Protección contra juez titular del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle

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Recurso de protección Rol Nº 974-2020.- La Serena, siete de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 05 de junio de 2020, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección a su favor y en contra del juez titular del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, don nombre reservado, domiciliado domicilio reservado, por cuanto ha dictado una resolución que constituye una acción que amenaza con vulnerar su garantía constitucional a la vida e integridad física y psíquica, al denegar reponer la resolución que ordena el lanzamiento con fuerza pública de su mandante desde el inmueble adjudicado al Banco Scotiabank, manteniendo dicho decreto, en circunstancias que su ejecución implica la reunión de diversas personas que se encuentran en el predio, el receptor judicial, la partes del juicio y carabineros, diligencia en la que en su calidad de abogado patrocinante del ejecutado no puede dejar asistir sin violar la obligación de su defensa jurídica (amenazando indirectamente con ello el ejercicio de su profesión en una actuación lícita), siendo por tanto la resolución del tribunal la que lo fuerza a exponerse a una situación de grave peligro para su vida, salud e integridad física y psíquica.

Relata que tiene la calidad de abogado patrocinante del ejecutado en la causa ejecutiva caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, Rol C-538-2014, incoada en el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, cuyo magistrado titular es don nombre reservado, y que en dicha causa, en plena pandemia y estado de emergencia, se ha dictado, con fecha 08 de abril de 2020, la siguiente resolución:

“Ovalle, ocho de Abril de dos mil veinte Proveyendo escrito de fecha 04 de abril de 2020:

Teniendo en cuenta lo argumentado por la ejecutante, en cuanto a que el bien objeto de la medida de compulsiva es un predio agrícola y no familiar, y además se tratan de derechos de aguas vinculados a éste; excepcionalmente, se hace lugar a la reposición intentada y en consecuencia, se concederá fuerza pública para el lanzamiento, solicitado en folio 299 de fecha 12 de marzo de 2020. En cuanto al recurso de apelación, estese a lo resuelto”.

Expresa que en contra de dicha resolución recurrió de reposición con apelación subsidiaria, sin embargo, el tribunal rechazó la reposición concediendo solamente el recurso de apelación, cuya tramitación en segunda instancia tardará en resolverse, habiéndose ya conjurado el atropello a sus derechos fundamentales.

Señala que su reposición se fundamentó en los siguientes antecedentes:

a) Al ordenar el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública incumple el acuerdo N°48 complementado por el acuerdo 54 del 27 de marzo del presente año de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena. Indica haber explicado detalladamente que en el sector del que pretende lanzar a su mandante con fuerza pública, viven dos familias de migrantes que están en cuarentena, que su mandante está en una situación de riesgo por haber tenido contacto con turistas extranjeros, que no puede desalojarse a las personas que viven allí sin poner en riesgo su vida y salud, porque en la situación extrema que vive todo el país no tendrán donde ir justo ahora que está pronto a comenzar la crudeza del invierno.

Indicó al señor Juez, dice, que no existía urgencia alguna para un Banco, dada su naturaleza, que la propiedad no le fuere entregada hasta después de la pandemia, que en nada le perjudica desde que ya tiene inscrito el predio en el Conservador de Bienes Raíces.

Señaló además que en este estado de pandemia, debe privilegiarse la vida y la salud de las personas por sobre los intereses económicos de los Bancos, por ello deben realizarse sólo las diligencias que no impliquen aglomeraciones de personas, ni la exposición de funcionarios judiciales, ni operadores del sistema, dentro de lo que deben comprenderse los abogados, y que las notificaciones y diligencias deben realizarse solo cuando sean justificadamente urgentes, urgencia que no comprende por cierto el mero apuro de un interviniente, sino que de la realización de la notificación o diligencia dependa la existencia o extinción de un derecho. Pues bien, acota, en un lanzamiento no existe derecho alguno que pueda extinguirse para el Banco cuando este ha obrado como adjudicatario y ya ha inscrito el bien a su nombre en el Conservador.

b)

Señaló también al juez, dice, que de ordenar el lanzamiento con fuerza pública, en su calidad de abogado, debía asistir al predio en cuestión velando por los intereses de su cliente, pues de no hacerlo incumpliría su obligación contractual de defensa jurídica, pero de hacerlo se exponía al contagio de COVID-19, y de su familia debido a la gran cantidad de personas que intervendrían.

