nombre reservado CONTRA nombre reservado

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Rol 957-2018.- La Serena, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Que comparece doña nombre reservado, funcionaría pública, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por haber enviado un correo electrónico a sus superiores, en que se le imputaba vínculos con el mundo del crimen y llevar una vida licenciosa, acto que estima ilegal y arbitrario, y que le ha perturbado los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 4o y 24° de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se disponga el cese de cualquier acto infamante o calumnioso emanado de dicha persona que tenga como objeto persistir en su afán de vilipendiarla en su lugar de trabajo por cualquier vía de comunicación destinada para aquello, restableciendo el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Expone que ingresó el 11 de agosto de 1995 a la Policía de Investigaciones de Chile, ocupando el cargo de Asistente Administrativo, desempeñándose en la actualidad en la Brigada de Investigación Criminal La Serena, siendo calificada durante toda su carrera funcionaría con nota 7.0 y clasificada en Lista 1 “de Mérito”.

Indica que el día 22 de mayo de 2018, en uso de su tiempo libre, concurrió al domicilio de nombre reservado, ex pareja de la recurrida, con quien mantiene una relación de amistad, lugar hasta donde aquélla llegó en compañía de una amiga, quienes causaron un escándalo, siendo agredida por la acompañante de ésta con golpes de pies y puños, y dañando ambas su automóvil particular. A petición de nombre reservado, optó por mantener una postura pasiva, desistiendo de interponer acciones legales, por cuanto éste, según sus dichos, mantenía un litigio pendiente con la recurrida ante el Juzgado de Familia de nombre reservado.

Días después la recurrida se apersonó en su lugar de trabajo, la Brigada de Investigación Criminal La Serena, en donde tomó contacto con el Jefe de Unidad, Comisario nombre reservado, formulando un reclamo en su contra, manifestando que, con ocasión del altercado referido, habría sido víctima de amenazas, cuestión que originó una Investigación Sumaria, en la que se declaró su sobreseimiento definitivo, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 353-2018/30-2018 de fecha 12 de julio de 2018.

Posteriormente, el día 2 de agosto supo que la recurrida había efectuado un nuevo reclamo en su contra, por lo que con esa misma fecha requirió por escrito al Comisario confirmar tales antecedentes, los que le fueron proporcionados, y pudo comprobar que el 11 de julio la recurrida envió un correo electrónico a la casilla institucional de dicho Oficial, con copia al señor Jefe de la Región nombre reservado, al señor nombre reservado del Jefe de la Prefectura Provincial nombre reservado y al Abogado Ignacio Montesinos Fernández, bajo el siguiente encabezado: “Actos constitutivos de Corrupción, Colusión y Negligencia en la PDI, Comisaría de responsabilidad de nombre reservado”, en cuyo contenido además de recriminar al referido Oficial por su hipotética falta de proactividad, expresa que: “Realicé algunas averiguaciones sobre su funcionaría nombre reservado y descubrí rápidamente que es conocida por sus tratos sexuales, organizar orgías y ser el nexo para realizar actos constitutivos de corrupción dentro de PDI, Gendarmería y con delincuentes relacionados a Gendarmería, lo cual me aterroriza, mas aun que usted lo permita y se niegue a investigar” …“Entregué personalmente primeras pruebas a usted fuera de oficina por temor a encontrarme con su funcionaría nombre reservado, le expliqué lo importante de mantener en resguardo y reserva para que no se filtrara información de estas pruebas ya que habrían otros juicios donde ella se podría ver también involucrada por mantener negocios ilícitos con mi ex pareja nombre reservado”, y culmina su mensaje, advirtiendo: “Cumplo con informarle formalmente que no desistiré hasta obtener respuestas o exponer ante autoridades colusión, actos constitutivos de corrupción, negligencia e irregularidades de comisaria PDI La Serena, dirigida por…”.

