nombre reservado CONTRA nombre reservado

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Recurso de Protección Rol 954-2019 La Serena, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 09 de julio del año en curso comparece doña nombre reservado, profesora de estado, domiciliada en domicilio reservado quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, médico cirujano y de don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, afirmando que ambos han vulnerado gravemente sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 Nos, 2°, 3°, 16 y 24° de la Carta Fundamental.

Refiere que mediante un sumario administrativo instruido para obtener su destitución el abogado de la O.P.D. de ese entonces, don nombre reservado, actual abogado del D.A.E.M., inició ante el Tribunal de Familia de Combarbalá una acción de protección, por hechos que igualmente fueron denunciados al Ministerio Público, basado en una apreciación personal que él hizo de una relación extraescolar entre la actora y una menor que requirió su apoyo personal, otorgándole a la misma un carácter sexual.

Agrega que el Tribunal de Familia adoptó una medida de protección en favor de la menor y el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación ya que los hechos denunciados no constituían delito, lo cual a juicio de la recurrente demuestra la conducta equivoca del señor nombre reservado y la interpretación errónea de los hechos.

Expone que el señor nombre reservado consiguió que mediante Decreto Alcaldicio N° 2070, de 14 de Junio de 2017, se instruyera un sumario administrativo en su contra por los mismos hechos denunciados, consiguiendo, además, ser designado como Fiscal de dicho procedimiento administrativo, no obstante estar inhabilitado para ello, por asistirle un interés directo. El referido proceso disciplinario terminó con su destitución.

Añade que al estimar ilegal el sumario y por carecer de fundamentos la resolución que la sancionaba, recurrió ante Contraloría Regional, reclamando la ilegalidad del acto sancionatorio, entidad que el 14 de agosto de 2018 resolvió decretar ilegal el referido proceso disciplinario, disponiendo que se dejara sin efecto el acto administrativo que resolvió el cese de sus funciones y retrotraer el proceso sumarial a la etapa de formulación de cargos, luego de una substanciación normal conforme a derecho. Asimismo, la resolución del ente contralor dispuso la reincorporación a sus labores, debiendo enterarle las remuneraciones correspondientes al período en que pudo haberse visto privada de aquellas, ello de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 17.500 de 2016 .

Señala que el recurrido nombre reservado, en representación del Municipio, al no conformarse con lo resuelto por la Contraloría, accionó de protección contra el referido organismo, iniciándose la causa Rol Nº 1093-2018 ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, acción que es rechazada, citando en su libelo los considerandos 16°, 17° y 18° de la resolución judicial respectiva.

Asevera la actora que el Ilustrísimo Tribunal ratifica que la Contraloría Regional no incurrió en ilegalidad alguna al resolver, concluyendo lo siguiente: i.- Determina que el sumario es ilegal, arbitrario y que vulneró las garantías de un debido proceso y derecho a defensa; ii.- Determina que se vulneró el Secreto del sumario por el Fiscal; iii.- Que el Fiscal don nombre reservado había manejado el sumario como juez y parte y que, por ende, todo lo obrado por ser imparcial a mí entender era o debía declararse nulo; iv.- Desestima la comparecencia atribuyéndose la defensa de la menor, y v.- Determina que la Contraloría no vulneró derecho alguno con la resolución que declaró ilegal el sumario.

Manifiesta que los elementos de juicio y conclusiones no pueden dejar de soslayarse, toda vez que lo resuelto por el Ilustrísimo Tribunal constituye cosa juzgada al respecto.

Agrega que, sin perjuicio de lo resuelto, el Municipio, considerando lo resuelto por la Contraloría y lo resuelto por la Ilustrísima determinó retrotraer el sumario a la etapa investigativa, en circunstancia que el órgano contralor determinó retrotraerlo a la etapa de reformular los cargos, designando un nuevo fiscal para la etapa investigativa recayendo el nombramiento en don nombre reservado, quien es empleado dependiente del DAEM, dirigido y dependiente del Asesor Jurídico del DAEM, esto es, el mismo señor nombre reservado.

Afirma que el nuevo sumario versó sobre los mismos hechos ilegales, investigados por el Fiscal quien actuó como juez y parte, y sin modificación alguna, vuelve a concluir infundadamente la misma decisión que anteriormente fue rechazada por Contraloría y observada como cosa juzgada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena en el nombre reservado Rol N° 1093-2018.

