Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

[nombre reservado]

Ilustre Municipalidad de Punitaqui Recurso de protección Rol N°968-2026 La Serena, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Que, a folio 1 del expediente virtual el tres de junio pasado, comparece [nombre reservado], ingeniero de ejecución en minas, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, representada legalmente por su alcalde Sr. Pedro Humberto Araya Zepeda, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la omisión que señala como ilegal y arbitraria, consistente en la falta de resolución de la denuncia por Ley Karin presentada por el recurrente el 6 de agosto de 2025, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la integridad psíquica y su derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 06 de agosto de 2025 ingresó formalmente una denuncia por Ley Karin ante la Municipalidad de Punitaqui y que, desde entonces, no ha sido informado de la existencia o estado de un procedimiento asociado a ella.

Explica que la Municipalidad derivó inicialmente la denuncia a la Contraloría Regional de Coquimbo por estimar que, al tratarse de una denuncia contra una jefatura, correspondía a dicho órgano sustanciarla. Posteriormente, mediante correo electrónico, de 24 de octubre de 2025 enviado por el entonces administrador municipal, tomó conocimiento que la Contraloría había remitido nuevamente los antecedentes al Municipio y, además, que la denuncia había sido enviada erróneamente al departamento de salud, situación que, a su juicio, implicó una vulneración de la reserva que debía ampararla.

Señala que desde el ingreso de la denuncia ha permanecido en una situación de “invisibilización procesal”, sin información sobre la investigación, medidas de protección, eventuales responsabilidades derivadas de la filtración ni sobre su situación como denunciante.

Luego, hace presente que hubo un oficio emitido por el alcalde de Punitaqui a la Contraloría Regional, mediante el cual la Municipalidad informó las medidas implementadas para cumplir la Ley Karin, documento que da cuenta de la existencia de un procedimiento formal de denuncias, un canal confidencial, protección absoluta de la identidad del denunciante, medidas inmediatas de resguardo, investigadores capacitados, respeto al debido proceso y, especialmente, un principio de celeridad que contempla plazos breves para la investigación y resolución de las denuncias. Asimismo, enfatiza que la propia Municipalidad declara eje transversal de su actuación el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

Sin embargo, sostiene que, en su caso dichos principios y garantías no fueron respetados. Afirma que durante todo el tiempo transcurrido no ha recibido información oportuna sobre el estado de la denuncia y que, además, la difusión de los antecedentes a funcionarios ajenos a la investigación importó una infracción al deber de confidencialidad absoluta previsto en el protocolo municipal.

Asimismo, afirma que la Municipalidad ha incumplido los plazos establecidos en sus propios reglamentos y protocolos y que ni siquiera le ha informado el estado del procedimiento, después de nueve meses.

Argumenta que ello infringe expresamente el Decreto Alcaldicio Nº478 y demás normas internas que contemplan plazos máximos de investigación significativamente inferiores.

Añade que la conducta es también arbitraria porque carece de justificación racional o normativa, manteniéndose la recurrida en una situación de inactividad injustificada frente a un procedimiento administrativo que debía tramitarse con celeridad y reserva. Asimismo, denuncia que datos sensibles y personales contenidos en la denuncia fueron conocidos por terceros ajenos al procedimiento.

Por lo anterior, sostiene que la omisión de la recurrida infringe su derecho a la integridad psíquica del artículo 19 Nº1 de la Constitución, argumentando que la falta de respuesta y la incertidumbre prolongada respecto de su denuncia le han generado estrés, ansiedad y una sensación permanente de invisibilización institucional.

Asimismo, denuncia la vulneración de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución de la República, sosteniendo que se le ha privado de las garantías procedimentales y de protección que el propio municipio reconoce a quienes presentan denuncias de acoso o violencia laboral. Afirma que ha recibido un trato distinto al que correspondería a cualquier funcionario cuya denuncia fuese tramitada conforme a los protocolos vigentes, con respeto a los plazos, la reserva y las medidas de resguardo previstas.

