Protección contra Contraloría Regional de Coquimbo

nombre reservado y otros nombre reservado.

Recurso de Protección.

Rol N° 980-2018.- La Serena, once de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado, nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado, nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado y nombre reservado, RUT RUT reservado, todos ellos funcionarios del DAEM de Combarbalá y domiciliados en dicha ciudad, domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Afirman que el 13 de agosto de 2018 se les dio a conocer el ordinario número 3.337 emanado de Contraloría Regional de Coquimbo, de fecha 30 de julio de 2018, que expone las conclusiones acerca de la veracidad del otorgamiento de permiso inter-feriado, que le fue puesta en conocimiento a través de una denuncia anónima. En dicho reclamo se habría indicado que por la fecha del referido permiso – no señalado por los recurrentes - habrían quedado sin pago de remuneraciones los funcionarios que las reciben mediante documentación bancaria.

Indican que la recurrida recoge el argumento esgrimido por la Municipalidad que señala lo dispuesto en el artículo 109 inciso 2º del Estatuto Administrativo que autoriza expresamente la posibilidad de estos permisos inter-feriados, sin perjuicio que lo propio prescribe el artículo 35 del Código del Trabajo, siempre que tal permiso sea compensado con anterioridad o posterioridad al permiso otorgado.

Señalan que el propio recurrido reconoce la autorización que mediante resolución número 589 de fecha 13 de marzo de 2018 da la Secretaria Regional Ministerial de Coquimbo para recuperación de clases a fin de otorgar estos inter-feriados. A su juicio, aquí aparece la arbitrariedad e inconstitucionalidad del ordinario atacado, pues ninguno de los docentes ni asistentes de la educación trabajó en el día inter-feriado. En su concepto, ante una situación idéntica el recurrido actúa de manera diversa pasando por alto la situación de los funcionarios de los diferentes establecimientos educacionales observando la conducta solo de los recurrentes, en cuanto a ser funcionarios DAEM.

Señalan que las horas no trabajadas se compensaron, no existiendo – por ello - detrimento a la administración, presentándose un actuar desigual, a la luz del artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, pues la recurrida no da argumentos respecto a la diferencia que pudiere justificar lo que catalogan como discriminación.

Afirman que el pago de las remuneraciones a los funcionarios – según documentación aportada – se hizo el día 27, previo al feriado del día 30. Los cheques también se entregaron, por lo que la recurrida tiene pleno conocimiento que se efectuó el pago de remuneraciones con anterioridad precisamente a fin de evitar cualquier perjuicio. Señalan que la Contraloría Regional reconoce que no existe perjuicio, ni reclamación alguna en orden a que alguna persona no recibió su remuneración, pues existe un convenio con Banco Estado para dichos efectos y el pago a través de cheques resulta excepcional y solo mientras tramitan sus chequeras electrónicas, por tanto el eventual perjuicio en que basa su argumentación la recurrida carece de valor, cayendo en la arbitrariedad.

A juicio de los recurrentes, se vulneran cuatro garantías constitucionales, a saber, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el derecho a la integridad física y psíquica.

En cuanto al primero de ellos, afirman que la recurrida actúa de manera distinta antes dos situaciones equivalentes, lo que importa una arbitrariedad. En efecto, a su juicio, el Contralor Regional observa los permisos inter feriados de los funcionarios DAEM, pero no de los docentes o asistentes de la educación que se desempeñan en los diferentes colegios, sin exponer razonamiento alguno frente a esta diferenciación arbitraria, no existiendo ningún fundamento legal que permita o justifique tal diferencia al resolver asuntos semejantes. Ello genera una desigualdad entre individuos que se encuentran en idéntica situación fáctica, pues hay funcionarios que son tratados de manera diferente por el órgano contralor, sin que exista sustento normativo que avale dicha discriminación.

En cuanto a la supuesta vulneración a la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la fundamentan en que los derechos laborales consagrados en la ley - específicamente en lo relativo a permisos inter feriados - son normas mínimas de resguardo de los derechos laborales y funcionarios, de modo que no es procedente verse privados de ellos, citando para dichos efectos el artículo 5 del Código del Trabajo, en cuanto a la irrenunciabilidad.

