Protección contra siguiente personas

Puerto Montt, doce de julio de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que a fojas 37 comparece ante esta Corte don nombre reservado, no indica profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, por don nombre reservado, don nombre reservado, y doña nombre reservado, los dos primeros ciudadanos chinos, no indica profesión u oficio de ninguno, todos domiciliados en domicilio reservado; quién deduce recurso de protección en contra de las siguiente personas: a) don nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante PDI; b) don nombre reservado, Subprefecto de la PDI; c) don nombre reservado, Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Montt; d) don nombre reservado, Administrador Municipal; e) el Jefe de Inspección de la I. Municipalidad de Puerto Montt; f) don Egidio Cáceres Langenbach, Abogado de la I. Municipalidad de Puerto Montt; g) don nombre reservado, Fiscal Regional de Los Lagos; h) don Marcelo Sambuceti Correa, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt; e, i) don nombre reservado, Fiscal de Turno; en base a los argumentos que, en lo pertinente, se exponen a continuación.

Afirma que la sociedad comercial Ronaldo Limitada, cuenta con un establecimiento comercial ubicado en Antonio Varas Nº751, Puerto Montt, el cual posee patente comercial pagada y válida hasta el 31 de diciembre de 2015.

Señala que, no obstante lo anterior, el 23 de diciembre de 2015, a eso de las 08:30 horas, concurren hasta el establecimiento los dueños del mismo, nombre reservado y nombre reservado, además de la dependiente nombre reservado, momento en que se encuentran con unos letreros pegados la cortina del local, los que decían “Clausurado por la I. Municipalidad de Puerto Montt”, sin tener ningún distintivo oficial o similar, pudiendo ser elaborados en cualquier imprenta o empresa dedicada a la fabricación de dichos productos, sin información sobre el acto o decreto municipal que ordenase la clausura. Junto con la instalación de los referidos letreros se habían puesto en los candados unos cierres plásticos, de aquellos que pueden ser comprados en cualquier ferretería.

Insiste que, hasta ese día, sus representados tampoco habían sido notificados de clausura alguna, tratándose de un acto administrativo que por ley debe ser notificado al contribuyente, en especial conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 19.880 y artículo 58 del Decreto Ley Nº3063.

Agrega que el único decreto del que tomaron conocimiento sus “representados” data del 23 de septiembre de 2015. Posterior a ello, y en la creencia válida de haber consignado el valor de la patente comercial correspondiente, se hace apertura del local comercial, y se continúa funcionando, hasta la ocurrencia de los hechos descritos en los párrafos precedentes.

Estima que la ausencia de notificación, unida a la conducta desplegada por el Municipio, constituye un montaje, preparado por dicha organización en conjunto con el Ministerio Público, entidad que usó como fuerza represiva a la Policía de Investigaciones de Chile, todos quienes indujeron a sus “representados” a abrir el local, conducta que ejecutaron, siendo detenidos en circunstancias de flagrancia.

Argumenta que el artículo 58 del referido DL 3.063 sanciona a la violación de clausura ordenada por el Alcalde con una multa de hasta 5 UTM cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro, no autorizando en ningún caso a cerrar nuevamente el local, por lo que ante la clausura ejecutada el 23 de septiembre de 2015 el Alcalde debió dictar y notificar un nuevo decreto de clausura, lo que, en la especie, no ocurrió.

Transcribe declaraciones que atribuye al Alcalde recurrido, vertidas en el diario “El Llanquihue” el 20 de octubre de 2015, las que califica de “xenofóbicas” y vulneratoria de lo dispuesto en el artículo 20 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, artículo 4º de la “Convención Para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial”, y artículo 31 de la ley 19.733, normas que transcribe.

Refiere que en la ciudad de Puerto Montt funcionan otros 30 locales con máquinas de juego como las explotadas en el local clausurado, sin que se haya dispuesto medidas similares en su contra, por lo que sus representados han sido tratados de forma discriminatoria, mediante la ejecución de los actos en cuestión, los que califica como manifestación de autotutela.

