Protección contra Gobierno Regional de Coquimbo

I. Municipalidad de Monte Patria Gobierno Regional de Coquimbo Recurso de protección Rol N° 949-2014.- La Serena, catorce de octubre de dos mil catorce.

VISTOS Que a fojas 37 comparece don Pablo Barrantes Díaz, abogado, en representación, de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde don nombre reservado, chileno, casado, profesor, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra del Gobierno Regional de Coquimbo (GORE), persona jurídica de derecho público, representada legalmente por la Intendente Regional, doña nombre reservado, arquitecta, domiciliados en domicilio reservado, en la comuna y ciudad de La Serena, en razón de la negativa expresada por medio de Ord. N° 3278 de 19 de agosto de 2014, a cursar el pago de las indemnizaciones laborales que se indicarán con cargo a los fondos y boletas de garantías y fondos retenidos tomadas en su favor, garantizando la obra denominada "Ampliación y Adecuación Escuela Básica de El Palqui, Monte Patria", acto que vulneraría y afectaría la garantía constitucional establecida en el art. 19 N° 23 de la Constitución Política de la República.

Expresa que con fecha 07 de diciembre de 2007, se suscribió el convenio mandato entre el Gobierno Regional de Coquimbo (en calidad de mandante) y la municipalidad recurrente (en calidad de mandataria), para ejecutar el proyecto "Ampliación y Adecuación Escuela Básica de El Palqui de Monte Patria", estableciendo claramente que el mandante de la obra sería el Gobierno Regional y que la Municipalidad sería la Unidad Técnica, lo que fue sancionado por la Resolución N° 146 de fecha 18 de diciembre de 2007, obra que sería financiada con cargo al Fondo de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Coquimbo.

Indica que la referida obra fue licitada por la corporación edilicia con fecha 15 de julio de 2008, adjudicándose a la Empresa Ingeniería de Proyectos y Construcciones Ltda. (en adelante IMPROCOL), ello previa aprobación del Gobierno Regional de Coquimbo y se dictó el Decreto Alcaldicio N° 6.965 de fecha 04 de septiembre de 2008, suscribiéndose el contrato entre la Municipalidad e IMPROCOL Ltda., con fecha 27 de noviembre de 2008, y que dicha convención fue sancionada mediante Decreto Alcaldicio N° 9.312 de fecha 01 de diciembre de 2008.

Añade que este contrato contempla en la cláusula décimo cuarta, en relación a las obligaciones del contratista, específicamente en la letra "i) Dar cumplimiento a todas la obligaciones emanadas del Código del Trabajo y leyes sociales, respecto del personal contratado para la obra", pudiendo de acuerdo a la cláusula décimo primera, “subcontratar partidas especiales de la obra, pero, en tal caso, seguirá subsistiendo la responsabilidad del contratista como ejecutor directo de la obra." Expone que durante la ejecución de la obra, la empresa ejecutante subcontrató para realizar partidas especiales a la empresa ASECON Ltda., lo que fue debidamente registrado en el libro de obras, documento que luego fue extraviado por la empresa al momento de abandonar la obra.

Añade que durante dicha ejecución la empresa contratista, IMPROCOL Ltda.- entró en una situación de falta de liquidez, realizando el abandono intempestivo de la obra, dejándola sin terminar y abandonando a los trabajadores que hasta ese minuto trabajan allí, indistintamente para IMPROCOL Ltda. y para ASECON Ltda. Tal acontecer derivó en una multiplicidad de demandas laborales, dirigidas principalmente hacia la empresa contratada y la subcontratada y solidariamente contra la municipalidad recurrente, en su calidad de mandante, las que se tradujeron en condenas a pagar sendas indemnizaciones, sin embargo debido a que la municipalidad tenía la calidad de unidad técnica, siendo el GORE Coquimbo el encargado de pagar los estados de pagos, tenedor de las retenciones y titular de las boletas de garantía de la obra, se derivaron en todas las situaciones en que se pudo las sentencias para su pago a dicho Gobierno Regional, lo que significó que este organismo público pagara judicialmente dichas indemnizaciones. Tal criterio para proceder entre la municipalidad y el gobierno regional, derivó en un procedimiento para el pago de las indemnizaciones derivadas del incumplimiento laboral de la empresa contratada para ejecutar el proyecto constructivo, que fue afianzado y reconocido por parte del GORE Coquimbo, mediante Ord. N° 1168 de fecha 27 de marzo de 2012, en el cual se señala: "Que, el contrato de ejecución de obras suscrito entre la Municipalidad de Monte Patria y la Empresa Inprocol Ltda., en su cláusula novena señala categóricamente que la boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras, se hace extensible para caucionar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo prescrito en el art. 1 de la ley N° 19.886.

