nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Departamento de Extranjería y Migración Recurso de protección Rol N° 982-2022.

La Serena, uno de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, se deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, sin cédula de identidad, número de pasaporte RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido al no pronunciarse sobre la solicitud de Visa Temporaria, efectuada por la parte recurrente el día 30 de abril de 2021.

Expone en síntesis, que la recurrida no se ha pronunciado sobre la solicitud de Visa Temporaria de la parte recurrente, pese a haber transcurrido casi 1 año desde su solicitud; omisión arbitraria e ilegal que conculca los principios de celeridad, conclusivo y de inexcusabilidad al infringir el artículo 27 de la ley N° 19.880; y, al mismo tiempo, conculcando el derecho fundamental de la parte recurrente a la igualdad a la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo anterior, solicita que esta Corte de Apelaciones ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud y otorgue a la brevedad posible la Visa Temporaria de la parte recurrente.

Acompaña a su presentación: 1. Comprobante de solicitud y pasaporte de la recurrente.

SEGUNDO: Que a folio 7, comparece don Javier Muñoz Reyes, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción.

Manifiesta que, con el 22 de febrero de 2021, la extranjera ingresó como turista al país por el aeropuerto nombre reservado y que el fecha 21 de abril de 2021, solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325.

Agrega que mediante Resolución Exenta N° 21001119, de fecha 21 de abril de 2021, se acogió a trámite la solicitud de regularización presentada por la extranjera y se le tuvo por desistida de todo trámite pendiente en materia migratoria, otorgándose el respectivo permiso de trabajo mientras la postulación se encuentre en trámite y que con fecha 30 de abril de 2021, la extranjera solicitó ante esta autoridad visa temporaria para profesionales y/o técnicos.

Sostiene que posteriormente el 05 de mayo de 2021, la extranjera solicitó prorrogar su visa de turismo, siendo otorgada mediante Resolución Exenta N° 63.145, vigente hasta el 21 de agosto de 2021.

Indica que, no obstante, mediante Resolución Exenta N° 21089281, de fecha 06 de julio de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó solicitud de regularización extraordinaria presentada por la extranjera, y se decretó orden de abandono del país en un plazo de 72 horas a contar de la notificación.

Que la causal de rechazó dice relación con el incumplimiento de un requisito objetivo previsto en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325, en tanto que la extranjera ingresó al país el 22 de febrero de 2021 en una fecha posterior al 18 de marzo de 2020 establecido como fecha límite para postular. Agrega que en dicha resolución se informan los recursos de reposición y jerárquicos que puede deducir conforme a la Ley N° 19.880.

Respecto de la solicitud de visa temporaria, indica que fue acogida a trámite, pero que, al haber sido rechazada su solicitud de regularización con abandono, conforme al artículo 8° transitorio de la Ley 21.325, dicha circunstancia es causal de rechazo de su solicitud de visa presentada, en conformidad a lo establecido en el artículo 88 N° 2, en relación con el artículo 32 N° 4, ambas normas de la Ley 21.325.

“Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de quienes: 2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2”. “Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que: 4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o caduque la medida”.

Expone que, por lo tanto, aun cuando la solicitud de visa se haya acogido a trámite, no existiendo aún una Resolución Exenta que resuelva, correspondería su rechazo atendido lo señalado anteriormente.

Señala que, por lo expuesto, y teniendo presente que, a juicio de esa autoridad, no existe actualmente un acto u omisión arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de la recurrente respecto de las garantías incoadas, solicita que la presente acción sea rechazada en todas sus partes, por no existir las vulneraciones alegadas, y no siendo procedente tampoco que esta parte sea condenada en costas.

Acompaña a su informe: Resolución Exenta N° 21001119, de fecha 21 de abril de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

2. Resolución Exenta N° 21089281, de fecha 06 de julio de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de visa temporaria presentada por la actora, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de visa temporaria, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de la recurrente, ha superado los 6 meses de tramitación, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, por lo menos durante los años 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menos restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Finalmente, como lo indica el recurrido en su informe, el hecho de haberse rechazado la solicitud de regularización migratoria conforme al procedimiento contemplado en el Artículo Octavo Transitorio de la Ley 21.325 no es óbice para que exista un pronunciamiento formal respecto de la solicitud de visa temporaria efectuada por la recurrente, lo que lleva a acoger el presente arbitrio, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de visa temporaria presentada ante ella por la parte recurrente, lo anterior, dentro del plazo de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de notificación de la presente resolución.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°982-2022.- Protección.