Protección contra COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

Santiago nombre reservado

Recurso de Protección Rol N°99-2024.- La Serena, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veinticinco de enero de dos mil veinticuatro comparece PABLO MARTÍNEZ ZÚÑIGA, abogado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Expone que su representado es médico cirujano de profesión, con especialidad en traumatología, en virtud de lo cual emite licencias médicas.

Indica que el pasado 5 de enero de 2024, se le notificó vía correo electrónico la Resolución Exenta N° 23044152403 fechada 5 de enero de 2024. Dicha resolución establece que se le sanciona con una multa de 10 U.T.M. a beneficio fiscal, y la suspensión de emisión de licencias médicas y venta de talonarios de licencias por un plazo de 15 días a contar del día 12 de enero de 2024. La razón formal de la sanción, expresada en la Resolución Exenta es presuntamente no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por 9 licencias médicas de las 50 solicitadas.

Indica que efectivamente el 20 de diciembre de 2023 su representado fue requerido de un volumen de información relacionada con 50 licencias médicas, mediante correo electrónico. Además, se le solicitó ficha clínica de cada paciente y copia de bono o de la boleta de atención médica. Todo esto en el plazo legal de siete días hábiles.

Señala que su representado en ningún momento se negó a tal requerimiento, e ingresó a la plataforma de la COMPIN para llenar los datos requeridos según la lista de pacientes con licencia médica, pero debido a la gran cantidad de información solicitada, no pudo subir toda la cantidad de información requerida en un sólo día, debido a que el sistema dispuesto para tal fin se cerró en forma automática a las 01:08 horas, motivo por el cual no pudo ingresar toda la información. Además de esto tuvo problemas para adjuntar la primera hoja del informe.

Reitera que solo disponía de 7 días corridos, de los cuales 3 días de esos correspondieron al fin de semana previo a la navidad.

Añade que si bien la COMPIN dio una nueva fecha para subir más información, la plataforma no le permitía añadir información de aquellos pacientes con información incompleta.

Así las cosas, existe una amenaza evidente a los derechos de su representado, pues se le ha exigido reiteradamente cumplir una labor imposible.

Alega, como primera ilegalidad detectada, la falsa aplicación del artículo 2° de la Ley N° 20.585. En efecto, el plazo para responder un requerimiento de información de esta naturaleza se concibe para un caso concreto, en que exista sospecha cierta de emisión de licencia sin fundamento, no para un conjunto copioso de licencias como el caso en especie. Este plazo resulta completamente razonable en el entendido de que se trate de una o dos licencias médicas relacionadas a un mismo paciente, pues la elaboración del informe es una tarea ardua y compleja. Todos y cada uno de estos informes, presuntamente, deberán ser analizados y contrastados uno a uno por la COMPIN para cumplir con la finalidad y espíritu de la ley, es decir, determinar si existe o no falta de fundamento médico en su otorgamiento. Es del caso, que la institución reclamada no fue capaz de dar respuesta siquiera respecto de un número mucho menor de informes que el requirente alcanzó a enviar y de la solicitud de plazo razonable pedida, mucho menos podrá analizar el número de informes solicitados, considerando además que son decenas de médicos que han recibido estos requerimientos en toda la región.

Refiere, como segunda ilegalidad, la imprecisión de la imputación y dificultades de acceso a la información. Se exigen cincuenta informes sin una motivación manifiesta acorde a la ley, sin fundamentos, informes de cincuenta pacientes atendidos por diferentes patologías a lo largo de once meses, y respecto de licencias médicas ya aceptadas, sin siquiera un orden sistemático.

Añade que la información contenida en la ficha clínica de los pacientes es un dato sensible, conforme lo dispone el artículo 12 de la ley N° 20.584 sobre deberes y derechos del paciente, en relación al artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. A su vez, esta ley define y establece quién es el responsable de los registros: “n) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal”.

