nombre reservado con DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

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Director General de la Policía de Investigaciones de Chile Recurso de Protección Rol N° 959-2020 Protección.- La Serena, a veinticuatro de Agosto de dos mil veinte.

Vistos y Teniendo Presente:

Primero: Que, comparece Arnaldo Salas Valladares, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección a favor de nombre reservado, asistente social, de su mismo domicilio y en contra de Héctor Espinoza Valenzuela, funcionario público, en su calidad de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio en domicilio reservado, alegando la conculcación de las garantías consagradas en los números 2, 3 inciso cuarto, 24 y 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone que el acto ilegal y arbitrario se concentra en la Resolución Exenta N° 107 de 4 de mayo de 2020, emanada del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, notificada a la protegida el 14 de mayo de 2020, en la que se rechaza la invalidación administrativa que fue intentada en contra de la resolución que declaró la salud de la actora como irrecuperable, determinando su retiro absoluto de la institución.

Relata que la recurrente ingresó a la institución policial el 6 de diciembre de 2006, desempeñándose en forma continua hasta el 28 de noviembre del año 2019. El 6 de agosto de 2018 fue enviada al Centro de Salud de la Policía de Investigaciones de Chile a fin de evaluar su estado de salud y su recuperabilidad. Allí fue atendida por un médico psiquiatra en aproximadamente 10 minutos. Luego, se determinó por la Comisión Médica Institucional, el 16 de agosto de 2018, que la salud de la recurrente era irrecuperable.

Así las cosas, se declaró el 24 de abril de 2019, por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la salud de la actora como irrecuperable de conformidad a los artículos 150 letra a), 151 y 152 de la Ley N° 18.834. En base a lo anterior, el Subsecretario del Interior dispuso su retiro inmediato.

Frente a ello, se interpuso un reclamo de invalidación por la recurrente el que fue rechazado mediante el acto que se ataca en esta acción.

Sobre los vicios de la resolución impugnada, refiere lo que sigue.

En primer término, acusa una vulneración al debido proceso, pues para declarar la salud irrecuperable, al tenor del Decreto Supremo N° 36 de 1984 del Ministerio Defensa Nacional, se debe seguir un sumario administrativo.

Expone que los distintos elementos que integran el debido proceso deben adecuarse al procedimiento de declaración de salud irrecuperable, pues allí no se trata de la aplicación del ius puniendi del Estado. Así, es necesario que el funcionario conozca que está siendo evaluado, los motivos de aquello y la justificación de dicho obrar, pudiendo defenderse desvirtuando lo que se le indica.

Cuestiona el acto impugnado en cuanto se desestimó la aplicación del Decreto Supremo N° 36 de 1984 del Ministerio de Defensa Nacional, aduciéndose que el mismo solo se aplica a enfermedades invalidantes y profesionales.

Acusa que ese razonamiento es errado, pues la determinación del estado de salud es una cuestión previa a evaluar si la enfermedad es invalidante, profesional o irrecuperable. En todo caso, si se quisiere inaplicar dicha normativa, de todos modos debe regir la Ley N° 19.880.

En consecuencia, no habiéndose aplicado el principio contradictorio ni habiéndose dado fundamentos para resolver la invalidación, ocurre que el acto es ilegal y arbitrario.

Como segundo vicio acusa la ausencia de motivos del acto.

Refiere que si se lee la resolución recurrida, en consonancia con aquella que la fundamenta, se indica que la actora posee un trastorno de personalidad altamente impredecible en su futura recuperación. Expone que ella acompañó un informe pericial demostrando que no adolece de la enfermedad. Si bien se reconoce un trastorno depresivo, se excluye algún tipo de trastorno de personalidad. A su vez, en el informe pericial se acusa que no se aplicó ningún tipo de protocolo correspondiente a la norma técnica del Servicio Médico Legal.

Por consiguiente, estima que la enfermedad es inexistente, lo que hace carecer de sustento al acto.

Como tercer vicio invoca la ausencia de debida fundamentación del acto. Al respecto reprocha que el informe médico carezca de una exposición de su metodología, contenga contradicciones y no esté fundado en normas médicas o científicas. Incluso, refiere que las conclusiones del mismo, contrastan con las evaluaciones de la actora quien siempre estuvo en lista 1 sobresaliente.

