nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº961-2024 La Serena, diez de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Alex Alejandro Álvarez Núñez, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región de Coquimbo, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por su titular, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, afectándose con ello sus derechos a la igualdad ante la ley y a un debido proceso, de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que, con fecha 07 de junio de 2022, el recurrente solicitó Carta de Nacionalización a través de la página web de trámites migratorios del Departamento de Extranjería y Migración, adjuntando todos los documentos necesarios y vigentes para darle continuidad a este proceso.

Sin embargo, señala que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre por su actual estado en el territorio nacional.

Indica que la falta de respuesta por parte del Servicio de Migraciones, vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, en relación a otros interesados que han obtenido una respuesta en un plazo menor.

Asimismo, arguye que se vulnera su derecho al debido proceso, resguardado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 11, 14 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por la recurrida.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de carta de nacionalización sin más demora, o se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó a su presentación: 1. Copia cédula de identidad para extranjeros de don nombre reservado. 2. Copia Certificado Permanencia Definitiva, Resolución Exenta Nº77.529 de 05 de diciembre del 2009 otorgada a don nombre reservado. 3. Copia Contrato de trabajo de don nombre reservado con MOUNTAIN DRILLING LIMITADA, suscrito el 28 de septiembre del año 2020. 4. Certificado de Inscripción del Registro de Vehículos Motorizados, placa patente GHVZ.89-2 5. Copia escritura compraventa inscrita a fojas 2699 Nº 2063 del Registro de Propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes Raíces de La Serena. 6. Certificado de nacimiento de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señaló que el 07 de junio de 2022 el extranjero recurrente solicitó carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Agrega que el 20 de septiembre de 2022, Policía de Investigaciones entrevistó al recurrente, elaborando el informe respectivo y remitiendo dicho documento al Servicio de Migraciones con misma fecha.

A la fecha, señala que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra en trámite, en concreto, en etapa de Policía de Investigaciones.

Hace presente que el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Luego, señala que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, la carta de nacionalización se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior, y que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, terminando la labor del Servicio con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Asimismo, enfatiza que consiste en una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud de carta de nacionalización ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que el solicitante cuenta con el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en el numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Solicita que se ordene a la recurrida acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización del recurrente se encuentra en trámite, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que el recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando al Servicio con apego a la normativa vigente.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, cuya presentación fue realizada el 07 de junio de 2022.

Si bien, es necesario considerar que la referida solicitud requiere de un tiempo de tramitación que es superior al del resto de solicitudes corrientes de residencia, no resulta menos cierto que el Servicio ha demorado más de dos años en entregar alguna especie de respuesta a la parte solicitante, plazo que en este caso particular aparece alejado de justificación racional, además de exceder lo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se vieron dilatados por la emergencia sanitaria que afectó a la sociedad, es preciso constatar que durante los años 2022 y 2023 la situación sanitaria se normalizó y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

NOVENO: Que, por último, deberá desestimarse la alegación de una eventual infracción al derecho al debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución, por cuanto el recurso de protección del artículo 20 sólo ampara la protección del derecho a que se refiere el inciso quinto de la disposición constitucional citada, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, la cual no ha sido invocada por el recurrente como fundamento de su acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá concluir la tramitación que le corresponde al Servicio de Migraciones, remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría respectiva e informando de ello al recurrente, dentro del plazo de 60 días corridos desde notificada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°961-2024 (Protección).