nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ VALPARAISO

nombre reservado

Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez Recurso De Protección Rol N°976-2024 La Serena, once de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don Pablo Martínez Zúñiga, abogado, deduciendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, médico cirujano, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Valparaíso, en adelante COMPIN.

Sostiene que el recurrente es médico cirujano de profesión y, en ese contexto, atiende y trata diariamente con pacientes que sufren variadas y graves patologías de salud. En ese sentido, indica que el buen ejercicio de su profesión exige diagnosticar y tratar adecuadamente a sus pacientes, realizarles diversos tratamientos farmacológicos, exámenes físicos y, en muchos casos, como parte indispensable del tratamiento, se requiere del reposo laboral, el que se otorga mediante la emisión de una licencia médica.

Refiere que el pasado sábado 15 de junio de 2024, tras intentar ingresar a la plataforma “IMED”, tomó conocimiento de un bloqueo en dicha plataforma. El mismo día se enteró que COMPIN le había requerido información de fichas clínicas e informes médicos de pacientes atendidos en el año 2023, sumando un total de 50 pacientes en ese periodo, quedando desde esa fecha sin posibilidad de emitir licencias médicas y apercibido de pagar una multa dineraria. Arguye que, sin embargo, el recurrente no recibió ningún correo electrónico o carta certificada que lo pusiera en conocimiento de la solicitud de información por parte de COMPIN.

Afirma que recién el día 18 de junio fue notificado en la clínica donde trabaja de la Resolución Exenta N° 240551141402 de fecha 7 de junio de 2024, que le aplicó una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales, la suspensión de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días a contar del 13 de junio de 2024, por no haber presentado reiteradamente la solicitud de antecedentes por las licencias médicas individualizadas en la resolución.

Sostiene que, por lo expuesto, actualmente, el recurrente no puede emitir licencias médicas, ya que la solicitud de información o fiscalización por parte de COMPIN no le fue comunicada ni al domicilio ni a su casilla de correo electrónico, poniendo de relieve que no fue notificado válidamente en su domicilio o por correo electrónico de requerimiento alguno de información, solamente fue notificado de la resolución de sanción de suspensión de emitir licencias médicas y de la multa que debe pagar.

Refiere que la situación provocó que el médico ahora sancionado, además de ignorar los requerimientos iniciales de información, no pudiera cumplir con el deber impuesto.

Respecto de las ilegalidades que reclama, afirma que se produce una infracción de las normas generales sobre notificaciones de los procedimientos administrativos, citando lo dispuesto en los artículos 17 y 45 de la Ley N°19.880.

Además, sostiene que se produce una infracción del artículo 2° de la Ley N°20.585, referente al plazo para dar respuesta a la solicitud, alegando que el término para responder un requerimiento de información de esta naturaleza se concibe para un caso concreto, en que existe sospecha cierta de emisión de licencia sin fundamento, no para un conjunto copioso de licencias como el caso en especie y que señala que la correcta interpretación y aplicación del artículo 2° de la ley N°20.585 exige limitar la cantidad de antecedentes requeridos a la licencia reprochada por falta de fundamento médico y no a un grupo excesivo de licencias, imponiendo una carga excesiva y de difícil cumplimiento para el agraviado.

Asimismo, sostiene que se produce una infracción del artículo 17 de la Ley N°19.880, en el literal f), que reconoce el derecho de los administrados de ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios.

Señala que, luego de que la infracción normativa se produce por omitir notificaciones válidas, la COMPIN de la Región de Valparaíso incurre en un actuar arbitrario e irracional, además de ilegal, al aplicar una sanción patrimonial de multa y otra de suspensión de emisión de licencias, vulnerando flagrantemente los preceptos legales ya referidos y el debido proceso que deben observar los órganos administrativos en su actuación, específicamente para ejercer su potestad sancionatoria.

Refiere que existió arbitrariedad al exigir una cantidad excesiva y desproporcional de antecedentes a su representado, solicitándole 50 informes médicos, fichas clínicas de los pacientes y copias de bonos o boletas de la atención médica, exigencia que no puede cumplirse satisfactoriamente en un plazo de 7 días sin afectar la integridad psíquica del fiscalizado y la correcta ejecución del resto de sus labores profesionales.

Afirma que las acciones de la recurrida vulneran los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, incluido también el numeral 26 del mismo artículo.

Refiere que la sanción aplicada por la COMPIN amenaza el derecho del representado a desempeñar su actividad profesional y emitir las licencias médicas correspondientes, afectando también su integridad psíquica por el temor justificado que sufre a raíz de la sanción aplicada y de no poder prestar una adecuada atención médica. Destaca que esta situación afecta igualmente a sus pacientes, quienes confían en el recurrente como profesional de la salud y no pueden ser atendidos por él.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Valparaíso, ordenando dejar sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a su representado, limitando los futuros requerimientos a un número acotado y razonable de licencias médicas y concediendo plazos razonables para su cumplimiento. Asimismo, pide que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados y que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que comparece don Gonzalo Jaque Lara, abogado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, de la cual depende la respectiva COMPIN REGIONAL.

Solicita el rechazo del recurso, toda vez que la COMPIN ha obrado dentro del ámbito de sus facultades y en cumplimiento del principio de legalidad que gobierna el actuar de los órganos de la administración del Estado. Señala que todo el procedimiento reclamado es el indicado en la norma mencionada precedentemente, el cual consta con la documentación adjunta de manera cronológica, incluyendo la Bitácora del Sistema MIDAS (Modernización de la Información Digital de la Autoridad Sanitaria) que resume lo expuesto.