Además expuso al juez, comenta, que no existía norma jurídica alguna que autorizara ordenar la entrega del bien rematado con fuerza pública, de modo que la resolución recurrida carecía de fundamento de derecho, señalándole también que la reposición contraria, acogida, fue resuelta sin dar traslado a su parte; que era improcedente el lanzamiento con fuerza pública sin previa intimación del lanzado; que se había expedido oficio de fuerza pública antes de encontrarse ejecutoriada la resolución y que se dictó la resolución sin haberse previamente resuelto la objeción documental.

Menciona que el tribunal procedió a rechazar la reposición atendido los mismos argumentos vertidos en la resolución recurrida.

No se advierte en la resolución, expresa, porqué razón el Magistrado ha otorgado “excepcionalmente”, la fuerza pública, cuando no existe urgencia que la amerite. Recuerda que para la Corte Suprema, las causas urgentes son entre otras, aquellas que dicen relación con medidas cautelares personales, materias penales, violencia intrafamiliar, medidas de protección de niños, niñas y adolescentes, más no la entrega material de inmuebles a una Institución Financiera.

Luego de citar jurisprudencia, señala que no obstante que la regla general es que no procede interponer acción proteccional contra sentencias de los tribunales ordinarios de justicia, excepcionalmente, resultará procedente cuando una resolución judicial es manifiestamente ilegal o arbitraria, sea por exceder la atribución normativa que le habilita para actuar, o por vulnerar o amenazar gravemente el ejercicio alguno de los derechos fundamentales enumerados en el artículo 20 de la Constitución, como sería el caso.

Agrega que el juez recurrido ha invocado el COVID-19, para dejar suspendido en su tribunal el recurso de apelación concedido contra la misma resolución, de modo que no existe en este caso la vía jurisdiccional recursiva in limine litis que permita la revisión de lo resuelto antes que se conjure el lanzamiento y con ello el atropello de sus derechos fundamentales.

Lo anterior significa un impedimento de facto al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, denegación del derecho a recurrir efectivamente de sus resoluciones.

Luego de precisar que el acto recurrido corresponde a la resolución que desestimó la reposición por él intentada, ya referida, agrega que el tribunal, representado por el juez emplazado también ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal.

Estima a este respecto, que ha omitido aplicar los artículos 3 y 6 de la Ley 21.226, ya que de acudir a la diligencia de lanzamiento corre riesgo de contagio, pues tal diligencia implica aglomeración o reunión de personas.

Expone que el motivo principal de suspender los términos probatorios, es la necesidad de evitar las comparecencias de testigos y de otras personas en un mismo lugar, situación que acaecerá si se verifica en el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública.

Afirma también que se han incumplido los Acuerdos N°48 y Nº54 de esta Corte, ya que en el primero, se solicitó a los receptores abstenerse de realizar notificaciones por el plazo de dos semanas, luego habiéndose mantenido las circunstancias, en el Acuerdo 54, dicha decisión se ratificó y se amplió, transformándose en una exigencia para los tribunales.

Sostiene que el juez recurrido no ha hecho la calificación que le ordena expresamente el Acuerdo 54 en el numeral 13, y además no se advierten razones para calificar de “urgente” la gestión de lanzamiento, cuya mención y fundamento ni siquiera se han expuesto.

Hace presente que cuando la Corte de Apelaciones ha dicho “que califiquen los jueces de urgente”, si bien ha puesto en cada juez la facultad de realizar dicha calificación, no parece que lo haya hecho pensando en el simple apuro de las partes, sino en una efectiva y real necesidad, como una eventual pérdida de un derecho, lo que no ocurre en la especie.

Reclama también un trato desigual hacia su persona, ya que el juez ha resuelto, en todos los juicios que se llevan en su tribunal, que citadas las partes al llamado a conciliación, dichos comparendos quedan suspensos hasta 10 días después de cesada la pandemia, invocando el Acta 42-2020 de la Exma.Corte Suprema. Resulta llamativo, acota, que en causa rol C-163-2016 de ese mismo tribunal, sí se dispuso la suspensión de la diligencia de lanzamiento, quedando en evidencia la diferencia de criterios.

