nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado, nombre reservado

Municipalidad de Ovalle Recurso de protección Rol N°976-2025.- La Serena, ocho de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Karen De La Barrera Cortés, abogada, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, ingeniero agrónomo, y en contra de Ilustre Municipalidad de Ovalle, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°5.020, de 9 de mayo de 2025, por el cual se ordena al recurrente restituir la suma de $1.877.000, percibidas por el actor durante el mes de enero de 2024 por concepto de honorarios.

Expone que el actor celebró contrato de prestación de servicios a honorarios con la recurrida en enero del año 2024, el cual tuvo duración hasta el 31 de diciembre de ese año, y en cuya virtud la Municipalidad de Ovalle pagaría mensualmente honorarios de $1.877.000 contra presentación de informe del prestador de servicios en que se detallarían las labores realizadas. Agrega que si bien en un inicio no se acordó un horario de trabajo, finalmente se estableció que el prestador de servicios debía “permanecer en las dependencias de la Municipalidad de lunes a jueves, en el horario 08:30 horas a 17:30 horas, y el viernes de 08:30 a 16:30 horas, y su asistencia se regularía mediante el sistema del control que “la municipalidad” dispusiera”. Alega que nunca se especificó cuál sería el medio de control que se utilizaría para verificar el cumplimiento de la jornada laboral y que la recurrida nunca le señaló algún medio para registrar asistencia.

En ese contexto expone que el 09 de mayo pasado se le notificó el decreto alcaldicio que impugna en esta sede por el cual se le ordena el reintegro total de los montos percibidos por un valor de $1.877.000 durante el mes de enero de 2024, por no acreditar su asistencia en el registro del sistema de reloj control, de acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República en su informe final N°920/2024, numeral III, 11.1 del examen cuentas.

Arguye que lo ordenado por el mencionado decreto alcaldicio es ilegal y arbitrario toda vez que el acto administrativo carecería de motivación suficiente y afectaría injustificadamente su derecho a percibir una justa remuneración por el trabajo prestado.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, ordenar a la recurrida que deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°5.020, de 9 de mayo de 2025.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega que el libelo del recurso es ininteligible toda vez que su redacción impediría comprender si éste se endereza contra la Ilustre Municipalidad de Ovalle o en contra de la Contraloría General de la República, que en su informe N°920 del año 2024 dispuso el reintegro y se dejen sin efecto los honorarios pagados al actor por servicios prestados en el mes de enero de ese año.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso fundada en que el actor no precisaría el momento a partir del cual se habría producido la vulneración de derechos en que sustenta su recurso.

En tercer lugar, sostiene qué se verifica litispendencia respecto a los hechos ventilados en esta sede con aquellos que se conocen en la causa Rol C-546-2025 del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle en la cual se debatiría el mismo asunto planteado en el recurso de protección.

En cuanto al fondo del recurso, manifiesta que no es efectivo que la Municipalidad haya incurrido en algún acto ilegal o arbitrario y hace presente que se interpuso demanda de cobro de pesos en contra del actor con el objeto de obtener el reintegro del valor que la Contraloría General de la República dispuso que debía ser reintegrado por éste, al no haberse acreditado la asistencia del prestador de servicios en el registro de Sistema de Reloj Control durante el mes de enero del año 2024.

Por último, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de la materia objeto del recurso, al ser propia de un procedimiento de lato conocimiento.

TERCERO: Que, a folio 13 la Primera Sala resuelve pedir informe a la Contraloría General de la República, el cual es evacuado a folio 21.

Expone que, de acuerdo a los antecedentes que obran en su Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado - aparece que la Municipalidad de Ovalle contrató al señor nombre reservado a través del decreto alcaldicio N°1.947, de 2024, para desempeñarse en la Dirección de Desarrollo Comunitario desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2024, por 44 horas semanales. Luego, aparece que a través del decreto N°16.252, de 2024, se prorrogó su contratación para desempeñarse en la Dirección de Desarrollo Comunitario desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de esta anualidad, por 44 horas semanales. Señala que mediante el Informe Final N°920 de 2024 de su institución, se refirió a una auditoría que tuvo por objeto corroborar que los gastos efectuados en personal (horas extraordinarias, honorarios, entre otros); y en bienes y servicios de consumo; así como los recursos transferidos a privados por parte de la Municipalidad Ovalle, se ajusten a la normativa que regula la materia y a la jurisprudencia de esa Entidad de Control, entre los meses de enero y septiembre de 2024, entre otros, se constató que prestadores de servicios, entre los que se encuentra el recurrente, no cumplieron con el control de asistencia exigido en los respectivos contratos a honorarios, toda vez que requeridos los aludidos reportes a la entidad edilicia, estos no fueron puestos a disposición de su control, por lo que se concluyó que el municipio debía acreditar el efectivo cumplimiento de la jornada laboral de los prestadores de servicios, pues de lo contrario y previo traslado a los aludidos servidores, debía requerir el reintegro de las sumas indicadas en dicho informe.

