nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°965-2024.- La Serena, once de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veinte de junio de dos mil veinticuatro comparece Sergio Aburto Mayorga, abogado, por doña nombre reservado, nacional venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que la recurrente ingresó regularmente a Chile el 19 de enero de 2019 por el Aeropuerto Internacional “Comodoro nombre reservado”, extendiéndole la PDI Tarjeta Única Migratoria y sellándole el pasaporte.

Hace presente que la recurrente el 13 de junio del corriente, celebró acuerdo de unión civil con don nombre reservado, nacional ecuatoriano, titular de permanencia definitiva, teniendo una hija en común llamada nombre reservado, nacional chilena, menor de cuatro años.

Añade que en febrero del 2019 doña nombre reservado inició la tramitación de su solicitud de Visa Temporaria, acompañando toda la documentación fundante de rigor.

Puntualiza que el 07 de abril del 2020, en virtud de Estampado Electrónico N°63242, se otorgó visa temporaria a doña nombre reservado, vigente hasta el 10 de febrero del 2022.

Señala que desde ese momento la recurrente comenzó a desarrollar una vida normal en el país en el sentido no de realizar algún tipo de labor bajo contrato de trabajo, sino que, como consta en autos, el 17 agosto del 2019 nació su hija nombre reservado, dedicándose hasta ahora de su cuidado y crianza, siendo su compañero de vida don nombre reservado quien sostiene económicamente a la familia, laborando como médico en la Clínica Dermatológica “Valle Norte” en La Serena y Ovalle bajo modalidad de contrato de prestación de servicios.

Destaca que el 03 de noviembre del 2022 la recurrente presentó solicitud de visa temporaria por reunificación familiar, al amparo del Decreto N°177 artículo 12 letra A ” cónyuge u otra figura análoga que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio” on line ante la recurrida, acompañando toda la documentación fundante (a vía ejemplar, copia de su pasaporte, de las visa de residente definitivo de su compañero de vida, su visa temporaria, los antecedentes penales venezolanos y chileno, certificado de registro de visa, certificados de viajes, licencia de enseñanza media, etc.). Ese día la recurrida le extendió Comprobante de Envío Solicitud de Residencia Temporal N°57469088.

Agrega que el 28 de junio de 2023, la recurrida notifica a doña nombre reservado que su solicitud de visa estaba en trámite, estando regular en el país, pudiendo desarrollar cualquier actividad lícita remunerada.

Luego, el 28 de junio de 2023, la recurrida notifica a doña nombre reservado que su solicitud de permanencia de visa temporaria se encuentra incompleta por no presentar documentación que acreditara que don nombre reservado es titular de permanencia definitiva, debiendo hacerlo en un término de 60 días desde la notificación de la presente resolución.

Aduce que la recurrida incurrió en un error de grandes proporciones pues, el 18 de julio del 2023, la recurrente remitió al funcionario del Servicio don nombre reservado, copia de certificado de permanencia definitiva de don nombre reservado, subsanando el error que le hizo ver el 28 de junio de 2023.

Acorde con dicha negligencia, el 20 de mayo del 2024 la recurrida dicta la Resolución Exenta N°24245498, en virtud del cual se rechaza la solicitud de visa presentada por la recurrente “al no adjuntar la documentación solicitada…”, ordenando el abandono del país en el plazo de 30 días contado desde la notificación de dicha resolución.

Sostiene que la medida de apremio adoptada por la recurrida es arbitraria e inoportuna pues, como se señaló, luego del requerimiento verificado por la recurrida en torno a demostrar la titularidad de residencia definitiva de don nombre reservado, esto se verificó efectivamente el 18 de julio de 2023 vía email, correo electrónico que no fue revisado por la recurrida en su momento.

Desde su punto de vista, se está vulnerando el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, esto es, la recurrida no está respetando la garantía constitucional de derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la recurrente en el sentido de que, a pesar de concurrir dos veces ante ella a solicitar aclaración de su situación migratoria, no dio una respuesta satisfactoria, ni siquiera dando la oportunidad de establecer un canal de comunicación serio y eficaz para resolver su inquietud, quedando en un verdadero limbo jurídico que le significará tener que abandonar el país, separándose de su hija y compañero de vida, y regresando a Venezuela, donde ya no tiene familia que lo pueda acoger, estando su arraigo familiar exclusivamente acá en Chile; la medida de marras dejará a una familia dividida por una medida arbitraria donde la autoridad migratoria debió adoptar otra menos drástica, y es en este sentido que el derecho a la vida e integridad física y psíquica se encuentra afectada en este caso, como también al principio de “cuidado de la unidad familiar” consagrada en la Constitución Política.

