nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

nombre reservado, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En folio 1, comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollon, cédula de identidad para extranjeros NRO RUT reservado, por sí y en favor de nombre reservado, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad para extranjeros y RUN RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado. Deduce recurso de protección en contra de AFP UNO S.A. por el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por nombre reservado, efectuada en atención al artículo 7° de la Ley N° 18.156.

Señala que dicha solictiud fue realizada el 12 de noviembre del año 2025, recibiendo como respueta, el día 20 de noviembre del mismo año, que tal solicitud había sido rechazada, por cuanto el Certificado de la Institución de Serguridad Social no cumple los criterios de aceptación.

Agrega que el 8 de diciembre de 2025 formuló reclamo contra dicho rechazo, ante la Superintendencia de Pensiones, que fue respondido el día 16 del mismo mes, por dicha entidad, debido a que el certificado de afiliación no otorga fe de su afiliación actual ni que cuenta con las prestaciones de seguro social en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”

Ante lo anterior, invoca los artículos 1 y 7 de la ley 18.156manifestando que se habría dado cumplimiento a los requisitos legales, con la sola excepción de la apostilla de constancia de afiliación al sistema venezolano, lo que justifica en la inexistencia de una representación consular de dicho país en Chile, y que atribuye a fuerza mayor. Agrega que la exigencia de apostilla en el documento, formulada por la recurrida, sería arbitraria por imposibilidad. Añade que el sistema de apostilla en aquel país no se aplicaría a ese tipo de instrumentos, y que el único requisito que le sería exigible es encontrarse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile, lo cual sería verificable en el respectivo instituto previsional venezolano, cuya certificación digital sobre la constancia de cotizaciones debe reconocerse como elemento probatorio suficiente para dar por cumplido el requisito.

Tras citas jurisprudenciales, y estimando que la recurrida, al rechazar la restitución de fondos habría vulnerado sus derechos reconocidos por el artículo 19 Nros. 2, 23 (24) y 26 de la constitución Política, pide que se deje sin efecto la decisión impugnada y se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y adoptar las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Acompaña a dicho recurso un comprobante de solicitud, copia de cédula de identidad para extranjeros de la recurrente, constancia de IVSS, emitida en diciembre del año 2025. Documentos de Rechazo emitido por AFP UNO, S.A. Reclamo ante la Superintendencia de AFP. Título profesional apostillado, que acredita profesión y contrato con sus anexos, y carta de residencia.

En folio 4 se declaró admisible el recurso.

En folio 8, comparece Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., quien evacua el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso.

En lo medular, y respecto de los hechos, los relata de modo similar al contenido del recurso ejercido en autos, dando cuenta de las comunicaciones entre las partes y en especial la respuesta que AFP Uno dio a la recurrente.

Sin embargo, y en relación a la fundamentación jurídica, da cuenta sobre el asunto de fondo, que se refiere a la concurrencia o no de los requisitos exigibles para la solicitud de retiro de los fondos cotizados en Chile, y en particular el artículo 7º de la ley 18.156, que permite su retiro a los extranjeros que mantengan cotizaciones bajo el régimen de su respectivo país, en cuanto a que, entre otros requisitos, se exige la acreditación de acreditar aquellas cotizaciones mediante “certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Respecto del requisito de legalización, aplicable a instrumentos provenientes de otro país, analiza el requisito conforme a lo previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que admite la firma consular y en su caso el apostillado, admitido para estos casos mediante oficio 2988 del 3 de agosto de 2023, de la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la circular 553 de la Superintendencia de Pensiones.

De este modo, estima que su respuesta negativa, ante una solicitud de retiro de fondos que no cumplía con dicho requisito, no resulta ilegal ni arbitraria pues carece de facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal como lo es la legalización consular exigida por el ordenamiento jurídico nacional; que la eventual imposibilidad de legalización de documentos no puede ser imputada a dicha recurrida ni traducirse en la obligación de aceptar documentos carentes de la autenticación legal, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del sistema previsional.