Enseguida procede a indicar los derechos que estima amagados con el actuar del juez emplazado, entre ellos:

La igualdad ante la ley, artículo 19 N°2 de la Constitución, manifestando que se produce una afectación grave al no aplicar a favor de su mandante, y por ende a su persona, la Ley 21.226, el Acta N°42-2020 de la Excelentísima Corte Suprema, y los Acuerdos N°48 y 54 de esta Corte. Tal situación, repite, lo dejan en la posición de exponerme al contagio si deja en indefensión a su representado.

De otra parte, expresa que el juez señaló como aparente criterio objetivo que el lanzamiento es sobre un predio agrícola y no familiar, pero aquello no se sustenta en prueba fáctica, sino en la simple apreciación subjetiva del Juez.

El criterio que desliza el magistrado, dice, además de subjetivo, es ilegal, recordando que el legislador no ha establecido diferencias para suspender las diligencias en caso de tratarse de bien familiar o terreno agrícola, de manera que no es posible que lo haga el juez, y es ilegal además, si se atiende a la finalidad que ha tenido el legislador para suspender las diligencias (como los lanzamientos), que es el evitar los desplazamientos y aglomeraciones de personas (abogados, carabineros, receptores, demandados, terceros), y con ello frenar la expansión de la pandemia. Pues bien, dice, si esa es la finalidad, ella no se consigue ordenando el lanzamiento con fuerza pública si se trata de predios agrícolas, y suspendiéndolos si se trata de un inmueble “familiar”. Dicha situación es la misma en ambos casos, de manera que la medida resulta ilegitima, ilegal, no racional, arbitraria.

Informa también que en la causa “Pizarro/Angel”, que trata de un inmueble agrícola, el mismo juez ha suspendido el lanzamiento con fuerza pública, por causa de la Alerta Sanitaria.

Como otra garantía vulnerada, acusa, es su derecho a la vida e integridad física y psíquica, por los efectos del covid-19. En su caso, comenta, padece de Diabetes Mellitus Tipo II, enfermedad crónica, cuyos pacientes están considerados de alto riesgo de fallecer en caso de contraer el virus, y que en presentación de 28 de julio pasado, informó que ha dado positivo para el covid-19, además de padecer de una neumonía.

Pide finalmente, se acoja el recurso, se restablezca el imperio del derecho ordenando dejar sin efecto el acto arbitrario e ilegal consistente en la resolución de fecha 06 de mayo de 2020, que falló el recurso de reposición de su parte y mantuvo la orden de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública de su mandante, que le privó del derecho a la igualdad ante la ley y amenazó y perturbó su derecho a la vida e integridad física y psíquica, con costas.

SEGUNDO: Que, informando el juez recurrido, señaló lo que sigue:

Que la causa rol C-538-2014, caratulados, “Scotiabank con nombre reservado”, autos ejecutivos, se sustancia desde el 28 de marzo de 2014, iniciada por presentación del abogado Marcos Yurin Rakela, en representación de la entidad ejecutante Banco Scotiabank Chile, contra don nombre reservado, por una acreencia de $30.000.000.- (treinta millones de pesos), conforme se desprende del libelo ejecutivo y títulos esgrimidos.

El 24 de julio de 2014, se dictó sentencia de remate que desestimó las excepciones opuestas por el ejecutado de autos, condenándosele en costas.

El 28 de junio de 2019, se realizó subasta de la propiedad embargada al ejecutado, denominado Hijuela uno B del Fundo Santa Filomena, y de 10 acciones de aguas del embalse Recoleta, los que fueron adjudicados a la entidad ejecutante por la suma única de $156.000.000.- (ciento cincuenta y seis millones de pesos).

El 4 de julio de 2019, se interpuso por el ejecutado un incidente de nulidad de resoluciones que indica, certificación y remate. Incidencia que fue rechazada en todas sus partes por parte del tribunal con fecha 9 de septiembre del mismo año.

El ejecutado recurrió de apelación con fecha 14 de septiembre de 2019. Recurso que fue concedido con fecha 17 de septiembre de 2019 y remitido a la Corte de Apelaciones de La Serena el 09 de octubre de 2019.

