nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL SERENA EDUCA LIMITADA

nombre reservado

Sociedad Educacional Serena Educa Limitada Recurso de Protección Rol N° 964-2020.- La Serena, a cinco de Agosto de dos mil veinte Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 04 de junio del año en curso, comparece Fernando Martel Costa, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, de La Serena, en favor de nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Sociedad Educacional Serena Educa Limitada, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, profesor de Estado, ambos domiciliados en domicilio reservado, la cual es propietaria y/o sostenedora del Colegio “nombre reservado El Milagro”, también del mismo domicilio; lo anterior, por cuanto ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal al mantener el cobro por sus servicios de educación e intentar modificar las condiciones de los mismos, sin mediar una negociación con el consentimiento del apoderado contratante, lo que importa afectar directamente el derecho de propiedad, protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que lo actuado implica una disminución concreta y efectiva del patrimonio de su representado, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado en la forma contratada.

Señala que su representado, como apoderado de sus dos hijas estudiantes menores de edad (nombre reservado y Francisca Antonia, ambas de apellidos nombre reservado) suscribió con el establecimiento educacional un contrato por el cual el Colegio se obligó a impartir la enseñanza educacional de acuerdo a los planes del Ministerio de Educación y en su establecimiento ubicado en domicilio reservado. Por su parte, el recurrente se obligó al pago del precio, matricula y anualidad que asciende a $1.890.000 por una y $1.701.000 por la otra.

Expresa que por la crisis sanitaria las clases se suspendieron el 15 de marzo de 2020 y se ha mantenido dicha situación.

Refiere que con posterioridad, el Colegio comienza a implementar clases remotas, las que no cumplen con lo contratado, y no obstando ello, continúan cobrándole el precio original, lo que considera que constituye una abuso por parte del recurrido. Indica que “Al día de hoy, los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, no han tenido clases presenciales”.

Indica que claramente se está frente a una situación de incumplimiento contractual que implica, al menos, estar en un escenario de discusión de las cláusulas del contrato existente entre el referido establecimiento educacional y el recurrente Manifiesta que de forma individual y colectiva, los apoderados han solicitado al establecimiento educacional recurrido negociar las condiciones en que se seguirán prestando los servicios y una adecuación a las condiciones de pago de los mismos, lo que no ha sido acogido por aquel.

Los apoderados están claramente en una situación de indefensión, señala, toda vez que el acceso a la justicia, desde la perspectiva de la crisis sanitaria, está totalmente disminuida ya que la atención personal en tribunales de primera instancia se encuentra limitada, por lo que iniciar una acción de lato conocimiento que implique amparar a los apoderados aparece totalmente perturbada, circunstancia que la recurrida conoce, entiende y aprovecha para no acceder a justas peticiones.

Claramente, en este escenario tenemos que por una parte la recurrida no cumple sus obligaciones contractuales y por otra busca modificarlas unilateralmente, siendo dichas situaciones arbitrarias e ilegales en el sentido que exija el cumplimiento del pago de los servicios sin cumplir con su obligación. Además, comete un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad, porque intenta modificar unilateralmente el contrato de prestación anual de servicios educacionales, obedeciendo ello sólo a su voluntad, sin negociar una posible modificación con su contraparte.

Solicita se acoja el recurso y se declare que la recurrida, ha vulnerado el derecho de propiedad de su representado, y que debe suspender el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o se acuerde con su representado, en calidad de apoderado contratante, nuevas condiciones para los servicios educacionales pactados.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Contrato de prestación anual de servicios educacionales entre la Sociedad Educacional Serena Educa Limitada y su representado, en calidad de apoderado, respecto de su hija menor nombre reservado; 2.- Contrato de prestación anual de servicios educacionales entre la Sociedad Educacional Serena Educa Limitada y su representado, en calidad de apoderado, respecto de su hija menor nombre reservado; 3.- Recibo de dinero y documento en custodia correspondiente al monto de la matrícula de las dos hijas de su representado, ascendente a $440.000; 4.- Detalle de costo y forma de pago servicio anual escolar 2020 de las dos hijas, ascendente a $3.591.000 por ambas colegiaturas o escolaridades y $440.000 por ambas matriculas.

Segundo: Que, el 25 de junio de 2020, evacuando el informe requerido por esta Corte, Gonzalo Phillips Del Pozo, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación convencional de la parte recurrida, Sociedad Educacional Serena Educa Limitada, expuso lo que sigue.