Por lo anterior, y estimando como vulnerados los derechos establecidos en el artículo 19 Nº2, 3 inciso 5º, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, solicita se tenga por interpuesto el recurso, se acoja y, en definitiva, se declare que los recurridos han actuado, o incurrido en omisiones, en su caso, en forma ilegal y arbitraria, al haber practicado una clausura del establecimiento de propiedad de sus representados sin que en la misma se haya cumplido las formalidades legales asociadas, y que producto de la misma se haya efectuado un montaje destinado a obtener la detención, a todas luces ilegal, de los recurrentes de autos, hechos que se ven agravados por las declaraciones de los funcionarios aprehensores y por las graves declaraciones del señor Alcalde de Puerto Montt, por lo que solicita a esta Corte adoptar las medidas conducentes para reestablecer el ordenamiento jurídico, con expresa condena en costas.

Que a fojas 60 se tuvo por interpuesto el recurso ordenándose informar a los recurridos.

Que, a fojas 63 y 540 informa don nombre reservado, Prefecto Jefe de la Prefectura Provincial Llanquihue de la Policía de Investigaciones de Chile, quien en lo pertinente expone que el 23 de diciembre de 2015 personal de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Montt detuvo en flagrancia, por el delito de rotura de sellos, a los recurrentes, hechos ordenados investigar previamente por la Fiscalía Local de Puerto Montt en causa RUC 1500963014-4, y que guarda relación con la clausura efectuada por funcionarios de la I. Municipalidad de Puerto Montt, a un local de máquinas de juego de nombre “La Corona”, ubicado en domicilio reservado de esta ciudad.

Afirma que, en dicho contexto, mediante oficio Nº14366/2015, de 22 de diciembre de 2015, emitido por la Fiscalía Local de Puerto Montt, se remitió instrucción particular ordenando la concurrencia de personal policial al lugar antes señalado el día 23 de diciembre de 2015 a las 08:30 horas, y verificar los antecedentes materia de la investigación. En el sitio, se realizó una vigilancia discreta logrando constatar la clausura a las 08:30 horas y, posteriormente, a las 09:52 horas, la llegada del Sr. nombre reservado junto con otros dos empleados, quienes proceden a la rotura de los sellos respectivos, y la apertura del local comercial, existiendo registro fotográfico de aquellos hechos, por lo que se tomó contacto con el Fiscal de turno don nombre reservado, quien dispuso que los detenidos fueren sometidos a control de detención el 24 de diciembre de 2015, oportunidad en que la detención fue decretada como ajustada a derecho.

Que, a fojas 107, informa don nombre reservado, Fiscal Regional de Los Lagos, quien, en lo pertinente, expone que el 7 de diciembre de 2015 ingresó una denuncia a la Fiscalía Local de Puerto Montt, presentada por el abogado de la I. Municipalidad de esta ciudad, Sr. Egidio Cáceres Langenbach, respecto del delito de “rotura de sellos” contemplado en el artículo 270 del Código Penal, dirigida en contra de la Sociedad Comercial Ronaldo Limitada, representada legalmente por don nombre reservado, entidad que explota el local comercial de máquinas de juegos de azar de nombre “La Corona”, ubicado en domicilio reservado, cuyo encargado es el señor nombre reservado.

Indica que, en virtud del Decreto exento N° 9.019 de 7 de septiembre de 2015, la I. Municipalidad de Puerto Montt, y debido a que el referido local ejercía una actividad comercial sin tener la Patente Municipal que autorice su funcionamiento, procedió a clausurar el local de juegos de azar referido, el día 23 de septiembre de 2015. Nuevamente se clausuró el día 29 de septiembre de 2015 y también el día 23 de octubre de 2015, y en todas estas oportunidades fueron rotos los candados y los sellos respectivos, volviendo a poner en funcionamiento este local de juegos de azar, pese a haber sido clausurado.

Agrega que, con fecha de 19 de octubre de 2015, mediante oficio N° 11586-2015, la Fiscalía dio una orden de investigar a la BICRIM de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, para esclarecer los hechos denunciados. Posteriormente, con fecha 4 de diciembre de 2015, mediante oficio N°14021-2015, la Fiscalía solicitó a la BICRIM Puerto Montt una complementación de la orden de investigar emitida con fecha 23 de noviembre de 2015, ya que faltaba verificar antecedentes necesarios y pertinentes para el buen resultado de la investigación. Entre las diligencias solicitadas y a título meramente enunciativo están: fecha, hora, circunstancias y funcionarios públicos que han efectuado las clausuras; mecanismos utilizados para las clausuras y ejemplos gráficos de los mismos; fechas en que se habría vulnerado los sellos y establecer fehacientemente quién lo había hecho; obtener información de la I. Municipalidad de Puerto Montt en cuanto a las diligencias efectuadas por el imputado para obtener la Patente Municipal respectiva. Con fecha 22 de diciembre de 2015, encontrándose aún pendiente el informe solicitado a la BICRIM Puerto Montt, mediante oficio N° 14366-2015 se instruyó nuevamente a dicha Brigada que se verificaran los antecedentes solicitados en la orden de investigar vigente, instruyendo para tales efectos que concurran el día 23 de diciembre a las 8:30 horas a verificar las inmediaciones del local.

