nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol 955-2024.- La Serena, treinta de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por nombre reservado, en su calidad de Superintendenta de Seguridad Social.

Indica que las patologías de índole psiquiátrica que motivaron el otorgamiento de varias licencias médicas a don nombre reservado comenzaron a fines del año 2020 y en los primeros meses del año 2021, cuando su cónyuge, nombre reservado, fue diagnosticada con insuficiencia renal, enfermedad que requirió un trasplante de riñón en octubre de 2023, lo que naturalmente afectó profundamente a don nombre reservado y a sus dos hijos menores de edad, debido a la complejidad de la enfermedad y la necesidad de contar con tratamiento y medicamentos de elevado costo, dando cuenta además que el trasplante no ha dado los resultados esperados, lo que la mantiene en constantes controles y fuertes medicamentos.

Afirma que, debido a estas circunstancias, don nombre reservado buscó ayuda profesional y fue atendido por el Dr. nombre reservado, psiquiatra, quien le extendió licencias médicas desde mayo de 2021, de forma continua por un cuadro de depresión mayor y trastorno fóbico.

Señala que el actor estuvo en terapia psicológica hasta septiembre de 2023, pero debió interrumpirla debido a su elevado costo, lo que le obligó a solicitar el alta para reincorporarse a su trabajo, pese a que su cuadro psiquiátrico no se ha recuperado completamente, solicitando atención psiquiátrica en el Consultorio Salvador Allende, sin embargo, no ha podido obtenerla debido a la falta de profesionales y la sobrecarga de trabajo en los centros públicos de salud, situación que ha estancado su recuperación.

Afirma que sus primeras licencias fueron autorizadas por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA hasta la licencia otorgada en septiembre de 2022, N° 76492339-1, rechazada por reposo injustificado, al igual que las siguientes dos licencias, N°s 89018372-7 y 90301860-7. Agotadas las instancias administrativas, don nombre reservado solo logró que se autorizara la primera licencia, debiendo deducir acción constitucional de protección ante esta Ilustrísima Corte tramitándose bajo el Rol 400-2024, siendo acogido mediante sentencia de fecha 06 de mayo del presente año, confirmándose por la Excelentísima Corte Suprema.

Destaca que, a pesar de los argumentos y antecedentes señalados, la recurrida ha persistido en su conducta de rechazo de las licencias médicas otorgadas a don nombre reservado, rechazando la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA las licencias N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de enero de 2023, así como las licencias N°s 85225782-2, 86430878-3 y 87697292-1, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de abril de 2023.

Señala que dedujo los respectivos reclamos ante la recurrida, los cuales fueron rechazados mediante los Dictámenes R-01-UME-114441-2023 de fecha 29 de agosto de 2023, respecto de las 3 licencias emitidas a contar del 21 de enero de 2023, y mediante el Dictamen R-01-UME-155250-2023, respecto de las licencias emitidas a contar del 21 de abril de 2023, solicitando la respectiva reconsideración de los dictámenes, los que fueron rechazados a través de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-86693-2024, en virtud de la cual se confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de enero de 2023; por su parte, mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-86695-2024, la recurrida confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 85225782-2, 86430878-3 y 87697292-1, extendidas también por un total de 90 días a contar del 21 de abril de 2023.

Expone que, la Resolución Exenta N° R-01-IBS-86693-2024, indica: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8, 83888343-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados, entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer la incapacidad temporal más allá del período ya autorizado, el cual alcanza a 570 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”. Por su parte, la Resolución Exenta N° R-01-IBS-86695-2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 85225782-2, 86430878-3 y 87697292-1, es de idéntico tenor.

Indica que surge la duda sobre cuáles fueron los antecedentes médicos que permitieron a la SUSESO arribar a una conclusión respecto de la necesidad de reposo totalmente distinta a la sostenida por el médico tratante otorgante de las Licencias Médicas reclamadas. Afirma que se cuestiona si el solo transcurso del tiempo en la recuperación de un paciente es causal suficiente para rechazar el subsidio laboral. Señala que tal razonamiento, ausente en las resoluciones indicadas, resulta aún más relevante si el paciente acompaña nuevos antecedentes e informes médicos que respaldan la necesidad y justificación del reposo prescrito en las licencias rechazadas por el ente fiscalizador.