En relación a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, - afirman los recurrentes - que la Contraloría al negar el ejercicio de derechos laborales consagrados en los respectivos cuerpos normativos, sobrepasa sus atribuciones, constituyéndose como comisión especial, incluso posicionándose por encima de la judicatura ordinaria, ya que ni siquiera un Tribunal de la República puede resolver en contra de norma expresa.

Refiriéndose al derecho a la integridad física y psíquica, los recurrentes afirman que el derecho al descanso es un derecho humano que junto con asegurar la salud física y psíquica del individuo, permite recuperar energías y mantener así un adecuado rendimiento laboral, y que la recurrida atenta contra ello, afectando su integridad psíquica y física, al verse privados de un derecho consagrado legalmente y asentado en su vínculo con el Municipio.

Finamente piden que se acoja la acción de protección, se deje sin efecto el ordinario impugnado y se condene en costas a la recurrida.

Con fecha 13 de septiembre de 2018, comparece don nombre reservado, en su calidad de Contralor Regional, informando el recurso deducido y solicita su rechazo.

Primeramente, a objeto de contextualizar, señala que la acción de protección dirigida contra la Contraloría Regional es por haber emitido el oficio N° 3.337 de 30 de julio de 2018, que en lo sustancial dispuso que la Municipalidad de Combarbalá debía adoptar las medidas conducentes a evitar que se repitan situaciones como las ocurridas el 30 de abril de 2018, esto es, el otorgamiento de permisos compensados, dando cumplimiento al principio de continuidad que inspira el actuar de la Administración del Estado, debiendo preveer en el futuro que dicho beneficio sea pactado con los servidores regidos por el Código del Trabajo y que éste se otorgue a un número de funcionarios que no implique la paralización de sus funciones.

Señala que el 1 de mayo de 2018, recibieron una denuncia anónima informando que el 30 de abril del presente año, se habría otorgado un permiso administrativo compensado a todo el personal del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Combarbalá - incluyendo a la Jefa de dicha unidad - solicitaba un pronunciamiento en cuanto a la legalidad de dicha situación y si se había cumplido con los requisitos para ello, como por ejemplo, la recuperación y cobro de las horas no trabajadas. Indica que también se denunció que la ausencia de los trabajadores de dicho departamento durante aquel día, habría impedido recibir sus remuneraciones al personal que lo hace a través de documento bancario, además de otras situaciones vinculadas con el normal funcionamiento que pudieron verse afectadas.

Alega la falta de legitimación activa de los recurrentes, argumentando que el señalado oficio N° 3.337 está dirigido a la Municipalidad de Combarbalá y no a ellos; que dicho oficio da instrucciones para que en el futuro dicha entidad no paralice sus funciones, debiendo respetar el principio de continuidad de la función pública y que no se observa de qué forma dicha actuación podría afectar alguna de las garantías constitucionales invocadas por los actores. Así, aparecería claramente que no se acredita el interés directo de los recurrentes para reclamar por esta vía.

En segundo lugar, alega que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, es ajeno a la naturaleza de la acción constitucional de protección. Ello, pues ésta constituye un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz, frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos constitucionales que admiten su ejercicio, respecto de asuntos en los que existe un derecho indubitado garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, y que no admite cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica. En la especie, los recurrentes no han intentado amparar un derecho indubitado, sino que buscan cuestionar los criterios jurídicos por los cuales la Contraloría Regional determinó que la Municipalidad de Combarbalá debía prever - en el futuro - que el otorgamiento del permiso inter-feriado se ajuste al principio de continuidad establecido por la ley N° 18.575, Bases Generales de la Administración del Estado y a las formalidades previstas para ello en el artículo 35 bis Código del Trabajo.

Por su parte, niega expresamente que la actuación de la Contraloría Regional sea ilegal, pues de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 98 de la Constitución Política de la República; 51 de la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 5, 6, 9, 131, de la Ley número 10.336; Ley número 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la Resolución número 1.002 de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, el acto impugnado se ejecutó de acuerdo a las normas citadas, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico.

Niega asimismo, que la actuación reprochada sea arbitraria, pues las conclusiones de ese acto administrativo no se derivan de un mero capricho, sino que constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima de la Contraloría Regional llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de dicho órgano.

En cuanto a los derechos supuestamente vulnerados, desarrolla sus alegaciones separadamente.

