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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 978-20254 jul 2025
Fecha
4 de julio de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 978-2025, sentencia de 4 de julio de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra el Ministerio Público: este no puede decretar medidas de protección si el denunciante no ha alegado ante el fiscal ser víctima de amenazas, y no consta que la autoridad sea responsable de ellas.

Texto íntegro

nombre reservado

Ministerio Público Recurso de protección Rol Nº978-2025 La Serena, cuatro de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el siete de junio de dos mil veinticinco comparece don nombre reservado, estudiante de derecho, en favor de don nombre reservado, Rut RUT reservado, chileno, soltero, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio Público, por falta de respuesta a su denuncia, alegando vulneración de su garantía constitucional del artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente adquirió un vehículo Toyota Yaris el 3 de abril de 2025, el cual resultó tener documentación falsa, constituyendo un delito de falsificación de instrumento público; que don nombre reservado presentó una denuncia en la Comisaría de Tierras Blancas el 4 de junio de 2025, y desde aquel día ha recibido diversas amenazas de muerte por parte de personas desconocidas, quienes le exigen que retire la denuncia.

Alega que, a pesar de acudir en diversas ocasiones al Ministerio Público de Coquimbo, no ha recibido respuesta ni protección efectiva, ni se ha dado curso a su denuncia, lo cual ha aumentado su incertidumbre y ansiedad, y las amenazas que recibe continúan con la misma gravedad, poniendo en peligro su vida.

Indica que, a la fecha, el Ministerio Público no ha citado a don nombre reservado para el seguimiento de su denuncia, ni ha implementado medidas de protección, como lo dicta la ley frente a situaciones de riesgo, por lo que la inacción de la Fiscalía ha incrementado el temor legítimo del recurrente frente a las amenazas de muerte que sigue recibiendo, lo que vulnera su derecho a la vida e integridad física, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Carta Magna.

Finaliza solicitando, acoger su recurso, y se ordenen las medidas cautelares necesarias para garantizar su seguridad y proteger su vida e integridad, dada la falta de respuesta del Ministerio Público y las amenazas de muerte que ha recibido; e instruir a la recurrida que cite al recurrente, y se le otorgue protección inmediata mientras se resuelve la causa, asegurando que se sigan los trámites necesarios sin más dilaciones.

SEGUNDO: Que, a folio 6, comparece don nombre reservado, Fiscal Adjunto Jefe de Coquimbo, evacuando informe solicitado.

Expone que, revisado su sistema, se verifica la existencia de una causa, signada con el RUC 2500775411-9, interpuesta por el recurrente, ante la Subcomisaría de Tierras Blancas el 04/06/2025, consignándose como delito el de falsificación o uso malicioso de documento público.

Agrega que, el contenido de la denuncia, es el siguiente: “Relación de los hechos: doy cuenta a ese ministerio público que el día de hoy siendo las 17:20 horas, en circunstancias que me encontraba de servicio de primera guardia como subofical de guardia, en la subcomisaria de carabineros de Tierras Blancas instantes en que se constituye en esta unidad el ciudadano identificado como: nombre reservado, de nacionalidad chilena, 27 años de edad, estado civil soltero, con estudios de nivel medio, quien actualmente se desempeña en labores de guardia de seguridad, nacido el 26 de febrero de 1998, titular de la cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado de la serena, teléfono de contacto teléfono reservado y correo electrónico correo reservado. comparece de manera voluntaria y expone: que, con fecha 03 de abril del año en curso, mientras navegaba en la red social facebook, específicamente en el área de ventas de marketplace, visualizó una publicación referente a la venta de un vehículo, la cual fue publicada por una persona de sexo femenino identificada como Nathy Alfaro, tras interesarse en dicha publicación, el denunciante contactó a la oferente mediante mensajes de texto a través de la aplicación messenger, quien le proporcionó el número telefónico teléfono reservado. posteriormente, ambas partes acordaron una reunión para revisar el vehículo, la cual se llevó a cabo en domicilio reservado de coquimbo (inmueble perteneciente al vendedor), en dicho lugar, el denunciante se encontró con un individuo de sexo masculino identificado como nombre reservado, nacido el 29 de junio de 1993, titular de la cédula de identidad N° RUT reservado, quien exhibió el vehículo tipo automóvil, marca Toyota, modelo Yaris, año 2006, color rojo, que portaba en su parte trasera la placa patente zy.6034. en el lugar de la reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo de compraventa del vehículo, pactando la suma de $1.750.000 (un millón setecientos cincuenta mil pesos), dinero que fue entregado en efectivo en el acto por el denunciante, a su vez, el vendedor redactó un documento simple de compra y compromiso de transferencia por su puño y letra, firmado por ambas partes, sin embargo, hasta la fecha actual, el vendedor no ha realizado la transferencia del vehículo, y al consultar los antecedentes, se constató que, según los documentos en posesión del denunciante, el vehículo no pertenece legalmente al vendedor, asimismo, el denunciante añade que, el día de hoy, siendo aproximadamente las 10:00 horas, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, recibió un llamado telefónico de su madre, nombre reservado, quien le informó que personal de carabineros del sector de las compañías se había presentado en su domicilio solicitando su presencia, una vez que el denunciante acudió al domicilio, carabineros ya no se encontraba en el lugar, pero su madre le indicó que personal policial había detectado que en la ventana trasera derecha del vehículo se encontraba inscrita otra placa patente, identificada como dfvj35, la cual, al ser verificada, mantenía encargo vigente por robo, adicionalmente, carabineros procedió a revisar los documentos del vehículo, constatando que los mismos eran falsificados, ya que el número de chasis inscrito no coincidía con el señalado en los documentos, por tal motivo, el denunciante comparece voluntariamente a esta unidad policial con el fin de efectuar la presente denuncia, donde la placa patente zy.6034, fue verifica en el sistema de registro civil e identificación, donde en dicho sistema logro percatarme que el figura el número de chasis jtdbt933x71051178, el cual no es el mismo que sale descrito en la totalidad de documentos del vehículo que porta el denunciante siendo este el jtdbt933x71051175, de igual forma la patente, ambos números de chasis y numero de motor, según el sistema suev, no mantienen encargo vigente, además se verifico la placa patente que mantiene inscriptada en el vidrio la cual era la dfvj.35, la cual verificada en el sistema suev, esta mantiene un encargo vigente nro. 489279 de fecha 06.10.2022. de igual forma hago presente que el vehículo el denunciante lo mantiene en pane en su domicilio antes mencionado, aviso al fiscal: de lo anterior se dio cuenta mediante bitácora web nro. [cuenta reservada], a la fiscal Sra. Yasmina Aspe Rosas, quien instruyo: - fijación fotográfica de los documentos y contratos. - concurrencia del personal Sebv, para realizar el informe físico técnico de móvil e individualizar este, identificando a su propietario. - preinforme de los documentos por parte del personal de Labocar. - declaración víctima. - incautar documentos, personal Sebv: del procedimiento anterior por instrucción, del fiscal adjunto, se le informo al personal, sebv, tomando conocimiento del hecho el cabo 1ro. nombre reservado. evidencia: los documentos del vehículo fueron remitidos a la especialidad labocar, de coquimbo, mediante n.u.e 7003222 y oficio, N°358. citación: el denunciante queda en espera de citación por parte de la Fiscalía local de Coquimbo Felipe a. nombre reservado cabo 2do. de carabineros suboficial de guardia vobo. Francisco j. nombre reservado suboficialde carabineros suboficial de servicio”

