nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.

nombre reservado, nombre reservado

Administradora de Fondo de Pensiones Capital S.A Recurso de Protección Rol N° 972-2020.- La Serena, treinta de julio de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha cinco de junio de dos mil veinte, comparece don nombre reservado, chileno, chofer de colectivo, divorciado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo, interponiendo acción de protección en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Capital S.A., en virtud de los siguientes antecedentes.

Expone que a raíz de la contingencia que estamos viviendo como país a causa de la pandemia mundialmente conocida como Covid-19, se ha visto fuertemente afectado en lo económico, por cuanto su trabajo como “colectivero” ha empeorado considerablemente, lo que a su vez ha llevado a afectar su vida familiar debido a que sus ingresos ya no son los mismos y por su parte debe seguir cumpliendo con sus obligaciones pecuniarias. Agrega que su pareja se encuentra cesante. Lo anterior, le ha causado estrés psicológico, por lo que para él hoy es crucial disponer de una parte del dinero que ha cotizado por años en AFP Capital, pero que ésta se ha negado a entregarle. Dicha negativa consta en el correo recibido con fecha 22 de mayo de 2020. Destaca que tal respuesta es el acto arbitrario contra el cual se dirige.

Indica que se trata de una respuesta arbitraria, puesto que implica un flagrante desconocimiento de su derecho de domino sobre sus ahorros previsionales, negándose a reconocer sus facultades esenciales que están explícitamente protegidas por el texto constitucional. Tal acción, dice, constituye una vulneración en grado de privación, de su derecho fundamental de propiedad garantizado por la Constitución Política pues desconoce las facultades del dominio, lo que es claramente incompatible con el texto constitucional. En efecto, no le resulta posible usar de esos recursos de la manera que desea, y sobre todo, no puede disponer de los mismos, es decir, utilizarlos a su arbitrio, lo que implica retirarlos cuando desee.

Se ha de tener en consideración, expresa, que dicho retiro no es antojadizo sino más bien excepcional, en atención a la situación en la que se encuentra a raíz de la contingencia sanitaria.

Refiere también que en el régimen previsional establecido por el Decreto Ley 3.500, los recursos contenidos en las cuentas de capitalización individual son de propiedad de los trabajadores que han cotizado.

Por estas consideraciones, solicita acoger la presente acción en todas sus partes, ordenando la entrega, en el más breve plazo, de sus ahorros por concepto de cotizaciones previsionales cuyo monto solicitado asciende a la suma de $10.000.000, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Solicitud enviada vía formulario de contacto a través del portal web de la AFP, de fecha 20 de mayo de 2020; 2.- Respuesta de la AFP por correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2020; 3.- Certificado de afiliación N° 300458518420, emitido por la Superintendencia de pensiones de junio de 2020.

SEGUNDO: Que, con fecha nueve de julio de dos mil veinte, evacuó informe don Carlos Soto Barrera, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. (en adelante “AFP Capital”), en los siguientes términos.

Sostiene, en primer lugar, la extemporaneidad de la acción, toda vez que la recurrente conoció del sistema de capitalización individual, de sus características y normativa que lo compone, antes del inicio de su vida laboral, momento en el cual tuvo que afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones para administrar sus recursos, y en particular, de la circunstancia de que ésta, la accionante, no estaría facultada para obtener la devolución del total o parte del saldo de su cuenta de capitalización individual de una sola vez, por no estar permitido en nuestra legislación, y ni siquiera poder requerirlo en forma parcial al no cumplir con su edad de jubilación, conocimiento del cual la recurrente no puede negar ignorancia por ser una materia contemplada en la ley (artículo 8 del Código Civil).

En forma adicional, hace presente que el recurso de protección de autos adolece de falencias en virtud de las cuales debió haber sido declarado inadmisible debido a que el objetivo de éste es obtener la devolución de parte de los fondos de pensiones del afiliado para fines diversos a los estipulados en el DL N° 3500, no pudiendo existir en la negativa de entregar estos fondos, acto ilegal o arbitrario alguno, ni vulneración a garantía constitucional alguna, pues es la ley la que ordena que los fondos previsionales se destinen a pagar pensiones e impide que sean utilizados para fines distintos, no existiendo otro camino o alternativa para las Administradoras de Fondos de Pensiones que cumplir el mandato legal al respecto.

Por otro lado, señala que el recurso presentado se realiza en el marco de un medio inapropiado para discutir el fondo del asunto de marras, toda vez que no puede ser un recurso de protección la vía para debatir sobre un aspecto que, en realidad, tiene que ver con los fundamentos mismos del sistema de ahorro previsional vigente en el país, y que pertenece más bien al ámbito político y legislativo.