Refiere que, luego, con fecha 23 de diciembre de 2015, la BICRIM Puerto Montt, mediante informe policial N° 5005-00503 dio cuenta de la detención por delito flagrante de los ciudadanos nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado, debido a que estos fueron sorprendidos en el preciso momento en que rompían los carteles de clausura y cortaban los sellos instalados por personal de la I. Municipalidad de Puerto Montt que había efectuado la clausura ese día. Por ello, el día 24 de diciembre de 2015, en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt se realizó la audiencia de control de la detención de los tres imputados, audiencia en la cual el Ministerio Público formalizó investigación en su contra por el delito de "rotura de sellos" contemplado en el artículo 270 del Código Penal. La detención fue declarada ajustada a derecho, fijándose fecha de audiencia de requerimiento verbal simplificado para el día 5 de febrero de 2016 a las 08:30 horas. Los tres imputados quedaron sujetos a la cautelar del artículo 155 del Código Procesal Penal, consistente en la prohibición de los imputados para aproximarse a ingresar al Local Comercial "La Corona".

Precisa, en cuanto a la coordinación investigativa realizada por parte de la Fiscalía Local de Puerto Montt, que el día 7 de octubre de 2015 se llevó a cabo a petición del Municipio de esta ciudad una reunión de coordinación en dependencias de la Fiscalía Local de Puerto Montt entre el Administrador Municipal de la comuna de Puerto Montt, el Jefe del departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Dirección del Trabajo, personal de Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, con el objeto de abordar la problemática existente en torno de los establecimientos comerciales cuyo giro es la entretención mediante máquinas de juegos. En dicha reunión se expuso al Ministerio Público los delitos que, a juicio de los asistentes, están asociados a esta actividad comercial, en el entendido que podrían tratarse de la explotación comercial de juegos de azar. Además, respecto de los delitos asociados a su giro como serían los robos por sorpresa, hurto y otros problemas, tales como comercio ambulante y otros. Se informó también de la existencia de un local comercial que había sido clausurado por decreto municipal pero que se encontraría vulnerando los sellos que prohibían su funcionamiento y que seguían en la actividad comercial. Respecto de este local en comento, se indicó por parte del Fiscal Jefe de Puerto Montt, Sr. Marcelo Sambuceti, que podría tratarse de un delito contemplado en el artículo 270 del Código Penal. En atención a ello, los funcionarios municipales indicaron que realizarían la denuncia acompañando los antecedentes correspondientes. No hubo ningún acuerdo de detener a ninguna persona, sólo se indicó que ese hecho puede ser constitutivo de delito y que siendo denunciado se haría la investigación correspondiente para determinar si hubo una vulneración del sello de clausura y él o los autores del hecho. El mismo día 7 de octubre de 2015, el señor abogado Cáceres Langenbach, en representación del Municipio de la ciudad de Puerto Montt, presentó denuncia en contra de nombre reservado, relacionado con nombre reservado, por el delito de rotura de sellos. En virtud de ello, se ordenó investigar esta denuncia a la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Montt el día 19 de octubre de 2015, la que fue informada el día 24 de noviembre de 2015.

Especifica que, el día 10 de diciembre de 2015, el señor Cáceres Langenbach, abogado de la Municipalidad, denunciante de estos hechos investigados, informó al Fiscal Marcelo Sambuceti que el local comercial continuaba en funcionamiento y que los inspectores municipales concurrirían al local comercial para verificar si se estaba dando cumplimiento a la clausura ya realizada el día 23 de septiembre de 2015. Con el objeto de verificar y establecer los antecedentes solicitados en la orden de investigar tales como las declaraciones, fijaciones fotográficas, obtención de antecedentes del lugar y otros, se remitió Instrucción Particular a la Brigada de Policía de Investigaciones el día 22 de diciembre de 2015 para concurrir al día siguiente a las 08:30 horas a las inmediaciones del local comercial que había sido clausurado en el mes de septiembre.

