la Ley N° 18.575, los cuales obligan a las autoridades municipales a administrar los recursos públicos de forma racional y en beneficio del bien común.

Niega afectación a las garantías constitucionales del recurrente y, finalmente, pide el rechazo el recurso en todas sus partes.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional, cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

SEGUNDO: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías fundamentales, preexistentes y protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso, como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, establecido lo anterior, el hecho que el actor denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la decisión de la recurrida de poner término anticipado a su contrata, lo que afecta sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 19, números 1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, de acuerdo con los antecedentes planteados por las partes y documentación acompañada, es posible establecer las siguientes proposiciones fácticas:

a) El señor nombre reservado, recurrente de autos, comenzó a prestar servicios para la recurrida el 3 de octubre de 2013, mediante contrato bajo el régimen del Código del Trabajo, para luego, de manera continua, comenzar a cumplir funciones ante el mismo empleador, bajo la modalidad de contrata, a partir del 1 de mayo de 2019, época desde la cual su contrata fue renovada año a año, hasta el 2025. Es decir, tuvo una antigüedad de 12 años, 6 de los cuales fueron a contrata.

b) El actor, específicamente, en su calidad de egresado de derecho, desempeñó funciones en el Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, como actuario.

c) Por Decreto Exento N° 7331, de 30 de mayo de 2025, se dispuso el término de la contrata a funcionarios municipales, entre ellos al recurrente, a contar del 30 de junio de 2025.

QUINTO: Que, para mejor ilustración, cabe tener presente, lo dispuesto por el Estatuto Administrativo, regulado en la Ley N° 18.834, el cual, en sus artículos 2, 4 y 9, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; cuya distinción radica principalmente en la duración de sus cargos, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, a cuyo respecto el inciso 2° del artículo 2 de la Ley N° 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que: “…la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios.”

Por su parte la letra d) del artículo 5 de la Ley N° 18.883, señala: “Para los efectos de Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: … f) Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad.” El inciso 3° del artículo 2 de la Ley N° 18.883, agrega: “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesan en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.”.

A su turno, el artículo 3, letra c), de la Ley N° 18.834, define el empleo a contrata como “…aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”.

SEXTO: Que, respecto de la situación concreta del recurrente, habiendo sido renovada su contrata durante el periodo que prestó servicios para la parte recurrida, con el tiempo transcurrido desde que comenzó a prestar servicios en forma ininterrumpida, nace para éste una legítima aspiración o expectativa de que su contrata será renovada, siendo aplicable el principio de confianza legítima, el que, incluso últimamente, ha sido abordado por la Excma. Corte Suprema (Roles Nº 2.368-2025, Nº 2.860-2025, 4.186-2025 y 6.640-2025), estableciendo como criterio a considerar el desempeño de un cargo durante un lapso determinado al menos de 5 años para que se configure dicho principio, tiempo que, en el caso concreto del recurrente, se cumple a cabalidad, al haberse desempeñado, ininterrumpidamente, en el puesto desde el 1 de mayo de 2019, hasta el 30 de junio de 2025, es decir por más de 6 años consecutivos.

Es por lo anterior, que la recurrida, si bien pueden ser atendibles las razones financieras esgrimidas y verificadas con la profusa documentación acompañada que da cuenta del déficit presupuestario por el que atraviesa actualmente la Municipalidad de Puerto Montt, ello no puede justificar el término anticipado al vínculo laboral con el actor, a través de la decisión de no renovación de la contrata, bajo la premisa de “mientras sean necesarios sus servicios”, o bien los motivos económicos utilizados.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el proceder de la recurrida, al atentar contra el principio de la confianza legítima, anticipando el término de la contrata de un funcionario con más de 6 años de desempeño, vulnera la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto constituye un trato discriminatorio, en relación con otros funcionarios, pudiendo sólo poner término al vínculo estatutario, a través del sistema de calificaciones o mediante la aplicación de una sanción, al término de un sumario administrativo.

OCTAVO: Que, en definitiva, y como se ha concluido, el actuar de la recurrida es una conducta arbitraria, al incumplir el principio de confianza legítima, vulnerando los derechos laborales y fundamentales del recurrente sin justificación suficiente que amerite la decisión adoptada en contra de un funcionario que adquirió la legítima expectativa de permanecer en su trabajo.

NOVENO: Que, en conclusión, la presente acción constitucional de protección será acogida en los términos que se expresará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta N° 94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por la abogada Chantal Fritzler Sandoval, en favor de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y, en consecuencia, se ordena la reincorporación del recurrente a sus funciones, debiendo pagarse las remuneraciones que le correspondan desde el momento de su separación.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

No firma la Presidenta doña nombre reservado, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con permiso.

Rol Protección N° 1002-2025.