Indica que actualmente la municipalidad tiene tres bienes inmuebles embargados por una deuda de $18.433.360.- en la causa Rol C-14-2011, del primer juzgado de letras de Ovalle, los cuales serán rematados con fecha 30 de septiembre del presente año, siendo el caso que incluso en uno de ellos se construyó una planta de tratamiento de aguas servidas, por un valor aproximado de $100.000.000.- En relación a la acreencia indica que tiene su origen en la causa Rit M-8 -2011, caratulada “nombre reservado con ASECON Ltda” , por nulidad de despido y cobro de prestaciones, en que el Tribunal con Competencia Laboral determinó el pago de las indemnizaciones indicadas en la sentencia con fecha 04 de febrero de 2011, iniciándose el 26 de octubre del año dos mil doce por el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional de Ovalle, RIT C- 14-2011, el procedimiento de cumplimiento forzoso, razón por la cual el Municipio y la propia parte demandante oficiaron al Gobierno Regional para proceder al pago, informando el Gobierno Regional de Coquimbo a través del Ordinario N° 2095, de fecha 06 de junio de 2012 la no existencia de fondos por concepto de garantía o de cualquiera otra naturaleza a favor de la empresa Asecon Ltda., pero que sí existían fondos por concepto de garantía y saldo del contrato de obra a favor de la Empresa Improcol Ltda.- Estima que ello resulta contradictorio, debido a que el mismo Gobierno Regional procedió al pago de otras indemnizaciones laborales, en que el demandado era la empresa Asecon Ltda.

Señala que la Municipalidad de Monte Patria, ha requerido al Gobierno Regional de Coquimbo informándole de las demandas laborales y la posibilidad de realizar una defensa conjunta, en pos de la calidad de ente pagador que ostenta el Gobierno Regional de Coquimbo, como tenedor de las retenciones y titular de las boletas de garantía de la obra, no coincidiendo el rechazo del Gobierno Regional de Coquimbo a efectuar este pago, con su actuación en otras causas.

Expresa que la negativa trasuntada en el oficio que se recurre constituye una respuesta al Ord. n° 902/2014, de fecha 31 de julio de 2014, que solicitaba proceder al traspaso de los fondos para pagar las indemnizaciones que se detallaban en él, rebatiendo los argumentos expresados en el Ord. N° 3278 de fecha 19 de agosto de 2014, señalando que la boleta de garantía tomada por el contratista era para garantizar "el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras", garantizando no tan solo la obra, sino todas aquellas obligaciones establecidas en el contrato, independiente de la naturaleza de ellas, mientras estén contempladas, siendo su objeto garantizar las obligaciones suscritas por Inprocol Ltda. en la obra referida, sin perjuicio de su tomador, habiendo accedido el GORE Coquimbo y todas las partes involucradas a su recepción, garantizando actualmente las obligaciones establecidas en el contrato al no existir recepción definitiva de la obra, siendo el caso que no solo existen los fondos de las boleta de garantía ya mencionada, sino también retenciones de la obra, las cuales de igual manera pueden servir para solventar la deuda, impresionando la negativa infundada, como arbitraria e ilegal, como un acto de defensa jurídica de la empresa tomadora de la boleta de garantía, por un órgano publico garante del cumplimiento de la normativa y los derechos de los trabajadores.