Luego, el 12 de marzo de 2020, se solicitó el lanzamiento de la propiedad denominado Hijuela uno B del Fundo Santa Filomena, por parte de la entidad ejecutante, con fuerza pública para tomar posesión material del predio. El tribunal con fecha 27 de marzo de 2020 dispuso:

“A lo principal: Atendida las instrucciones impartidas por la Excma. Corte Suprema en el Acta N°42-2020 ante la Alerta Sanitaria declarada para todo el territorio de la República para afrontar a la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial por el brote del nuevo coronavirus (2019- NCOV); y a fin de evitar futuros entorpecimientos y nulidades procesales, reitérese en su oportunidad una vez decretada que sea por la autoridad respectiva el cese de dicha alerta sanitaria.”

Enseguida, el 04 de abril de 2020, el ejecutante recurrió de reposición y apelación en subsidio, de la resolución fundándose en los siguientes argumentos:

“En primer término, el Tribunal ha actuado de oficio, sin que las partes se lo soliciten, en especial el ejecutado, quien no ha promovido incidencia alguna ni mucho menos ha alegado entorpecimiento alguno y lo ha hecho en base y fundamento a una acta 42-2020, que en su numeral 10°, al referirse a la tramitación en materia civil y que podría fundar la resolución en comento señala claramente que la autoridad judicial no se encuentra facultada para suspender el procedimiento como lo ha hecho Usia.

Pero además, debe ser la parte ejecutada quien promueva lo que estime oportuno, conforme normativa y argumentaciones que quiera hacer valer y no puede el Tribunal subsidiar a la parte ejecutada, impidiendo seguir adelante con la ejecución a esta parte, precaviendo entorpecimientos o nulidades futuras absolutamente inciertas.

Por otra parte el deudor debe conocer con bastante antelación a estas gestiones que el inmueble ya no es de su propiedad y que debe ser entregado a mi representada, y que además se trata de un predio agrícola y que no es un bien familiar ni mucho menos, tal y como se encuentra acreditado en autos.” (sic)

Agrega que el tribunal con fecha 8 de abril de 2020, acogió la reposición, señalando:

“Teniendo en cuenta lo argumentado por la ejecutante, en cuanto a que el bien objeto de la medida de compulsiva es un predio agrícola y no familiar, y además se tratan de derechos de aguas vinculados a éste; excepcionalmente, se hace lugar a la reposición intentada y en consecuencia, se concederá fuerza pública para el lanzamiento, solicitado en folio 299 de fecha 12 de marzo de 2020.

En cuanto al recurso de apelación, estese a lo resuelto.” (sic)

Expresa que la ejecutada dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio; y en un otrosí apelación directa. Con fecha 13 de abril de 2019, se dio traslado de los recursos a la ejecutante, quien expresó:

“Funda en un primer aspecto la reposición la parte ejecutada, en lo que señala de forma liviana "yerros” del Tribunal, que la resolución recurrida estaría incumpliendo el acuerdo n° 48 complementado por el acuerdo 54 de la I. Corte de Apelaciones de La Serena. Sin embargo, si observamos el acuerdo n° 48 este se refiere al funcionamiento de los Tribunales regulando sus horarios de funcionamiento, horarios de atención al público, que audiencias de carácter urgentes se deben realizar, composición de sala de la Corte, alegatos mediante videoconferencias, formas de visitas de cárcel, sistemas de turnos de los funcionarios, sistemas de teletrabajo y reportes, disminución de las jornadas de trabajo, es decir aspectos relacionados con maneras prácticas de llevar adelante la continuidad de la función jurisdiccional.

Nada señala respecto de la suspensión del procedimiento en causas civiles y mucho menos se señala que se deben dejar sin efecto el cumplimiento de resoluciones judiciales. Y en específico el punto que indica la contraria se refiere a que se solicita a los receptores no realicen notificaciones de audiencias por el término de dos semanas, salvo casos de urgencia.

· esto debemos relacionarlo con el resto de los puntos que abarca este acuerdo y que se refiere al funcionamiento de los Tribunales, tal como lo hemos indicado más arriba, basta de su mera lectura para darse cuenta que el espíritu es evitar la realización de audiencias en Tribunales que impliquen aglomeración de gente a fin de evitar probables contagios- · la complementación que realiza el acuerdo 54 en nada varía lo señalado, y más aún, reafirma el hecho de que se debe realizar las diligencias para asegurar el debido proceso, con los debidos resguardos.