Alega que, conforme a los antecedentes de la carpeta de investigación, el día 23 de diciembre de 2015 se efectuó una nueva clausura del establecimiento y colocación de sellos por parte de inspectores municipales de Puerto Montt, señores nombre reservado y nombre reservado., y luego de una hora aproximadamente los funcionarios de policía de investigaciones apreciaron a tres personas adultas que rompieron los carteles de clausura y cortaron los sellos instalados en la cortina del local comercial, siendo detenidos por la causal de flagrancia del artículo 130 letra a) del Código Procesal Penal respecto del delito previsto y sancionado en el artículo 270 del Código Penal, detención que fue declarada ajustado a derecho por parte del Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

Afirma, el informante, el encontrarse en conocimiento que el Fiscal Jefe de Puerto Montt realizó una reunión de coordinación con representantes de la Municipalidad de Puerto Montt, como, asimismo, con representantes de diferentes instituciones y organismos públicos y privados, relacionadas con el fenómeno delictual en el territorio de su competencia, lo que se enmarca dentro del ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades en el cargo.

Estima que la actuación de los Fiscales a su cargo resulta ser ajustada a derecho pues las acusaciones en su contra no se condicen con los hechos comentados. Los persecutores han procedido a cumplir con su obligación legal, la cual es investigar hechos constitutivos de delito, ejercer la acción penal pública, velando por la seguridad de víctimas y testigos, tal lo establece la Ley Orgánica Constitucional de la institución. Por su parte, los imputados fueron sorprendidos por funcionarios policiales en flagrancia cometiendo el delito por el cual se encuentran formalizados, razón por la cual la detención fue declarada legal por el Juez de Garantía, incluso estableciendo en base a los antecedentes aportados medidas cautelares, debiendo inferirse, por tanto, que al menos en esta etapa investigativa existen antecedentes suficientes para al menos presumir tanto la existencia del delito como la participación de los imputados en el hecho punible.

Esgrime que otro antecedente que esta Corte debe considerar es el hecho que los recurrentes sólo hace unos meses atrás, concretamente el día 18 de noviembre del 2015, ya intentaron por medio de este mecanismo constitucional revertir la decisión de la autoridad administrativa por la clausura del local de máquinas de azar, resolviendo esta Ilustrísima Corte en votación unánime (rol corte 875-2015) el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas. Mismo resultado obtuvo la apelación de dicho rechazo, decidiendo nuestra Excelentísima Corte Suprema, con fecha 29 de diciembre de 2015 (rol 35.482-2015), confirmar también de manera unánime lo previamente resuelto.

Por lo anterior, solicita tener por evacuado informe solicitado, y en su mérito, rechazar el recurso de protección de autos.

Que mediante presentación de fojas 183 y siguientes el recurrente amplió la acción constitucional en resolución, dirigiéndola, además, en contra de las siguientes personas: a) nombre reservado; b) nombre reservado; c) nombre reservado.; d) nombre reservado; e) nombre reservado; f) nombre reservado; g) nombre reservado; h) nombre reservado; e, i) nombre reservado.

Que a fojas 203, informa el abogado Egidio Cáceres Langenbach, por sí y en representación de la I. Municipalidad de Puerto Montt, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, adhiriéndose a este informe mediante presentación de fojas 229 doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado. En lo pertinente, el profesional indica, como antecedentes preliminares, que con fecha 15 de julio de 2015 don nombre reservado ingresa a través de la oficina de partes del municipio un escrito en el que solicita al Sr. Alcalde el otorgamiento de una patente comercial para la explotación de juegos interactivos de habilidad y destreza. Una vez recibida la presentación aludida, mediante el Ord. N° 847 de fecha 19 de agosto de 2015, la Subdirectora de Rentas y Patentes (S), solicitó una serie de antecedentes en conformidad con lo previsto en la Ordenanza N° 005 de 2010 sobre Juegos de Habilidad y Destreza, entre ellos, un certificado emitido por un profesional autorizado por la SEC respecto de la luminosidad del local comercial, un informe acústico, un certificado de bomberos y la individualización completa de las máquinas a explotar, además de remitir copia del formulario de solicitud de patente respectiva para que fuera completado por el contribuyente. Ahora bien, la recurrente resolvió ignorar los requerimientos de la unidad municipal competente, y actuando por vías de hecho y en la más completa impunidad, valiéndose de un ardid, con fecha 21 de agosto de 2015, notifica mediante receptor judicial una oferta de pago de la patente que aún no era solicitaba formalmente, oferta que fue expresamente rechazada, a pesar de lo cual, COMERCIAL RONALDO LTDA comenzó a desarrollar una actividad comercial en el local ubicado en domicilio reservado, explotación que ha continuó desde esa fecha.