Primeramente, en cuanto al derecho a la integridad física y psíquica de las personas, niega su vulneración, desde que a su juicio el citado oficio número 3.337 no afectó ni afectará el derecho al descanso alegado por los recurrentes, pues, en la medida que se cumpla con lo prevenido en el artículo 35 bis del Código del Trabajo - armonizándolo con la permanencia de las funciones municipales, y el aludido principio de continuidad - dicho beneficio será otorgado. Es más, afirma que el oficio impugnado de ninguna manera desconoce o niega la existencia del derecho a utilizar permiso inter-feriado de los funcionarios del DAEM, sino que le ordena a la Municipalidad que - de otorgarlo - debe cumplir con los requisitos dispuestos para ello, lo que se traduce en que se pacte cuando corresponda, de forma escrita y previo a su otorgamiento y uso, junto con garantizar la continuidad del servicio.

En relación a la igualdad ante la ley, señala que dicha garantía no consiste en una igualdad absoluta, sino que frente a situaciones idénticas ha de aplicarse y resolverse con arreglo a la misma normativa, teniendo presente las diferencias específicas. Ahora bien, respecto a la supuesta diferencia arbitraria hecha por la Contraloría Regional entre los funcionarios del DAEM y los docentes y asistentes de la educación del mismo municipio, niega su ocurrencia, pues a los servicios prestados por docentes y asistentes de la educación, también se aplica el principio de continuidad. Así, respecto del resto de los funcionarios municipales, y en general, de toda la Administración Pública, resulta plenamente aplicable dicho principio de la continuidad, y la forma de otorgar los permisos inter-feriados dependerá del estatuto que les resulte aplicable, por lo que afirma la inexistencia de una vulneración.

Respecto a la afirmación de haberse constituido la Contraloría Regional en una comisión especial, lo niega, señalando que el oficio ha sido emitido en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le ha conferido a dicho Órgano Fiscalizador. A mayor abundamiento sostiene que no ha efectuado una labor de juzgamiento, sino que sólo ha hecho uso de las potestades que la Constitución Política y su ley orgánica le confieren, interpretando y aplicando la normativa legal y la jurisprudencia administrativa vigentes sobre la materia.

Niega, asimismo, la vulneración del derecho de propiedad denunciado por los recurrentes, indicando que cuando la ley concede algún beneficio - como ocurre en el caso en análisis - tal derecho no puede ingresar al patrimonio de una persona si ésta no satisface todas las condiciones que el propio ordenamiento jurídico dispone para su debida percepción, esto es, las exigencias del artículo 35 bis del Código Laboral. Al no satisfacer todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa respectiva, los actores no están habilitados para obtener el beneficio, razón por la cual no tienen un derecho actual, sino una mera expectativa de obtener un permiso inter-feriado. Así – concluye – no existe la vulneración denunciada.

Ahora bien, en cuanto al principio de continuidad del servicio público, señala que se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Ley número 18.575. A su turno, el artículo 28 de dicho cuerpo normativo señala “que los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer las necesidades colectivas, de manera regular y continua”. Por su parte, el artículo 1 de la citada Ley número 18.575, establece que forman parte de la Administración del Estado - en lo que interesa - las Municipalidades, siendo del caso concluir que los referidos principios son plenamente aplicables y exigibles a estas entidades y en consecuencia a su Alcalde, el que según el inciso primero del artículo 56 de la Ley número 18.695, es la máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección, administración superior y supervigilancia de su funcionamiento. Dado que la Municipalidad debe desarrollar en forma continua, ininterrumpida y permanente el servicio educacional en su comuna, es evidente que no todos los funcionarios de la respectiva repartición municipal podían gozar y obtener el descanso inter-feriado el día 30 de abril de 2018 - como en la especie ocurrió - pues ello significó cerrar sus oficinas, dejando a la colectividad sin el acceso a esta importante función pública.

Finalmente, hace presente que a los funcionarios de los departamentos de educación municipal se les aplica el Código del Trabajo, por expresa disposición del inciso segundo del artículo 3 de la Ley N° 18.883. En este sentido, el inciso final del artículo 35 bis del Código del Trabajo, señala que el pacto referido al descanso en días inter feriado, debe constar por escrito, lo que no ocurrió en la especie, por lo que los recurrentes no estaban habilitados para gozar del señalado permiso.

