nombre reservado con nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N° 966-2020.- La Serena, doce de agosto de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen nombre reservado, RUT N° RUT reservado, nombre reservado, RUT: RUT reservado, nombre reservado, RUT: RUT reservado, nombre reservado, RUT: RUT reservado, nombre reservado, RUT: RUT reservado, nombre reservado, RUT : RUT reservado, nombre reservado, RUT : RUT reservado, nombre reservado, RUT: RUT reservado, nombre reservado, RUT: RUT reservado, e nombre reservado, RUT RUT reservado, todos con domicilios para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo quienes interponen acción constitucional de protección en contra del nombre reservado, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representado por nombre reservado, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado.

Refiere que, desde el 16 de marzo del año en curso, como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Jardín no se encuentra prestando los servicios comprometidos y ha dilatado la rebaja en el 50% del arancel mensual como, asimismo, el poner término al contrato de prestación de servicios, atendido su incumplimiento.

Señala que la demandada ha obrado de mala fe, pues después de declarada la pandemia se efectuó una reunión con los apoderados, en que la recurrida les hizo suscribir un pagaré, a modo de proveerse de un título ejecutivo en relación a un servicio que sabía que no iba a prestar.

Posteriormente, la recurrida solicita a los apoderados que se contacten con su abogado, llevándose a cabo la reunión el 25 de mayo de 2020. Lo único que se ofreció fue una rebaja de $50.000 mensuales, pero se negó poner término a los contratos pues, asimismo, se negó la existencia de un incumplimiento contractual.

Para varios de los apoderados, quienes no cuentan en la actualidad con trabajo, es esta una situación agraviante.

Agrega que ni si quiera se está prestando el servicio a distancia, por la vía virtual, alegando la recurrida que está en vías de aquello. En cualquier caso, el servicio en cuestión es imposible que sea impartido de manera virtual, toda vez que los alumnos son menores de 2 o 3 años de edad.

El acto arbitrario e ilegal consistiría en que se exija el cumplimiento en el pago de los servicios sin cumplir con la contraprestación, es decir, entregar el servicio convenido, cuestión que estima vulnera el derecho de propiedad de las recurrentes, toda vez que, de conformidad al artículo 12 de la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores, el proveedor debe respetar los términos del servicio contratado y si interrumpe el servicio debe, conforme al artículo 25 de dicha ley, descontar o reembolsar el precio al consumidor.

Se añade lo anterior el artículo 1545 del Código Civil en cuanto a la fuerza vinculante que poseen los contratos.

Lo que se solicita es que se declare la vulneración de derechos del Jardín recurrido; que se suspenda el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada, se dé término a la relación contractual por la vulneración de derechos apuntada, o en su defecto se acuerden con los apoderados contratantes nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, comparece Iván Alcayaga González, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de la Sociedad Educacional Pamela Briceño E.I.R.L.

Expone que debe ser rechazada la acción pues, para que la misma proceda es necesario que concurran derechos indubitados. En efecto, sostiene que no es efectivo que las actividades escolares se encuentren totalmente suspendidas.

Expresa que por resolución exenta N° 180 del Ministerio de Salud se suspendieron las clases en los jardines infantiles por dos semanas. Luego, mediante sucesivas resoluciones, se suspendieron las clases presencialmente, pero el Ministerio admitió que se pudieran continuar prestando los servicios educacionales de manera remota. De esta forma, permanecieron suspendidas las clases presenciales.

Esgrime que, precisamente, ha sido esa la forma de operar que ha adoptado el Jardín, disponiendo de plataformas remotas para que puedan acceder los alumnos y apoderados.

Añade que la normativa que cita la recurrente, no puede ser objeto de análisis en el contexto de una acción de protección, pues aquello parece plantear una controversia de índole contractual que debe ser reclamada en otra sede.

Ingresando al fondo de la cuestión, niega la existencia de un acto arbitrario o ilegal, expone que desde que se decretó la suspensión de clases, la planta docente comenzó a elaborar planes para la educación de los distintos niveles en que se encuentran los menores, cuyas edades fluctúan hasta los cinco años, así se dispusieron plataformas digitales para llevar a cabo la educación.

Por su parte, expresa que ha sido la propia Superintendencia de Educación la que ve configurada en los hechos una causal de caso fortuito o fuerza mayor.

Finaliza indicando que ha estado llana a negociar con los recurrentes, tal como ellos lo reconocen, pero que estos pretenden sustraerse del contrato pues su única finalidad es que se ponga término al mismo. En consecuencia, descarta la vulneración al derecho de propiedad que es invocada.

Tercero: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, para una adecuada inteligencia del asunto, es preciso tener presente, en primer lugar, que en virtud de la crisis sanitaria que atraviesa el país, se dictó el 18 de marzo de 2020, por el Sr. Presidente de la República el Decreto N° 104, que declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio chileno por un plazo de 90 días, el que actualmente se encuentra prorrogado.

A su vez, el 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación decretó la suspensión de clases presenciales para todo el sistema escolar y parvulario, en todo el territorio nacional, medida que se mantiene hasta la fecha.

Además, se ha de considerar que es un hecho conocido que los servicios educacionales en los establecimientos públicos y privados, están siendo prestados en una modalidad diferente a la presencial, esencialmente de manera remota y a través de los recursos tecnológicos disponibles. En efecto, esa es la forma que han tenido que operar los prestadores de servicios educacionales atendidas las restricciones e imposiciones de las autoridades sanitarias y educacionales. Y es la modalidad adoptada por la institución educacional recurrida y que cuestiona la recurrente.

Sexto: Que, a objeto de resolver lo que corresponda, ha de hacerse notar, por una parte, que del contenido del arbitrio constitucional se advierte que en definitiva lo que se invoca por la recurrente es un incumplimiento contractual. Existiendo una controversia sustantiva sobre si lo pactado se ha cumplido debidamente. Así, de una parte, se comprende que no se están prestando los servicios como en derecho corresponde, pero de otra, se indica que sí se ha dado cumplimiento a lo pactado considerando el contexto en el que se desenvuelve la prestación.

Séptimo: Que, así las cosas, tal como se ha explicado a propósito de las características del recurso deducido, la presente acción de cautela de derechos constitucionales constituye, a no dudar, una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia aparezca indubitada y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.

En consecuencia, no resulta procedente que, en ese ámbito, esta Corte conozca de una controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento o modificación de la relación contractual que liga a las recurrentes con el establecimiento educacional recurrido, y que regla la prestación de los servicios educacionales en los términos que ha sido presentada. Por cierto, que existe un conflicto de intereses, pero su conocimiento, su discusión y prueba, deberán ser planteados a través del ejercicio de la acción procesal pertinente que provoque un juicio de lato conocimiento para así obtener la tutela judicial que se pretende.

Entretanto, el recurso de protección deducido deberá ir a su indefectible rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Suprema sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, e nombre reservado, en contra del nombre reservado.

No se condena en costas a la recurrente por entender que tuvo motivos plausibles para intentar la acción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 966-2020 Protección.-