nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Punitaqui Recurso de protección Rol N°962-2026 La Serena, veinticuatro de julio dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, kinesióloga, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, representada legalmente por su alcalde sr. Pedro Humerto Araya Zepeda, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la omisión que señala como ilegal y arbitraria, consistente en la falta de resolución de la denuncia por Ley Karin presentada por la recurrente el 13 de agosto de 2025, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la integridad psíquica y su derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 13 de agosto de 2025 ingresó formalmente una denuncia por Ley Karin ante la Municipalidad de Punitaqui y que, desde entonces, no ha sido informada de la existencia o estado de un procedimiento asociado a ella.

Explica que la Municipalidad derivó inicialmente la denuncia a la Contraloría Regional de Coquimbo por estimar que, al tratarse de una denuncia contra una jefatura, correspondía a dicho órgano tramitarla. Posteriormente, mediante correo electrónico de 23 de octubre de 2025 enviado por la encargada de personal, le señalaron que la presentación había sido derivada al administrador municipal y se encontraba “en proceso de gestión”, sin entregarle mayores antecedentes por tratarse de una investigación.

Señala que, posteriormente, el 24 de octubre de 2025 el entonces administrador municipal, nombre reservado, informó que la oficina de partes había remitido erróneamente al Departamento de Salud los oficios de Contraloría que contenían denuncias formuladas al amparo de la Ley N° 21.643. A partir de ese correo tomó conocimiento tanto de la difusión de su denuncia como de que Contraloría, el 25 de septiembre de 2025, la había remitido nuevamente al municipio, otorgándole un plazo de diez días hábiles para informar. Afirma que, desde entonces, ha permanecido en una situación de “invisibilización procesal”, sin conocer el estado de la tramitación, las medidas de resguardo adoptadas, las consecuencias disciplinarias derivadas de la vulneración de la reserva ni la forma en que se ha protegido su condición de víctima denunciante.

Por otro lado, explica que el Decreto Alcaldicio N° 478, de 12 de noviembre de 2024, estableció un procedimiento formal de denuncia. Asimismo, indica que el protocolo municipal consagra el principio de celeridad, estableciendo que la investigación sumaria debe concluir en cinco días hábiles y el sumario administrativo en veinte días hábiles, prorrogables hasta sesenta en casos calificados. Sin embargo, afirma la actora que tales plazos no fueron respetados en su caso, pues durante nueve meses no recibió información concreta ni oportuna. Además, su denuncia y sus datos sensibles habrían sido enviados al departamento donde desempeña sus funciones, permitiendo que funcionarios ajenos a la investigación conocieran sus antecedentes y vulnerando la confidencialidad absoluta prevista en el Decreto Alcaldicio N° 478.

Sostiene que al incumplir la recurrida los plazos establecidos en sus propios reglamentos y protocolos, infringe el Decreto Alcaldicio N.º 478 y demás normas internas que contemplan plazos máximos de investigación, por lo cual se trata de una omisión ilegal.

Añade que la conducta es también arbitraria porque carece de justificación racional o normativa, manteniéndose la recurrida en una situación de inactividad injustificada frente a un procedimiento administrativo que debía tramitarse con celeridad y reserva.

Por lo anterior, sostiene que la omisión de la recurrida infringe su derecho a la integridad psíquica del artículo 19 Nº1 de la Constitución, argumentando que la falta de respuesta y la incertidumbre prolongada respecto de su denuncia le han generado estrés, ansiedad y una sensación permanente de invisibilización institucional.

Asimismo, denuncia la vulneración de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº2, sosteniendo que se le ha privado de las garantías procedimentales y de protección que el propio municipio reconoce a quienes presentan denuncias de acoso o violencia laboral. Afirma que ha recibido un trato distinto al que correspondería a cualquier funcionario cuya denuncia fuese tramitada conforme a los protocolos vigentes, con respeto a los plazos, la reserva y las medidas de resguardo previstas.

Culmina solicitando que se acoja la acción, ordenando a la recurrida adoptar medidas de resguardo respecto de su persona y de la reserva de la investigación; que se disponga la investigación efectiva y conclusión del procedimiento dentro de un plazo prudente, informándole su estado de avance y respetando el debido proceso, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, a folio 12 del expediente, compareció la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que la denuncia fue ingresada el 13 de agosto de 2025 y que, por instrucciones del entonces administrador municipal nombre reservado, fue remitida a la Contraloría Regional. Añade que, mediante folio E185039/2025, de 30 de octubre de 2025, la Contraloría comunicó al municipio que el cargo de jefe del Departamento de Salud Municipal no revestía la calidad prevista en el inciso 2° del artículo 126 de la Ley N° 18.883, por lo que no correspondía a ese órgano pronunciarse sobre la solicitud de instrucción de sumario.