Expresa que es la propia autoridad sanitaria, en coordinación con la Superintendencia de Educación, la que dispuso la suspensión de las clases y que los servicios educacionales se han seguido proporcionando pero bajo modalidad remota online. Explica que no es efectivo que "las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas". La resolución exenta N°180 del Ministerio de Salud dispuso "Suspéndanse las clases en todos los jardines infantiles y colegios del país, por un periodo de dos semanas, a contar de hoy", posteriormente, se dictaron otras resoluciones exentas por el Ministerio de Salud, N°208, N°210, N°212, que dispusieron "Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación...", variando en cada una, la fecha de vigencia de la medida, según fueren las decisiones de la autoridad. Por último, el Ministerio de Educación, terminado el periodo anticipado de las vacaciones de invierno, dispuso que las clases presenciales se suspenden hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual.

Indica que el Colegio Saint Mary School El Milagro no ha interrumpido en ningún momento la prestación de servicios educacionales, y ha continuado dando clases no presenciales a través de la "Plataforma Microsoft Teams", lo que implica que está dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con sus respectivos apoderados, y éstos deben, a su vez, dar cumplimiento a las obligaciones de pago de colegiatura asumidas en el mismo.

Hace presente que en sede proteccional, no es dable una discusión para obtener la declaración de un derecho, mediante la interpretación que corresponde dar a un instrumento contractual, en este caso en particular, en cuanto a los términos del contrato de prestación de servicios educacionales que vincula a la recurrente con el colegio recurrido.

Así las cosas, existiendo controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual de consumo, no es esta sede de excepción la que debe conocer y resolver la reclamación deducida, la cual, desde luego, presupone un conflicto de intereses de lato conocimiento, declarativo de derechos cuestionados, y ante una judicatura especial.

De otra parte, señala que corresponde el rechazo del arbitrio constitucional, por cuanto, tal como se ha sostenido reiteradamente por nuestra jurisprudencia para que pueda prosperar la acción de protección se exige la existencia de derechos indubitados, es decir, de derechos cuya existencia y titularidad carezca de discusión o aparezcan en forma incontrovertible de los antecedentes aportados en la presentación del recurrente, lo que no acontece en la especie.

Alega también falta de legitimidad pasiva, porque los actos objeto del recurso provienen de la autoridad sanitaria.

Arguye, asimismo, la extemporaneidad del recurso por cuanto el propio recurrente señala que la recurrida se habría negado a negociar, y a suspender el cobro de la colegiatura desde el 16 de marzo del año 2020, lo que constituye un error, habiendo sus hijas asistido a clases Online desde el día 17 de marzo del año 2020, por lo que a su juicio queda de manifiesto que la fecha de la interposición del recurso de protección, habían transcurrido sobradamente los plazos dispuestos por el auto acordado sobre tramitación del recurso de protección, debiendo en consecuencia ser declarado extemporáneo.- Refiere que, en consecuencia, tampoco existe ilegalidad o arbitrariedad, ni existie amenaza, privación ni perturbación de los derechos que reclama.

Por todo lo anterior es que solicita el rechazo de la acción, con costas.

Acompañó a su informe los siguientes documentos:

Resolución Exenta N° 1993 del Ministerio de Educación; Ordinario 0621 de la Superintendencia de Educación de fecha 25 de marzo 2020; diversos fallos pronunciados por Corte de Apelaciones y Excma. Corte Suprema sobre la materia rechazando los recursos; Instructivo Orientaciones Mineduc Covid 19 de fecha 15 de Marzo de 2020, que obliga a los establecimientos el mantenimiento del funcionamiento de los colegios en forma virtual on line; Carta de fecha 07 de Abril del año 2020, enviada por el Colegio Saint Mary School El Milagro, a los apoderados del Colegio; Carta de fecha 27 de Marzo de 2020 enviada por el Colegio Saint Mary School El Milagro, a la Comunidad Educativa nombre reservado El Milagro; Informe de Asistencia de clases On line de nombre reservado, de fecha 23 de Junio de 2020; Informe de Avances Académico de clases On line de nombre reservado, de fecha 23 de Junio de 2020; Informe de Asistencia de clases On line de nombre reservado, de fecha 23 de Junio de 2020; Informe de Avances Académico de clases On line de nombre reservado, de fecha 23 de Junio de 2020; Informe de Comunicaciones y Apoyo, del Colegio Saint Mary School El Milagro, a las alumnas nombre reservado, y a doña nombre reservado; Informe y descripción de la Modalidad de Trabajo On Line del Colegio nombre reservado; Informe del proceso pedagógico de implementación de Aula Virtual del Colegio nombre reservado; Video sobre circuito educación física 2º Medio en formato Mp4; Video sobre clase de inglés por Zoom 2º Medio en formato Mp4; Video sobre clase de Hibridación ingles por Zoom; Video sobre clase de El Medio Ambiente y Los Tratados Internacionales por Zoom.