Destaca que la necesidad de plasmar esos antecedentes se hace más evidente aún por el hecho de que el historial médico de don nombre reservado evidencia una patología mental de cierta duración, de la cual aún no logra recuperarse, pues los problemas de salud de su cónyuge persisten. Refiere que esto motivó incluso a que tanto la COMPIN por una parte, como la propia recurrida por otra, autorizaran en su momento las licencias médicas anteriores extendidas a don nombre reservado, sin que se otorgue siquiera una mínima explicación racional del por qué ahora, a juicio de la propia recurrida, esa patología presente en don nombre reservado ya no requiere reposo para su recuperación.

Señala que el rechazo de las licencias médicas obedece a la simple apreciación de un funcionario de la SUSESO que jamás se ha entrevistado con el paciente y que, sin analizar ningún antecedente médico objetivo, decide rechazar la autorización de las licencias médicas reclamadas. Sostiene que la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos.

Indica que el rechazo de las licencias médicas por parte de la SUSESO carece de una adecuada fundamentación que explique, al menos con mediana claridad o mínima fundamentación, los motivos de su rechazo y por ello deviene en arbitraria, porque se ha fundamentado en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido, precisamente debido a que no contiene las motivaciones mínimas que justifiquen su decisión. Señala que basta con observar la escueta resolución dictada para observar que se trata de un formato tipo de rechazo que hace el funcionario administrativo.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas a través del presente arbitrio, aduce que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho de propiedad ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo expuesto pide que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta R-01-IBS-86693-2024, de 31 de mayo de 2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de enero de 2023, como asimismo ordenarle dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-86695-2024, de la misma fecha, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 85225782-2, 86430878-3 y 87697292-1, extendidas también por un total de 90 días a contar del 21 de abril de 2023, y dictaminar en su lugar que se autorizan las referidas licencias médicas, adoptando asimismo cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales del Sr. nombre reservado, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Resolución Exenta SUSESO N° R-01-IBS-86693-2024, de fecha 31 de mayo del año en curso, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5; Resolución Exenta SUSESO N° R-01-IBS-86695-2024, de fecha 31 de mayo del año en curso, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 85225782-2, 86430878-3 y 87697292-1; 3) Epicrisis Médica de fecha 27 de febrero de 2024, de doña nombre reservado, cónyuge de don nombre reservado. 4) Informe Médico Dr. nombre reservado, de fecha 17 de mayo de 2022. 5) Informe Médico Dr. nombre reservado, de fecha 22 de agosto de 2022 6) Informe Médico Alta Laboral Dr. nombre reservado, de fecha 03 de enero de 202; 7) Informe Psicológico confeccionado por la Psicóloga doña nombre reservado, de fecha 21 de diciembre de 2022. 8) Informe Psicológico confeccionado por la Psicóloga doña nombre reservado, de fecha 10 de febrero de 2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ROMINA ANDREA UGALDE RAÑILEO, abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto.

En primer término, hace referencia al marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

En cuanto a las justificaciones Médico-Administrativas, señala que consta en el expediente de autos que el Sr. nombre reservado concurre el 28 de abril de 2023 a la Superintendencia, reclamando porque la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de enero de 2023, por reposo no justificado.

Afirma que, mediante Resolución Exenta N°R-01-UME-114441-2023 de fecha 29 de agosto de 2023, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5 no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que la Superintendencia estudió los antecedentes y consideró no justificado el reposo prescrito, ya que las alteraciones presentadas son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliado. No se adjunta ni se acredita haber iniciado trámite de pensión de invalidez de acuerdo a la Resolución Exenta N° R-01-UME-18224-2023 del 9 de febrero de 2023.

Indica que posteriormente, el Sr. nombre reservado concurre nuevamente el 26 de enero de 2024 a la Superintendencia, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-114441-2023 de fecha 29 de agosto de 2023, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, manteniendo el rechazo de las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de enero de 2023, por reposo no justificado.

Afirma que, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-86693-2024 de fecha 31 de mayo de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió nuevamente que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5 no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados, entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza 570 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento que justifiquen el rol terapéutico del reposo.

Indica que la Superintendencia estudió mediante sus especialistas los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado quienes informaron que, según un informe de fecha 16 de agosto de 2023 elaborado por el profesional don nombre reservado, se concluye en los fundamentos de la resolución que:

