nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado.

Recurso de Protección Rol N° 984-2023.- La Serena, veintinueve de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el día 15 de mayo de 2023, comparece don Rafael Irarrázaval Videla, abogado, en favor de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado.

Expone que el recurrente se desempeña como Jefe del Departamento de Tecnologías de Información del Hospital Provincial de Ovalle, establecimiento en el cual ha trabajado por 30 años de forma ininterrumpida desde su ingreso el año 1993. Que, con fecha 18 de agosto de 2022, mediante resolución exenta N°10.896, dictada por René nombre reservado, Director del Hospital Provincial de Ovalle, se instruyó la realización de un sumario administrativo en su contra, por la eventual responsabilidad que le cabría como Jefe del Departamento de Tecnologías de Información del Hospital, en la desaparición de 28 equipos computacionales, designando como fiscal encargado del procedimiento a don nombre reservado, según lo dispone el Artículo 129 del Estatuto Administrativo.

Explica que en ese contexto, el recurrido, el día 22 de septiembre de 2022, ordenó la suspensión preventiva del recurrente, con el propósito de asegurar que el desarrollo de la etapa indagatoria fuere exitosa, fundando esta medida en el artículo 129 del Estatuto Administrativo. Dicha medida tuvo su inicio el día 23 de septiembre del mismo año, encontrándose vigente hasta la fecha de interposición del recurso, habiendo transcurrido más de 7 meses desde su imposición, sin tampoco haberse terminado la fase investigativa, cuyo plazo máximo es de 20 días según lo señala el artículo 132 inciso segundo del Estatuto Administrativo. Es así como el acto administrativo indicado, con la consecuente omisión de poner término a la medida preventiva hasta la fecha, funda la interposición del presente recurso de protección.

Alega que el recurrente ha sido privado de las garantías constitucionales de igualdad ante la Ley y debido proceso, previstas y consagradas en el artículo 19 Nº2 y Nº3 inciso 5º de nuestra Constitución Política de la República. Dichas garantías, en concreto se ven transgredidas por el Acto Administrativo emitido por el Fiscal designado en el sumario administrativo, don nombre reservado, de fecha 22 de septiembre de 2022, en el cual impone como medida preventiva la suspensión del recurrente en sus funciones. Dicho acto, ha devenido en ilegal o arbitrario producto de la omisión del cumplimiento de la obligación de poner término a dicha medida, considerando el transcurso del tiempo durante el cual se ha mantenido vigente.

Arguye que la arbitrariedad e irracionalidad son patentes, por cuanto según dispone la misma resolución emitida por el recurrido en su calidad de Fiscal, la suspensión preventiva, se impone en función de alcanzar un desarrollo exitoso de la etapa indagatoria, citando al efecto el artículo 135 de la Ley 18.834, en el cual el legislador ha optado por el uso de términos imperativos, que no dan lugar a discrecionalidad por parte del ente fiscalizador, encontrándose en la obligación de cerrar la fase indagatoria del procedimiento sumario una vez transcurridos los 20 días concedidos para la misma. A dicha obligación, la ley ha concedido una sola excepción, señalada en el inicio siguiente del mismo artículo, permitiendo la prórroga del plazo por existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, hasta completar 60 días, prorroga que, dicho sea de paso, no puede ser ejercida por el funcionario fiscal de manera autónoma, sino que debe ser sometida a resolución del jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de Servicios Nacionales desconcentrados, según corresponda.

Estima que la infracción se configura por cuanto la extensión de la suspensión del recurrente en sus funciones, lleva 7 meses de vigencia ininterrumpida, excediendo con creces el máximo legal, e incluso el plazo concedido para casos calificados. Además, porque esta vigencia ha tenido lugar por una decisión autónoma del Fiscal a cargo del procedimiento sumario, lo cual también la reviste de un carácter irregular, puesto que no contó con la debida autorización de las autoridades señaladas, traspasando así las facultades que la ley le otorga.

Asimismo, indica que existiría infracción al artículo 7° de la Constitución Política de la República, dada la calidad de órgano del Estado que reviste el Fiscal a cargo del presente sumario, puesto que, como toda entidad estatal, sólo puede actuar en la medida y forma que la ley le permite, al ser creados y regidos por normas de derecho público.