A este respecto, el artículo 91 inciso 5° de la Ley N°21.325 señala que, sin perjuicio que la autoridad migratoria rechace o revoque un permiso de residencia, fijando un plazo no menor a cinco días para que el afectado de la medida haga abandono del país “…el Director Nacional del Servicio mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el de otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, según lo determine el caso…”, que es lo que procedería en este caso en aras de la prudencia y proporcionalidad, atendido lo señalado de que la recurrente es compañera de vida de un residente definitivo, y madre de una nacional chilena menor de edad.

Finalmente, señala que con esta medida de apremio, la recurrida está atentando en contra del principio del debido proceso consagrado en el artículo 21 de la Ley N°21.325, toda vez que la investigación en este caso no se ajusta a derecho al adoptar la recurrida una medida de apremio draconiana, sin tomar en cuenta que la recurrente, sin mediar ésta, puede volver a regularizarse teniendo además un fuerte arraigo familiar en el país.

Por estas consideraciones solicita se decrete que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar la Resolución Exenta N°57469088, en el sentido de reevaluar la medida de apremio que afecta a la recurrente, atendido los antecedentes acompañados en la presente acción constitucional, y sustituirla por un nuevo permiso de residencia para que pueda regularizar su situación migratoria en el país, evacuando el informe correspondiente, acompañando todos los antecedentes que digan relación con el caso de marras.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de su certificado de título; 2.- Copia de hoja de identificación de pasaporte de la recurrente; 3.- Copia de sello de ingreso al país en pasaporte de la recurrente; 4.- Copia de acuerdo de unión civil celebrado por la recurrente con don nombre reservado; 5.- Copia de cédula de identidad de don nombre reservado; 6.- Copia de certificado de nacimiento de la menor nombre reservado; 7.- Copia de estampado electrónico N°63242 de la recurrente; 8.- Copia de cédula de identidad chilena de la recurrente; 9.- Copia formulario 22 año tributario 2024 de don nombre reservado; 10.- Copia de comprobante de envío solicitud de residencia temporal N°57469088; 11.- Copia de resolución del 28 de junio de 2023, donde la recurrida notifica a doña nombre reservado que su solicitud de visa estaba en trámite; 12.- Copia de resolución del 28 de junio del 2023, donde la recurrida señala a doña nombre reservado que su solicitud está incompleta , otorgando plazo para remitir antecedentes; 13.- Copia de email del 18 de julio de 2023 donde consta que la recurrente cumplió con requerimiento ordenado por la recurrida, remitiendo certificado de permanencia definitiva de su compañero de vida; 14.- Copia de Resolución Exenta N°24245498 del 20 de mayo del 2024, donde se rechaza la solicitud de visa de doña nombre reservado, ordenando su abandono del país; 15.- Copia de Certificado antecedentes penales venezolano del recurrente; 16.- Copia de Certificado de antecedentes chileno del recurrente SEGUNDO: Que, evacuó informe Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que doña nombre reservado, ciudadana venezolana, ingresó por primera vez al territorio nacional el 19 de enero de 2019, por el paso fronterizo Aeropuerto Comodoro nombre reservado, en calidad de turista.

Añade que el 07 de abril de 2020, la Gobernación Provincial de Maipo le otorgó a la extranjera por primera vez una visa de residencia temporaria sujeta a contrato, en calidad de titular, y por el período de 1 año. Este permiso migratorio estuvo vigente desde el 10 de febrero de 2021 hasta el 10 de febrero de 2020.

Adiciona que el 03 de noviembre de 2022 la extranjera presenta solicitud de residencia temporal dentro del territorio nacional, en calidad de titular, bajo el ID 57469088.

Destaca que, analizada la solicitud efectuada, ésta no cumplía suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal, dado que no adjuntó documentación que dé cumplimiento al artículo 12 letra a) del Decreto de Ley N°177.

Puntualiza que dicha documentación fue solicitada mediante correo electrónico N°41366752 de 28 de junio de 2023. En la misma notificación se señala el procedimiento a realizar para acompañar dicha documentación: “Para adjuntar la documentación solicitada deberá ingresar a la página web tramites.extranjería.gob.cl y acceder a su cuenta, revisar su Bandeja de Entrada, donde encontrará la solicitud denominada “Antecedentes Adicionales - Residencia Temporal”, seleccionar la opción “Realizar” a fin de acompañar los antecedentes indicados en la presente notificación. Una vez que haya adjuntado los archivos, debe finalizar el trámite para que su solicitud sea recepcionada por el Servicio Nacional de Migraciones”.

