nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

nombre reservado

Ministerio del Interior y Seguridad Pública Recurso de Protección Rol N°979-2025.- La Serena, uno de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, ciudadana venezolana, a través de su abogado patrocinante Pablo Daniel Peñaloza Parra, y deduce recurso de protección en contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la que fundamenta en la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización presentada el 23 de agosto de 2023.

Indica que ingresó al país en calidad de turista, posteriormente cambió su condición migratoria a residente temporario y luego obtuvo la residencia definitiva. Habiendo cumplido más de cinco años de residencia en el país desde el otorgamiento de la visa que dio origen a su solicitud de residencia definitiva, procedió a solicitar la nacionalización chilena dentro del marco legal correspondiente.

En relación con la admisibilidad del recurso, se argumenta el carácter permanente de la omisión recurrida, citándose jurisprudencia de la E. Corte Suprema que establece que cuando continúa vigente el acto o perturbación de los derechos que se dicen amenazados, debe desestimarse la alegación de extemporaneidad. Por consiguiente, al tratarse de una omisión de carácter permanente, el recurso se encuentra dentro del plazo legal establecido.

Indica que la vulneración constitucional se configura por la omisión arbitraria e ilegal del servicio recurrido en el excesivo tiempo de tramitación para dar respuesta a la solicitud de nacionalización. Específicamente, desde la solicitud ingresada el 23 de agosto de 2023 hasta la fecha de presentación del recurso han transcurrido un año, nueve meses y nueve días sin pronunciamiento de la autoridad administrativa.

Se invoca jurisprudencia que establece la existencia de arbitrariedad e ilegalidad en mantener procedimientos administrativos más allá del plazo fatal establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 de 2003. Destacan fallos de las Cortes de Apelaciones de Concepción, San Miguel y de la E. Corte Suprema que han acogido recursos similares, reconociendo la vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

La jurisprudencia citada enfatiza que la dilación del recurrido constituye una discriminación contra la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes obteniendo respuesta formal dentro de plazos razonables.

Argumenta sobre la vulneración de los principios consagrados en la Ley N°19.880, particularmente los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad. El artículo 27 de dicha ley establece categóricamente que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la emisión de la decisión final.

Adicionalmente, se refiere al informe N°178/2022 de la Contraloría General de la República, que identificó demoras entre 180 y hasta 990 días corridos en solicitudes de residencias tramitadas entre 2019 y mayo de 2022, concluyendo que tales demoras no se ajustan al principio de celeridad ni se condicen con los principios de eficiencia y control establecidos en la normativa administrativa.

Rechaza la eventual alegación de silencio administrativo positivo o la necesidad de agotar la vía administrativa, argumentando que el recurso de protección se establece como garantía constitucional ante violaciones, amenazas o perturbaciones por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias.

Respecto al caso fortuito o fuerza mayor, descarta su aplicación al no configurarse una situación imprevisible e irresistible.

Finalmente, fundamenta la aplicación supletoria de la Ley 19.880, dado que la normativa sectorial migratoria no establece plazos específicos para el pronunciamiento sobre solicitudes de nacionalización. Conforme al artículo 1 inciso 3 de la ley de bases, cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, la Ley 19.880 se aplica con carácter supletorio, siendo ineludible recurrir a sus disposiciones para garantizar un proceso migratorio racional y justo.

Solicita acoger el recurso de protección ordenando al servicio recurrido pronunciarse sobre la solicitud de nacionalización dentro de un plazo no mayor a 60 días, conforme a los principios establecidos en el artículo 37 de la Ley 21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022, todo ello con condena en costas.

Acompañó al recurso los siguientes documentos: 1. Foto captura historial de tramite extranjería. 2. Documento de identidad para extranjeros. 3. Solicitud pago de derechos. 4. Oficio ordinario N°12954. 5. Acreditación de domicilio con certificado AFP.

SEGUNDO: Que, a folio 4, ampliado a folio 7, informa la recurrida Ministerio del Interior.

En cuanto al marco jurídico que regula la materia, indica que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa mediante decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior, constituyendo una facultad expresamente contemplada en la ley. Conforme a los artículos 84 de la ley N°21.325, 1° y 2° del decreto supremo N°5.142 de 1960, y el artículo 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, estableciéndose en términos potenciales mediante el término "podrá".

Añade que, el artículo 157, N°8, de la ley N°21.325 dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución ministerial. En la práctica, dicho Servicio recibe las solicitudes, revisa su admisibilidad, las tramita, ordena su pago y propone su resolución a la autoridad superior del Ministerio.

Respecto al caso específico, el Ministerio informa que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente han sido recibidos por ese Ministerio, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, el 07 de abril de 2025, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad. Una vez concluida la tramitación, el acto será debidamente notificado conforme al procedimiento legal establecido.

Argumenta que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, justificando una tramitación más extensa debido a la importancia jurídica y práctica que implica otorgar nacionalización a una persona extranjera. Asimismo, se establece que estas solicitudes constituyen ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19, N°14, de la Constitución Política, tratándose de requerimientos de interés privado que la autoridad no está obligada a aceptar.

Para contextualizar el volumen de trabajo, señala que entre enero y marzo de 2024 se presentaron en promedio 3.400 solicitudes mensuales, cifra que debe considerarse dentro del total anual de solicitudes: más de 10.000 en 2021, más de 30.000 en 2022, y más de 40.000 en 2023. Consecuentemente, se descarta cualquier alegación de arbitrariedad, toda vez que la demora no constituye capricho sino verificación de un procedimiento reglado exponencialmente incrementado.

Respecto a la supuesta ilegalidad por incumplimiento de plazos, se invoca la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y la Contraloría General de la República, estableciendo que el plazo máximo de 6 meses del artículo 27 de la ley N°19.880 no constituye plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica caducidad ni invalidación del acto respectivo.

Adicionalmente, argumenta que las hipótesis de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política. La parte recurrente debe probar no solo la existencia de una omisión arbitraria o ilegal, sino también que aquello signifique una privación, perturbación o amenaza de derechos o garantías tutelables.

Sostiene que es manifiestamente improcedente considerar que la no resolución de la solicitud constituye, por sí misma, vulneración de derechos fundamentales. La recurrente debe explicar por qué la no dictación del acto es ilegal o arbitraria, señalar expresamente cuáles derechos se encontrarían afectados y establecer la relación de causalidad entre la supuesta omisión y el agravio.

Destaca que el solo hecho de solicitar carta de nacionalización implica que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente, permitiéndole ejercer sus derechos sin limitación alguna. Por tanto, es improcedente afirmar que una eventual demora sea lesiva de derechos.

Finalmente, advierte que acoger acciones como la presente implicaría afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en situación favorable a la recurrente sin justificación aparente, en desmedro de personas extranjeras que efectúan solicitudes por vía regular sin activar mecanismos judiciales, incluso con fechas anteriores y sin respuesta.

Solicita el rechazo de la acción de protección con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Ministerio del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización de los recurrentes se encuentra en trámite desde el 7 de abril de 2025, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que la recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando los Servicios con apego a la normativa vigente.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, estiman estos sentenciadores, que el retardo reclamado en la tramitación de la solicitud de la recurrente no llega a constituir una vulneración a la igualdad ante la ley, considerando para sostener aquello que los antecedentes recién fueron recibidos por la recurrida el 7 de abril de 2025. Por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, no puede ser calificada de ilegal y arbitraria, ni que vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, no advirtiéndose una dilación tal que amerite acoger el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°979-2025 (Protección).