Protección contra Tesorería General de la República por haber iniciado contra la actora un procedi

nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol N°999-2026 La Serena, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Alex Gonzalo Troncoso Araya, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Tesorería General de la República por haber iniciado contra la actora un procedimiento administrativo de cobro de obligaciones tributarias para obtener el pago de deudas educaciones. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es beneficiaria del Crédito con Aval del Estado (“CAE”), otorgado en virtud de la Ley N°20.027 para financiar sus estudios de educación superior y que debido a que incurrió en mora en el pago del crédito, el Fisco de Chile pagó la garantía estatal a la entidad financiera acreedora, asumiendo la titularidad de la deuda.

Añade que el 11 de mayo pasado la Tesorería General de la República confeccionó una Nómina de Deudores/as Morosos/as en la que incluyó el crédito educacional de la recurrente y, asimismo, actuando en calidad de Juez Sustanciador, despachó mandamiento de ejecución y embargo en su contra invocando para ello lo dispuesto en los artículos 171 y 173 del Código Tributario.

Sostiene que la Tesorería General de la República ha obrado en forma ilegal y arbitraria puesto que pretende aplicar un procedimiento legalmente previsto para el cobro de obligaciones de naturaleza tributaria a una deuda que no detenta esas características y para cuyo cobro se prevé en la Ley N°20.027 el procedimiento específico al cual debe acudir la recurrida. Alega, además, que el procedimiento utilizado por la Tesorería General de la República limita ostensiblemente las excepciones que se pueden oponer por los afectados. Adicionalmente, postula que la recurrida obra en el procedimiento como juez y parte simultáneamente, lo que, igualmente, impide un efectivo derecho a defensa.

Arguye que los hechos descritos vulneran el derecho a la integridad física y psíquica y al debido proceso, así como el derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, en la medida que se le somete a un procedimiento improcedente para obtener el pago del crédito.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción deducida y, en definitiva, dejar sin efecto la nómina de deudores morosos en que se incluyó el crédito de la actora, así como la resolución que ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo en su contra, y todo acto posterior dictado en el procedimiento, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo de la acción.

Alega, en primer lugar, que la acción de protección no constituye la vía idónea para conocer del asunto planteado en el recurso toda vez que se trata de una materia sometida a un procedimiento jurisdiccional en el cual la actora puede plantear sus alegaciones y defensas. Sostiene, asimismo, que el recurso no puede prosperar dado que la actora no detenta un derecho indubitado que pueda ser cautelado en esta sede.

Luego, en cuanto al fondo, sostiene que conforme a Dictamen N°54.539 de 2011 de la Contraloría General de la República, dentro del ámbito de aplicación de las normas de cobranza del sector público quedan comprendidas toda clase de acreencias de que el Fisco sea titular, incluidas aquellas que derivan de las sumas de dinero que el Estado paga por concepto de garantía estatal, debiendo entenderse que ellas constituyen créditos a favor del sector público. Indica que, además, el ente contralor emitió Dictamen N°183 de 2026 en el cual se reafirma que “corresponde a la Tesorería General de la República ejercer la cobranza de los créditos CAE en que ha operado la garantía estatal o que han sido cedidos al Fisco, pudiendo para ello valerse de los procedimientos administrativos y judiciales contemplados por el ordenamiento aplicable”. En ese orden de ideas, expresa que al hacer pago el Fisco del crédito educacional, éste adquiere la naturaleza de un crédito fiscal que corresponde a la Tesorería General de la República recaudar por las vías que el legislador ha previsto para ese fin.

Por otra parte, arguye que la Ley N°20.027 en ningún caso restringe las acciones de la Tesorería para el cobro del crédito al juicio ejecutivo civil, pues si esa hubiese sido la intención del legislador, así lo habría dicho en forma expresa, en tanto que lo único que hace la normativa prevista en la citada ley es señalar que las acciones de cobranza que ejerza la tesorería, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo ordinario o ejecutivo.

Finalmente, niega que se produzca afectación a los derechos fundamentales de la recurrente, pues se ha aplicado a su situación el mismo régimen jurídico que se ha utilizado respecto a todas las personas que se encuentran en situación semejante y se ha acudido a un procedimiento racional y justo previsto por el legislador.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo perseguido o, incluso, inexistencia de los hechos que fundamentan la actuación; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, el acto de la recurrida tildado como ilegal y arbitrario, consiste en haber iniciado respecto a la recurrente el procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal utilizando las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, facultad que, a juicio de la recurrente, no contemplaría la Ley N° 20.027, pues tales potestades, en la interpretación propuesta en el recurso, fueron reservadas por el legislador exclusivamente para la cobranza de obligaciones tributarias, naturaleza de la que el Crédito de Aval del Estado carece.

En efecto, ambas partes han desarrollado en sus escritos la interpretación que cada una sostiene debe efectuarse de los artículos de la Ley N°20.027 que dicen relación con el cobro de las deudas por CAE y las facultades que la misma entrega a la Tesorería, particularmente respecto a lo dispuesto en el artículo 18 bis de la señalada ley.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene relevar que la controversia planteada ya se encuentra sometida a un procedimiento específico dotado de las garantías necesarias para que las partes puedan hacer valer íntegramente sus derechos y pretensiones, de forma tal que sólo cabe concluir que la materia se halla bajo el imperio del derecho y cuenta con un mecanismo idóneo de resolución, circunstancia que conduce al rechazo de la acción incoada.

Lo anterior, pues su naturaleza cautelar, urgente y subsidiaria impide que pueda transformarse en una instancia paralela destinada a revisar cuestiones que ya están siendo conocidas por la autoridad competente al amparo del procedimiento jurisdiccional previsto por el ordenamiento jurídico para resolver el conflicto propuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección incoado en favor de nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°999-2026 (Protección).