Agrega a lo expuesto que: i.- lo ordenado por Contraloría era que se debía retrotraer el sumario a la etapa de reformulación de cargos y no a la investigativa, lo que constituye desacato, y ii.- se basa la decisión en la misma e ilegal actuación del Fiscal anterior, no habiendo diligencia alguna, complementaria a aquello, todo pese a que la Ilustrísima Corte determinó la ilegalidad de lo obrado como juez y parte del señor nombre reservado, recién con fecha 12 de junio de 2019, para a su vez volver a decretar el cese de la relación laboral. Tal decisión se fundamentaría en la circunstancia que de los antecedentes vistos en el sumario se desprendería de manera inequívoca que la recurrente no habría mantenido una conducta proba esperada, manteniendo una relación del todo inadecuada con una de sus estudiantes a partir del año 2016, a pesar de la voluntad de la madre de la menor y lo determinado por el Tribunal de Familia de Combarbalá, conducta que causó daño emocional en la menor, como se constata con pericia psicológica especializada de un órgano externo a esta administración.

Insiste, de esta forma, que nuevamente se incurre en una aberrante, infundada e imprecisa fundamentación, basada en meras apreciaciones y adaptación, lo cual ya hizo el Sr. nombre reservado y que determinó la ilegalidad del sumario.

Arguye que el actuar de los recurridos acredita de manera irrefutable que se le han vulnerado gravemente sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, por haberse establecido diferencias arbitrarias en un ilegal sumario carente de imparcialidad, afectando el debido proceso, por cuanto todo el procedimiento fue dirigido por un Fiscal inhábil que actuó como juez y parte, vulnerándose el secreto del sumarial, extendiéndose el mismo injustificadamente, vulnerándose su derecho de propiedad, al privarla de sus remuneraciones y; su derecho al trabajo, al no respetar un contrato de trabajo, contemplados en el artículo 19 N°2, N°3, N°16 y N°24 de nuestra Carta Fundamental, respectivamente.

Culmina solicitando que se acoja el nombre reservado, anulando el ilegal Decreto Alcaldicio.

SEGUNDO: Que la recurrente acompaña, a fin de dar sustento a sus alegaciones, los siguientes documentos: a) Copia del Decreto Alcaldicio de destitución 2.914 de fecha 12 de junio de 2019; b) Copia de la sentencia del nombre reservado Rol 1093-2018; c) Copia del Oficio N° 3.706 de fecha 20 de agosto de 2018, y d) Copia de comprobante de emisión y entrega de carta certificada de fecha 4 de julio de 2019.

TERCERO: Que evacuando el informe de rigor, comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en representación convencional de don nombre reservado, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, persona jurídica de derecho público, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, solicitando su rechazo con costas.

Fundamenta su pretensión de rechazo de la acción constitucional en los siguientes principales argumentos: a) La acción impetrada es especulativa, pues no tiene asidero fáctico, jurídico ni administrativo alguno; b) Las acciones recurridas no vulneran garantías ni derechos consagrados constitucionalmente, y c) La acción incoada es jactanciosa y construye una falacia jurídica, pues las premisas en que se sustenta son erróneas, y respecto de ciertos hechos manifiestamente falsos.

Manifiesta, en cuanto a la forma de acaecimiento de los hechos, que es efectivo que el sumario administrativo instruido respecto de la recurrente fue ordenado retrotraer a etapa indagatoria por la Contraloría Regional de Coquimbo, los argumentos esgrimidos por dicha entidad no fueron compartidos por la administración, motivo por el cual se decidió en uso de las atribuciones propias de recurrir ante la justicia, por diversos argumentos esta Corte desestimó el recurso intentado en primera instancia, aludiendo a que no existió una acción ilegal que diera lugar a la anulación del dictamen aludido.

Expresa que los argumentos esgrimidos por esta Corte se estimaron como suficientes y se procedió, según lo estimado por Contraloría, retrotrayendo el sumario a la etapa indagatoria y, aun cuando Contraloría no observó aspecto alguno del Fiscal instructor, a modo de transparencia y máxima objetividad se nombró un nuevo Fiscal, procediéndose a pagar las remuneraciones intermedias como si el vínculo jamás se hubiese interrumpido, por lo cual no resulta posible avizorar la existencia de una acción arbitraria o ilegal.

Agrega que las afirmaciones del recurso en orden a que el proceso disciplinario fue “preparado, dirigido y elaborado con el único ánimo de conseguir mi destitución”, argumento que no resulta coherente toda vez que el abogado, don nombre reservado, luego de retrotraer el sumario administrativo no volvió a participar en aquel, siendo el mismo quien solicitó su cambio con el fin de transparencia. Alegando que no es posible entender cómo un funcionario que no participó en un proceso y su término, pudo tener alguna influencia en el mismo.