Refiere que, en mérito de lo señalado precedentemente, y habiéndose constatado que en el local ubicado en domicilio reservado de esta ciudad se estaba desarrollando una actividad comercial sin patente, inspectores municipales cursaron la citación N° 107331 con fecha 01 de septiembre de 2015, precisamente por trabajar sin patente municipal, quedando citados los infractores para audiencia de fecha 22 de septiembre de 2015 ante el Primer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt. La recurrente, hizo caso omiso a dicha citación, y continuó funcionado fuera de la ley.

Precisa que, en este contexto y en ejercicio de las facultades legales previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 58 del DL 3063/79, el Alcalde de Puerto Montt dictó el decreto N°9019 de fecha 7 de septiembre de 2015, por el que se ordena la clausura del negocio o establecimiento perteneciente a Comercial Ronaldo Limitada, por ejercer una actividad comercial sin contar con patente municipal. Acto seguido, con fecha 23 de septiembre de 2015, inspectores municipales concurrieron al referido recinto e hicieron efectiva la clausura, según consta en acta extendida con esa misma fecha, la que fue debidamente notificada junto con el decreto aludido.

Expone que el 24 de septiembre de 2015, se quebrantó dicha clausura, rompiendo las cadenas y los candados colocados por los inspectores municipales, así como el sello respectivo, acciones no sólo reprochables desde un punto de vista moral, sino que constitutivas de delito, lo que obligó a la Municipalidad de Puerto Montt a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que persiga y sancione a los que resulten responsables por este ilícito, causa que se encuentra en plena tramitación bajo el RUC 1500963014-4 y por la cual fueron formalizados los recurrentes de autos, según se indicará más adelante. En lo que se refiere a la clausura indicada en los párrafos precedentes, sorprende e impresiona la mala fe con la que actúa la contraria, no solo por lo que ha sido una conducta de sistemático incumplimiento de la ley, sino porque descaradamente le miente a esta Corte cuando declara que no tiene conocimiento del decreto que ordenó la clausura. Esto es completamente falso. El decreto aludido fue notificado con fecha 23 de septiembre de 2015, oportunidad en la que, inclusive, se dejó copia del acto administrativo para su conocimiento, decreto que, además, fue objeto de un recurso de ilegalidad presentado por el mismo recurrente con fecha 25 de septiembre de este año.

Afirma que, con fecha 28 de septiembre de 2015, la contraria ingresa a la Subdirección de Rentas y Patentes un escrito en el que acompaña parte de los antecedentes requeridos por dicha unidad municipal mediante Ord. N° 847 de fecha 19 de agosto de 2015, solicitud que hasta ese momento había decidido ignorar. Una vez ingresada dicha presentación, mediante Ord. N° 983 de fecha 02 de octubre de 2015, se reitera a COMERCIAL RONALDO LTDA. que debe completar el formulario municipal destinado al otorgamiento de la patente solicitada, documento que había sido remitido oportunamente para su llenado, pero que hasta ese momento no se había acompañado.