De los antecedentes aportados por el Municipio y de las diligencias efectuadas, se constató que efectivamente, el día 30 de abril de 2018, el personal del DAEM suspendió sus actividades laborales. Así, y ante la imposibilidad de retrotraer lo efectuado, la recurrida determinó que la Municipalidad de Combarbalá tenía que adoptar las medidas conducentes a evitar que situaciones como las descritas se repitieran, por lo tanto, se le ordenó prever a futuro, en primer lugar, que el aludido beneficio sea pactado con los servidores regidos por el Código del Trabajo, en cumplimiento del citado artículo 35 bis, y que éste se otorgue a un número de funcionarios que no implique la paralización de sus funciones.

Para abonar sus dichos, acompañó la siguiente documentación: a) Expediente administrativo del oficio N° 3.337, de 2018, de este origen. b) Dictámenes Nos 9.276 de 2013; 94.462, de 2014; 32.067, de 2013. c) Decretos Nos 994 y 995, todos del año 2018, emitidos por la Municipalidad de Combarbalá. d) Resolución N° 1.002 de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales.

Por resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de otorgar tutela judicial efectiva a los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, permitiendo a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente, reclamando su amparo cuando estos derechos se encuentren amagados, privados, amenazados o perturbados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se encuentren conculcadas.

SEGUNDO: Que constituye un supuesto forzoso para la prosperidad de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia actual o futura de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario. Sobre este punto la jurisprudencia ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

TERCERO: Que se trata – entonces - de un mecanismo de tutela judicial efectiva destinado a solventar el amparo de ciertos derechos que se ven conculcados y cuya necesidad de cautela requiere de una actividad urgente de la judicatura para evitar o subsanar el agravio y restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de otros mecanismos legales que el amparado pueda ejercer en resguardo de aquellos. Entonces, si bien es cierto el constituyente describe el presente recurso como una forma de brindar tutela judicial efectiva a la persona que vea conculcado alguno de sus derechos o garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que tal remedio urgente requiere, en todo caso, la existencia de un derecho cierto e indubitado, que por un acto u omisión de otro, se encuentre amenazado, privado o perturbado.

CUARTO: Que en primer lugar, y en cuanto a la falta de legitimación activa alegada por la recurrida, hemos de tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República reconoce la titularidad de la acción de protección al “que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza”. Por su parte, el número 2º del Auto Acordado de tramitación de la presente acción constitucional señala que “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra en su nombre”.

De esta forma, las normas citadas con anterioridad no restringen a que el acto u omisión que prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho, se dirijan personal y directamente contra una persona, bastando que dicho acto u omisión cause dichos resultados.

En el caso de marras, al ser los recurrentes funcionarios de la Municipalidad de Combarbalá, el acto administrativo contenido en el oficio número 3.337, puede – eventualmente – causar los efectos señalados en la norma, razón por la cual, la alegación de la recurrida en este sentido será rechazada.

QUINTO: Que el artículo 98 de la Constitución Política de la República de Chile, otorga el control de legalidad de los actos de la administración pública a la Contraloría General de la Republica. Por su parte, el artículo 51 de La Ley Orgánica de Municipalidades señala que éstas serán fiscalizadas por dicho organismo.

Pacifico es, entonces, que las Municipalidades pueden ser objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.

SEXTO: Que de los antecedentes aportados, es posible advertir que la Contraloría Regional - conociendo de una denuncia anónima – acreditó que el día 30 de abril de 2018 los funcionarios de DAEM de la municipalidad de Combarbalá – incluyendo la jefa del departamento - no llevaron a cabo sus labores, amparándose en lo prevenido en el artículo 35 bis del Código del Trabajo. Dicha conducta fue observada por el ente fiscalizador, en cuanto a que no se cumplieron los requisitos que hacían procedente, en cuanto a que el pacto – como lo señala el mismo artículo – debe constar por escrito, lo que no ocurrió en la especie y que se infringió el principio de continuidad de la función pública, toda vez que la totalidad de personal del departamento hizo uso de permiso inter feriado el día 30 de abril de 2018.