Concluye que la exigencia del documento debidamente apostillado, emana de su cumplimiento a tales normas legales, e instrucciones impartidas por las autoridades competentes, toda vez que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, no cumple con los requisitos de legalización establecidos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y que no puede sustituirse por el acceso a un enlace, que no contiene las exigencias formales exigidas en Chile.

Tras agregar fundamentos jurisprudenciales, y conforme a los argumentos de fondo precedentes, niega la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria de su parte, así como la existencia de agravio al ejercicio legítimo de los derechos del recurrente, pudiendo en definitiva el rechazo del recurso, con costas. Acompañó a dicho informe, contrato de Trabajo del recurrente, su anexo, Título de Licenciada en Relaciones Industriales, apostilla de Título Profesional, certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones, extracto de Oficio Reservado N°25057 de fecha 29 de diciembre de 2023 emitido por la Superintendencia de Pensiones, extracto del Oficio N°2119 de 30 de enero de 2025 emitido por la Superintendencia de Pensiones, oficio N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones.

En folio 9 se dispuso traer estos autos en relación.

CON LO EXPUESTO, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que no existe discrepancia, en cuanto a que la recurrente ingresó el 12 de noviembre de 2025 una solicitud, ante AFP UNO S.A. para devolución de fondos previsionales como técnica extranjera, petición que fue rechazada el 19 de noviembre de 2025, por cuanto el “Certificado Institución de Seguridad Social” no cumplía los criterios de aceptación exigidos para el trámite, lo que atribuyó a que la constancia emitida por el IVSS, emitida por la República de Venezuela, no se encontraba legalizada ni apostillada.

Sobre lo último, la recurrente afirma que existe una completa imposibilidad de obtener el visado consular, por no existir relaciones consulares entre ambos países, y que el referido documento no es de aquellos susceptibles de apostillar en Venezuela, pudiéndose verificar mediante el sitio web oficial de dicho organismo y el código de verificación incorporado al documento. Sostiene que la imposibilidad configuraría un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, y que la exigencia de apostilla no constituiría un requisito sustantivo de la Ley N° 18.156, sino una formalidad administrativa que no podría impedir el ejercicio del derecho a obtener la devolución de sus fondos.

En cambio, la recurrida afirma que la exigencia legal no se cumple únicamente con la presencia del certificado sobre afiliación y sus cotizaciones, sino que necesariamente y por mandato legal, debe tratarse de un documento debidamente legalizado, lo que en relación a los emitidos en el extranjero debe necesariamente cumplirse a través de la visación consular, o del apostillado, para lo cual le está impedido prescindir de dichas reglas e instrucciones, que le son mandatadas mediante oficios emitidos tanto por la Superintendencia de Pensiones como pro la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señala, asimismo, que ante lo anterior su negativa resulta obligatoria y por tanto no es constitutiva de un acto ilegal ni arbitrario.

Sostiene, además, que la constancia acompañada informa sobre semanas cotizadas, la situación de cesantía y determinados datos del historial previsional, sin acreditar, con las formalidades requeridas por el ordenamiento chileno, la obligación actual y efectiva del organismo extranjero de otorgar las prestaciones contempladas en la Ley N° 18.156.

Agrega que el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya no deben someterse al procedimiento tradicional de legalización cuando se les haya otorgado la correspondiente apostilla, y que la dificultad en su obtención no permite prescindir de una exigencia normativa objetiva, general y previamente establecida.

SEGUNDO: Que, conforme a los fundamentos señalados, y antecedentes aportados por ambas partes, es necesario señala que el requisito medular a que aluden las partes, se prevé por la ley N° 18.156, que estableció un régimen excepcional que permite, a determinados trabajadores extranjeros y a sus empleadores, eximirse de la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno. Su artículo 1° exige, copulativamente, que el trabajador tenga la calidad de técnico o profesional; que se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que manifieste en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

El artículo 7° otorga la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados en una Administradora de Fondos de Pensiones en Chile, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 1°.