Indica que, a pesar que esta municipalidad no disponía de los antecedentes necesarios para evaluar si correspondía o no entregar la patente solicitada, la recurrente mantuvo la explotación comercial del local, en total y completa impunidad, ignorando las clausuras, citaciones y partes cursados por los inspectores municipales, en una actitud flagrante y contumaz. En este contexto, con fecha 01 de octubre de 2015, alrededor de las 12:00, se procede nuevamente al cierre del local, sin que se registren mayores inconvenientes. No alcanzaron a transcurrir 24 horas desde el cierre del establecimiento, cuando el mismo ya había reabierto. Por lo anterior, el 02 de octubre de 2015, en horas de la mañana, funcionarios municipales concurrieron nuevamente en recinto comercial ubicado en Antonio Varas N° 751 de esta ciudad, con el fin de hacer efectiva la clausura ordenada por el decreto antes mencionado, lo que no se pudo llevar a cabo debido a la negativa de los ocupantes de retirarse del establecimiento. En dicha oportunidad se cursaron dos citaciones al Juzgado de Policía Local, la primera N°108318 por obstaculizar la fiscalización y la segunda (N° 1080129) por violación de la clausura. Como consecuencia de lo señalado precedentemente, se resuelve solicitar la asistencia de Carabineros de Chile, quienes ya habían colaborado previamente en la clausura de este establecimiento. En mérito de lo anterior, el mismo día 2 de octubre, pero aproximadamente a las 16:00 horas, inspectores municipales en presencia Carabineros de Chile, vuelven a hacer efectiva la clausura ordenada, procedimiento que se desarrolló en un marco de normalidad. En este caso como en los otros, menos de 24 horas después, el local reabrió sus puertas. Cabe señalar que en contra de esta última clausura, dos de los recurrentes de autos, don nombre reservado y don nombre reservado, interpusieron un recurso de protección ante esta Corte, el que se tramitó bajo el rol 875-2015, el que fue desestimado por este Tribunal y confirmado por la Excma. Corte Suprema.

Indica, finalmente, y para dar por cerrado este capítulo del informe, que cabe señalar que con fecha 16 de octubre de 2015, ingresó a la Subdirección de Rentas y Patentes Municipales el formulario N° 025214, por el que la sociedad Comercial Ronaldo Limitada, solicita que se le otorgue una patente comercial para la explotación de juegos electrónicos programados de habilidad y destreza. En lo que respecta a dicha solicitud, se analizaron los antecedentes acompañados por la recurrente y previa consulta a la Superintendencia de Casinos, fue posible constatar que las máquinas cuya explotación se solicitaba correspondían a máquinas de azar, razón por la cual, mediante Ord. N°1711 de fecha 06 de noviembre de 2015 de la Dirección Jurídica, se informa la imposibilidad de otorgar la patente solicitada, toda vez que la misma recae en una actividad ilícita. En contra de dicha determinación, los recurrentes interpusieron un recurso de ilegalidad, el que fue rechazado mediante Decreto Exento N°313 de fecha 08 de enero de 2016.

Estima que los antecedentes descritos precedentemente son indicativos de una conducta contumaz de la contraria, quien a pesar de esta debidamente notificada de la clausura del establecimiento comercial que explota ilegalmente y sin patente, en forma sistemática, ha resuelto burlar la clausura dictaminada por el municipio y continuar con la explotación de un verdadero casino clandestino a vista y paciencia de toda la comunidad.

Contradice lo afirmado por la actora, cuando inicia su presentación señalando que cuenta con un establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, el cual cuenta con patente comercial pagada por consignación, válida hasta el 31 de diciembre de 2015, pues ha quedado absolutamente establecido que la recurrente no cuenta con ninguna patente comercial. Lo que aquí ha ocurrido, es que la contraria, ante la negativa del municipio en aceptar la tramitación de una patente sin que previamente se cumplieran con los requisitos y formalidades previstos en la ley, los que fueron solicitados mediante Ord. N° 847 de fecha 19 de agosto de 2015 y Ord. N° 983 de fecha 02 de octubre del mismo año, realizó una consignación cuyo único propósito fue el intentar revestir a su actuación de algún marco de legalidad. Dicha consignación JAMAS fue convalidada por el municipio y sólo se trató de una maniobra que en ningún caso y bajo ninguna forma, exime a la recurrente del cumplimiento de las obligaciones impuestas legalmente respecto de los requisitos necesarios para obtener la patente aludida, patente que en definitiva fue rechazada por referirse a actividades ilícitas y prohibidas por la ley.

Afirma que la “creencia válida” de los recurridos en el sentido de que la consignación del valor de la patente los habilitaba a explotar la actividad ilícita de máquinas de azar no resiste análisis, ya que fue esta Corte la que, en causa rol 875-2015, estableció en el considerando cuarto de la sentencia que “en las condiciones relacionadas previamente, analizados el informe citado en lo precedente, y los antecedentes acompañados por los recurridos, se deduce que efectivamente el local comercial en cuestión no constaba con la debida patente municipal para funcionar de forma legal”.