Sobre las garantías lesionadas, refiere, en primer término, la del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley. Sostiene que el Director General ha efectuado una distinción que no tiene fundamento legal, tomando por base el informe de la Comisión Médica que contrasta con la opinión del psiquiatra tratante e informante de dicho órgano que emitió el informe acompañado en el reclamo de invalidación.

Continúa arguyendo la conculcación a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Carta Magna, referente a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, acusando que la autoridad recurrida se ha transformado en una comisión especial al decidir la existencia de una enfermedad y su irrecuperabilidad, sin dar la posibilidad de formular descargos a la afectada. Adiciona la vulneración a la estabilidad en el desempeño de su cargo en base al acto impugnado.

En concordancia con lo anterior y teniendo presente las asignaciones que su cargo traía aparejadas, alega la vulneración al derecho de propiedad del artículo 19 N° 14 de la Constitución.

Pide se declare que la resolución atacada es nula y carece de eficacia y que el reclamo presentado debe ser resuelto por la autoridad administrativa no inhabilitada de la Policía de Investigaciones de Chile, ajustándose a las formalidades y procedimientos legales y reglamentarios.

Acompaña con el recurso:

- Informe Pericial Psicológico de fecha 27 de enero del año 2020.

- Informe Medico N° 423 de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile -Resolución Exenta (R) N° 101 de fecha 24 de abril del año 2020 del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile;

- Resolución Exenta (R) N° 107 de fecha 4 de mayo del año 2020.

- Acta de Notificación de la Resolución Exenta N° 107, de fecha 14 de mayo del año 2020.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido por esta Corte, concurre Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de nombre reservado, Director General de Policía de Investigaciones de Chile.

Explica que de conformidad a la normativa vigente, esto es el Decreto Ley N° 2.460 de 1979 del Ministerio de Defensa Nacional, y el D.F.L N° 1 de 1980 sobre el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, es la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones la que debe informar sobre la capacidad física de sus miembros para continuar en la institución.

Aclara que la actora formaba parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de La Serena y que su retiro se sustentó en el informe técnico de la Comisión Médica. Asimismo, expresa que la parte recurrente interpuso reposición, la que fue rechazada por no aparejarse nuevos antecedentes.

Expone que la Comisión Médica Institucional citó a evaluación a la actora, quien estaba recibiendo tratamiento extra institucional al padecer de un trastorno anímico, con ausencia por licencia de más de 100 días, indicándose en la última de ellas, como diagnóstico: “depresión mayor con ideación suicida recurrente, descontrol de impulsos y stress familiar severo”.

La Comisión informó que el juicio de realidad de la actora estaba conservado, pero el sentido se encontraba alterado, sin tener en consideración el resto de la realidad. Se indicó que por medio del tratamiento que está recibiendo se pretendía controlar su impulsividad frente a frecuentes cambios de ánimo, impresionando un trastorno de personalidad. Por lo anterior, es que al reincorporarse a sus trabajos, no se le permitió el porte de armas. Asimismo, sus capacidades y habilidades cognitivas se ven interferidas pero no afectadas de modo definitivo. Por lo anterior se concluye un trastorno de personalidad.

Se hace presente que la actora, además, totaliza en sus 12 años en la institución, 1008 días de licencia.

Pues bien, habiendo sido declarada la salud irrecuperable, expresa, se aplica el artículo 152 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, el que obliga a disponer el retiro de la funcionaria y la declaración de vacancia de su cargo.

Prosigue indicando que el principio de servicialidad los lleva a velar porque los funcionarios que integran sus filas puedan, efectivamente, desempeñar las labores que se les encomienda.

A continuación, niega que se apliquen las reglas del sumario administrativo en este caso, pues la materia, conforme al artículo 4° del Decreto Supremo N° 36 de 1984 del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto ordena la instrucción de un sumario administrativo, solo se remiten a casos en que se verifica la existencia de invalidez o una enfermedad profesional.

Expone que el retiro de la actora es una consecuencia de la aplicación de la normativa vigente y que, incluso, el informe que ella acompañó, no tiene carácter vinculante. Pero, además, el hecho que se haya podido presentar otro informe refleja que sí existió contradicción en este procedimiento.

Hace presente que la existencia de exámenes complementarios, conforme al Dictamen N° 3.473 de 24 de abril de 2020, es una facultad de la Comisión Médica, no una obligación.