Agrega que ante esta nueva interpelación, el Señor Jefe de la Región nombre reservado, Prefecto Inspector don nombre reservado, ordenó a la Prefectura Provincial nombre reservado informar acerca de los hechos que la recurrida dio a conocer, respondiendo la referida unidad policial en el Oficio (R) N° 139 del 17 de julio de 2018, que en razón del primigenio reclamo realizado por la recurrida se dispuso una Investigación Sumaria la que no arrojó ningún indicio respecto a eventuales responsabilidades administrativas de su parte, haciéndose presente que la Oficial nombre reservado que llevó a efecto dicha indagatoria intentó entrevistar a la reclamante, quien declinó someterse a dicha diligencia, y que en tal sentido, y en razón que ésta reiteró haber sido victima de amenazas proferidas por la recurrente en el momento que se hizo presente en la unidad policial para concretar su reclamo, se le sugirió realizar la denuncia respectiva, la cual sería derivada al Ministerio Público, desistiéndose de aquello, ante lo que la institución no pudo actuar de oficio, toda vez que el impulso procesal radicaba exclusivamente en ella en su condición de presunta víctima del ilícito, al tratarse de un delito de acción penal pública previa instancia particular. Finalmente, el informe concluye que no hay elementos categóricos que respalden los dichos de la recurrida.

A su juicio, los hechos referidos afectan su derecho fundamental al respeto y protección de su vida privada y honra de su persona y familia, consagrado en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política, pues el correo electrónico que envió la recurrida a diferentes casillas, y en el que se le imputa nexos con el mundo del hampa y de llevar una vida licenciosa, ha menoscabado su reputación dentro de la repartición pública en la cual he prestado servicios ininterrumpidamente durante 23 años, en calidad de Asistente Administrativa, cargo que no es de nivel directivo ni implica ejercicio de mando alguno, por lo que malamente podría dirigir a los integrantes de la unidad que integra, como lo plantea la recurrida, haciendo con todo esto que las posibilidades de un progreso profesional se vuelvan francamente imposible, pues su honra ha sufrido un grave detrimento, tanto como funcionaría pública y como mujer. Hace presente que en una institución pública la tramitación administrativa de la documentación pasa por diferentes procesos para ser canalizada, lo que implica que no sólo los titulares de los correos electrónicos han tomado razón de lo narrado por la recurrida, sino que también otros compañeros de trabajo, con los cuales se encuentra en una relación de jerarquía y frente a los cuales su imagen subjetivamente se vio expuesta de forma negativa, lo que ha trascendido inclusive a su círculo personal más cercano.

Agrega que también se ha afectado su derecho fundamental del articulo 19 Nº 24 de la Constitución, lo que funda afirmando afectación al derecho a la propia imagen, en cuanto a su dominio, también en el sentido de encontrarse implícitamente comprendido en la garantía del articulo 19 Nº 4, ya que se trataría de un atributo de la privacidad de la persona.

En apoyo de su pretensión acompaña los siguientes instrumentos: Copia de correo electrónico de fecha 11 de julio de 2018 suscrito por doña nombre reservado; Copia de Resolución Exenta N° 63 del 05 de julio de 2018, de la Prefectura Provincial nombre reservado que autoriza feriado legal; Copias de Resoluciones Exentas números 2 y 353-2018/230-2018 del 09 y 12 de julio de 2018 respectivamente, que resuelven y dan término a Investigación Sumaria; Copia de Oficio (R) N° 139 del 17 de julio de 2018 del Señor Jefe de la Prefectura Provincial nombre reservado; y Certificado de Antecedentes de fecha 10 de agosto de 2018, del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Que comparece la recurrida doña nombre reservado, informando el recurso y solicitando su rechazo, con costas.

En cuanto a los hechos, indica que efectivamente el 22 de mayo de 2018 existió un altercado que la involucró junto a la recurrente, nombre reservado y nombre reservado, con ocasión de lo cual fue amenazada por la recurrente, quien aseveró ser funcionaría de la Policía de Investigaciones de Chile. En los días posteriores, advirtió que su domicilio había sido "marcado" y que era rondado por personas desconocidas y en actitud sospechosa, por lo que decidió concurrir a la Policía de Investigaciones a fin de constatar si efectivamente la recurrente era funcionaría y efectuar la correspondiente denuncia penal. En dicha gestión, solicitó a doña nombre reservado que la acompañara. Posteriormente se entrevistó con el prefecto señor nombre reservado, a quien insistió tanto en el temor que sentía como en la necesidad que se actuara con la mayor reserva posible. Aclara que sólo a propósito del presente recurso interpuesto en su contra toma conocimiento que la denuncia no fue ingresada como denuncia penal, sino como un reclamo administrativo. Sin embargo, luego de la denuncia cesaron las rondas de desconocidos por su domicilio.