Refiere, en cuanto a la clausura que tuvo lugar con fecha 23 de diciembre de 2015, que lo primero que corresponde señalar es que son completamente falsas las afirmaciones de la contraria respecto del desconocimiento de su existencia, así como de los motivos que la originaron. Cabe hacer presente que tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, la clausura ocurrida con fecha 23 de diciembre fue la cuarta clausura del establecimiento después de las clausuras de fecha 23 de septiembre, 01 y 02 de octubre de 2015. Lo que en realidad ocurrió fue que el 23 de diciembre de 2015, funcionarios municipales concurrieron al local infractor en el que se explotaban ilegalmente máquinas de azar sin patente de ninguna especie, y se procedió a dar cumplimiento a la orden alcaldicia que impedía continuar con dicho giro. Para estos efectos, se procedió a colocar el letrero de clausura respectivo, así como los sellos de rigor.

Estima que lo señalado por la contraria, en el sentido que los sellos no tenían un distintivo que los identificara y que carecían de los antecedentes respecto del acto administrativo que había motivado dicha clausura, resulta completamente infundados a la luz de los antecedentes del caso. Respecto de la materialidad de los cierres con los que se dispuso la clausura, cabe señalar que no existe una norma que obligue a que los mismos sean de un material en particular, tal como erróneamente lo interpreta la contraria, ello sin mencionar que la Municipalidad de Puerto Montt ya había invertido en otras tres oportunidades en cadenas y candados que la propia contraria se encargó de romper. En lo que se refiere a la falta de notificación, el decreto de clausura en cuestión está en conocimiento de la contraria desde el mes de septiembre de 2015. Dicho decreto ha sido objeto de todo tipo de reclamaciones en sede judicial y administrativa, por lo que la ignorancia alegada no es tal.

Agrega que, en cuanto a la supuesta imposibilidad del municipio de hacer efectiva la clausura y de sólo poder solicitar multas en caso de violación, la recurrente confunde dos instancias completamente distintas. Cuando se desarrolla una actividad comercial sin contar con la patente respectiva y, especialmente, cuando dicha actividad consiste en la explotación de máquinas con apuesta de dinero, el artículo 58 del DL 3063/79 y el artículo 22 de la Ordenanza N° 005, facultan al Alcalde a ordenar la clausura del establecimiento; lo anterior, sin perjuicio de que, en el caso de haberse quebrantado la clausura, lo que también ha ocurrido respecto de la recurrente, se aplique como sanción una multa de hasta el equivalente a 5 UTM por cada vez que sea sorprendido el local abierto o ejerciendo la actividad.

En definitiva, se trata de dos situaciones completamente independientes, de modo que nada obsta, impide u obstaculiza al municipio y a sus funcionarios, para que arbitren las medidas que permitan hacer efectiva la clausura ordenada por la máxima autoridad edilicia.

Alega que, sin perjuicio de todos los antecedentes que se han señalado precedentemente, no puede perderse de vista un dato de extrema relevancia y que fue mencionado precedentemente. Fruto de las constantes violaciones de clausura señaladas, el Municipio formuló una denuncia ante el Ministerio Publico, entidad persecutora que dio inicio a una investigación en causa RUC 1500963014-4 por infracción a los artículos 270 y 271 del Código Penal. En el contexto de esta investigación, fue posible identificar a los recurridos como los autores de la violación de los sellos de la clausura de fecha 23 de diciembre de 2015, quienes que fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt y respecto de quienes de decretaron medidas cautelares que se mantienen vigentes.

Expresa que, en mérito de lo señalado precedentemente y sin perjuicio de lo que pueda informar el Ministerio Publico, resulta evidente que se estaban desarrollando labores investigativas en contra de los recurridos, las que finalmente permitieron acreditar su participación en los hechos denunciados, por lo que los argumentos de este recurso solo se presentan como un elemento distractor, con el que pretenden desviar la atención de los Tribunales respecto de una única y verdadera ilicitud:

que los recurrentes explotaban un casino ilegal fuera de toda norma y sin patente de ninguna especie que los amparara.

Por lo anterior, estimando que ninguno de los derechos constitucionales invocados puede ser considerados como vulnerados, solicita tener por evacuado el informe solicitado, rechazando de plano el recurso de protección deducido por la contraria por no haberse producido ningún acto arbitrario o ilegal imputable a los recurridos, con expresa condena en costas.