Argumenta que el abogado recurrido no presentó acción alguna en materia proteccional de familia ni ante el Ministerio Público, por lo cual no es posible entender los razonamientos de la recurrente y sus argumentos en cuanto éste habría dado una interpretación perversa y de connotación sexual a la relación entre la actora y su estudiante.

Adiciona que las referencias hechas a lo decidido por la Contraloría Regional de Coquimbo, aluden a un sumario ya retrotraído, proceso administrativo ya sin valor, resultando inoficioso hacerse cargo de aquel.

Agrega que, en relación al nombre reservado interpuesto por la Municipalidad, en contra de la decisión de la Contraloría Regional que ordenó retrotraer el sumario, finamente aquella se conformó, estimando suficientes los argumentos dados por esta Corte de Apelaciones, procediendo a retrotraer el proceso y nombrar un nuevo fiscal quien llevo el proceso disciplinario hasta el final.

Destaca que el “desacato administrativo” alegado por la actora, producto de haber ordenado retrotraer el sumario a la etapa indagatoria, cuando esgrime el recurrente que "debió retrotraerse a la etapa de formulación de cargos", no es tal, pues la sede administrativa está reglada, con etapas claramente definidas, siendo inconsistentes las alegaciones al respecto, ya que la formulación de cargos resulta una etapa incierta a la que se arriba una vez cerrada la investigación y en el entendido de existir elementos de convicción suficientes para determinar elementos de reproche administrativo, en tal sentido resulta incomprensible la alegación efectuada, ya que al retrotraer un proceso disciplinario debe respetarse el debido proceso, permitiendo que el Fiscal analice los hechos y efectúe diligencias probatorias si lo estima pertinente a fin de lograr un convencimiento informado para ya sea formular cargos o proponer el sobreseimiento del asunto.

Indica que no resulta comprensible como puede haber resultado desfavorable el tratamiento otorgado al sumario de la señora nombre reservado, ya que aceptar su tesis implicaría haber ordenado al fiscal "formular cargos", sin tener opción de investigar ni mucho menos sobreseer, lo que se aleja de las garantías mínimas del debido proceso que debe guardar todo sumario administrativo.

Añade, que el Fiscal designado para el nuevo proceso administrativo, no tiene dependencia de parte del abogado del departamento, es un profesor de estado, parte del equipo técnico pedagógico, agregando que, en efecto, el abogado no tiene la calidad de jefatura ni mando intermedio, siendo dependiente de la jefatura en la misma jerarquía institucional que todos los empleados, no pudiendo impartir orden alguna a funcionarios. Por lo cual tales argumentos carecen de toda veracidad.

Concluye que el recurso intentado carece de los elementos mínimos para poder prosperar, en primer término, no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal, que sustente la adopción de medidas de protección, ya que se ha actuado en estricto apego a la normativa y dictaminado tanto por Contraloría como por esta misma Corte, de tal modo, cuando Contraloría Regional determina se retrotraiga el sumario, se hace y aun cuando no señala la necesidad de cambiar al Fiscal, a fin de resguardar al máximo los derechos de la recurrente se cambia al Fiscal. Asimismo se confunde la recurrente al pretender que un sumario ordenado retrotraer no puede ser continuado alegando la supuesta existencia de cosa juzgada, en tal contexto es que no resulta posible evidenciar tan solo un acto u omisión que pueda ser enmarcado dentro de una denominación de "arbitrario o ilegal", cosa distinta es que la recurrente no se encuentre conforme con el resultado del proceso, sin embargo resulta complejo asimismo compartir sus juicios, ya que el nuevo Fiscal producto de sus indagaciones allegó pruebas aún más contundentes, específicamente un informe pericial del D.A.M. Ovalle, que dio cuenta cierta de la existencia de una relación perniciosa desde el punto de vista emocional en una de sus estudiantes, relación que por lo demás, la recurrente en estos mismos autos, reconoce que existió.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, menciona que la recurrente solo indica que fueron supuestamente vulneradas sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 2°, 3°, 16° y 24° del artículo 19 de nuestra Constitución, sin dar cuenta de cómo se producen tales, lo que conduce a su rechazo.

CUARTO: Que las recurridas, acompañan en sustento de su informe y de las argumentaciones contenidas en el mismo, copia del expediente sumarial llevado a cabo por el Fiscal Guillermo Muñoz Pérez, proceso que se encuentra afinado.