Señala que las causas del referido altercado, se deben al develamiento de una relación sentimental paralela que mantenía quien fuera su pareja, lo que para ella no le resultaba relevante, aunque hace presente que el quiebre sentimental estuvo provocado no sólo por numerosas situaciones de infidelidad, sino también por la constatación que ciertos aspectos de la intimidad que mantenían habían sido divulgados a terceros, y además, que hubo abusos sicológicos, motivo por el que, apoyada por el Centro para la mujer Rayún de nombre reservado, presentó una denuncia por violencia intrafamiliar ante el Juzgado de Familia de nombre reservado, Rol F - 514 – 2018, a propósito de la que actualmente existe una medida cautelar en su favor que prohíbe al denunciado acercársele y a mantener toda forma de comunicación con su persona, lo que se decretó a propósito de diversas llamadas telefónicas y mensajes que le enviaba su ex-pareja, los que transcribe, y que dan cuenta que nombre reservado sabía que la recurrida había sido recibida por el nombre reservado, por lo que el 11 de julio de 2018 remitió un correo electrónico al nombre reservado manifestándole su malestar por el hecho de que los antecedentes de su denuncia así como su entrevista misma con él, solo pudieron haberse filtrado a través de propios funcionarios de la policía.

En relación a la oportunidad del recurso, afirma su extemporaneidad, pues los actos arbitrarios o ilegales se habrían producido “por actos ocurrido con posterioridad al 22 de mayo de 2018” o bien con ocasión del correo electrónico de fecha 11 de julio de 2018, por lo que el plazo para interponer el recurso habría expirado el día 10 de agosto de 2018, en circunstancia que el presente recurso fue interpuesto el 16 de agosto del presente año.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad e ilegalidad de los actos imputados, manifiesta que no existe claridad acerca de cual sería el acto arbitrario o ilegal, agregando que al parecer los hechos que acusa en verdad corresponden a acciones efectuadas en ejercicio del derecho de petición que contempla el artículo 19 N° 14 de la Constitución, y que si la recurrente considera que con ocasión de dichos actos puede resultar atribuido un reproche penal —eventualmente, injurias o calumnias—, existe la vía jurídica para ello, siendo entonces el nombre reservado inidóneo para la finalidad buscada por la recurrente.

Además, considerando que si el acto recurrido fue el imputar determinadas conductas, hace presente que tales dichos no fueron efectuados por un medio de prensa como tampoco en alguna red social de la cual pueda tenerse público conocimiento. Es más, como la propia recurrente señala, se habrían visto señalados en un sumario administrativo, el que por sí tiene el carácter de reservado, máxime que ni siquiera se llegó a la etapa de formulación de cargos.

En cuanto a los derechos fundamentales conculcados, y primeramente respecto del respeto y protección a la vida privada, indica que no fue divulgada información privada de la recurrida. En todo caso, de acuerdo a lo afirmado por la recurrente no se trataría de información verdadera, por lo que no puede entenderse que haya sido afectada su vida privada. Por otro lado, si se entiende que hay información privada involucrada, ello tendría que ser ponderado con el derecho que le asistía, en calidad de víctima de un delito y de violencia intrafamiliar, a solicitar protección a las autoridades policiales y judiciales.

En cuanto al respeto y protección a la honra, indica que lo que la garantía constitucional resguarda es el deber del Estado de dar respeto y protección a la honra, no directamente un "derecho a la honra". Además, lo que la recurrente finalmente denuncia como afectada no es su reputación, sino la posibilidad de ascender en su carrera funcionaría, situación que tampoco resulta lógica si fue sobreseída de sumario administrativo.

En cuanto al derecho de propiedad sobre la propia imagen, afirma que éste no puede entenderse afectado pues su parte no ha efectuado uso de la imagen. La protección de la propiedad de la propia imagen dice relación con el uso de representaciones de la misma.