Cita también el artículo 13 de la Ley N°20.584. Indica que conjugando estas normas, y en razón de que se están requiriendo datos sensibles de muchos pacientes a los que el requirente atendió como médico en el Hospital San Pablo de Coquimbo y por tanto es la institución el guardián de dichos datos. Su representado puede, no exento de dificultad, acceder a la información para la elaboración de informes, pero no está facultado para extraer y ventilar copias de datos sensibles para responder de los antecedentes médicos complementarios exigidos por la COMPIN. Este requerimiento de antecedentes médicos que integran la ficha clínica debe ser solicitado por el legalmente facultado a quien detenta el carácter de prestador, sea este personal o institucional. En concreto, no es razonable, y de ahí la arbitrariedad e ilegalidad, formular un requerimiento genérico sin precisar lo que se pide, a quien no tiene facultades para entregar antecedentes clínicos, sin orden sistemático, designación del año y carácter del prestador, menos aún en el plazo ínfimo ya referido.

Como tercera ilegalidad alega la intempestividad en el uso de la potestad sancionadora. Hace presente que el requerimiento impugnado comprendería la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando entonces el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionadora, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Agrega que, con todo, si se llegase a estimar como legal el proceder de la recurrida, se trata sin lugar a duda, al menos, de un actuar manifiestamente arbitrario, sin razón alguna, inspirada por motivaciones político coyunturales y, en el mejor de los casos, en el capricho del órgano administrativo.

Adiciona que la solicitud de la recurrida vulnera también el principio de proporcionalidad, que puede extenderse a la cuantificación y carga de lo requerido al administrado, inexorablemente unido al plazo.

Sostiene que las acciones de la recurrida vulnera los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad. Incluido también el numeral 26 del mismo artículo por afectar los derechos en su esencia, al imponer trabas directas que impiden el libre ejercicio, en este caso, el derecho a informar en un plazo y número razonable de licencias médicas, bajo sanción gravísima de multas y de suspender el derecho a emitir dichas licencias médicas.

Por estas consideraciones solicita se acoja el recurso, declarando ilegal y/o arbitrario el proceder de la recurrida, ordenando que la recurrida deje sin efecto la sanción de multa y suspensión de emisión y compra de talonarios de licencias médicas, decretada y notificada mediante correo electrónico de 5 de enero de 2023, absteniéndose de ejecutar la sanción pecuniaria y habilitando desde ya al profesional requirente para la emisión y compra de talonarios de licencias médicas; que, en el futuro la recurrida se limite al requerimiento de información de licencias médicas en un plazo y cantidad razonables y proporcionales, dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria. Es decir, una licencia médica por cada requerimiento y por separado, permitiendo al requirente el plazo que ofrece la Ley N° 20.585 para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 7 días, de manera tal que el periodo legal proceda para la recopilación de antecedentes, análisis y elaboración de información de manera exclusiva y no de forma paralela para 2 o más. En su defecto, que el requerimiento solo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas que se estime, debiendo precisar y mantener la COMPIN un orden o criterio unificador para requerir informe, por ejemplo, acotando el requerimiento a licencias otorgadas respecto de un paciente, sin que corran simultáneamente varios plazos. Con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N° 23044152403 de 5 de enero de 2024; 2. Copia correo electrónico de COMPIN para nombre reservado de 29 de diciembre de 2024; 3. Copia correo electrónico de COMPIN para nombre reservado de 20 de diciembre de 2024; 4. Captura de pantalla en la que se observa el impedimento del recurrente para poder añadir información a la plataforma digital de la COMPIN.

SEGUNDO: Que, evacuó informe GONZALO nombre reservado CONTRERAS PINTO, abogado, en representación de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO.

Expone, en lo pertinente, que de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Departamento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Nacional, a través del software TABLEAU, don nombre reservado, es un profesional médico cirujano, que desde el 01 de diciembre de 2022 al 03 de noviembre de 2023, previo a la fiscalización, emitió 1.455 licencias médicas.