Estima que el acto referido vulnera la garantía contemplada en el numeral 23 del artículo 19 de la Carta Fundamental, entendida en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la inembargabilidad de los bienes municipales destinados a su funcionamiento.

Entiende que esta clase de bienes corresponde a bienes nacionales de uso público, no susceptibles de apropiación particular, incomerciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Añade que la Excma. Corte Suprema ha señalado que la referida inembargabilidad de los bienes y recursos municipales "es un beneficio conferido por la ley más en favor de la comunidad destinataria de la acción del municipio, que en provecho de la corporación dueña de esos bienes y obligada a utilizarlos en los servicios que debe ejecutar para atender a las necesidades colectivas de la comuna en el marco de su competencia legal" (considerando 14° Rol Nº 40257/97), de lo que se deduce que esta excepción "no puede calificarse de diferencia arbitraria o carente de asidero racional, puesto que ella persigue impedir que los servicios que los municipios deben prestar o financiar con tales bienes o recursos, se interrumpan o entraben como consecuencia de su embargo y realización en el pago forzado de obligaciones de las municipalidades" (considerando 15° del mismo fallo).

Señala que el escrito de Bases para el Remate, de fecha 18 de julio de 2014, presentado ante el Primer Juzgado Civil de Letras de Ovalle por el demandante en la cusa RIT C-14-2011, se refiere a inmuebles destinados a satisfacer necesidades colectivas , cuyo embargo produce una perturbación en el servicio otorgado por el Municipio en tales inmuebles.

En virtud de lo expuesto concluye solicitando que se acoja el recurso, ordenando que se declaren y se repongan los derechos ya referidos, con costas, dejando sin efecto el Ord. N° 3278 de fecha 19 de agosto de 2014, el cual niega injustificadamente el pago de las indemnizaciones ya señaladas, y en definitiva ordenar la tramitación del pago de las indemnizaciones laborales que se indicaron con cargo a los fondos retenidos y boletas de garantías tomadas en favor de la recurrida, respecto de la obra denominada "Ampliación y Adecuación Escuela Básica de El Palqui, Monte Patria".

Que a fojas 84 comparece don Iván Silva Espinosa, abogado quien, informando en representación de la recurrida, Gobierno Regional de Coquimbo, solicitó el rechazo, con costas, de la acción intentada en razón de los siguientes fundamentos.

Expresa que el Gobierno Regional debe actuar para financiar proyectos de inversión pública, cuando los recursos provienen del Fondo Nacional de Desarrollo, debiendo pasar los proyectos de inversión por diferentes etapas, logrando en primer término una recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social, para luego obtener su financiamiento a través de la priorización por el Consejo Regional y la aprobación del Ministerio de Hacienda para poder iniciar su ejecución.

La manera en que, actualmente, el Gobierno Regional de Coquimbo encomienda la ejecución de proyectos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es constituyendo unidades técnicas en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18.091 a través de la figura del mandato completo e irrevocable.

En la especie, indica que la Municipalidad de Monte Patria fue constituida como unidad técnica para la ejecución de la obra "Ampliación y Adecuación Escuela Básica de El Palqui", en virtud del Convenio Mandato Completo e Irrevocable celebrado con fecha 07 de diciembre de 2007 con el Gobierno Regional, aprobado por resolución N° 146 de fecha 18 de diciembre de 2007.

Lo anterior se tradujo en el deber de la Municipalidad recurrente de realizar las siguientes gestiones técnicas y administrativas: elaboración de las bases de la licitación, adjudicación, celebración del contrato, inspección de la obra, visación de los estados de pago que presente el contratista y recepción provisoria y definitiva de la obra, resaltando que el papel del Gobierno Regional es de proporcionar el financiamiento para la ejecución del proyecto, lo cual se encuentra supeditado al cumplimiento de cada una de las obligaciones a que la unidad técnica se comprometió en razón del Convenio Mandato Completo e Irrevocable ya mencionado, del contrato de obras que celebra y de las bases administrativas que rigen la licitación.

