nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Monte Patria Recurso de protección Rol N°962-2024.

La Serena, veinticuatro de julio dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Francisco Javier Pizarro Peña, abogado, en favor de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, representada por su alcalde don Cristian Herrera Peña, señalando como actos ilegales y arbitrarios la emisión del Decreto Alcaldicio Nº7670, de 8 de abril de 2024; y las resoluciones Nº003, de 22 de abril de 2024 y Nº11, de 10 de junio de este año; lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°3 y 4 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente ingresó a prestar servicios en el mes de mayo de 2023 como auxiliar/facilitador para el Departamento de Salud de la recurrida, teniendo como funciones velar por la seguridad, tranquilidad, orden y disciplina del público requirente, por lo que debía interactuar permanentemente con las personas que concurrían hasta el lugar.

Refiere que, en ese contexto, en el mes de julio o agosto de 2023, conoció a doña nombre reservado –de 14 años de edad e hija de una funcionaria de dicha repartición– con quien entabló una amistad.

Indica que las visitas de ella a su trabajo se hicieron cada vez más frecuentes e incluso mantuvieron conversaciones telefónicas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, las que suspendió en septiembre del año pasado.

Afirma que la relación de amistad no llegó a constituir una relación sentimental, ni menos sexual, pero pese a ello, la madre de la adolescente no le agradó tal vínculo, por lo que lo encaró, amenazó y luego denunció, para efectos de que se inicie un procedimiento administrativo en su contra.

Señala que el referido proceso se inició mediante Decreto Alcaldicio N°7670, de 8 de abril de 2024, oportunidad en que se designó a un fiscal instructor, el que el 22 de abril dictó la resolución mediante la cual suspendió al recurrente de sus funciones hasta el término del proceso investigativo.

Indica que no obstante lo meramente formal, tal instrucción se inició mucho antes, dado que desde el mes de febrero del año en curso comenzó a recibir presiones verbales por parte del Jefe del Departamento de Salud y del propio fiscal, mediante las que le solicitaban su renuncia para “irse con los papeles limpios” y ante la negativa a acceder es que finalmente se ordenó la iniciación del sumario administrativo respectivo.

Esgrime que, finalizada la investigación dispuesta por el alcalde de la comuna, se acusó al recurrente mediante resolución dictada el 10 de junio de 2024, notificada con la misma fecha, por haber trasgredido el artículo 58 letra i) de la Ley N°18.883, esto es, la obligación de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, por haber mantenido conversaciones amorosas con una adolescente de 14 años siendo el funcionario mayor de edad.

Explica que el acto que se reprocha importa una vulneración al derecho a la vida privada y a la honra, dada la profusa jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que reiteradamente ha sostenido que la Administración puede sancionar el comportamiento privado que contravenga el deber funcionario en tanto importe desprestigio institucional o deslealtad y, en ese sentido, las conversaciones que mantuvo con la adolescente de ninguna manera significan aquello, por lo que no constituye una trasgresión a la obligación funcionaria sancionada en dicho cuerpo legal. Asimismo, indica que implica una infracción al debido proceso, por cuanto la recurrida incurrió en una arbitrariedad al ordenar la realización de un sumario administrativo sin contar con los antecedentes suficientes, para terminar en una acusación que excede lo que el derecho administrativo punitivo faculta o permite a la Administración, suspendiéndolo de sus funciones sin probanzas suficientes para tomar dicha medida, lo que se traduce en una sanción o pena anticipada, privándolo de su derecho a defensa.

Culmina solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida, declarando ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio Nº7670, de 8 de abril de 2024; el sumario Rol N S-3-2024 y la resolución Nº11, de 10 de junio de este año; requiriendo se le reintegre a sus funciones, dejando sin efecto en consecuencia la Resolución Nº3, de 22 de abril de 2024.

Acompaña a su presentación: 1. Certificado de nacimiento; 2. Copia resolución Nº003, de 22 de abril de 2024, dictada por el fiscal investigador designado por la Ilustre Municipalidad de Monte Patria; 3. Copia resolución Nº11, de 10 de junio de 2024, mediante la cual se acusa al actor de haber trasgredido la obligación que indica.