Señala que se tuvo presente que la cláusula tercera del respectivo contrato a honorarios señala, que el prestador o prestadora de servicios deberá permanecer en las dependencias de la municipalidad de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y el viernes en el horario de 8:30 a 16:30 horas, y su asistencia se regulará mediante el sistema de control que la “municipalidad disponga”.

Precisa que, en virtud de lo previsto en el inciso tercero del artículo 4° de la ley N°18.883, las personas contratadas a honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo contrato, y no les son aplicables las disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo. Luego, la jurisprudencia administrativa del Ente de Control contenida en los dictámenes N°s. 68.135, de 2013 y 74.674, de 2015, ha manifestado que no es imperativo que los contratos a honorarios fijen una determinada jornada de trabajo o un horario de trabajo, siendo esta cláusula solo una posibilidad o alternativa de modalidad de la prestación de los servicios que deberá adoptarse, dependiendo de las labores contratadas y que en nada altera la naturaleza jurídica de estas. Luego, en la medida que se disponga una jornada de trabajo para quienes se desempeñen bajo el régimen de honorarios, la autoridad debe supervisar el cumplimiento de ella a través de uno o varios sistemas de control, el cual puede ser el mismo que se haya adoptado para verificar la asistencia y permanencia de todos los funcionarios, o bien alguno diverso que ofrezca garantías de acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de los deberes que emanan del pacto (aplica dictamen N°68.222, de 2012).

Expone que, por otra parte, la jurisprudencia del Órgano de Control contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 15.458, de 1992; 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o salida mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

En el contexto expuesto señala que, actualmente se encuentra analizando los antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Ovalle, mediante su oficio ordinario N°1.175, de 2025 -por el que da respuesta al informe final N°920, de 2024 el cual señala, respecto de la situación del recurrente, que “la asistencia de don nombre reservado, no fue posible acreditarla, según lo certifica con fecha 7 de mayo de 2025, la jefa del departamento de administración de recursos humanos, dado que ella (sic) ya no presta servicios para la Municipalidad y tampoco su supervisora, doña nombre reservado, exdirectora de desarrollo comunitario. Ante esta situación, se procedió a decretar el reintegro total de los valores percibido durante el mes de enero del año 2024, lo que asciende a la suma de $1.877.000, según consta en Decreto Alcaldicio N°5.020 del 09 de mayo de 2025”.

Finalmente, señala que no existe constancia que el señor nombre reservado haya realizado alguna presentación entre los años 2024 y 2025 ante este Organismo Fiscalizador, referida a los hechos descritos en la acción cautelar.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitraria la dictación del Decreto Alcaldicio N°5020 de 9 de mayo de 2025, por requerir el reintegro de lo cancelado por concepto de prestación de servicios en enero de 2024, siendo que no se le informó que método se dispondría para controlar el horario dispuesto en su contrato de prestación de servicios a honorarios con la recurrida, y además carece de fundamentación pues no indica como se acreditó por la recurrida que no asistió en el mes de enero de 2024.

La recurrida, por su parte, indica que su actuar se ha ceñido a lo ordenado por la Contraloría de la República por medio de su auditoria plasmada en Informe Final N°940/2024, dando cumplimiento a su observación, por lo que se solicitó el reintegro del monto percibido en enero de 2024, por no haberse podido acreditar que asistió en la jornada establecida.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, se tendrá presente que el acto recurrido es el Decreto Alcaldicio N°5020 de 09 de mayo de 2025, el cual fue notificado a la recurrente con esa misma fecha, lo cual no ha sido cuestionado por la recurrida, y habiéndose interpuesto la acción cautelar el 06 de junio de 2025, esta lo ha sido en tiempo, según preceptúa el Auto Acordado sobre fallo y tramitación de recurso de protección, por lo que esta alegación deberá ser desestimada.

Con relación, a la alegación de ineptitud de libelo, deberá tenerse presente la naturaleza cautelar de la acción de protección, la cual es desformalizada, por lo que no corresponde la interposición de excepciones como la ineptitud del libelo del artículo 303 N°4 del Código de procedimiento Civil, pues éstas son atingentes a procesos declarativos de lato conocimiento; sin perjuicio de lo anterior, de la simple lectura del recurso se reconoce el acto impugnado y las garantías constitucionales que se creen vulneradas, por lo que será desestimada por improcedente esta alegación.