En apoyo de su pretensión, acompaña: copia de denuncia por violencia intrafamiliar, actualmente en trámite ante el Juzgado de Familia de nombre reservado bajo el RIT F-514-2018, presentada con fecha 18 de junio de 2018; copia de resolución del Tribunal de Familia de nombre reservado, de fecha 18 de junio de 2018, en la que consta la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto del denunciado en los mencionados autos; copia de acta de audiencia y resolución de fecha 9 de julio de 2018 que mantiene medida cautelar; copia de acta de audiencia y resolución de fecha 1 de agosto de 2018 ; pantallazos de los mensajes de WhatsApp enviados al teléfono celular de la recurrida por el señor nombre reservado, haciendo advertencias de peligro hacia su persona por parte de personas vinculadas a la Policía de Investigaciones de Chile; certificado médico que da cuenta de atención que la recurrida esta recibiendo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, el nombre reservado de derechos constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye desde el punto de vista procesal una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos fundamentales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, por ser producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, quebrantando uno o más de los derechos protegidos.

El carácter sucinto de la acción en examen, así como el hecho de dejar subsistentes las vías legales respectivas para discutir contenciosamente el asunto, impone —para su éxito—, por una parte, la existencia de un derecho indubitado, y, por la otra, que la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio del derecho, como ya se dijo, provenga de actos manifiestamente arbitrarios o ilegales que puedan establecerse sumariamente en el procedimiento regulado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

En cuanto a la extemporaneidad SEGUNDO: Que habiendo alegado la recurrida la extemporaneidad de la acción cautelar deducida, ha de dilucidarse previamente dicha materia, en razón del plazo fatal de 30 días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, que exige para su interposición el Auto Acordado sobre tramitación y fallo de dicho recurso, de la Excma. Corte Suprema.

TERCERO: Que habiendo reconocido la propia recurrente que respecto de las supuestas actuaciones de la recurrida que habrían tenido lugar el día 22 de mayo de 2018, a petición de nombre reservado, ex pareja de esta última, había desistido de ejercer cualquier acción legal en su contra, y que, en relación a unas amenazas que le había imputado días después la recurrida, se dictó sobreseimiento definitivo en la correspondiente investigación sumaria llevada al efecto en su institución; se debe concluir, entonces, que los actos infamantes o calumniosos que ataca la actora a través del presente arbitrio, son los derivados del correo electrónico que doña nombre reservado habría remitido el 11 de julio a la casilla institucional del Comisario de la Policía de Investigaciones, don nombre reservado, con copia a otros oficiales y al abogado de la institución.

Sin embargo, dado que la recurrente indicó en su libelo que solo tomó conocimiento de dicho correo-denuncia el día 2 de agosto del presente año, a través de dichos de terceros, luego de reincorporarse a la institución después de haber hecho uso de un feriado legal por cuatro días, entre el 17 y el 20 de julio de 2018, según acreditó acompañando la copia de la Resolución Exenta N° 63 de la Prefectura Provincial nombre reservado, de 5 de julio del actual, que concedió dicho derecho funcionario, y no existiendo otros antecedentes para desvirtuar este aserto de la recurrente, toda vez que, dado el tenor del contenido del correo se hace previsible suponer que en los días previos a hacer uso de su feriado y los inmediatamente posteriores a su regreso, no se le hubiera dado conocimiento de tal denuncia, se ha de concluir que el recurso de ha ejercido dentro de plazo, teniendo presente para ello la citada data del día 2 de agosto y la del 16 de agosto, fecha esta último de la interposición del arbitrio.

En cuanto al fondo CUARTO: Que del contenido del mensaje de que da cuenta la copia del correo electrónico de 11 de julio de 2018, acompañada al recurso y fundamento probatorio del acto arbitrario e ilegal denunciado, se puede desprender que en él la recurrida hace una serie de imputaciones en contra no solo de la recurrente, sino también contra el receptor principal del mensaje, el oficial de la Policía de Investigaciones, don nombre reservado. Así, respecto de la primera, señala que su ex pareja Marcelo nombre reservado la habría advertido y amenazado que nombre reservado “es un peso pesado de PDI controla a todos en esta Comisaría“; en tanto que al segundo reprocha haberle dado detalle de sus conversaciones y pruebas a Marcelo nombre reservado, quien mantendría una relación sentimental con la recurrente. Luego, afirma que por averiguaciones que practicó, descubrió “rápidamente” que la recurrente “es conocida por sus tratos sexuales, organizar orgías y ser el nexo para realizar actos constitutivos de corrupción dentro de la PDI, Gendarmería y con delincuentes relacionados a Gendarmería”, lo que la aterrorizaría, más aún que usted (nombre reservado) lo permita y se niegue a investigar”. Enseguida, sigue reprochándole a este último no haber cuidado la privacidad de los hechos que denunciaba así como la reserva de las pruebas de que disponía ella al efecto, lo que era importante mantener en reserva “…ya que habrían otros juicios donde ella (la recurrente) se podría ver también involucrada por mantener negocios ilícitos con mi ex pareja nombre reservado…”, endilgándole, además, que no cumplió con su deber y palabra y que, en representación de la institución policial, la habría “victimizado, humillada, ignorada y expuesta a peligro”.