QUINTO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos fundamentales preexistentes o indubitados a los cuales esa misma disposición enumera, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho amagado y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho libre ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que del análisis del líbelo pretensor aparece que lo reclamado, es el hecho de haber sido la recurrente objeto de un nuevo proceso sumarial, desarrollado en oposición a lo ordenado por la Contraloría General de la República y dirigido por un Fiscal inhabilitado, proceso disciplinario que culminó en la terminación de la relación laboral de la recurrente dispuesta conforme al decreto alcaldicio N° 2.914, de 12 de junio de 2019.

OCTAVO: Que, para resolver el asunto objeto de la acción constitucional, es necesario tener en consideración que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 18.695, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, otorga al alcalde, entre otras atribuciones, la de “Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan”. Por su parte, todos los funcionarios municipales y, en general, los públicos, se encuentran sujetos a un régimen de responsabilidad interna o de carácter disciplinario, que se fundamenta en la eventual infracción de las obligaciones y deberes funcionarios, lo que, en términos genéricos, se conoce como responsabilidad administrativa. Conforme a ello, el artículo 40 del cuerpo legal citado establece: “El Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, en conformidad con las bases que se establecen en los artículos siguientes”. Así, la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, regula en su Título V, la Responsabilidad Administrativa de los funcionarios municipales, estableciendo en su artículo 118 que el empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias. Disponiendo, en el inciso 2° de la misma disposición, que los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo. Por su parte, el artículo 120 del referido estatuto municipal, establece las sanciones que pueden ser aplicadas al funcionario infractor y las disposiciones legales siguientes determinan la naturaleza y extensión de tales sanciones. El proceso disciplinario, como sustento base de la determinación de la eventual responsabilidad administrativa, se regula esencialmente en su artículo 124, el que dispone que si el alcalde estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, decretará la instrucción de una investigación sumaria, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario que actuará como investigador. Luego, el artículo siguiente, dispone que la investigación sumaria puede terminar y proseguir, de ser necesario dada la gravedad de los hechos, en un sumario administrativo, el cual también puede ser instruido directamente, si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, para lo cual el alcalde dispondrá su instrucción. Así, a partir del artículo 127 de la Ley N° 18.883, se regula el sumario administrativo y se fija su procedimiento. Por su parte, el artículo 52 de la Ley N° 19.070, dispone que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, por alguna de las causales que expresamente se establecen, entre ellas: “b) Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”.

Por consiguiente, de lo expuesto y analizado en el presente considerando, resulta nítido que la ley entrega al Alcalde la facultad y potestad de aplicar sanciones que afectan derechos funcionarios a quienes tiene calidad de servidores municipales, ello previo proceso disciplinario legamente tramitado que permita al afectado ejercer su defensa y siempre que se acredite, conforme al estándar fijado por la ley, la existencia de una infracción a las obligaciones y deberes funcionarios. En idénticos términos, la referida autoridad puede disponer el término de la relación laboral con alguno de los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal cuando incurre en falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función.

NOVENO: Que de las normas antes transcritas se concluye que la responsabilidad funcionaria es siempre resultado de un procedimiento administrativo que lleva la forma de un sumario o una investigación sumaria, según la competencia de que se trate y la entidad de la falta. Ambos procedimientos disciplinarios, han de satisfacer ciertos estándares mínimos, que aseguren el derecho a la defensa y que permitan al inculpado conocer la imputación de que es objeto, rendir prueba de descargo, defenderse e impugnar la decisión, estándares que es posible configurarlos a partir de lo que dispone el artículo 18 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, al establecer que: “El personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle”. “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”.

DÉCIMO: Que analizados los antecedentes aportados por las recurridas y contrastados éstos con el relato efectuado por la actora, no es posible vislumbrar un acto arbitrario o ilegal en el actuar de las emplazadas, toda vez que el inicio y desarrollo de un proceso administrativo, a priori, no puede ser considerado, per se, como acto lesivo de garantías fundamentales, máxime si, como en el caso de marras, fue el propio ente que vigila la legalidad de los actos del Estado quien dispuso que se procediera a un nuevo procedimiento administrativo, pues el anterior, se encontraba viciado. En efecto, es un hecho no controvertido, que la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante dictamen 3.706, de 20 de agosto de 2018, dispuso, acogiendo una reclamación de la propia actora, retrotraer el procedimiento disciplinario ordenado instruir mediante decreto alcaldicio N° 2.070, de 14 de junio de 2017, a su etapa de formulación de cargos, para seguir luego con su substanciación normal, conforme a derecho y disponiendo, además, la reincorporación de la afectada a sus labores y el pago íntegro de sus remuneraciones. Tal decisión derivó que se dictara el Decreto Alcaldicio N° 5.149, de 15 de noviembre de 2018, que ordenó dejar sin efecto el decreto 2.448/18 el cual había dispuesto el término de la relación laboral con la actora en base a lo que dispone el artículo 52 letra b) de la Ley N° 19.070 (citada incorrectamente como artículo 72), de forma que se decidió la reincorporación de la recurrente y el pago de sus remuneraciones, disponiendo iniciar nuevamente el sumario administrativo y ordenando el cambio de fiscal a cargo del proceso. En el nuevo proceso disciplinario, encabezado ahora por el fiscal don Guillermo Muñoz Pérez, éste dispuso los actos de instrucción necesarios para dar curso a la investigación y en el cual la recurrente, doña nombre reservado, efectuó diversas actuaciones en defensa de sus intereses, como fue alegar la nulidad de notificaciones, recusar el fiscal designado, alegar la existencia de cosa juzgada, presentar antecedentes y contestar los cargos formulados oportunamente notificados. Consiguiente, de los antecedentes aportados por las partes, se desprende que doña nombre reservado ejerció debidamente los medios que la ley le entregaba para impugnar la decisión que inicialmente se adoptó para dar término a su relación laboral en calidad de docente, iniciándose un nuevo proceso, a cargo de un fiscal diverso, en el cual la actora de protección ejerció los derechos que la ley le confería para la defensa de sus intereses y derechos de conformidad a la ley.