Es decir, en este caso, un causa iniciada el año 2014, en que se ha respetado el debido proceso y en que el ejecutado se ha defendido a lo largo de todas su tramitación, dilatando lo inevitable y utilizando todos los recursos procesales a su alcance, solo queda concluir la última etapa del procedimiento que es la entrega material del inmueble ya adjudicado a la parte ejecutante.

No se trata de que el banco quiera llevar a su gerente o a su abogado a vivir al inmueble adjudicado como lo menciona el apoderado de la parte contraria sino que solo de concluir con este dilatado procedimiento. Tampoco se trata de un bien familiar ni mucho menos un domicilio particular en medio de una ciudad, se trata de un inmueble agrícola con derechos de aprovechamiento de aguas y que por lo demás el ejecutado sabe, o a lo menos creemos que su apoderado se lo ha informado, fue adjudicado a su acreedor y este ya se encuentra en trámite de adjudicación a terceros interesados, por lo que solo resulta procedente que se entregue al Banco adjudicatario.

De hecho, y a fin de resguardar la salud de todos, y en especial del apoderado de la contraria, no es necesario que este asista a diligencia alguna, solo que instruya, como la buena fe y la rectitud en el obrar aconsejan, que el ejecutado entregue la propiedad, sin ocupantes y sin mayores trabas, para lo cual esta parte se encuentra llano y dispuesto, conforme adjudicación en remate y lo que se resolvió en las bases de subasta, ya ejecutoriadas y demás antecedentes que obran en esta causa.

Por otra parte el Tribunal ya ha calificado la excepcionalidad de esta diligencia y ya la ha fundado, en algo que es obvio, el hecho de que se trata de un predio agrícola y que no existe impedimento alguno para llevarlo adelante la diligencia de lanzamiento.

La entrega material del inmueble esta ordenado por el Tribunal al aprobar las bases de subasta, no objetadas en este aspecto por la contraria por lo que cualquier argumento en relación a que se debe iniciar un nuevo juicio para lograr la entrega material del inmueble es absolutamente extemporáneo y sin fundamento.

Tampoco era necesario dar traslado de mi reposición, los sólidos argumentos expuestos hacían innecesario oír a contraria y así lo entendió Usía. Además, los fundamentos esgrimidos en la reposición planteada no tienen asidero legal y además es improcedente que se deduzca recurso de reposición respecto de una resolución que resuelve otra reposición.

Y como última reflexión en relación con los acuerdos y autoacordados que emanen de los Tribunales superiores de justicia, solo señalar que estos se deben enmarcar en la legislación y no suplen la normativa vigente ni podrían hacerlo por cuanto no poseen la facultad de ir en contra de la ley soberanamente dictada”.

Agrega el juez informante que el tribunal con fecha 13 de mayo de 2020, rechazó el recurso de reposición y concedió la apelación interpuesta en subsidio. Resolución que fue modificada en su parte final que prorrogaba la actuación presencial de cumplimiento del artículo 197 del CPC- ya que esta causa por su data (2014) es de expediente de papel y no digital- para poder remitir los autos al tribunal de alzada, esto último con fecha 12 de junio de 2010.

Dice así: “En cuanto a la apelación deducida de manera subsidiaria, téngase por interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 8 de abril de 2020; el que se concede en el sólo efecto devolutivo, y de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, elévese a la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, los autos originales, para su conocimiento y resolución, dejándose compulsas en el Tribunal de primera instancia de todo lo obrado en dichos autos, de fojas 1 a la presente resolución.

Cumpla el apelante con la carga establecida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, bajo apercibimiento legal, debiendo certificarse lo pertinente por el señor Secretario del Tribunal, en su oportunidad”. (sic)

Anuncia que de la historia de la causa es posible concluir que el ejecutado y recurrente de protección han ejercido todos y cada uno de los recursos que el procedimiento les ha concedido. Existen en la actualidad recursos ordinarios pendientes respecto de la causa de referencia, por lo que la utilización de la vía recursiva de protección resulta inoficiosa, sin perjuicio de que no tendría además de fundamentos atendibles, conforme se ha expuesto. Los antecedentes de salud del ejecutado no le constan, no fueron esgrimidos en el proceso y tampoco justifican la no realización de actuaciones judiciales.