Lo precedentemente expuesto, justifica que la autoridad administrativa instruya un proceso administrativo de fiscalización, y requiera la colaboración del recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las 1.455 licencias médicas expedidas a sus pacientes.

Ahora bien, aun con todo lo expuesto, la COMPIN, respecto de este caso, únicamente fiscalizó la cantidad de 50 licencias médicas, reduciendo a la mitad el total de licencias médicas habitualmente requeridas por esta autoridad administrativa para dicho efecto, de un total de 1.455 licencias emitidas entre el 01 de diciembre de 2022 al 03 de noviembre de 2023, elegidas todas de forma aleatoria, desprovista de cualquier tópico que pudiese ensuciar el muestreo requerido, en el entendido que el software TABLEAU aplicado para estos efectos, permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas por don nombre reservado, y que en la práctica dan cuenta de un proceder objetivo de la COMPIN, al momento de realizar la elección del fiscalizado en virtud del algoritmo previsto para dicho efecto. Lo que no corresponde a un actuar antojadizo y caprichoso, como se ha insinuado sistemáticamente por el recurrente en la presente acción de protección.

A modo de ejemplo, el recurrente dentro de sus alegaciones señala que la COMPIN le requirió datos sensibles, de muchos pacientes atendidos en el ámbito público, pero como será posible de apreciar ello no es tal, toda vez, que el recurrido en el ámbito público de la salud sólo ha atendido un total de 3,6% de sus pacientes (ello equivale a la cantidad de 52 pacientes), en circunstancias que en el ámbito privado predomina la atención de un total de 96,4% de pacientes (ello equivale a la cantidad de 1.403 pacientes). Dicho así, era materialmente posible para el recurrente fiscalizado contar con la información de respaldo requerida, ya que, se encuentra obligado por el Decreto Ley N° 41, que aprueba el reglamento sobre fichas clínicas a contar con dicha información solicitada, a través del almacenamiento digital o papel de dicha información, de forma permanente, y por la cantidad de 15 años.

Señala que al no existir respuesta ante el eventual requerimiento, como es del caso en cuestión, en que la COMPIN, recibió solamente una respuesta parcial, existiendo incluso una prórroga de plazo entregada por COMPIN.

Destaca que el recurrente no reclamó ante la SUSESO, conforme lo permite la normativa que rige la materia.

Hace presente que el plazo para la entrega de los antecedentes, por parte de los prestadores fiscalizados, se encuentra expresamente regulado el artículo 2° de la ley N° 20.585; atendido a que la norma específica contempla un conteo de plazo de forma distinta a la Ley N° 19.880, es que este cuerpo legal, no puede ser considerado a estos efectos.

En síntesis, esa Comisión médica ha actuado conforme a derecho, con ausencia total de ilegalidad o arbitrariedad alguna, ello porque todo actuar cuestionado, cuenta con respaldo en sus atribuciones constituidas de forma previa y por ley, lo que trae como consecuencia un respeto irrestricto de las garantías constitucionales con especial apego a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Asimismo, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone de un catálogo de medidas de las cuales puede disponer esa Comisión para formarse una mejor convicción de la licencia médica objeto de estudio, dentro de las cuales -especialmente en la letra d- subyace la posibilidad de solicitar la ficha clínica del beneficiario de una licencia médica. En consecuencia, las actuaciones realizadas por COMPIN, para solicitar la ficha clínica, se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto en dichas normas, frente a la necesidad de asegurar que el correcto uso de las licencias médicas.

Frente a la supuesta intempestividad que la COMPIN ha incurrido, en virtud de las licencias médicas fiscalizadas al recurrente, señala que si bien los plazos contemplados en la ley para las actuaciones de la Administración no son fatales –a menos que hubiese un proceso legal contrario-, la ley N°18.575, en sus artículos 3° inciso segundo y 8°, impone a los órganos que la integran el deber de observar los principios de eficiencia, eficacia y accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como también la agilidad y expedición de los procedimientos. Así mismo, hace presente que el artículo 7° de la Ley 19.880, reitera que las autoridades y funcionarios públicos deben actuar conforme al principio de celeridad, y por su parte el artículo 8° de ese mismo texto legal, consagra el principio conclusivo, en cuya virtud el procedimiento administrativo debe terminar con la dictación de un acto decisorio, que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la voluntad del órgano administrativo, como ocurrió en el procedimiento de fiscalización reclamado en por la presente acción de protección.