Agrega afectación a la garantía de igualdad ante la Ley, contemplada en el artículo 19 Nº2 inciso segundo de nuestra Constitución Política de la República, dada la arbitrariedad de la decisión del Fiscal instructor del sumario administrativo, en orden a prolongar de manera injustificada la medida de suspensión preventiva que pesa sobre el recurrente. Lo anterior, lo ubica en una posición desmejorada y desigual ante la Ley respecto de todo funcionario objeto de procedimientos de esta índole, en atención a imponerse en su caso particular una medida de una extensión no contemplada en el ordenamiento jurídico, dejándolo también en una situación vulneratoria de su derecho al debido proceso, al no estar siendo juzgado en un plazo razonable, careciendo así la investigación de toda racionalidad y justicia.

Por otra parte, estima que, siendo tal el exceso temporal de la medida preventiva impuesta, que la misma ha adquirido un carácter sancionatorio, puesto que transgrede con creces el plazo indagatorio dentro del cual tiene lugar según lo dispuesto en el ya citado artículo 135 de la Ley 19.834. Lo anterior, a juicio del recurrente, resulta inaceptable desde el punto de vista jurídico, en atención a que no es el Fiscal el llamado por el legislador a imponer la eventual sanción ante un procedimiento de esta naturaleza, tal como dispone el inciso primero del artículo 140 del cuerpo legal referido.

Sostiene que, de esa forma, junto a la vulneración de la garantía de igualdad ante la Ley, se transgrede el artículo 19 Nº3 en su inciso 5º, puesto que, ante la aplicación de una sanción, el Fiscal se constituye de facto en comisión especial, haciendo las veces de Tribunal, efectuando un acto de enjuiciamiento fuera de toda atribución legal en perjuicio del recurrente, puesto que el tiempo que este se ha encontrado suspendido de sus funciones es homologable al de la sanción de destitución, la más grave a imponer por condena administrativa.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto la referida resolución dictada con fecha 22 de septiembre de 2022 y adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

Acompaña al recurso: 1. Copia de Resolución Exenta N°10.896, dictada con fecha 18 de agosto de 2022 por René nombre reservado, Director Hospital Provincial de Ovalle, mediante la cual instruye sumario administrativo en contra del recurrente, junto con designar como fiscal al funcionario nombre reservado. 2. Copia de Resolución dictada con fecha 22 de septiembre de 2022 por don nombre reservado, en cuanto fiscal del sumario administrativo seguido en contra del recurrente, en la cual se impone la medida de suspensión preventiva actualmente vigente.

SEGUNDO: Que, el día 26 de mayo de 2023, evacúa informe el recurrido, don nombre reservado.

En primer lugar, deduce la excepción de cosa juzgada. Al efecto expone que el día nueve de enero de 2023, esta Corte de Apelaciones, en causa rol 6920-2022 resolvió sobre un recurso de protección presentado por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, entonces Director Hospital de Ovalle y don nombre reservado, entonces Director del Servicio de Salud de Coquimbo, transcribiendo al efecto los considerandos cuarto, quinto, décimo y undécimo de la referida sentencia. Estima que, dicha sentencia reúne todos los elementos para producir el efecto de cosa juzgada.

En cuanto a la identidad legal de personas, advierte que al presentarse esta vez directamente el recurso en su contra y en calidad de fiscal, el recurrente persigue eludir este elemento, puesto que el primer recurso es presentado contra el Hospital de Ovalle y el Servicio de Salud, aunque en el fondo, con los mismos fundamentos y solicitudes persiguiendo un juzgamiento sobre un procedimiento administrativo aún en tramitación.

Respecto a la identidad de la cosa pedida, sin perjuicio de las distintas solicitudes realizadas en el primer recurso de protección, y en comparación con lo solicitado en esta oportunidad, el actor persigue en definitiva que esta Corte se adentre en conocer el mérito y oportunidad de un procedimiento administrativo reglado y en el cual, de acuerdo al considerando décimo de la sentencia referida, no le es pertinente pronunciarse.

Luego, en lo referente a la identidad de la causa de pedir, indica que el recurrente señala por segunda vez vicios procedimentales relativos al sumario administrativo llevado en su contra, cuestión que ya ha sido informada anteriormente.