En cuanto a la supuesta litispendencia existente entre el presente arbitrio y los autos Rol C-546-2025 del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle derivado de que los hechos ventilados en esta sede son los mismos que aquellos que se conocen en la causa ordinaria civil, en la cual se debatiría el mismo asunto planteado en el recurso de protección, cabe señalar que resulta evidente la diferente naturaleza de las acciones deducidas en uno y otro caso, y que, en todo caso, la causa civil citada no ha sido siquiera notificada a la fecha, de modo que no se ha producido relación ni conflicto procesal alguno que ponderar, debiendo también ser rechazada esta alegación.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo del recurso, resulta relevante tener presente lo informado por el ente Controlador, pues refiere que las respuestas a las observaciones de la auditoria realizada a la recurrida, fue enviada por medio del Oficio 1175-2025 del 18 de julio pasado, el cual aún se encuentra en revisión, y que en lo tocante al recurrente de estos autos, se acompañó un certificado de la Jefa del Departamento de Administración de Recursos Humanos, quien refiere no contar con antecedentes en el registro de control de reloj, y que la Jefatura a cargo de la recepción conforme de los servicios prestados por don nombre reservado ya no trabaja para la municipalidad.

Asimismo, se advierte que la recurrida no dio cumplimiento cabal a lo instruido por el ente Controlador, en orden a conferir traslado al prestador del servicio, observándose que de forma unilateral determina emitir decreto alcaldicio que ordena el reintegro de las prestaciones de don nombre reservado en el mes de enero de 2024, lo que asciende a $1.877.000, y que a su respecto inicia el cobro ejecutivo de, lo en su concepto, adeudado.

NOVENO: Que, a fin de resolver el asunto, se debe tener presente que en cuanto a los servicios de los cuales nace el cobro que en el presente arbitrio se reclama, la Contraloría General de la República en el referido informe final N° 920/2024 no objetó la no prestación de los servicios por parte del recurrente sino la falta de un registro de asistencia para dar cumplimiento a la jornada funcionaria pactada.

En efecto, en las observaciones del informe 920/2024 emitido por la Contraloría Regional de Coquimbo al Municipio de Ovalle se indica “Sobre la observación contemplada en el numeral 11.1, omisión del sistema de control de asistencia para prestadores a honorarios (AC), el municipio deberá acreditar el efectivo cumplimiento de la jornada laboral de los prestadores de servicios mencionados en el anexo N° 15, es decir, de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y el viernes en el horario de 8:30 a 16:30 horas, de lo contrario y previo traslado a los aludidos servidores, requerir el reintegro de $88.905.782, lo que tendrá que documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles administrativos, contado desde la total tramitación del presente informe, vencido el cual sin que se haya acreditado la ejecución de las labores o en su defecto el reintegro, o bien resulte insuficiente la documentación aportada, se formulará el reparo pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 116, de dicha norma legal.

DÉCIMO: Que, si bien la Municipalidad está obligada a acatar los dictámenes de la Contraloría, ello no la releva de la obligación de establecer legalmente si el recurrente tiene o no responsabilidad administrativa que le imponga el deber de reintegrar la suma objetada por el ente Contralor, con la finalidad que aquel pueda realizar las alegaciones y rendir las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar las imputación que se le ha efectuado, a raíz de este punto, es dable señalar que la autoridad recurrida debió instruir una investigación sumaria a fin de establecer los hechos y las responsabilidades del caso, puesto que si los servicios efectivamente se realizaron, no correspondería el reintegro de los ingresos obtenidos por parte del funcionario.

UNDÉCIMO: Que no hay constancia en estos autos de haberse dado al señor nombre reservado el traslado dispuesto por la Contraloría Regional de Coquimbo para hacerse cargo de las observaciones formuladas, procediéndose a la dictación del impugnado Decreto Alcaldicio N° 5020 de 9 de mayo de 2025, sólo a partir del citado informe final N°920/2024, desatendiendo además lo certificado en su momento por doña nombre reservado, quien fuera funcionaria de ese municipio como Directora de Desarrollo Comunitario, quien dió cuenta de haber recibido conforme los servicios prestados por don nombre reservado, Rut: RUT reservado, al cumplir labores como encargado del departamento de Fomento Productivo y Turismo, correspondiente al mes de enero de 2024.

DUODÉCIMO: Que, como lo señala en su informe el órgano contralor, no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o salida mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo.

DECIMO TERCERO: Que, en estas condiciones, la Municipalidad de Ovalle, so pretexto del requerimiento del órgano contralor, no se encuentra facultada para resolver por sí misma, sin haber oído al recurrente, respecto del reintegro de parte de las remuneraciones de este, afectando su derecho de propiedad y a una justa retribución, la que adquiere el carácter de indubitada e intangible por vía administrativa, ingresada que sean al patrimonio del funcionario.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que, SE ACOGE, con costas, el Recurso de Protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, debiendo la Municipalidad abstenerse de conminar al recurrente a hacer devolución del monto que en su concepto le adeudaría, declarándose que se deja sin efecto la dictación del Decreto Alcaldicio N° 5.020 de 09 de mayo de 2025.

Redactado por el abogado Integrante don Jaime Camus del Valle.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°976-2025 (Protección).