En cuanto al fondo, consigna que la respuesta de AFP Capital a la pretensión de retirar una parte de los fondos previsionales del recurrente antes del tiempo de su jubilación no es arbitraria, sino que proviene de la ley y es la única respuesta que le es posible dar sobre el particular. Su parte no puede legalmente incumplir el mandato de la ley y entregar al afiliado suma alguna de sus fondos previsionales en forma diversa a la señalada en la ley, aunque quisiera hacerlo, pues estaría incurriendo en un incumplimiento normativo que tiene asociado graves sanciones.

Aduce que las cotizaciones previsionales que deben efectuar los trabajadores tienen un destino específico definido por la ley, que no es otro que financiar las pensiones de vejez, o aquella parte de las pensiones de invalidez o sobrevivencia que no sea financiada por las compañías de seguros a través del aporte adicional. Sólo de forma muy excepcional la ley permite que los afiliados puedan disponer de una parte de esos fondos de una manera distinta de la pensión, sea a través del retiro de excedentes de libre disposición si se cumplen ciertos requisitos legales, o bien cuando formen parte de la masa hereditaria del afiliado fallecido que al momento de su muerte no tenía beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

Por lo anterior, el afiliado sólo podrá acceder a los fondos acumulados en su cuenta de capitalización cuando cumpla con los requisitos que establece la ley, los cuales dicen relación con que se haya verificado respecto de él uno de los estados de necesidad que deben ser cubiertos con dichos fondos, como son los de vejez, invalidez y sobrevivencia a que se refiere el DL. N° 3.500.

Ello sucede así, explica, porque tales fondos están sujetos a un modo, por cuanto tienen como finalidad específica e inmodificable financiar la respectiva pensión, lo cual no se contrapone con el derecho de propiedad, sino que, por esta circunstancia, nos encontramos aquí con una “especie de propiedad”, de aquellas que el legislador puede configurar, según dispone el propio numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En efecto, agrega, el artículo 61 del D.L. 3.500 establece taxativa y restrictivamente las formas en que la AFP puede hacer efectiva la pensión del afiliado. Se trata de una norma de cumplimiento obligatorio que no entrega margen de discrecionalidad a la Administradora. Es una norma de orden público que es indisponible tanto para para la AFP como para el pensionado.

Por lo demás, indica que la restricción que impone la ley a los pensionados en esta materia (v.gr. administración y retiro de sus fondos) es plenamente coherente con la posibilidad que establece la Constitución de “limitar” la propiedad (o alguna de sus facultades) atendida su “función social” (artículo 19 N°24). Este valor jurídico, que busca armonizar los intereses del dueño de un bien con los de la sociedad, da plena validez al régimen de administración de fondos que gestionan las Administradoras.

Se trata, además, de una limitación “proporcional”, en el sentido que lo han venido definiendo el Tribunal Constitucional y la doctrina. No hay, en consecuencia, una restricción inconstitucional, ilegal o arbitraria de la propiedad.

Señala que no puede ser “indebido” ni “arbitrario” aquello que la ley, de manera imperativa y obligatoria, ordena y que no está dentro de las facultades de la recurrida. En efecto, la arbitrariedad supone la capacidad de optar entre alternativas distintas y elegir una sin fundamento o base, mientras que en el caso de autos, su representada solo puede optar únicamente y en cualquier caso similar, por una sola alternativa si un afiliado solicitare la devolución de los fondos de su cuenta de capitalización individual. No puede considerarse arbitraria una conducta que cumple el mandato legal de la única forma que la normativa lo señala y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por ley. No existe un camino diverso para la recurrida que cumplir el mandato legal, por lo que es imposible hablar de opciones diversas que puedan constituir un capricho en el actuar de esta Administradora.

Menciona que el reglamento del Decreto Ley 3.500, en su artículo 55, dispone “Las Administradoras sólo podrán otorgar pensiones de vejez e invalidez a sus afiliados, y pensiones de sobrevivencia causadas por afiliados fallecidos a sus beneficiarios.” El artículo siguiente, por su parte, agrega que “Las Administradoras no podrán otorgar a sus afiliados, bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la Ley, ya sea en forma directa o indirecta ni aún a título gratuito o de cualquier otro modo”. Lo anterior, en concordancia con el artículo 23, inciso 21, del D.L. 3.500.

Así las cosas, resulta del todo claro que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen un objeto único y exclusivo, esto es, la administración de fondos de pensiones, el otorgamiento y administración de los beneficios y prestaciones establecidos por la ley, y no pueden otorgar ningún beneficio que no sea de aquellos previstos por el legislador.