UNDÉCIMO: Que así las cosas, sin perjuicio del mérito del proceso sumarial y de la apreciación que la autoridad competente realice del mérito de los mismos a fin de determinar la sanción aplicable y proporcional a los hechos establecidos, lo cierto es que estos sentenciadores no observan una actuación ilegal o arbitraria en el actuar de los recurridos, concretamente de don nombre reservado en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Combarbalá, toda vez que al dictar el acto administrativo cuestionado lo hizo en base a la facultad que la ley le confiere para ponderar las circunstancias que justifican la aplicación de una sanción disciplinaria o terminación de la relación laboral, ello en base a un procedimiento disciplinario tramitado de conformidad a la ley, conforme a las disposiciones ya analizadas y que permitieron a la recurrente efectuar las actuaciones necesaria para su defensa.

DUODÉCIMO: Que tratándose de don nombre reservado no existe antecedente alguno que permita sostener que éste, en su calidad de persona natural y/o como abogado de la Municipalidad de Combarbalá realizara o ejecutara, ilegal o arbitrariamente, alguna actuación u omitiera un acto que lesione alguno de los derechos fundamentales alegados por la recurrente u otro amparado por la acción de protección. Ello, aún mas claramente, por cuanto en el nuevo proceso sumarial que culmina con la dictación del acto administrativo cuestionado el señor nombre reservado no tuvo participación alguna y, por otro, tampoco le compete, conforme a las normas examinadas que regulan la responsabilidad administrativa, competencias y/o facultades para dictar el acto administrativo cuestionado.

DÉCIMOTERCERO: Que, en relación a las alegaciones efectuadas en la acción de protección, en orden a que la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones en causa de protección rol N° 1093-2018 produciría cosa juzgada respecto de los hechos por los cuales se dispuso el término de la relación laboral de la recurrida, de forma tal que, como se sostiene tangencialmente en la argumentación, ello impediría iniciar un nuevo proceso disciplinario en contra de la actora, debe tenerse en cuenta que al tratarse de una acción de urgencia, con un procedimiento breve y cuya finalidad es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el interesado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, conforme lo establece el artículo 20 de la Carta Fundamental, la sentencia que se dicta en el procedimiento de protección produce cosa juzgada formal en cuanto se debe cumplir con lo resuelto por el tribunal, pero, dada su naturaleza, ello no implica, la imposibilidad de volver a discutir lo mismo en otra instancia judicial y, menos aún, como ocurre en autos, el anular parcialmente el procedimiento disciplinario inicial y la respectiva decisión final del mismo, conforme lo determinó el órgano contralor, retrotrayéndose el proceso a una nueva formulación de cargos, entregando el procedimiento sumarial a un fiscal distinto, a fin de que ahora éste, tramitando conforme a derecho el proceso, pueda dictar una nueva decisión que permita a la autoridad competente, en este caso el Alcalde, dictar el acto administrativo objeto de la presente acción constitucional.

DECIMOCUARTO: Que conforme a lo razonado precedentemente y analizados los antecedentes que constan en la carpeta virtual de este recurso, resulta forzoso rechazar la acción constitucional, como se dirá en lo resolutivo, pues no se reúnen los presupuestos esenciales de la acción en análisis, al no existir un acto ilegal o arbitrario de las recurridas.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se RECHAZA el nombre reservado deducido por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado y de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 954-2019.