TERCERO: Que, en definitiva, para despejar y decidir el asunto materia del recurso, habrá de pormenorizarse lo siguiente: a) Que el acto que ha motivado la interposición de la acción ha sido la determinación del juez de disponer el lanzamiento con fuerza pública, por resolución de fecha ocho de abril de 2020, transcrita en el motivo primero de esta sentencia, recaída en los autos ejecutivos rol C-538-2014, caratulados, “Scotiabank con nombre reservado”, y de mantener tal decisión desestimando la reposición pedida por el abogado recurrente atendido los mismos argumentos contenidos en la citada resolución, y b) Que el recurso ha sido deducido en tanto el recurrente estima que la indicada determinación constituye una acción que amenaza con vulnerar su garantía constitucional a la vida e integridad física y psíquica, pues la realización de tal diligencia implica la reunión de diversas personas que se encuentran en el predio, y que él, siendo abogado patrocinante del ejecutado no puede dejar de asistir sin violar su obligación de defensa jurídica del ejecutado, siendo por tanto la resolución del tribunal la que lo fuerza a exponerse a una situación de grave peligro para su vida, salud e integridad física y psíquica, y también la de su familia por un eventual contagio, dada la situación de pandemia, y c) Que la resolución misma, ha infringido normas de carácter procesales, así como los Acuerdos de esta Corte Nº 48 y 54; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Nº 53, y la Ley 21.226, de la manera expuesta en el extenso recurso deducido.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción cautelar, dirigida a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados, que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, mediante la adopción de medidas urgentes ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, razón por la cual se hace necesario establecer la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que como consecuencia de aquello, que se haya provocado una amenaza, privación o perturbación en el ejercicio de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

Por otra parte, es necesario también tener presente que se está frente a un instrumento que tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho mediante medidas eficaces que sea posible adoptar por el tribunal a fin de brindar tutela judicial efectiva al amparado y así remover aquello que provoca el agravio.

QUINTO: Que en relación con lo anterior, habrá de indicarse como cuestión esencial, que el recurso de protección no reviste la naturaleza de un recurso jurisdiccional de manera que su objeto no es precisamente la modificación de una resolución judicial dictada en un proceso contencioso legalmente incoado y en actual tramitación ante un tribunal de la República, como acontece en el presente caso.

Los procedimientos judiciales están detalladamente normados por el derecho, tanto respecto de las actuaciones judiciales que se decreten, como respecto de los recursos procesales disponibles para las partes, de manera que puede concluirse que los derechos de los litigantes están suficientemente resguardados. Por cierto, como lo ha indicado la doctrina , la admisión de la acción de protección respecto de una resolución dictada en un procedimiento judicial, importa introducir en él un elemento que distorsiona o altera la ritualidad ya custodiada por normas de derecho público, y más si se trata de su asunto contencioso, en cuyo caso se atentaría gravemente en contra del principio de la bilateralidad de la audiencia que forma parte del debido proceso.

SEXTO: Que precisamente, en el caso que nos ocupa, se ha de tener presente que tal como se ha certificado por la señora Secretaria en cumplimiento a la medida ordenada por esta Corte, la apelación deducida en contra de la determinación jurisdiccional impugnada vía protección, ya ha sido ingresada con el rol 810-2020, encontrándose en estado de ser vista a la mayor brevedad. Dicha audiencia, por cierto, será el momento hábil para efectuar la revisión y decisión acerca de todo aquello que ha acusado el recurrente.

En necesario indicar que no existe constancia en los antecedentes de la causa, de que el lanzamiento decretado se haya efectuado.

Sin perjuicio de todo lo comentado, tan solo habrá de dejar asentado, que del mérito de lo informado por el juez recurrido, no aparece que su decisión por sí sola, imponga una obligación al compareciente en los términos que razonablemente haga estimar que su cumplimiento ponga en peligro su vida y salud, como también la de su familia. En esta parte, no existe ilegalidad ni arbitrariedad con los alcances que trata el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia por todo lo indicado, la acción de protección deducida tendrá que ir a su indefectible rechazo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Juez titular del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y comuníquese al recurrido.

Redacción del ministro don Juan Pedro Shertzer Díaz.

Rol Nº 974-2020 protección.-