En el contexto referido, la Municipalidad adjudicó la obra a la empresa INPROCOL, por un monto total de $2.101.648.102.- para su ejecución, suscribiendo el respectivo contrato con fecha 27 de noviembre de 2008, expresando que después de un tiempo INPROCOL, como consecuencia de diversos problemas financieros, abandonó la obra de manera intempestiva. A raíz de esta situación, la Municipalidad puso término anticipado al contrato, por incumplimiento grave del contrato y obligaciones laborales, según Decreto Alcaldicio N° 1511 de fecha 17 de febrero de 2011.

Señala que la obra se ejecutó con trabajadores contratados por la empresa contratista INPROCOL, y por trabajadores de la empresa subcontratista Asecon Limitada y que las demandas laborales que enfrenta la Municipalidad de Monte Patria, y por la cual tiene embargados tres inmuebles municipales, corresponden a ex trabajadores de la subcontratista Asecon Limitada.

Expone que las Bases Administrativas de la licitación pública y el contrato de obra suscrito entre la Municipalidad y la empresa INPROCOL, permitían el régimen de subcontratación siempre y cuando éste fuera expresamente autorizado por el Inspector Técnico de la Obra, según se establece en las cláusula décima primera del contrato de ejecución de obra de fecha 27 de noviembre de 2008, autorización que nunca se materializó.

Indica que una vez de producido el abandono intempestivo de las obras, quedaron trabajadores contratados por INPROCOL y por la subcontratista ASECON con deudas laborales correspondientes a remuneraciones, cotizaciones previsionales, feriados legales, etc., lo que se tradujo en una serie de demandas laborales en contra de las respectivas empresas, a saber, INPROCOL LIMITADA y la subcontratista ASECON LIMITADA y, de forma subsidiaria o solidaria, en contra de la Municipalidad de Monte Patria, por haber firmado el respectivo contrato de obra, precisando que el Gobierno Regional de Coquimbo no fue emplazado judicialmente a comparecer en ninguno de los juicios laborales que se emprendieron.

Las causas referidas se radicaron principalmente en el 1° y 2° Juzgados de Letras de Ovalle, señalando que las demandas laborales que se ventilaron en el 2° Juzgado de Letras de la ciudad de Ovalle fueron pagadas de manera íntegra por el Gobierno Regional, ya que el tribunal interpretó que, pese a no estar demandado, ni ser parte del proceso, ni haber suscrito el contrato de obra, le correspondía pagar dichas demandas. Por ello, cada vez que dicho tribunal lo estimó pertinente, se solicitó al Gobierno Regional una retención determinada con cargo a la "boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato", tomada por INPROCOL, que posteriormente era consignada por el Gobierno Regional a la cuenta del tribunal. De esta manera, se pagaron deudas laborales de ex trabajadores de la empresa INPROCOL.

Indica que una situación distinta ocurrió con las causas que se radicaron en el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, pues ese tribunal dispuso oficiar al Gobierno Regional para efectuar retenciones con cargo a la "boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato", tomada por INPROCOL, sólo respecto a deudas correspondientes a los ex trabajadores de dicha empresa, y no respecto de deudas de ex trabajadores de la empresa subcontratista ASECON.

Es decir, el Primer Juzgado de Letras de Ovalle ha interpretado que, al no estar el Gobierno Regional demandado en las causas laborales de los ex trabajadores de la empresa Asecon Limitada, y al no existir garantía tomada por esta última, no correspondería hacer retenciones con cargo a la boleta de fiel cumplimiento del contrato tomada, en su momento, por Inprocol. Tampoco ha ordenado a ese servicio efectuar pago alguno. Ha entendido que el vínculo contractual de los ex trabajadores de la empresa subcontratista subsiste, de manera solidaria, con la Municipalidad de Monte Patria, por lo que ha ordenado el embargo de los tres inmuebles municipales individualizados en el escrito de la recurrente.