De lo expuesto, resultaría evidente que don nombre reservado persigue invalidar el procedimiento sumario instruido alegando por segunda vez sobre los mismos hechos y circunstancias, por lo que se solicita la concurrencia de la excepción de cosa juzgada y la expresa condena en costas.

En segundo término, hace presente que el recurso de protección debe ser rechazado por haberse presentado fuera de plazo, al intentar impugnar una resolución de fecha 22 de septiembre del año 2022, sin que se vislumbre cómo el transcurso del tiempo hace devenir una resolución en arbitraria o ilegal, puesto que si así lo fuera don nombre reservado hubiera interpuesto el presente recurso de protección dentro de los 30 días siguientes a notificada la decisión de suspenderlo de sus funciones, esto es, dentro de los 30 días siguientes al 22 de septiembre. Como se declaró y así persiste, la decisión se encuentra enmarcada dentro de un procedimiento sumario reglado, aún en tramitación y sobre el cual esta Corte de Apelaciones ya se ha pronunciado.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa respecto al fondo.

Alega que, el actor señala que el acto administrativo de fecha 22 de septiembre dictado por el recurrido, que impuso la medida preventiva de suspensión, ha devenido en ilegal o arbitraria producto de la omisión del cumplimiento de la obligación de poner término a dicha medida, considerando el transcurso del tiempo durante el cual se ha mantenido vigente.

Cita el artículo 135 del Estatuto Administrativo, y al respecto sostiene que, en primer lugar, los plazos para la administración no son fatales, por lo que el incumplimiento del mismo no invalida lo realizado en el marco de un sumario administrativo, y en segundo lugar, por su parte se vio obligado a abstenerse de realizar diligencias investigativas producto de las constantes recusaciones y presentaciones efectuadas por el recurrente, todas las cuales fueron respondidas por el Hospital Provincial de Ovalle, y acompañadas en causa rol 6920-2022. Ello, en aplicación del artículo 134 de la referida Ley. Sin embargo y en conocimiento del tiempo transcurrido, ha presentado hasta la fecha 2 solicitudes de prórroga, concedidas por Resolución Exenta N° 16.772 de 28 de diciembre de 2022 y N°2.180 de fecha 10 de febrero de 2023.

Aclara que, la decisión de suspensión no ha tenido por fin anticipar una sanción administrativa y la dilación del procedimiento se ha visto totalmente justificada por las constantes presentaciones efectuadas por el recurrente, ante las cuales, para dotar de mayor transparencia y evitar que el recurrente sintiera las diligencias de investigación como respuestas a sus reclamaciones, es que optó por suspenderlas.

Concluye que, la suspensión como medida preventiva del artículo 136 de la Ley 18.834, fue resuelta dentro de sus facultades como fiscal, por tanto, no se ha adjudicado ninguna facultad que no le haya sido otorgada, ni este ha sido un acto arbitrario o ilegal, puesto que ha sido producto de las facultades otorgadas por Resolución Exenta N°10.896 de fecha 18 de agosto de 2022, la cual lo invistió como fiscal.

Solicita, por tanto, acoger la excepción de cosa juzgada, con expresa condenación en costas, no admitiendo a tramitación el presente recurso. En subsidio de aquello, solicita en atención a lo informado, rechazar el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña: 1. Sentencia de fecha 9 de enero de 2023 dictada en causa rol 6920-2022 de la Corte de Apelaciones de La Serena. 2. Resolución Exenta N°10.896 de fecha 18 de agosto de 2022. 3. Carta prórroga de fecha 28 de diciembre de 2022. 4. Resolución Exenta N°16.772 de fecha 28 de diciembre de 2022. 5. Carta prórroga de fecha 3 de febrero de 2023. 6. Resolución Exenta N°2180 de fecha 10 de febrero de 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra don nombre reservado, quien en su calidad de fiscal instructor en procedimiento administrativo seguido en contra del actor, decretó la medida de suspensión preventiva del recurrente en su cargo, la cual se mantiene desde hace más de 7 meses, hasta la fecha. Cabe hacer notar que el reclamo no cuestiona los fundamentos ni la oportunidad de la medida cautelar de suspensión de funciones adoptada por el fiscal recurrido, sino que la prolongación excesiva de su duración, que en opinión del recurrente sobrepasa el marco legal que permitió su adopción y la transforma en una sanción anticipada, razón por la cual estima vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de no ser juzgado por comisiones especiales. En consecuencia, no se cuestiona el acto administrativo en sí mismo, sino que la inactividad en que habría incurrido el recurrido, omitiendo arbitrar las medidas que permitan poner término a dicha situación.