Fundamentos de la resolución: “Tengo a la vista ficha R-210669-2022IMC de tratante, describe síntomas en forma atemporal, situación familiar actual y tratamiento farmacológico implementado. Reporta que patología actual es de carácter irrecuperable y que sugiere iniciar trámites de jubilación, lo cual al parecer no se ha realizado, ya que no se adjuntan documentos correspondientes. Paciente 46 años. Trabaja como Jefe operación de aseo, trabaja por turnos. Ingresa reclamo por licencias médicas 83888343-5, 82702968-8, 81726405-0. Total Días reclamados 90. Acumula por mismo diagnóstico 570. Cuento con los siguientes antecedentes relevantes para el caso: IMC 17.5.22: Recaída grave por enfermedad de esposa. Por esta razón no se encuentra en condiciones de reintegro laboral. Sugiere iniciar trámites de pensión anticipada. IMC 26.12.22: Destaco que psiquiatra tratante refiere alteraciones que presenta paciente son graves e irrecuperables por lo que sugiere iniciar trámites de jubilación. En ambos informes se esgrime que se deben iniciar trámites de jubilación, los cuales aparentemente no se han comenzado ya que no se adjuntan antecedentes de aquello. Presenta informe emitido por psicóloga tratante en el que se reportan medidas terapéuticas y situación familiar. En suma: Se reporta que patología actual es de carácter irrecuperable y que sugiere iniciar trámites de jubilación, lo cual al parecer no se ha realizado. Se rechaza porque no adjunta ni se acredita haber iniciado trámite de pensión de invalidez de acuerdo a resolución exenta N° R-01-UME-18224-2023 del 09 / 02 / 2023. Sugiero no acoger.

Señala que, según otro informe de fecha 5 de octubre de 2024 (SIC) elaborado por el profesional don nombre reservado, se señala en el acápite fundamentos de la resolución que: "LM emitidas por distintos médicos, médicos no especialistas, reposición Folio Origen: R-72904-2023. Hombre de 47 años, trabaja como operario. Con permiso autorizado por 570 días con diagnóstico de F33 - Trastorno depresivo recurrente. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita atenciones por psiquiatra. Se rechaza.”

Afirma que, en vista de lo expuesto, los dictámenes impugnados por el recurrente, relacionados con las licencias reclamadas, están respaldados por los antecedentes que figuran en el expediente administrativo adjunto y que se realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas, utilizando parámetros y procedimientos establecidos. La conclusión fue que el reposo médico prescrito era injustificado, ya que las alteraciones presentadas son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo.

Señala que las licencias otorgadas al Sr. nombre reservado no cumplen con lo establecido en las "Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas", ya que la patología es crónica e irrecuperable, confirmada por sus médicos tratantes. El reposo no mejorará la condición del paciente, ya que lleva más de 500 días con la misma patología. Por todo lo expuesto, las razones médicas y administrativas que respaldan el rechazo de las licencias médicas recurridas están claramente fundadas, dado que no se justifica el reposo con rol terapéutico.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y que en el presente caso la parte recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado.

Sostiene la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reseñados por la recurrente y que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió dentro del ámbito de su competencia.

Y finalmente alega que la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un ámbito que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, se estima que dicha argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la parte recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

QUINTO: Que, la recurrente impugna la Resolución Exenta R-01-IBS-86693-2024, de fecha 31 de mayo de 2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8 y 83888343-5, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de enero de 2023, la que en su parte medular señala: “Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 81726405-0, 82702968-8, 83888343-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 570 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.

Asimismo, se reclama respecto de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-86695-2024, de la misma fecha, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 85225782-2, 86430878-3 y 87697292-1, extendidas también por un total de 90 días a contar del 21 de abril de 2023, la que se pronuncia en base a idénticos fundamentos que la anterior descrita.

SEXTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que las resoluciones recurridas dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que se ha estimado que los antecedentes que obran en poder de esa entidad permiten entender que lo resuelto por la Isapre es justificado y que, por otra parte, no permitirían justificar el reposo prescrito.

Tal consideración, permite concluir que la decisión de la recurrida respecto a las licencias médicas materia del presente recurso es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado al no haberse efectuado un examen de contraste que permita concluir en dicho sentido que resulta concordante con lo que la Excma. Corte Suprema resolvió en los autos Rol Nº17056-2024, respecto de este mismo recurrente.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida.

A mayor abundamiento, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

Que los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Compin se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

DÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

DUODÉCIMO: Que, tal como ya se adelantó, respecto de este recurrente en particular, se debe tener presente que ya existió un pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en los autos Rol Nº17056-2024, en que respecto de licencias médicas que preceden a aquellas cuyo pago fue denegado a través de las resoluciones que se impugnan en esta vía, ordenó en definitiva que se practique un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, por lo que se procederá en igual sentido en esta causa atendida a la correlación temporal que existe entre las licencias cuyo pago se encuentra cuestionado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuestas por la recurrida y se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, con declaración que la recurrida deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone las licencias médicas y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°955-2024 Protección.-