A continuación, afirma que se instruyó sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°1512 de 21 de noviembre de 2025, designándose como fiscal a nombre reservado, jefa del Departamento de Educación de la Municipalidad; por lo cual, controvierte la inexistencia de inactividad de parte del municipio.

En cuanto a los plazos, sostiene que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 establece un término máximo de 6 meses para la duración de los procedimientos administrativos, pero afirma que este no tiene carácter fatal, sino referencial, y admite excepciones justificadas, como el caso fortuito o la fuerza mayor. Por lo que su vencimiento no extingue la potestad del órgano para perseguir la responsabilidad funcionaria ni invalida las actuaciones realizadas, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de quienes tengan a su cargo la tramitación.

De ello concluye que la sola extensión temporal del procedimiento no configura la ilegalidad alegada, pues subsisten tanto la facultad sancionatoria como el deber municipal de resolver, mientras no opere la prescripción de la acción, que sitúa en cuatro años conforme al artículo 159 del Estatuto Administrativo Por lo mismo, sostiene que no existe vulneración a alguno de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, además de no señalar ésta de qué manera se habrían vulnerado sus garantías.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía adecuada para acelerar el cumplimiento de plazos administrativos. Afirma que las demoras o vicisitudes formales de una investigación deben reclamarse mediante los mecanismos previstos en el estatuto respectivo, como puede ser un reclamo ante la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, lo reprochado como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es la omisión por parte de la Municipalidad de Punitaqui, de la resolución de la denuncia por Ley Karin, omisión que vulneraría sus derechos fundamentales a la integridad psíquica y su derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, atendidos los antecedentes allegados a la causa, no existe controversia ni discusión que la recurrente presentó una denuncia por Ley Karin ante la Municipalidad de Punitaqui el 13 de agosto de 2025.

Asimismo, es un hecho asentado que la recurrida sólo dio curso a la denuncia mediante Decreto Alcaldicio N°1512 de 21 de noviembre de 2025, instruyéndose un sumario administrativo, designándose como fiscal a doña nombre reservado, sin que existan antecedentes de que se haya dispuesto la adopción de medidas de resguardo o diligencias para dar curso a la investigación.

SÉPTIMO: Que, cabe señalar que la Ley 21.643 introdujo modificaciones a la Ley Orgánico Constitucional N° 18.883 que establece el Estatuto aplicable a los Funcionarios Municipales modificando el artículo 118 de dicho texto legal estableciendo que “los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género”, reforzando el artículo 133 del mismo estatuto la necesidad de dar curso expedito a la investigación y disponer las adecuadas medidas de resguardo, al establecer que “en el caso de hechos referidos a las prohibiciones establecidas en el artículo 82 letras l) o m), el o la fiscal deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas, entre las que se encuentran la separación de los espacios físicos, la redistribución de la jornada de trabajo y el proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana, a través de los programas que disponga el organismo administrador respectivo de la ley Nº16.744. Las medidas adoptadas subsistirán por el tiempo que dure el procedimiento disciplinario y hasta que éste se encuentre afinado.

La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días.

En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre ello el alcalde.”

OCTAVO: Que, enseguida, conforme a lo indicado en el motivo SEXTO de este fallo, se desprende que la recurrida no ha dado cumplimiento a las obligaciones que le son exigibles en conformidad a la normativa referida precedentemente, desde que por una parte no aparece que haya tomado todas las medidas de resguardo destinadas a la protección de la recurrente y por otra ha existido una nula aplicación del principio de celeridad, desde que no se ha respetado el plazo fatal de 20 días en que debe extenderse la duración del sumario administrativo por denuncia de Ley Karin, sin que exista dato probatorio que permita justificar el retraso en la conclusión de éste contraviniendo los principio de celeridad y conclusivo que deben regir los actos de la administración.

NOVENO: Que, conforme a lo consignado en forma precedente, se concluye que, por una parte, se ha incurrido en una omisión en la resolución de la denuncia por Ley Karin formulada por la recurrente y, por otra parte, que dicha omisión ha sido arbitraria y contraria a la normativa especial que rige la materia, en que la incertidumbre prolongada respecto de la denuncia le genera a la afectada un estrés, ansiedad y una sensación permanente de invisibilización institucional, lesionando de esta materia su integridad psíquica, lo que hace necesario que esta Corte adopte todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección presentado por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Punitaqui, disponiendo que la recurrida deberá arbitrar, en un plazo de 30 días corridos, todas las medidas necesarias para la conclusión del sumario administrativo iniciado por denuncia de la recurrente, así como adoptar todas las medidas necesarias, tendientes a resguardar la confidencialidad de los hechos materia de este y todas las medidas de resguardo en favor de la recurrente, estas últimas, dentro de tercero día, desde ejecutoriado el presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°962-2026 Protección