Por estas consideraciones solicita rechazar la acción de protección interpuesta en contra de su representada.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia en PFD del Ordinario N°230441524, de 20 de noviembre de 2023, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante el cual se inicia proceso de fiscalización y solicita remisión de antecedentes e informes complementarios; 2. Copia en PFD del Ordinario N°23044152401, de 29 de noviembre de 2023, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante el cual se reitera remisión de antecedentes e informes complementarios; 3. Copia en PFD del Ordinario N°23044152402, de 29 de noviembre de 2023, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante el cual se reitera remisión de antecedentes e informes complementarios; 4. Copia en PFD de la Resolución Exenta N° 23044152403, de 05 de enero de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se aplica multa y suspende facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios; 5. Copia en PFD de la Resolución Exenta N° 23044152404, de 26 de enero de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se renueva sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y venta de talonario; 6. Copia en PFD de los reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU, que permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas por don nombre reservado; 7. Copia de Dictamen N°E369310/2023 de 18 de julio de 2024, emitido por la Contraloría General de la República; 8. Copia de Circular SUSESO N°3523, de 21 de julio de 2020, mediante la cual se imparte instrucciones para la aplicación de la ley n° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Deja sin efecto circular n° 2827 de 14 de mayo del año 2012 de la Superintendencia de Seguridad Social; y 9. Copia de publicación realizada por FALMED en su página web www.falmed.cl, mediante la cual exponen en la gaceta jurídica pública, dedicada a la asesoría de médicos en Chile, respecto del objeto y las particularidades de forma pormenorizada del procedimiento cuestionado en la presente acción. ¿Cuáles son las sanciones que arriesgan los profesionales que emiten licencias médicas sin fundamento médico? La Ley N° 20.585, publicada el 11 de mayo de 2012, establece la aplicación de medidas de control, fiscalización y sanciones para profesionales médicos y contralores de isapres, ante conductas fraudulentas, ilegales o abusivas en la emisión y evaluación de las licencias médicas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y lo expuesto por los apoderados de las partes en audiencia, estiman estos juzgadores que en la especie no se verifica ilegalidad alguna en el obrar de la recurrida, toda vez que tanto el requerimiento formulado como el plazo otorgado para dar respuesta al mismo se sustenta en las disposiciones de la Ley N° 20.585, circunstancia que por lo demás es reconocida expresamente por el recurrente en su libelo.

Mismas consideraciones cabe efectuar respecto de la solicitud de las fichas clínicas de los pacientes del recurrente, en atención que el artículo 21 del Decreto Supremo n° 3 de 1984 del Ministerio de Salud faculta expresamente a la denunciada a requerir tal antecedente.

SEXTO: Que, en cuanto a la arbitrariedad que se alega por el actor, no aparece, en concepto de esta Corte, como irracional el número de licencias médicas respecto de las cuales se solicitó informar, en atención a la cantidad total de licencias emitidas por el actor en el periodo objeto de fiscalización, ni tampoco el término concedido para evacuar los respectivos informes, toda vez que se concedió el plazo máximo dispuesto por ley, el cual, a mayor abundamiento, fue prorrogado.

SEPTIMO: Que, atendido lo razonado en los considerandos que preceden, solo cabe concluir que en la especie no hay acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a la recurrida, no verificándose en consecuencia el presupuesto básico de procedencia de esta acción, por lo que solo cabe desestimar el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por PABLO MARTÍNEZ ZÚÑIGA, en representación de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 99-2024 (Protección).-