Además, se le indica que en caso de no presentar esa documentación en un plazo máximo de 60 días a contar de esa fecha, su solicitud podría ser rechazada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 N°1 de la Ley de Migración y Extranjería. Sólo en caso de no contar con los antecedentes solicitados, deberá adjuntar carta explicativa.

Hace presente que don nombre reservado no es funcionario del Servicio Nacional de Migraciones. El correo electrónico donde envía dicho documento no corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Migraciones, por lo demás, estos trámites son personales y de responsabilidad de cada usuario.

Asimismo, no hay constancia que “don nombre reservado” haya subsanado lo indicado mediante correo electrónico N°41366752 de 28 de junio de 2023. El correo electrónico es bastante claro al indicar cómo debe acompañarse dichos documentos.

Agrega que el 13 de noviembre de 2023, se notifica mediante correo electrónico n°49246096, pre rechazo de su solicitud debido a que su solicitud será rechazada en atención a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería, por las razones que se detallan: “Por no presentar documentación que fundamente su solicitud de Residencia Temporal en base a las Subcategorías Migratorias establecidas en el Decreto de Ley N°177”.

Se señala además que conforme a lo establecido en el artículo 91 y 146 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, a contar de la notificación de dicho acto, disponía de un plazo de 10 días hábiles para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por esa autoridad. Para ello, debía ingresar a la página web https://tramites.extranjería.gob.cl y acceder a su cuenta, instancia en la cual debía revisar su bandeja de entrada a fin de acompañar los antecedentes para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad. Se le indicó también que en caso de no presentar documentos en el plazo indicado, la solicitud será resuelta en vista de los antecedentes de los cuales tenga conocimiento esa autoridad.

Señala que, habiéndose cumplido el plazo de 10 días hábiles otorgados, y analizados los antecedentes acompañados por la persona extranjera en su solicitud de residencia, no ha sido posible desvirtuar los motivos que sustentan las razones invocadas por esa autoridad, siendo procedente el rechazo de la solicitud de residencia temporal presentada por la persona extranjera.

Indica que mediante Resolución Exenta N°24245498 de 20 de mayo de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones se rechazó su solicitud de residencia temporal, además se dispuso su abandono del país en el plazo de 30 días contados desde la notificación de esta.

Destaca que se le reservaron a la recurrente los recursos establecidos en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley N°21.325, los cuales no fueron ni han sido ejercidos, por lo que la Resolución Exenta se encuentra firme.

Del mismo modo, no consta a ese Servicio el abandono voluntario del país por parte de la amparada (sic), habiendo transcurrido el plazo otorgado para aquello.

Finalmente, puntualiza que no se ha dictado acto administrativo por parte de esa autoridad que aplique la medida de expulsión a la recurrente.

Precisa que la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de cualquier extranjero cuya solicitud de residencia haya sido rechazada con arreglo a la ley. Así lo dispone el artículo 91 N°4 de la Ley N°21.325.

Por lo tanto, y del tenor literal de la norma, es posible desprender que es una disposición imperativa respecto de lo que debe hacer la autoridad migratoria, pero al mismo tiempo, es una orden de carácter voluntario para el solicitante de permanencia definitiva.

La voluntariedad en la orden de abandono la diferencia sustancialmente de una orden de expulsión, atendido que esta última es una medida compulsiva que puede adoptar la autoridad administrativa o judicial (en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley N°18.216, modificada por la Ley N°20.603) y que se cumple por la Policía de Investigaciones de Chile.

Indica que, con base en las distintas actuaciones realizadas por esa autoridad, y habiendo obrado la misma siempre según las disposiciones normativas aplicables para dictar la resolución impugnada, es que resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la presente acción constitucional de amparo (sic) en todas sus partes respecto de la extranjera amparada (sic) por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N°24245498 de 20 de mayo de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones; 2. Notificación pre rechazo de 13 de noviembre de 2023, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones; 3. Notificación solicitud incompleta de 28 de junio de 2023, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones; 4. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, teniendo particularmente presente que el reproche que se formula al servicio recurrido consiste en no haber considerado el documento consistente en el certificado de residencia definitiva del conviviente civil de la actora -el cual habría sido incorporado en tiempo y forma- no obstante lo cual, del análisis de los instrumentos acompañados por la recurrente no se logra advertir el vicio alegado, toda vez que no se acredita la vinculación de “nombre reservado” con el servicio recurrido y, a mayor abundamiento, la casilla de correo a la cual se remitió dicha información no corresponde a una institucional del servicio, por lo que al no haberse acreditado el presupuesto basal de esta acción, cual es, la existencia de una acción u omisión de carácter ilegal o arbitraria, solo cabe desestimar el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Sergio Aburto Mayorga, por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°965-2024 (Protección).-