QUINTO: Que, las expresiones contenidas en el mensaje transmitido por el aludido correo electrónico a algunas de las jefaturas de la Policía de Investigaciones, a juicio de esta Corte, carecen de toda verosimilitud de afectación efectiva de la vida privada y honra de la recurrente, toda vez que se evidencian en sí misma dirigidas por un ánimo descontrolado de generar animadversión hacia la recurrente en la institución en que presta servicios, atribuyéndosele variadas conductas reñidas con sus deberes funcionarios, con contenido de promiscuidad sexual y corrupción funcionaria y confiriéndole una influencia y poder desorbitante en la institución, pero desprovistas tales aseveraciones de todo contenido fáctico, con lo que también se vieron desprovistas de mayor seriedad.

Es la misma misiva, además, la que da cuenta que el superior jerárquico inmediato de la recurrente, se abstuvo de prestar mayor atención a su contenido, invitando a la recurrida a hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, proceder éste de dicha autoridad que se explica en la circunstancia que, como se expresa en el mismo escrito del recurso, solo algunos días antes al mencionado correo, mediante Resolución Exenta 353-2018/30-2018, de 12 de julio pasado, ya se había sobreseído definitivamente en una investigación sumaria incoado con ocasión de otra denuncia de la recurrida en contra de la actora, y también motivada en los sucesos del día 22 de mayo, respecto de los cuales, como ya se dijo, la recurrida se abstuvo de denunciarlos.

Así las cosas, respecto de la garantía contenida en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental, el acto recurrido ha carecido de la idoneidad y seriedad suficiente para justificar que esta Corte tome las medidas pretendidas en resguardo de la vida privada y honra de la recurrente, por no estimarse éstas afectadas seriamente, sin perjuicio de otras acciones que le asistirían a ésta respecto de las imputaciones de delitos que pudiera colegirse que se contienen también en las expresiones proferidas a través del mensaje electrónico del día 11 de julio de 2018.

SEXTO: Que respecto a la otra garantía que se denuncia amagada con las actuaciones denunciadas de la recurrida, esto es, el derecho de propiedad sobre la propia imagen de la actora, debe decirse que tal conculcación tampoco existe.

En efecto, se concibe dicho derecho “como un derecho implícito en nuestro ordenamiento constitucional, con las consiguientes consecuencias jurídicas de su efectiva garantía como tal e integrante del parámetro de control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales”, como enseña el profesor Héctor Noguera Alcalá (El Derecho a la Propia Imagen como Derecho Fundamental Implícito. Fundamentación y Caracterización, Revista Ius et Praxis, 13, 2007), lo que impondría su protección a través del derecho a su propiedad como integrante del bloque constitucional de derechos fundamentales asegurados, expresamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal c) de la CADH, todos los cuales, en el ordenamiento constitucional chileno, constituyen límites a la soberanía, como lo especifica categóricamente el artículo 5 ° inciso segundo de la Constitución Chilena vigente. Dicho derecho concebido por una parte de la doctrina como integrante de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona “surge del hecho que el ser humano está en el mundo en forma corpórea o física, esta realidad de las personas es una de las fuentes de datos e información más importante sobre los individuos, al ser susceptible de ser captada la figura humana como cara externa de la persona, a través de distintos medios e instrumentos” (artículo citado).

Por lo expuesto, la afectación del derecho a la propia imagen implica la representación gráfica de la misma, lo que en la especie no ha acontecido con el acto atacado, el que solo se hace consistir en un mensaje de textos expedido a través de un correo electrónico. Ergo, no ha podido, entonces, afectarse con él la imagen de la actora.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA el nombre reservado deducido por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese.

Redacción a cargo del ministro Juan Carlos Espinosa (S).

Rol 957-2018 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministra Titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro Suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el Fiscal judicial señor nombre reservado. (No firma señora nombre reservado y señor nombre reservado, por encontrase ambos con feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa).

La Serena, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.