Acompaña con el informe:

- Informe técnico N 423, de fecha 16.AGO.018.

-Evaluación psiquiátrica, solicitada por el Médico Contralor y Presidente de la Comisión Médica Institucional, efectuada por el Dr. nombre reservado, con fecha 01 de agosto del 2018.

-Decreto Supremo RA N° 2801/1457/2019, de la Subsecretaría del Interior, que decreta el retiro absoluto de la recurrente de la Policía de Investigaciones de Chile.

- Resolución (R) N° 164, de fecha 12.DIC.018, de la Comisión Médica Institucional, que resuelve recurso de reposición, interpuesto por la recurrente contra el Informe Técnico N° 423, de fecha 16.AGO.018, que declara no apta para continuar al servicio de la institución, por presentar salud irrecuperable; y su acta de notificación de fecha 17.OCT.018.

- Estadística de Licencias Médicas, que presenta la recurrente en el curso de su carrera policial.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que precisamente, tal como ya ha sido expuesto, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta (R) Nº107 de fecha 04 de mayo del año 2020, emanado del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinoza Valenzuela, mediante el cual, a virtud de las consideraciones que se consignan determinó lo siguiente en su Resuelvo: “1º RECHÁZASE la solicitud de invalidación presentada por la ex Comisario (OPP) nombre reservado en contra de la Resolución Exenta (R) Nº101, de la Dirección General, que declaró que dicha funcionaria presenta salud irrecuperable para el desempeño del cargo, por cuanto los antecedentes aportados y alegaciones realizadas no permiten desvirtuar lo concluido” (sus consideraciones y fundamentos se indicarán más adelante).

Ahora bien, la Resolución Exenta (R) Nº101 de 24 de abril de 2019, dictada también por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinoza Valenzuela, resolvió declarar la Salud Irrecuperable de doña nombre reservado, Comisario del Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la dotación de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena, en virtud a lo resuelto el informe Técnico Nº423 de 16 de agosto de 2018 de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, por cuanto, no es apta para continuar al servicio de la Institución.

El Informe Técnico Nº 423 da cuenta que los cinco profesionales que integran la Comisión Médica Institucional, que allí se individualizan, se constituyeron en dependencias de la Jefatura Nacional de Salud el 09 de agosto de 2018, con el fin de informar sobre el estado de salud de la Comisario nombre reservado, citándola a evaluación médica con el psiquiatra Institucional Comisario (S) nombre reservado cuyo informe señala que la paciente presenta como diagnóstico un “Transtorno de Personalidad”. En mérito de lo anterior, se consigna, que la salud mental que afecta a la funcionaria “no es compatible con su labor policial, y en consecuencia, altamente impredecible su futura recuperación, por ser ésta una patología que carece de elementos objetivos de evaluación a futuro, para predecir su comportamiento laboral institucional”. Por tanto, como Conclusión, se indica: “La Comisión Médica Institucional determina en el caso de la Comisario nombre reservado: 1.-No apta para continuar en servicio por salud irrecuperable”

Sexto: Que el mencionado Informe Técnico de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, fue controvertido por la ex funcionaria nombre reservado mediante un recurso de reposición, el que fue resuelto por Resolución (R) Nº 164 de 12 de diciembre de 2018 (acompañada en autos), la cual rechazó tal arbitrio.

Se debe hacer notar que en dicha Resolución, fundando su determinación y refiriéndose a los argumentos expuestos en la solicitud de reposición, se indicó que conforme con el Decreto Nº 32 de 1976, artículo 3º, la comisión a efectos de asesoriamento, solicitó un peritaje con un Médico Institucional de la especialidad de psquiatría. También expresó en el párrafo 5º “Que las decisiones de esta Comisión, en consideración a su composición, se adoptan mediante un acuerdo, que conforme a la Ley Nº19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, el artículo 3º, inciso séptimo, señala que “acuerdo” es la decisión de los órganos administrativos pluripersonales, de ello se colige que existe un acuerdo o decisión de dicha comisión respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento. Asimismo, éstas se adoptan en base a un acabado estudio de su ficha médica que a su respecto mantiene esta Alta Repartición, no limitándose a sólo una opinión, además de aquella que la funcionaria ha acompañado; y cabe considerar además que este órgano está compuesto por 5 miembros que gozan de diferentes especialidades médicas, otorgando una amplia visión de los diagnósticos”.