Dado lo anterior, resulta incomprensible para su parte que el recurrente denuncie una actuación arbitraria o ilegal al negarse, por así disponerlo la ley, a hacer devolución anticipada e inmediata de sus ahorros previsionales, concluyendo esto de una supuesta e irreal omisión de respuesta a su solicitud y pasando por alto el mandato del D.L. N° 3500 en su artículo 61. Tales fondos están siendo destinados a financiar el pago de la respectiva pensión para cumplir con los objetivos dispuestos por el legislador. Es prístino entonces, que la imposibilidad de la Administradora, de acceder a la solicitud de devolución de fondos efectuado por la recurrente, responde a la normativa que regula el sistema de pensiones en Chile, que tiene plena justificación en los objetivos previstos por el legislador, no existiendo, en caso alguno, una infracción al marco legal que le rige, ni mucho menos una vulneración arbitraria al derecho de propiedad invocado por la recurrente. Por el contrario, haber accedido a la petición habría constituido una infracción a la ley.

Por estas consideraciones solicita rechazar el recurso interpuesto en todas sus partes, con expresa y ejemplar condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Sentencias del Tribuanl Constitucional, de fecha 14 de mayo de 2020; 2.- Oficios ordinarios de la Superintendencia de Pensiones números 671 y 7216 en donde se da cuenta de la imposibilidad de acceder a la devolución de fondos por parte de las Administradoras de fondos de pensiones en formas distintas a las señaladas por ley y de la finalidad especifica de las cotizaciones previsionales; 3.- Fotografía de comprobante de envío de carta certificada en donde se les notifica del presente recurso; 4.- Certificado de seguimiento en línea de la empresa correos de Chile en donde consta la fecha de entrega de la notificación del presente recurso en casa matriz de AFP Capital con fecha 02 de julio de 2020 bajo el número de seguimiento 999078053091.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la recurrida será desestimada, por cuanto del claro tenor del libelo pretensor se advierte que el acto concreto en contra del cual se deduce el presente arbitrio consiste en la respuesta negativa comunicada por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. al actor, mediante correo electrónico de fecha 22 de mayo de los corrientes, desprendiéndose del examen de la carpeta virtual que se ha impetrado el recurso que nos convoca el día 5 de junio del mismo año, apareciendo en consecuencia que el mismo ha sido presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que como se puede apreciar de la síntesis contenida en los motivos que anteceden, el hecho que el actor reputa como ilegal y arbitrario se encuentra libre de controversia, y consiste en la negativa de AFP Capital S.A. a restituir al recurrente los fondos cotizados en su cuenta de capitalización individual, al margen de las modalidades contenidas en el Decreto Ley Nº 3.500.

SEPTIMO: Que, luego, para analizar la legalidad de la conducta que se reprocha, resulta indispensable recordar ciertas reglas atingentes sobre la materia.

En este sentido, el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, ordenando que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, imponiéndole al mismo Estado el deber de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Concretando tal prescripción constitucional, el Decreto Ley Nº 3.500 se erige como el principal cuerpo normativo sobre la materia. Dentro de sus disposiciones, destaca su artículo 17 que impone a “los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres” la obligación de “cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”.

Luego, su artículo 34 indica que “los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”. Finalmente, el artículo 61 expresa que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión. La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado. Para hacer efectiva su pensión, cada afiliado podrá optar por una de las siguientes modalidades: a) Renta Vitalicia Inmediata; b) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida; c) Retiro Programado, o d) Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado”.

OCTAVO: Que, como se lee de lo transcrito y tal como lo sostiene la recurrida en su informe, el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo antedicho, esta Corte estima indispensable precisar que el retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución ajena al Decreto Ley Nº 3.500. En efecto, en reiterados pasajes de este cuerpo normativo (artículos 20, 21, 22, 62, 62 bis, 65 bis y 179) se establecen los requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de aquellas modalidades de pensión ya mencionadas, debiendo tenerse en cuenta, además, que la renta vitalicia, en tanto clase de pensión que contrata un afiliado con una Compañía de Seguros de Vida distinta a la Administradora, es, en sí, una forma de retiro que puede llegar al total del importe de la cuenta respectiva.

Desde este mismo prisma, el artículo 68 del Decreto Ley Nº 3.500 relativiza, incluso, los requisitos contenidos en su artículo 3º, en la medida que permite la obtención de una pensión de vejez, bajo cualquiera de las modalidades regladas en el artículo 61, antes de cumplir la edad mínima para ello.

DECIMO: Que, de este modo, la actuación de la recurrida aparece como ajustada al derecho y la razón, al someterse al ordenamiento jurídico vigente de manera que aquello, por cierto, obsta al éxito del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Capital S.A., sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sr. Shertzer Díaz.

Rol N° 972-2020 (Protección).-