SEXTO: Que, dilucidado en la forma expuesta precedentemente el objeto preciso de la presente acción constitucional, corresponde analizar si ha existido un pronunciamiento previo de esta Corte sobre la materia, como alega la parte recurrida. Con esa finalidad se trajeron a la vista los autos rol N°6920-2022 de este tribunal de alzada, pudiendo advertirse en primer lugar, que no existe identidad entre los recurridos, que en aquella oportunidad fueron el Servicio de Salud de Coquimbo y el Hospital de Ovalle, razón suficiente por sí sola para desestimar la excepción de cosa juzgada.

A mayor abundamiento, al examinar el fondo de la acción entablada en los autos a la vista, es posible concluir que lo reclamado en esa ocasión dice relación con la dictación de la medida de suspensión de funciones, que el recurrente estimó injustificada, abusiva, desproporcional e improcedente, así como con la falta de respuesta por parte de la Dirección del Hospital a su petición de recusación del fiscal instructor. Por lo mismo, las peticiones difieren también de las formuladas en el presente arbitrio, habiéndose solicitado que se ordene a los recurridos que den respuesta a sus requerimientos presentados por escrito, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección del afectado reintegrándolo a su trabajo hasta que se constituya una nueva fiscalía, se otorgue un debido proceso y no se vulnere su derecho a defensa, de modo que no existe tampoco coincidencia ni en el objeto pedido ni en la causa de pedir, sin que concurra ninguno de los requisitos del instituto procesal en análisis.

SÉPTIMO: Que, en lo que mira a la extemporaneidad alegada, yerra el recurrido al efectuar el cómputo respectivo desde la fecha de dictación de la resolución que decretó la suspensión de funciones del actor, toda vez que, como ya se ha expuesto precedentemente, no es aquella la conducta reprochada en el presente arbitrio, sino que la persistente inactividad del fiscal instructor, con efectos permanentes respecto del recurrente de autos, los que se mantenían invariables a la fecha de interposición del recurso, de modo que dicha alegación deberá ser igualmente rechazada.

OCTAVO: Que el artículo 136 del Estatuto Administrativo entrega al fiscal a cargo de un sumario administrativo la facultad de suspender de sus funciones al inculpado, como medida preventiva. Como toda medida cautelar, la suspensión tiene un carácter eminentemente transitorio, y así, la misma disposición establece que terminará al dictarse el sobreseimiento o al emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda. Sólo en caso que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que se mantenga la suspensión previamente decretada. Por su parte, el artículo 135 del mismo cuerpo legal, en su inciso segundo, señala que “la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días”. El inciso tercero de la misma disposición permite que, en casos calificados, se pueda prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días.

De la interpretación armónica de estas disposiciones aparece que la medida de suspensión preventiva de funciones no podría, en caso alguno, exceder de los sesenta días contemplados como plazo máximo para la conclusión de la instrucción del sumario, más los tres días de que dispone el fiscal para dictar la resolución de formulación de cargos o sobreseimiento. En consecuencia, apareciendo del mérito de los antecedentes adjuntados al recurso, que la suspensión se ha extendido prácticamente por ocho meses desde que fuera decretada, en septiembre de 2022, hasta la fecha de la vista del recurso, lo que equivale al triple del máximo previsto por el Legislador, no puede sino concluirse que la actuación del fiscal recurrido ha devenido en ilegal. Ello se ve, además, corroborado por el hecho que la última prórroga que le fuera concedida para la conclusión de su investigación, lo fue por veinte días hábiles a contar del diez de febrero pasado, de conformidad con la Resolución Exenta N°2.180, suscrita con esa misma fecha por el Director (s) del Hospital Provincial de Ovalle, según documento acompañado por el propio recurrido, sin que éste haya indicado en su informe ninguna situación que explique el incumplimiento de este último plazo, el que a la fecha de interposición del recurso se encontraba sobradamente vencido, situación que permite calificar su conducta no solo como ilegal, sino también como arbitraria, precisamente por la carencia de un motivo o razón que justifique su inacción. Finalmente, debe tenerse adicionalmente en consideración, que el plazo por el cual se ha mantenido la medida provisoria excede incluso el término de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880 para la conclusión de cualquier proceso administrativo que no tenga asignado un plazo especial.