Indica que, en la causa referida, existen diligencias pendientes, instruidas por Fiscalía de flagrancia, con ocasión de la misma denuncia, por lo que refiere que, el devenir de la investigación de esta causa y las instrucciones y/o acciones futuras que se determinen, están supeditadas al resultado de dichas diligencias. Asimismo, informa que, la actividad de la Fiscalía está sujeta a controles, entre estos, de su superior jerárquico, Sr. Fiscal Regional.

Añade que, no existe ninguna petición concreta del denunciante ingresada ante Fiscalía mediante el sistema SIAU, y que, de existir, se debe responder fundadamente dentro de plazo. Luego refiere que, atendido el contenido del recurso y de la subsanación del mismo, en que, a más de señalar el contenido de la denuncia referida, se indica en diversos puntos de los libelos respectivos y se hace referencia a amenazas que habría recibido el denunciante, de los cuales se puede desprender la idea de que existe en esta Fiscalía un ingreso o denuncia por delito de amenazas, informa que no existe ninguna denuncia, coetánea a la causa referida, ni ex post, por delito de amenaza interpuesta por dicho denunciante. Por lo que, no existiendo ninguna causa por delito de amenazas, el cual, además, por ser delito de acción pública previa instancia particular, requiere, de conformidad al artículo 54 del Código Procesal Penal, denuncia del afectado, no se puede disponer, si la evaluación del caso así lo amerita, medidas de protección hacia el afectado Concluye solicitando tener por evacuado informe.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con declarar ilegal y arbitraria la falta de acción del Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Local de Coquimbo, al no dar curso a la denuncia del recurrente citándolo, y decretar medidas de protección en su favor por amenazas en su contra, todo lo cual afecta su integridad física y psíquica.

Por su parte la recurrida, informa que lo denunciado por el recurrente dice relación con el delito de falsificación o uso malicioso de documento público, el cual se encuentra con diligencias pendientes, pero que no han recibido denuncia del recurrente en relación a las amenazas que señala estar recibiendo.

SEXTO: Que, de las alegaciones de las partes y antecedentes arribados al recurso, se constata que la inacción de la recurrida en relación a proteger al recurrente de algún tipo de amenaza no es tal, pues malamente ésta puede disponer medidas de protección a favor del denunciante, si éste no ha acusado ante el persecutor penal el hecho de ser víctima de amenazas de muerte que afecten su integridad física y psíquica, por lo que, el presente recurso deberá ser desestimado como se dirá en lo resolutivo.

Asimismo, el recurrente identifica como vulnerada la garantía del artículo 19 numeral 1 de la carta fundamental. Sin embargo, aquello importaría endilgar a la entidad recurrida la responsabilidad de aquella -grave- afectación, sin que exista un antecedente siquiera que demuestre que la autoridad es la responsable de las amenazas de muerte supuestamente recibidas por el actor, de tal forma que aquella inferencia, infundada, por cierto, impone el rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°978-2025 (Protección).