En base a lo anterior, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Combarbalá que en lo sucesivo, los permisos inter feriados sean otorgados cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 35 bis del Código del Trabajo; normativa esta última aplicable a los funcionarios del DAEM, por disposición del artículo 3 de la Ley número 18.883, como se indicó más arriba.

SEPTIMO: Que en relación a la afirmación de los recurrentes, en orden a que la Contraloría Regional se constituyó en una comisión especial, no se aprecia por esta Corte, desde que por expresa disposición constitucional y legal su función es precisamente fiscalizar el correcto uso de los recursos fiscales y que los diferentes órganos de la administración cumplan efectiva y de conformidad a la ley sus funciones, por lo que resulta evidente que la recurrida no infringió dicha garantía, sino por el contrario, actuó dentro de sus atribuciones y cumpliendo precisamente sus obligaciones, razón por la cual la acción interpuesta, en cuanto a este acápite será rechazada como se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, asimismo, no se aprecia infracción al principio de igualdad ante la ley denunciado, toda vez que la actuación reprochada a la Contraloría Regional significó únicamente el cumplimiento de sus obligaciones. En efecto, el ordinario número 3.337 de 30 de julio de 2018 emite un pronunciamiento relativo a la situación de funcionarios públicos a quienes se les aplica el Código del Trabajo; sus conclusiones dicen relación a que todos ellos deben cumplir con los requisitos establecido en el artículo 35 bis de dicho cuerpo normativo para gozar del beneficio de descansos inter feriados. De ahí que no exista una diferencia que pueda ser sancionada a través de esta vía.

NOVENO: Que en lo referido a la vulneración al derecho de propiedad y a la integridad física y psíquica denunciados, estos no se aprecian.

En cuanto al primero de ellos, se infiere que el descanso inter feriados, consagrado en el artículo 35 bis del Código del Trabajo, si bien es un beneficio para los trabajadores, no es menos cierto que sólo puede ser ejercido cumpliendo ciertos requisitos que la misma disposición establece. De esta forma, en cuanto a la situación que motiva la presente acción constitucional, no estamos frente a un derecho adquirido por parte de los recurrentes, pues sólo tendrán derecho a tal beneficio, en cuanto se cumplan los requisitos – entre los cuales está que se pacte por escrito – lo que no ocurre en la especie, tratándose de una mera expectativa, lo que no está cubierto por la acción intentada. A mayor abundamiento, el pronunciamiento por parte de la Contraloría Regional acerca de los hechos denunciados no dispone retrotraer los hechos, ni devolver por parte de los recurrentes el tiempo no trabajado y/o suma alguna de dinero, sino dispone para el futuro.

Finalmente, en cuanto a la integridad psíquica y física- y sin perjuicio de lo señalado precedentemente - los recurrentes no han aportado antecedente alguno que acrediten los supuestos padecimientos que dicen soportar, razón por la cual su pretensión será desestimada.

DECIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, conviene tener presente que los órganos del Estado deben ceñir su actuación al principio de continuidad del servicio público, lo que encuentra su fundamento en el artículo 28 de la Ley número 18.575, al establecer que los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer las necesidades colectivas, de manera regular y continua.

La Municipalidad de Combarbalá – entonces – está obligada a desarrollar en forma continua, ininterrumpida y permanente el servicio educacional en su comuna. De esta forma resulta evidente que no todos los funcionarios de la respectiva repartición municipal podían gozar del descanso inter-feriado el día 30 de abril de 2018; situación que derivó en una infracción al referido principio de continuidad de la función pública, como se indicó anteriormente.

DECIMO PRIMERO: Que por lo expresado con anterioridad, no se advierte en la recurrida un actuar ilegal o arbitrario, toda vez que – tal como se dijo - actuó dentro de sus facultades, conforme mandato constitucional, legal y reglamentario, estableciendo criterios de acción que la Municipalidad de Combarbalá debe seguir en el futuro. De esta forma, la acción constitucional interpuesta no podrá prosperar.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución política de la república y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo de este arbitrio, SE RECHAZA – con costas - el recurso de protección interpuesto por los señores nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo, representada por don nombre reservado.- Redacción del abogado integrante señor Patricio Gutiérrez Gajardo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 980-2018 Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro (s) Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Patricio Gutiérrez Gajardo.

En La Serena, a once de diciembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.