Expone que la decisión del Gobierno Regional de Coquimbo, de no pagar las deudas laborales mencionadas, se funda en no hallarse emplazado judicialmente en las causas respectivas y en que tampoco ha recibido orden, por parte del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, que disponga retener o efectuar dichos pagos.

Entiende, por ende, que este servicio no ha incurrido en alguna acción y/u omisión que pueda calificarse de ilegal y/o arbitraria, habiéndose comunicado a la I. Municipalidad de Monte Patria la imposibilidad de pagar con cargo a la "boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato", puesto que, a la fecha, ésta fue ocupada en su totalidad en retenciones judiciales que fueron consignadas en su oportunidad.

Agrega que, existe otra boleta que corresponde a la de "correcta ejecución de la obra", que tiene un propósito distinto, que es el de caucionar cualquier desperfecto técnico o material que diga relación con la obra y que se manifieste en el tiempo que media entre la recepción provisoria y la recepción definitiva, la que fue tomada por la sociedad Selim Dabed y Compañía Limitada, empresa que terminó las obras abandonadas por INPROCOL, y debe serle devuelta una vez que se produzca la recepción definitiva de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, expresa que los bienes municipales embargados corresponden a la causa C-14-2011, caratulada “nombre reservado con ASECON LTDA.”, radicada en el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, respecto de los cuales mediante resolución de fecha 20 de septiembre de 2014, se ha ordenado el remate de un inmueble municipal en el cual se ubicaría una planta de tratamiento de aguas servidas que tendría naturaleza de inembargable, según prescribe el artículo 32 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, entendiendo, en ese contexto, que la arbitrariedad o ilegalidad recaería en la resolución que ordena el remate de un bien que posee la calidad de inembargable, por ley.

Que a fojas 91, se trajeron los autos en relación.

A fojas 93 se dispuso como medida para mejor resolver la extracción de copias autorizadas de la causa Rit C-14-2011 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Ovalle.

A fojas 94, con fecha 8 de octubre de 2014, se trajeron los antecedentes para resolver.

CONSIDERANDO Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Segundo: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas, en la especie, la del artículo 23 de la Constitución Política, entendida en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la inembargabilidad de los bienes municipales destinados al funcionamiento de sus servicios.

Tercero: Que son hechos que no se encuentran controvertidos, dadas las exposiciones del recurrente y los recurridos y la prueba documental que se aparejó, los siguientes: Que con fecha 7 de diciembre de 2007 se suscribió un convenio mandato irrevocable entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, por el cual esta última, como mandataria y asumiendo la condición de Unidad Técnica, se comprometió a ejecutar para la primera el proyecto “Ampliación y Adecuación Escuela Básica de El Palqui, Monte Patria”, el que se financiarían con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional; Que la obra fue licitada por la citada corporación edilicia con fecha 15 de julio de 2008, y se le adjudicó a la empresa IMPROCOL LTDA., con fecha 27 de noviembre de 2008, sancionándose el contrato con el Decreto Alcaldicio N° 9312 de 1° de diciembre de 2008; Que en este contrato se impuso la obligación de la contratista de dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas del Código del Trabajo y leyes sociales, respecto del personal contratado para la obra, y se le otorgó la facultad de subcontratar partidas especiales de la obra, pero manteniéndose subsistente la responsabilidad del contratista como ejecutor directo de la obra; Que INPROCOL LTDA., subcontrató partidas especiales de la obra con la empresa ASECON LTDA; Que IMPROCOL LTDA hizo abandono intempestivo de las obras, dejando en la obra a sus trabajadores y la Municipalidad puso término anticipado al contrato por incumplimiento grave del mismo y de obligaciones laborales, dictándose al efecto el Decreto Alcaldicio N° 1511 de 17 de febrero de 2011; Que la obra se continuó ejecutando por la empresa ASECON LTDA con trabajadores propios y trabajadores de IMPROCOL LTDA; Que sobrevinieron varias demandas laborales enderezadas contra la empresa contratista y la subcontratista y, solidariamente, contra la Municipalidad de Monte Patria; Que se han dictado sucesivas condenas en estos juicios, imponiéndole a la Municipalidad el pago de las prestaciones laborales, las que han sido derivados por ésta al Gobierno Regional, quien ha procedido a su pago, luego de ordenarse la retención respectiva con cargo a la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, tomada por INPROCOL LTDA.; Que ello no sucedió en algunas de estas causas, entre ellas la correspondiente al RIT M-8 2011 caratulada “nombre reservado con Asecon Limitada y Municipalidad de Monte Patria“ del Primer Juzgado Laboral de Ovalle, la que a su vez originó la C-14-2011 en sede de Cobranza Laboral y Previsional; y que mediante Oficio Ordinario 3278 de 19 de agosto de 2014, el Gobierno Regional, comunicó al Alcalde de Monte Patria la imposibilidad de pagar con cargo a boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, entre otras razones, por haber sido ocupada en su totalidad en retenciones judiciales anteriores.