Que a fojas 238 se prescindió del informe solicitado a los recurridos nombre reservado, Marcelo Sambuceti Correa y nombre reservado.

Que a fojas 469 se tuvo por no interpuesto el recurso en contra de la recurrida nombre reservado.

Que a fojas 552 se prescindió del informe requerida a la recurrida nombre reservado.

Que a fojas 553 se prescindió de los informes requeridos a don nombre reservado y doña nombre reservado.

Que mediante resolución folio N°36.289, encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía Corte don nombre reservado, por don nombre reservado, don nombre reservado, y doña nombre reservado; en contra de las siguiente personas: a) don nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante PDI; b) don nombre reservado, Subprefecto de la PDI; c) don nombre reservado, Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Montt; d) don nombre reservado, Administrador Municipal; e) el Jefe de Inspección de la I. Municipalidad de Puerto Montt; f) don Egidio Cáceres Langenbach, Abogado de la I. Municipalidad de Puerto Montt; g) don nombre reservado, Fiscal Regional de Los Lagos; h) don Marcelo Sambuceti Correa, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt; i) don nombre reservado, Fiscal de Turno; j) nombre reservado; k) nombre reservado; l) nombre reservado.; m) nombre reservado; n) nombre reservado; o) nombre reservado; p) nombre reservado; y, q) nombre reservado. Atribuye a los recurridos el haberse concertado para, ilegalmente, inducir a los recurrentes para romper aparentes sellos puestos en el local comercial que explotan, en función de una clausura que califica como improcedente y sin previa notificación, ilegalidad y arbitrariedad que precisa de la forma como latamente se ha narrado en lo expositivo de este fallo TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que el actor ha circunscrito el acto cuestionado a los hechos acontecidos con anterioridad a la detención, en flagrancia, de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, ocurrida en horas de la mañana del 23 de diciembre de 2015. Por su parte, constituye un hecho no controvertido que tales acontecimientos se encuentran en actual investigación por el Ministerio Público, bajo el control del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, en causa RUC 1500963014-4 por infracción a los artículos 270 y 271 del Código Penal.

QUINTO: Que tal circunstancia puede ser corroborada con el mérito de los documentos que rolan de fojas 65 a 107 y de fojas 118 a 180, quedando de manifiesto, conforme al documento acompañado a fojas 178 y siguientes, que la legalidad de la actuación final que motiva la presentación constitucional, como lo es la detención de los recurrentes, ha sido objeto de pronunciamiento por el juez ordinario competente, quien, en audiencia de 24 de diciembre de 2015 declaró ajustada a derecho la privación de libertad de los actores.

SEXTO: Que, así las cosas, estos sentenciadores pueden concluir que encontrándose el asunto sometido al imperio de la justicia ordinaria, entidad que ha emitido pronunciamiento en la sede respectiva sobre los mismos hechos que fundan el recurso, es que éste carece de aptitud para su revisión, asunto que debe ser planteado, necesariamente, ante el juez de fondo, en la oportunidad procesal respectiva pues, de lo contrario, esta vía de urgencia y meramente cautelar se convertiría en un método de intromisión en asuntos jurisdiccionales ordinarios, conclusión inadmisible a la luz del principio de independencia garantizado en los artículos 76 y siguientes de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, desde otro punto de vista, no existe antecedente alguno allegado a estos autos que permita concluir que el recurrido y la sociedad que explota haya sido tratado, por los recurridos, de manera distinta a otras personas naturales o jurídicas que se encuentren en iguales circunstancias. Tampoco se vislumbra cómo los emplazados puedan haberse erigido en una comisión especial al ejecutar los actos cuestionados, pues todos ellos se enmarcan dentro de la competencia que la constitución y la ley ha entregado a cada quien. Finalmente, tanto el ejercicio de una actividad comercial como el derecho de propiedad encuentran su límite en la legislación sectorial vigente, habiendo quedado establecido, por lo demás, que el recurrente no cuenta con el permiso de autoridad necesario para desarrollar el emprendimiento que pretende regentar.

OCTAVO: Que, por las consideraciones precedentes, el recurso de protección en resolución necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 37 por don nombre reservado, en favor de nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado; en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Egidio Cáceres Langenbach, nombre reservado, Marcelo Sambuceti Correa, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado., nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

II. Que se condena en costas al recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Presidenta doña nombre reservado.

Rol 10-2016.