NOVENO: Que, en lo que mira a la excesiva prolongación de la medida de suspensión de funciones, así como del sumario administrativo en que se inserta, resulta plenamente aplicable lo previsto en el artículo 4 de la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto consagra como principios que deben regir el actuar de la Administración, entre otros, los de Celeridad y Conclusivo. El primero de ellos, tratado en el artículo 7 de la Ley ya apuntada, establece que el procedimiento será impulsado de oficio por la administración estatal, en tanto que se harán expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y serán removidos todos los obstáculos que pudieran afectar a la pronta y debida decisión. En cuanto al segundo, éste dispone que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la administración estatal dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad; según reza el artículo 8 de la misma ley. Del tenor del recurso, así como del informe evacuado por el recurrido, resulta palmario que ninguno de estos principios ha sido respetado en el sumario administrativo seguido en contra del recurrente, lo que refuerza la arbitrariedad de la conducta del fiscal instructor, que a juicio de estos sentenciadores ha conculcado la prerrogativa constitucional de Igualdad ante la Ley, pues la posición en que se halla el recurrente de autos se encuentra en desmedro de la respuesta que naturalmente se ha debido conceder a otras personas que han visto resuelto el cuestionamiento a su responsabilidad administrativa dentro de los parámetros temporales previstos en la Ley, y con sujeción a los principios que rigen la materia.

DÉCIMO: Que la conducta del recurrido, en cuanto ha mantenido la medida preventiva de suspensión por un término de aproximadamente ocho meses, implica además una sanción anticipada, por la cual el fiscal instructor asumió de facto una función que por su naturaleza era privativa del órgano resolutor. En efecto, la suspensión de funciones no sólo figura como una medida cautelar, provisoria y por tanto de corta duración, dentro del procedimiento contemplado en la Ley 18.834 para la instrucción de un sumario administrativo; el mismo cuerpo legal, en su artículo 121 letra c) la contempla también como una sanción, naturalmente con una duración mayor que los veinte días propios de la medida cautelar, en un rango cuya extensión va de treinta días a tres meses. Esto lleva a concluir que en el caso de autos se ha llegado al extremo de prolongar una medida calificada por el legislador como preventiva, esto es, de carácter transitorio, por un tiempo que más que duplica el que se establece en la misma ley para la suspensión como sanción, con el agravante que se trata de la segunda sanción más gravosa de las que se contemplan en el ordenamiento respectivo, sólo por debajo de la medida de destitución. Es por ello que no puede menos que compartirse la afirmación del recurrente, en orden a estimar que la suspensión que se le ha impuesto en los hechos, por su inusitada extensión, resulta del todo equivalente a una sanción anticipada, al margen de cualquier formulación de cargos, y por la cual se ha visto afectado su derecho al juez natural, al haberse impuesto dicha medida por una autoridad distinta de la contemplada en el Estatuto Administrativo, y por un plazo superior al máximo previsto en dicha Ley.

UNDÉCIMO: Que, por las razones expuestas, apareciendo que la mantención de la medida de suspensión preventiva en los términos expuestos infringe la regulación contenida en los artículos 135 y 136 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, así como la disposición del artículo 27 de la Ley 19.880, inaplicando además los principios de celeridad y conclusivo que deben guiar el actuar de la Administración, y que por esta conducta ilegal y arbitraria del recurrido se han vulnerado las garantías constitucionales del actor, en la forma precedentemente expuesta, no cabe sino acoger el presente recurso, en la forma que se indicará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte recurrida.

II.- Que SE DESESTIMA, igualmente, la alegación de extemporaneidad del recurso.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Rafael Irarrázaval Videla, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y en consecuencia se dispone que el recurrido deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda para poner término a la medida preventiva de suspensión de funciones del actor, dentro del plazo de 10 días corridos desde notificada la presente sentencia, a menos que en el mismo plazo se genere la situación prevista en el inciso tercero del artículo 136 de la Ley 18.834.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Señor Sergio Troncoso Espinoza.

Rol N° 984-2023 (Protección).-