Consta, además, de las piezas pertinentes del mencionado expediente de cobranza laboral del Primer Juzgado del Trabajo de Ovalle, tenido a la vista como medida para mejor resolver: Que las demandadas fueron requeridas de pago, el cual no sirvieron y tampoco opusieron excepciones dentro de plazo legal; Que se ordenó y trabó embargo en tres inmuebles municipales; Que se fijó fecha de remate de los mismos para el 30 de septiembre pasado, el que no se verificó; Que existe una incidencia de nulidad de lo obrado a partir de la resolución de 27 de noviembre de 2013 que dispuso el embargo de estos bienes municipales, fundada sucintamente en la arbitrariedad e ilegalidad de dicha resolución en razón de la inembargabilidad de tales bienes, atento a los fines de funcionamiento de servicios a que están destinados; Que las partes de común acuerdo presentaron con fecha 30 de septiembre de 2014 una suspensión del procedimiento de ejecución hasta el 30 de noviembre. Y consta, por último, que por escrito separado de la misma fecha, la parte demandada de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, a través de su apoderado, acompañó cheque a nombre del actor para responder parcialmente al pago de su acreencia, por el valor $5.802.330, el que se guardó en la custodia de ese tribunal.

Cuarto: Que según se infiere del escrito de la recurrente, el acto ilegal y arbitrario que se imputa a la recurrida Gobierno Regional de Coquimbo es el Ordinario N° 3278 de 19 de agosto de 2014, por el cual el ésta se negó a cursar fondos por concepto de boletas de garantía de la obra para que se pagaran las acreencias laborales de que daban cuenta algunas sentencias de Juzgados del Trabajo, a consecuencia de lo cual a la Municipalidad de Monte Patria se la está ejecutando en el Rit C-14-2011 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Ovalle, trabándose embargo e instándose por el remate de tres bienes inmuebles destinados a servicios municipales, lo que vendría a afectar la garantía constitucional que detenta sobre dichos bienes consagrada en el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política en relación con el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que prescribe la inembargabilidad de los mismos.

Quinto: Que de lo expuesto, resulta claro que no ha sido el Ordinario N° 3278 del Gobierno Regional Coquimbo, el acto administrativo que pudiera haber amagado la garantía constitucional invocada por la recurrente, sino, más bien —para el caso de estimarse correctamente invocada tal garantía, su titularidad por la Municipalidad y la efectiva condición de inembargabilidad de los bienes inmuebles municipales cuya realización se pretende—, han sido actos de naturaleza jurisdiccional los que la afectaron, especialmente la resolución que autorizó su embargo y de la cual se derivan todos los demás que conducen a la posibilidad de su venta en pública subasta, emanados de Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Ovalle en la causa Rit C-14-2011. La misma recurrente, en todo caso, lo entendió ya de esta manera, desde que, actuando como ejecutada en estos autos, ha impugnado por ilegal y arbitraria la resolución judicial que autorizó tal embargo.