SEGUNDO: Que a folio 5, comparece don nombre reservado en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

Controvierte lo esgrimido por el actor, insistiendo en que no existe un actuar ilegal o arbitrario por parte de la Administración, sino el legítimo ejercicio de la potestad disciplinaria otorgada por el legislador.

Puntualiza que tal proceso a la fecha de del informe no se encuentra afinado, por lo que al no ser público a terceros sólo puede remitirse someramente a él.

De esa manera, manifiesta que mediante Decreto Alcaldicio N°3400, de 13 de febrero de 2024, modificado por Decreto Alcaldicio N°3943, se instruyó investigación sumaria, designándose investigador, el que dentro del procedimiento solicitó la declaración del inculpado.

Continúa señalando que durante el transcurso de la investigación y atendido que el conocimiento de los hechos revestía cierta complejidad, se procedió a elevarla a sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°7670, de 8 de abril de 2024, proceso en que el fiscal decidió suspender al funcionario el día 22 de abril de 2024 a través de resolución N°003, para luego citarlo a declarar según las facultades que posee.

Refiere respecto a la formulación de cargos, que el recurso de protección no es el medio idóneo para impetrar una defensa en el contexto de un sumario administrativo, sino que debe observarse la tramitación que al efecto establece la ley. Así, deben presentarse descargos dentro de los 5 días contados de la notificación, transcurrido ese plazo, se dictará el dictamen fiscal, el que deberá ser aprobado mediante acto administrativo por parte del alcalde, procediendo a su favor los recursos de reposición en contra del acto administrativo sancionatorio, como también el reclamo ante Contraloría General de la República establecido en el artículo 156 de la Ley N°18.883.

Argumenta que el legislador ha establecido el procedimiento aplicable para investigar hechos que puedan constituir una falta administrativa, ya sea acción u omisión, siendo la autoridad máxima de la Municipalidad quien debe ponderar si procede o no el inicio de este tipo de procedimientos.

Finalmente afirma, en cuanto a la suspensión, que el artículo 134 del mencionado cuerpo legal ya tantas veces citado, faculta al fiscal para aquello, de manera tal que su obrar se ajusta a derecho y se fundamenta en razón de los fines de la investigación dada la gravedad de los hechos investigados.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, es necesario precisar que el presente recurso se interpone respecto de tres actos que se acusan de ilegales y arbitrarios, el primero consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 7679 de 8 de abril de 2024, por el cual se inicia investigación administrativa en contra del recurrente; el segundo consistente en la Resolución N° 003 de 22 de abril de 2024, por la cual se le suspende de su cargo y el tercero correspondiente a resolución N° 11, de 10 de junio de 2024, por la cual se formulan cargos en contra del mismo.

SEXTO: Que atendido lo dispuesto en el artículo 1 del Auto Acordado N° 94-2015, el recurso debe interponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que se produce el acto vulnerador, por lo que teniendo en consideración que la acción constitucional fue presentada el 20 de junio de 2024, no queda sino concluir que respecto de los dos primeros actos referidos en el considerando anterior, el arbitrio deducido, ha sido interpuesto en forma extemporánea, motivo por el cual el recurso en este punto será rechazado.

SÉPTIMO: Que respecto del tercer acto denunciado, esto es, la resolución de 10 de junio de 2024, por la cual se formula cargos en contra del recurrente, teniendo en consideración que el inicio de un procedimiento sumario y en especial la formulación de cargos, resulta ser una facultad del recurrido, en este caso del fiscal asignado a la causa, y que lo pretendido es cuestionar el mérito de los antecedentes existentes para iniciarlo, no siendo esta la vía para efectuar dichas reclamaciones, las que deben ser vertidas en el procedimiento administrativo establecido por el legislador, no existiendo en consecuencia un derecho indubitado por parte del recurrente que se pueda amparar por esta vía, y considerando especialmente que es precisamente el procedimiento iniciado el que permite al recurrente efectuar las presentaciones y rendir la prueba que estime pertinente para defenderse de la acusación, garantizando de esta forma el debido proceso para todos los intervinientes, no quedará sino rechazar la acción entablada como se dirá en lo resolutivo de este fallo Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°962-2024 Protección.