nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Combarbalá Recurso de protección Rol N°960-2026.- La Serena, veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en favor de Chaterine nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, reprochando, por una parte, no haber iniciado el procedimiento respectivo, a pesar del requerimiento expreso de los funcionarios del establecimiento educacional el 6 de agosto de 2025 y, por otra, la omisión consistente en no concluir el procedimiento administrativo incoado a propósito de una denuncia al amparo de la Ley Karin –que lleva más de nueve meses de sustanciación–, circunstancias que conculcan los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, N°2, N°4 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Expone que, desde mediados del año pasado, los actores han sido víctimas de actos de acoso laboral, malos tratos, decisiones arbitrarias y mal uso de la instancia de convivencia por parte del encargado de la Unidad Técnica Pedagógica y del Director de la Escuela Pedro de Valdivia de Quilitapia.

Afirma que, a pesar de que ya concurrieron a declarar y que se cumplieron los plazos legales, el sumario administrativo continúa sin resolución, sin que y se hayan ordenado medidas de protección para los denunciantes.

Por tales motivos, solicita se ordene a la autoridad recurrida dictar la resolución final que ponga término a dicho procedimiento dentro de un plazo perentorio no superior a 30 días o el que esta Corte determine y se disponga el acceso íntegro y actualizado al expediente y la notificación de toda resolución que incida en el ejercicio del derecho de defensa de los recurrentes, con costas.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe la recurrida, requiriendo el rechazo de la acción incoada, con costas.

En primer término, alega que la acción de protección no es la vía idónea para la resolución el asunto, desde que los recurrentes pretenden que se intervenga en el desarrollo de una investigación administrativa actualmente en tramitación, cuestión que excede los fines cautelares del arbitrio mencionado. A su turno, añade que la acción impetrada sólo procede respecto de actos administrativos terminales y no en relación con actuaciones intermedias o de mero trámite, cuyo es el caso de marras. Sobre el particular, adiciona que el proceso se encuentra actualmente terminado. Sin embargo, está siendo revisado por la Unidad Jurídica, a fin de emitir el Decreto de término.

Por último, enfatiza que la Municipalidad dispuso oportunamente la instrucción de una investigación administrativa, designó fiscal y dio inicio a las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados, destacando que la tramitación de una investigación vinculada a denuncias de acoso laboral y violencia en el trabajo exige la recopilación de antecedentes, toma de declaraciones, análisis de documentación, ponderación de versiones contradictorias y observancia de las garantías del debido proceso respecto de todos los involucrados, lo que trae como consecuencia que la duración del procedimiento puede verse influida por la complejidad de los hechos investigados, el número de denunciantes, la cantidad de testigos y la necesidad de realizar diligencias destinadas a asegurar una adecuada resolución del asunto.

Acompaña documentos para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, como se advirtió, el presente recurso de protección se dirige en contra de la omisión en el pronunciamiento del sumario administrativo iniciado por los recurrentes en virtud del presunto acoso laboral del que serían objeto. En tal sentido, revisado el informe emitido por la recurrida, cabe mencionar que esta Corte no comparte la tesis de los actores, en el entendido que, si bien existe una tardanza en aquel procedimiento, lo cierto es que no hay que perder de vista que la magnitud del mismo la justifica, desde que la investigación se refiere a la existencia de trece denunciantes y, por tanto, la misma cantidad de realidades diferentes que deben ser abordadas de manera individual, asunto que complejiza el término del proceso, de manera tal que la dilación no se estima injustificada ni arbitraria; tampoco ilegal, por cuanto el ordenamiento no contempla una sanción como la que pretende el recurrente.

Aclarado aquello, el resto de los hechos expuestos en el libelo -los que fueron reiterados en el alegato del profesional- discurren sobre la idea de nuevas situaciones de presunto acoso laboral del que sus representados serían objeto con posterioridad a la fecha de la denuncia, presuntamente cometidos por terceros que no han sido denunciados ni tampoco son partes del proceso investigativo por cuyo término aboga, de forma tal que esta Corte no advierte cómo se podría adoptar alguna medida protectora ordenando la terminación del sumario en el que no tienen participación las personas que generarían estos otros eventos.

Finalmente, en relación con las garantías constitucionales que estiman afectadas, no se ha demostrado por el recurrente el eventual trato desigual, al no haberse anexado antecedentes de otras investigaciones disciplinarias que hubiesen tenido una tramitación más rápida en similares condiciones, por lo que el recurso será íntegramente desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección incoado en favor de Chaterine nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°960-2026 Protección.