De esta manera concluye que tras nuevo análisis, y no habiéndose acompañado nuevos elementos clínicos, no existen antecedentes que permitan variar lo resuelto en el Informe Técnico 423.

séptimo: Que como consecuencia de todo lo anterior, por Decreto Exento de la Subsecretaría del Interior (Por Orden del Presidente de la República) RA N° 280/1457/2019, Registrado con fecha 28, nov.2019, se dispuso su Retiro Absoluto “a contar del 07 de Noviembre de 2019 siendo el retiro efectivo desde el 7 de noviembre de 2019”.

octavo: Que acerca de la Comisión Médica de Investigaciones conviene puntualizar, de manera sintética, que la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile (Decreto Ley 2460) en su artículo 30 dispone que ella debe actuar o informar respecto del personal de la Institución, en todos aquellos casos en que las leyes o reglamentos requieran la intervención de una comisión médica y que las licencias médicas que se otorguen al personal de la Policía de Investigaciones de Chile no estarán al trámite de su autorización por el Servicio Médico Nacional de Empleados, sino a la visación del Médico Jefe del Departamento de Sanidad de Investigaciones. Por su parte el D.F.L. N° 1, de 1980, sobre Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en su artículo 73 señala que corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él.

A su turno, el Decreto Supremo N° 32, de fecha 1976, de Defensa, designa a los miembros que integran la Comisión Médica, señalando su artículo 1°: “La Comisión Médica de la Dirección General de Investigaciones, deberá actuar e informar respecto del personal de la Institución, en todos aquellos casos en que las leyes o reglamentos requieran la intervención de una Comisión Médica, especialmente en las siguientes materias: Establecer, mediante el examen médico correspondiente, la capacidad física de los funcionarios para continuar en el servicio; determinar la clase de invalidez que los imposibilita para continuar en él e informar sobre la clasificación de las lesiones o contusiones para los efectos del tiempo de abono contemplados en las leyes o reglamentos pertinentes”. Su artículo 2° dispone: “Dicha Comisión Médica estará integrada por el Jefe del Departamento de Sanidad, que la presidirá, y por cuatro facultativos de las siguientes especialidades: Cirugía General, Medicina General, Cardiología y Traumatología. En caso de ausencia del Presidente, actuará en calidad de tal, el Oficial de Sanidad más antiguo”. El artículo 3° señala “El Presidente de la Comisión Médica, cuando el caso lo requiera, podrá solicitar el asesoramiento de especialistas del mismo Departamento de Sanidad de la Dirección General de Investigaciones, del Servicio Médico del Departamento de Previsión de Carabineros de Chile o del Hospital de Carabineros”. Por último, en lo que interesa, su artículo 5° expresa “Los pronunciamientos y dictámenes que emita la Comisión Médica de la Dirección General de Investigaciones, deberán ajustarse a la legislación y reglamentación vigente sobre la materia”.

De lo relacionado queda en claro que es la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, la encargada de establecer, mediante el examen médico correspondiente, la capacidad física y/o mental de los funcionarios para continuar en el servicio.

Para complementar el tema, es también dable consignar el Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 65.929 de 06 de septiembre de 2016, que fue emitido por haberse dirigido a dicho organismo un ex funcionario de la Policía de Investigaciones quien impugnó la declaración de salud irrecuperable de que fue objeto, manifestando su disconformidad con la decisión adoptada por la Comisión de Salud. Sobre tal disconformidad, el Órgano contralor expresó que correspondía consignar que acorde con lo prescrito en el artíulo 73, inciso primero, del D.F.L. Nº 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, es a la Comisión Médica de la Insitución a quien le compete exclusivamente examinar a los funcionarios, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para ello, no correspondiendo al Organismo Controlador revisar los datos clínicos que sirvieron de base a las resoluciones emitidas por ese cuerpo colegiado, como se precisó en el dictamen Nº 63 368 de 2015.

Noveno: Que conviene además ratificar que en concepto de esta Corte, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, para el caso de autos no resulta aplicable del Decreto Nº36 del año 1984 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e Invalidantes del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en cuanto dispone en su artículo 4º la instrucción de un sumario administrativo, toda vez que éste está contemplado para los efectos de la constatación de una enfermedad profesional, esto es, la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza el funcionario, y que le produce la muerte o incapacidadd para continuar en el servicio, cuyo no ha sido el caso en estudio.