Culmina solicitando que se acoja la acción, ordenando a la recurrida adoptar medidas de resguardo respecto de su persona y de la reserva de la investigación; que se disponga la investigación efectiva y conclusión del procedimiento dentro de un plazo prudente, informándole su estado de avance y respetando el debido proceso, con costas en caso de oposición.

A fin de acreditar sus asertos acompañó junto a su arbitrio en el primer otrosí los siguientes documentos: 1.Copia Comprobante de entrega y recepción de Ley Karin; 2.Copia Oficio NUM000 desde Municipalidad a Contraloría informando de la Ley Karin presentada; 3. Copia Respuesta de Contraloría mediante oficio NUM001 respecto a Ley Karin enviada; 4. Captura de pantalla de correo de contraloría donde envía oficio NUM001; 5. Correo electrónico en donde la oficina de parte difunde lo enviado por Contraloría a diferentes áreas de la Municipalidad; 6.- Oficio NUM002 donde el Municipio responde a la Contraloría declarando cumplir con el resguardo que requiere la Ley Karin.

A folio 9 el diecinueve de junio pasado, compareció la recurrida, la Municipalidad de Punitaqui, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, argumentando que el propio recurrente reconoce haber tomado conocimiento el 24 de octubre de 2025 del correo electrónico enviado por el administrador municipal, mediante el cual se informó la remisión errónea de antecedentes relacionados con su denuncia. De manera que, si el acto impugnado corresponde a esa supuesta filtración de información, y la acción fue presentada el 03 de junio de 2026, estima que se excedió ampliamente el plazo fatal de treinta días contemplado en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección.

En segundo término, alega una infracción al principio “ne bis in ídem”, pues refiere que los mismos hechos invocados en el recurso ya están siendo conocidos en sede laboral, en la causa RIT T-4-2026, caratulada “nombre reservado con Ilustre Municipalidad de Punitaqui”, tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Ovalle. Argumenta que no resulta procedente que un mismo conflicto sea conocido simultáneamente por dos vías jurisdiccionales respecto de los mismos hechos, especialmente cuando es el propio actor quien sometió la controversia a la justicia laboral especializada.

Enseguida, invoca el principio de especialidad, argumentando que la tutela laboral constituye la vía idónea y especializada para conocer denuncias relacionadas con vulneración de derechos fundamentales en dicho ámbito, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema para sostener que, cuando existe un procedimiento especial establecido por la legislación laboral, corresponde que esas materias sean resueltas por los tribunales laborales y no mediante recurso de protección.

Añade que dentro de la acción laboral promovida por el recurrente se encuentran comprendidos los mismos hechos relativos a la tramitación de la denuncia Ley Karin que ahora pretende discutir por esta vía.

Luego, en cuanto a la tramitación del sumario administrativo, indica que por Decreto Alcaldicio NUM003, de 21 de noviembre de 2025, se ordenó instruir un sumario administrativo y se designó como fiscal a doña nombre reservado, procedimiento que se encuentra actualmente en tramitación.

Por otra parte, señala que los plazos previstos en la Ley N°19.880 y en los protocolos asociados a la Ley Karin, no tienen carácter fatal, sino meramente referencial, pudiendo extenderse cuando existen razones que lo justifiquen. Afirma además que la actuación municipal se ha ajustado a la normativa aplicable, especialmente al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y a los principios de juridicidad, imparcialidad y debido proceso, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar.

Por lo anterior, sostiene que no es efectivo que se estén vulnerando los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso de protección, con costas.

Para acreditar sus asertos acompañó los siguientes documentos: 1. Decreto Alcaldicio N°NUM003; 2. Correo electrónico emitido por la Contraloría Regional, hacia la oficina de parte de la Municipalidad de Punitaqui, y oficio NUM004 de 2025 de Contraloría Regional; 3. E-book causa T 4- 2026, del Segundo Juzgado Laboral de Ovalle.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación y se procedió a su vista en la audiencia del tres de julio pasado, oportunidad en que se anunció para alegar y lo hizo presencialmente la abogada doña María Rojas Pinto, por 15 minutos, contra el recurso.