Señala que el 17 de mayo de 2024, se crea el expediente N° 2405511414, con un total de 50 licencias para fiscalizar al recurrente en la plataforma MIDAS.

Afirma que con fecha 22 de mayo de 2024, se envió una solicitud de antecedentes al prestador al correo electrónico correo reservado con el folio del expediente 2405511414, quedando la COMPIN a la espera de los antecedentes. El 30 de mayo de 2024, se envió una reiteración de la solicitud de antecedentes al mismo correo electrónico, ya que no había documentos subidos en la plataforma, quedando nuevamente a la espera de dichos antecedentes.

Refiere que el 7 de junio de 2024, el expediente 2405511414 fue visado para notificación de sanción al prestador nombre reservado. El 11 de junio de 2024, el expediente fue notificado con sanción al prestador mediante carta certificada por Correos de Chile. Indica que la sanción por incumplimiento de las solicitudes de información y su reiteración incluye el pago de 10 UTM a la Tesorería General de la República, la suspensión de emisión de licencias médicas y la suspensión de compra de talonarios por un periodo de 15 días, siendo estas dos últimas sanciones renovables por disposición del artículo 2° de la Ley N° 20.585.

Señala que con fecha 13 de junio de 2024, el expediente 2405511414 recibió respuesta automática de reiteración de bloqueo al prestador en el sistema IMED y Medipass, corroborándose que el profesional no existía en IMED. Con fecha 25 de junio de 2024, el profesional emisor subió todos los antecedentes solicitados, los cuales fueron revisados el mismo día.

Indica que el 27 de junio de 2024, el expediente 2405511414 fue visado y notificado con levantamiento de la sanción (las renovables) al prestador nombre reservado, enviada por correo electrónico a correo reservado. El mismo día, el expediente recibió respuesta automática de notificación de desbloqueo del prestador en IMED y Medipass.

Indica que, en una aproximación preliminar a una imputación de arbitrariedad, resulta necesario reiterar que los efectos del procedimiento recurrido están pormenorizadamente regulados en el artículo 2° de la Ley N° 20.585, el cual faculta a las COMPIN para llevarlos a cabo. Por lo tanto, no podría decirse que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez ha actuado arbitrariamente al no motivar sus actos, vulnerando el artículo 19 N° 2 de la Constitución y los artículos 11 y 46 de la Ley N° 19.880, considerando que todas y cada una de las solicitudes y resoluciones emitidas en el procedimiento han sido correctamente notificadas.

Por lo expuesto pide rechazar el recurso, toda vez que las sanciones impuestas al recurrente han sido levantadas al cumplirse los supuestos normativos que así lo establecen.

Acompaña los siguientes documentos: Bitácora Historial MIDAS, LM año 2024 que acredita vigencia de correo, solicitud de antecedentes nombre reservado, reiteración de antecedentes nombre reservado, Resolución Exenta 240551141402 de sanción, nómina 41 envío a oficina de partes SEREMI Salud, nómina Correos de Chile, Resolución Exenta 240551141403 que levanta sanción, mandato judicial digital.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el actor alega la falta de notificación de la resolución que dio inicio al procedimiento de fiscalización, cuestión controvertida por la recurrida que informó que la falta de emplazamiento alegada por el actor no es tal, considerando que fue notificado en la casilla electrónica registrado por el propio recurrente en la plataforma MIDAS.

SEXTO: Que tal defensa será rechazada, teniendo presente que, estando el recurrido en posición de acreditar sus alegaciones en orden a que se notificó al correo electrónico registrado por el recurrente y por carta certificada el requerimiento de antecedentes que originó la aplicación de la multa y la suspensión de la venta de talonarios y facultad de emitir licencias médicas, la Compin no acompañó antecedente alguno en respaldo de sus afirmaciones a fin de acreditar la notificación de la resolución de inicio del procedimiento de fiscalización y, en consecuencia, no se estableció que diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos el 17 letra a) y 45 de la Ley N°19.880, en relación al emplazamiento del recurrente respecto del inicio del procedimiento de fiscalización.

SÉPTIMO: Que ahora, teniendo presente que el vicio de procedimiento denunciado (falta de notificación del inicio del procedimiento) llevó a la recurrida a inhabilitar al médico para la emisión de licencias médicas y dispuso el pago de una multa, imponiendo dicha sanción sin cumplir con la normativa atinente al caso, en particular lo establecido en el artículo 2° de la Ley N°20.585 y Ley N°19.880, se advierte que la resolución impugnada constituyen un atentado a la garantía prevista por el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues lo margina del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional sobre la base de parámetros inválidos, no pudiendo prestar atención médica en los casos que es preciso la concesión del reposo laboral, circunstancia que merma sus ingresos en uno de los ámbitos que son de su competencia, por lo que se hace procedente acoger el recurso y disponer una cautela coherente con lo aquí razonado, como se decidirá.

OCTAVO: Que, no obstante, lo expuesto, teniendo especialmente presente lo informado en estrados y los documentos acompañados habiendo establecido que se cumplió con la presentación de los antecedentes solicitados por la recurrida relativos a la ficha médica y otros antecedentes de 50 pacientes, es que no existe actualmente medidas que esta Corte pueda adoptar en relación con el impedimento que afectaba al actor para acompañar la documentación, razón por la cual, solo se acogerá la presente acción en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, REGIÓN DE VALPARAÍSO sólo en cuanto se dejan sin efecto las Resoluciones que impusieron sanciones pecuniarias o inhabilitaciones para la emisión de licencias médicas al recurrente con anterioridad a la dictación de esta decisión.

Atendido lo resuelto, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°976-2024