Tercero: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, en relación a la extemporaneidad del recurso hecha presente por la recurrida, habrá de indicarse que de la atenta lectura del recurso, se desprende que los actos que acusa el accionante, es por una parte “el mantener el cobro por sus servicios de educación e intentar modificar las condiciones de los mismos, sin mediar una negociación con el consentimiento del apoderado contratante”, y además, que “Al día de hoy, los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, no han tenido clases presenciales”.

Entonces, dada la naturaleza de la situación que acusa el recurrente, ha de entenderse que aquella ha ido consolidándose a través de los días, por una cadena de actos, de manera que todo aquello reprochado corresponde a una situación actual al tiempo de la interposición del recurso, por lo que es factible entender que la acción constitucional ha sido deducida dentro del plazo dispuesto en el apartado uno del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

En cuanto a la falta de legitimidad pasiva también hecha presente por el recurrido, habrá de desestimarse tal entender, puesto que el reproche lo es por acciones concretas que provienen de la entidad educacional y no de la autoridad sanitaria.

En cuanto al fondo.

Sexto: Que, para una adecuada inteligencia del asunto, es preciso tener presente, en primer lugar, que en virtud de la crisis sanitaria que atraviesa el país, se dictó el 18 de marzo de 2020, por el Sr. Presidente de la República el Decreto N° 104, que declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio chileno por un plazo de 90 días, el que actualmente se encuentra prorrogado.

A su vez, el 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación decretó la suspensión de clases presenciales para todo el sistema escolar y parvulario, en todo el territorio nacional, medida que se mantiene hasta la fecha.

Además, se ha de considerar que es un hecho conocido que los servicios educacionales en los establecimientos públicos y privados, están siendo prestados en una modalidad diferente a la presencial, esencialmente de manera remota y a través de los recursos tecnológicos disponibles. En efecto, esa es la forma que han tenido que operar los prestadores de servicios educacionales atendidas las restricciones e imposiciones de las autoridades sanitarias y educacionales. Y es la modalidad adoptada por la institución educacional recurrida y que cuestiona la recurrente.

Séptimo: Que, ha objeto de resolver lo que corresponda, ha de hacerse notar, por una parte, que del contenido del arbitrio constitucional se advierte que en definitiva se ha calificado como un “incumplimiento contractual” la forma en la que actualmente la recurrida se encuentra desarrollando sus actividades educacionales, que no corresponderían a las pactadas, de manera que aquello ameritaría una rebaja o revisión del monto de colegiatura o aranceles que deben seguir satisfaciendo el recurrente, no obstante todas las deficiencias acusadas.

Sin embargo, desde el otro ángulo, corresponde apreciar que de lo informado por el ente recurrido, aparece que en su concepto ha dado cumplimiento a su obligación de impartir enseñanza de acuerdo con sus planes de estudio y acorde a las normativas impuestas por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación durante el estado de pandemia, de manera que no corresponde variar respecto del cumplimiento a las obligaciones de pago de colegiatura asumidas por los apoderados en el contrato.

Octavo: Que, así las cosas, tal como se ha explicado en el motivo tercero y cuarto de este fallo a propósito de las características del recurso deducido, la presente acción de cautela de derechos constitucionales, constituye a no dudar, una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia aparezca indubitada y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.

En consecuencia, no resulta procedente que en ese ámbito, esta Corte conozca de una controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento o modificación de la relación contractual que liga a las recurrentes con el establecimiento educacional recurrido, y que regla la prestación de los servicios educacionales en los términos que ha sido presentada. Por cierto que existe un conflicto de intereses, pero su conocimiento, su discusión, la instancia de prueba y aquella de determinación, sin duda que deben ser planteados a través del ejercicio de la acción procesal pertinente que provoque un juicio de lato conocimiento para así obtener la tutela judicial que se pretenda y que sea en justicia la que corresponda, para ambas partes.

Entretanto, el recurso de protección deducido deberá ir a su indefectible rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Suprema sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por Fernando Martel Costa, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de la Sociedad Educacional Serena Educa Limitada.

No se condena en costas a la recurrente por entender que tuvo motivos plausibles para intentar la acción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 964-2020 (Protección).-