Terminada la audiencia se deliberó adoptándose acuerdo que se plasma en la siguiente sentencia.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. 2° Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas y que los derechos en cuestión se encuentren indubitados y fuera de discusión. 3° Que la recurrida ha alegado en primer lugar la extemporaneidad del recurso, la que será desestimada atendido que lo reprochado por el recurrente está constituido por la omisión en la resolución del sumario administrativo iniciado con ocasión de la denuncia formulada por Ley Karin, mas no la información de la remisión errónea de antecedentes relacionados con su denuncia como lo sostiene la recurrida, de manera que la acción constitucional no se encuentra extemporánea. 4° Que, en cuanto a una supuesta infracción al principio “ne bis in ídem”, en razón que los hechos materia del presente recurso están siendo conocidos por la justicia laboral, en virtud de una demanda por tutela laboral, causa RIT T-4-2026, caratulada “nombre reservado con Ilustre Municipalidad de Punitaqui”, tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Ovalle, también será desestimada por cuanto la cautela solicitada ante esta Corte dice relación con la omisión en la resolución del sumario administrativo, cautela que nada tiene que ver con lo solicitado en la causa laboral, substanciada ante el tribunal de la especialidad, lo que queda de manifiesto del tenor del petitorio de la denuncia laboral por tutela que consta del E-Bock, mismo que fuere allegado por la recurrida a esta causa, la cual tiene objetivo diverso como obtener de parte de la jurisdicción laboral la declaración de la existencia de vulneración de garantías fundamentales y que se incurrió en acoso laboral, entre otras, peticiones que distan de la omisión denunciada que se tilda de arbitraria e ilegal respecto de la cual se solicita la cautela, sin que por lo demás concurra la hipótesis contenida en el artículo 485 inciso final del compendio laboral, motivo suficiente para desestimar dicha alegación. 5° Que, finalmente, en cuanto al principio de especialidad, teniendo en consideración los argumentos levantados por la recurrida para sostener el rechazo de la acción constitucional deducida, estos son del todo inadmisibles e improcedentes en esta sede, desde que estos descansan en un yerro al sostener que lo sometido al conocimiento de la judicatura laboral correspondería a las mismas materias que sustenta el presente arbitrio constitucional, lo cual no es efectivo, toda vez que ambas acciones son independientes y persiguen fines diversos, sin perjuicio de que la denuncia efectuada por la recurrente, en el contexto del título IV, del libro II artículo 211-A y siguientes de compendio de la especialidad persigue fines preventivos y de sanción, motivo por el cual será descartada dicha alegación. 6° Que, en cuanto al fondo, atendido lo alegado por las partes no existe controversia ni discusión que el recurrente ingresó denuncia por Ley Karin ante la Municipalidad de Punitaqui el 6 de agosto de 2025. Así mismo consta que la recurrida sólo dio curso a la denuncia mediante Decreto Alcaldicio NUM003, el 21 de noviembre de 2025, instruyéndose un sumario administrativo, designándose como fiscal a doña nombre reservado. 7° Que lo reprochado como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es la omisión por parte de la Municipalidad de Punitaqui, de la resolución de la denuncia por Ley Karin que fue presentada por el recurrente el 6 de agosto de 2025, cuya omisión le vulneraría sus derechos fundamentales a la integridad psíquica y su derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 8° Que, en relación con la denuncia efectuada a raíz de un acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, el artículo 211-B bis del compendio laboral señala que: “En caso de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio, o a la respectiva Inspección del Trabajo. Si la denuncia es realizada verbalmente, la persona que la reciba deberá levantar un acta, la que será firmada por la persona denunciante. Una copia de ella deberá entregarse a la persona denunciante.

Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados. Para ello deberá considerar la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de la persona denunciante y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Entre otras, las medidas a adoptar considerarán la separación de los espacios físicos, la redistribución del tiempo de la jornada y proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana, a través de los programas que dispone el organismo administrador respectivo de la ley N°16.744.

Si la denuncia es realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta solicitará al empleador la adopción de una o más medidas de resguardo de las señaladas en el inciso anterior, en el plazo máximo de dos días hábiles, las que se deberán adoptar de manera inmediata, una vez que se notifiquen de conformidad con el artículo 508”.

Por su parte el artículo 211-C del código de la materia dispone que: “Si la denuncia es presentada en la empresa, establecimiento o servicio, el empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos o, en el plazo de tres días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva.

En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días”.

Si se opta por una investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva y garantizar que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. Una vez finalizada será remitida junto a las conclusiones a la Inspección del Trabajo respectiva, la cual tendrá un plazo de treinta días para pronunciarse sobre ésta.

En caso de cumplirse el plazo referido y de no existir tal pronunciamiento, se considerarán válidas las conclusiones del informe, especialmente para efectos de adoptar medidas respecto de las personas afectadas. 9° Que, conforme a lo indicado en el motivo 6° de este fallo, se puede colegir prístinamente que la recurrida no ha dado cumplimiento a las obligaciones que le son exigibles en conformidad con el artículo 211-A del Código del Trabajo, desde que por una parte no dio curso de forma inmediata a la denuncia, ya sea asumiendo la investigación de los hechos denunciados o bien remitirlos a la Inspección del Trabajo, por el contrario tales antecedentes fueron enviados a un órgano diverso, sin que cumpliera, además, la confidencialidad de los mismos. Por otro lado, no existe antecedente alguno, acompañado por la recurrida, que demuestre que esta, una vez recibida la denuncia, haya tomado todas las medidas de resguardo destinadas a la protección de la recurrente. Unido a ello la nula aplicación del principio de celeridad, desde que no se ha respetado el plazo fatal de 30 días en que debe extenderse la duración del sumario administrativo por denuncia de Ley Karin, sin que exista dato probatorio que permita justificar el retraso en la conclusión de este contraviniendo el principio de celeridad, lo cual resultó, por lo demás, ratificado por los dichos de la apoderada de la recurrida que reconoció en estrado, durante la vista del presente recurso, que hasta ese momento el sumario se encuentra pendiente de resolución, el que se encuentra vigente desde noviembre de 2025.

Adicionalmente, no consta que se respetase el ejercicio de los derechos del denunciante, en especial a mantener un conocimiento acabado de dicho sumario y la confidencialidad de los hechos materia de éste. 10° Que, a juicio de estos sentenciadores, en base a los antecedentes expuestos en el considerando precedente, se concluye que, por una parte, se ha incurrido en una omisión en la resolución de la denuncia por Ley Karin formulada por el recurrente, y por otra que dicha omisión ha sido arbitraria como ya se expuso y contraria a la normativa especial que rigen la materia, en que la incertidumbre prolongada respecto de su denuncia le ha generado al recurrente un estrés, ansiedad y una sensación permanente de invisibilización institucional, lesionando de esta materia la integridad psíquica de la recurrente, lo que hace necesario que esta Corte adopte todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, según se dirá en la resolutiva de este fallo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se ACOGE, sin costas, el recurso se protección presentado por don [nombre reservado] en contra de la Municipalidad de Punitaqui, disponiendo que la recurrida, deberá arbitrar, en un plazo de 30 días hábiles, todas las medidas necesarias para la conclusión del sumario administrativo iniciado por denuncia del recurrente y todas aquellas tendientes a resguardar la confidencialidad de los hechos materia de este y las de resguardo en favor de don [nombre reservado].

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°968-2026 Protección.