TERCERO: Que el Título XI del Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regula como requisito para reconocer la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero, acreditar mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Asimismo, establece que si la documentación pertinente no es presentada debidamente legalizada, la Administradora no puede dar curso a la solicitud de devolución.

Tal regulación no crea un requisito autónomo respecto de la ley, sino que determina la forma de acreditar en Chile el contenido y autenticidad de un documento emanado de una autoridad extranjera.

CUARTO: Que, a partir de la entrada en vigor en Chile de la Convención de La Haya, que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, la apostilla constituye un mecanismo alternativo y simplificado de autenticación de los instrumentos públicos extranjeros emanados de Estados Parte. El artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil dispone que dichos instrumentos no deben someterse al procedimiento tradicional de legalización, cuando respecto de ellos se haya otorgado apostilla por la autoridad designada por el Estado de que emanan, y que son parte de dicha Convención, encontrándose entre ellos tanto Chile como Venezuela.

QUINTO: Que la recurrente reconoce que la constancia acompañada a su solicitud carecía de apostilla o legalización, y plantea que dicha formalidad sería imposible de obtener, solicitando que la verificabilidad electrónica del documento debería bastar para tener por acreditado el requisito previsional.

La cuestión a resolver, por tanto, no es si la recurrente pudo haber estado afiliada al IVSS, ni si el sistema venezolano contempla en abstracto prestaciones de seguridad social, sino si el documento presentado cumplió las exigencias jurídicas necesarias para acreditar tales circunstancias ante una Administradora chilena y obtener un beneficio excepcional de devolución de fondos.

En ese sentido, la constancia electrónica acredita la existencia de cotizaciones registradas ante el Instituto Venezolano de Seguridad Social, el número de semanas cotizadas y determinados antecedentes de la relación previsional. Sin embargo, la sola existencia de cotizaciones no constituye una certificación idónea, sobre la afiliación y cobertura exigidas por el artículo 1° de la Ley N° 18.156 durante todo el período relevante.

Asimismo, la ausencia de legalización del documento impide que satisfaga la forma de incorporación o reconocimiento de documentos oficiales otorgados en el extranjero, establecida por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y desarrollada por la normativa de la Superintendencia de Pensiones. Requisito que no es homologable ni sustituible por el código electrónico que contenga el documento, y que no tiene el mérito de acreditar su autenticidad, sino sólo el de permitir consultar la información en el sistema del organismo emisor.

SEXTO: Que la alegación de caso fortuito o fuerza mayor tampoco permite acoger la acción. Aun cuando las dificultades diplomáticas o administrativas invocadas por la recurrente pudieran explicar la demora o dificultad para obtener la apostilla, ello no convierte en ilegal ni arbitraria la decisión de la Administradora recurrida, de abstenerse de dar curso a una solicitud que no reunía los antecedentes exigidos. La fuerza mayor no autoriza a que esta Corte, mediante la presente vía cautelar, pudiese tener por cumplido un requisito documental que objetivamente no se acreditó, ni suplirlo por algún otro documento de menor formalidad o entidad, en especial si la Superintendencia de Pensiones, entidad competente para fijar la regulación y cuyas instrucciones son vinculantes para la recurrida, ha confirmado como criterio general, la aplicación al documentos respectivo, de los requisitos exigidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

De esta forma, la recurrida tampoco ha emitido una decisión carente de razón, caprichosa, desproporcionada o desvinculada de los antecedentes del caso y que pudiera perturbar alguno de los derechos constitucionales de la recurrente.

Por estas consideraciones, y conforme a dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve.

I.- Se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de AFP UNO S.A.

II.- No se condena a la recurrente a las costas del recurso, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Christian Löbel Emhart.

Rol 1-2026.-