Sexto: Que tal es así, que la negativa del Gobierno Regional de Coquimbo a librar fondos para el pago de los créditos laborales demandados con cargo a una determinada boleta de garantía —la de fiel cumplimiento del contrato—, tomada por IMPROCOL LTDA., no eximía a la Municipalidad de Monte Patria, en cuanto mandante de la obra encomendada a la empresa contratista y las subcontratistas, a servir el pago de las obligaciones laborales dejadas impagas por alguna de éstas, dada la responsabilidad solidaria que le asiste en esta materia, con lo que todos sus bienes comerciables pasaban a constituir la prenda general de estos acreedores, no siendo de responsabilidad de la requerida que uno de los demandante de los varios juicios laborales señalara para embargo bienes aparentemente excluidos por ley de ser afectados por tal gravamen y de ser sacados a remate. En tal caso, por lo demás, la corporación municipal ejecutada disponía de medios procesales para impugnar las actuaciones jurisdiccionales correspondientes, así como para ofrecer otros bienes para asegurar el pago de las obligaciones que pudiera estar adeudando, sino lograba hacerse de recursos para verificar su pago.

Tal situación por lo demás es lo que efectivamente ha sucedido en la causa laboral Rit C-14-2011 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Ovalle, en que se ha provocado la discusión de la naturaleza de los bienes municipales que resultaron embargados, a través de un incidente procesal de nulidad de lo obrado, y donde también se ha efectuado una consignación por el apoderado de la Municipalidad de Monte Patria para pagar parte de lo adeudado al ejecutante nombre reservado, que fue quien provocó el embargo que en dicho procedimiento y ahora a través de esta acción de protección, cuestiona el recurrente.

Séptimo: Que, por otra parte, en lo que respecta al derecho amagado, como se sabe y ha venido siendo reiterado por la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema, éste debe evidenciarse de manera cierta y determinada, es decir, ser indubitada la titularidad invocada por el recurrente. En la especie, sin embargo, se ha establecido que en los antecedentes laborales tantas veces mencionados del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Ovalle, la requirente de protección, como ejecutada, ha promovido a través de un artículo de nulidad procesal, la discusión acerca de la naturaleza y estatuto jurídico que rige a los bienes inmuebles de su propiedad que fueron embargados, lo que fue seguido de una solicitud de mutuo acuerdo con su contraparte, de suspender el procedimiento de ejecución hasta el 30 de noviembre del presente año.

Entonces, dicha discusión que se ventila en otra sede jurisdiccional, impide también otorgar la calidad de indubitada a la garantía invocada.

Octavo: Que, por último, si la recurrente ha consignado fondos para solucionar las obligaciones adeudadas en el único proceso que se acreditó afectaba la supuesta garantía constitucional cuya titularidad pretende y en el que además llegó a un acuerdo de suspensión con la ejecutante del procedimiento de apremio hasta el próximo 30 de noviembre, es claro, también que su acción de protección dejó de ser oportuna y eficaz para concurrir a la protección demandada.

Noveno: Que, entonces, atendidas las consideraciones y análisis precedentes, no apareciendo de manifiesto la comisión de un acto ilegal o arbitrario que conlleve la vulneración de alguna garantía constitucional protegida respecto de la cual el recurrente sea titular indiscutido, y habiendo perdido ya oportunidad de eficacia la acción impetrada, no es posible a esta Corte otorgar la protección requerida, debiéndose rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Pablo Barrantes Díaz, en representación de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Suplente nombre reservado.

Rol 949-2014.- Pronunciado por la Segunda Sala integrada por el Ministro Titular señor Raúl Beltrami Lazo, el Ministro (S) señor nombre reservado y la abogada integrante señora Marcela Viveros Varela. No firma el Sr. nombre reservado por haber cesado en sus funciones, no obstante haber concurrido, a la vista y acuerdo de la presente causa.

nombre reservado

Secretario La Serena, catorce de octubre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.