Décimo: Que en definitiva, por todo lo expuesto, cabe concluir que la Resolución Exenta (R) Nº101 de 24 de abril de 2019, dictada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinoza Valenzuela, que resolvió declarar la Salud Irrecuperable de la recurrente, en virtud de lo resuelto en el informe Técnico Nº423 de 16 de agosto de 2018 de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, que determinó que la Comisario nombre reservado, no era apta para continuar en servicio por salud irrecuperable, ha cumplido con toda la normativa aplicable en la materia de que trata, tanto de forma como de fondo.

Como es sabido, la legalidad del acto administrativo descansa en la observancia de determinados requisitos básicos cuya ausencia no solo le restaría eficacia al mismo, sino que llevaría a su nulidad. En términos generales, siguiendo a la doctrina mayoritaria sobre el tema, se puede distinguir como elementos del acto administrativo, el Motivo, el Objeto y el Fin. Pues bien, el primero de ellos, dice relación con las circunstancias de hecho y de derecho que originan o justifican la dictación del acto administrativo. Se dice que este elemento del acto administrativo en definitiva permite conocer la Causa y el Fin del mismo, además del Derecho que legitima la decisión de dicho acto. El Motivo debe ser siempre fundado respecto de ambos tópicos (hecho y derecho). De esta manera, en cuanto al hecho, la circunstancia material en que se apoya deben existir, ser real y cierta. De no ser así, se atenta contra el principio de la legalidad del acto.

La mencionada Resolución Exenta Nº 101, cumple con todos aquellos requisitos de legalidad.

Undécimo: Que lo aseverado precedentemente queda además palmariamente demostrado a virtud de la propia Resolución Exenta (R) Nº107 de fecha 04 de mayo del año 2020, emanada del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinoza Valenzuela, que ahora, en este arbitrio, se reprocha como ilegal y arbitraria, y que a virtud de las consideraciones que se consignan determinó rechazar la solicitud de invalidación presentada por la ex Comisario (OPP) nombre reservado en contra de la Resolución Exenta (R) Nº101 ya comentada.

Las consideraciones que sirvieron de fundamento, es síntesis, fueron las siguientes: 1) No resulta aplicable al caso en análisis, el artículo 4°, del Decreto Supremo N° 36, del año 1984, que aprueba el Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e Invalidantes del Personal de la Policía de Investigaciones, en cuanto a la exigencia de un sumario administrativo para la determinación de la salud irrecuperable, puesto que aquello solo lo es para verificar la existencia de una enfermedad de carácter profesional. 2) Los motivos de la Resolución Exenta (R) N° 101, aparecen descritos en el mismo acto, fundamentados en el Informe Técnico de la Comisión de Salud Institucional N° 423, de fecha 16.AGO.018 y también se alude a la Resolución Nº 164 que rechazó el recurso de reposición; actos administrativos conocidos por la recurrente 3) Que el diagnóstico como resultante de la evaluación médica efectuado por médico psiquiatra fue un “transtorno de personalidad” el que no resulta compatible con su labor policial. 4) El informe pericial acompañado por la recurrente como medio de prueba, no aplica para determinar la calidad de la salud de la funcionaria, pues el único órgano competente para ello, es la Comisión Médica Institucional, conforme artículo 73 del D.F.L. Nº1 de 1980 y conforme criterio contenido en el Dictamen Nº 18275 de 2019 de la Contraloría General de la República; y 5) La recurrente no logra desvirtuar los motivos y argumentos de la Resolución Exenta (R) N° 101, en conformidad con lo prevenido artículo 152 de la Ley Nº18.834 sobre Estatudo Administrativo, no siendo ésta un acto contrario a derecho en los términos del artículo 53 de la Ley Nº 19.880.

Así las cosas, a virtud lo expuesto, corresponde concluir que la Resolución Exenta Nº 107, no resulta ilegal ni arbitraria, de manera que no ha podido afectar, en los términos y condiciones que indica el artículo 20 de la Constitución Política de la República, aquellos derechos que estima vulnerados la recurrente tal como los ha presentado. Por tanto, la acción deducida tendrá que ir a su indefectible rechazo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Arnaldo Salas Valladares, a favor de doña nombre reservado.

Regístrese y notifíquese Redacción del ministro don Juan Pedro Shertzer diaz.

Rol Nº 959-2020.-