nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Recurso de protección Rol N° 947-2025 La Serena, de quince de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De Coquimbo y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. señalando como acto ilegal y arbitrario la comunicación verbal de rechazo a la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicado el 29 de mayo de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, en virtud de su calidad de técnico extranjero.

Señala que la recurrente el 29 de mayo del 2025 se comunica telefónicamente con la ejecutiva de la AFP, quién le indicó que la solicitud se encontraba rechazada en virtud de que el certificado de afiliación del Seguro Social del país de origen no se encontraba apostillado.

Expresa que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen no obstante, rechazan argumentando que la constancia certificada no está apostillada y/o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Hace referencia a lo señalado en el artículo 1° y 7 ° de la Ley N°18.156 conforme a los cuales, en caso de que trabajadores extranjeros registren cotizaciones en una administración de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo primero, norma que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de Seguridad Social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Señala que la actora cumple con los requisitos mencionados siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de orígen.

Agrega que la respuesta entregada por la AFP evidencia el actuar arbitrario e ilegal, puesto que se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Agrega que se acompañó el certificado de afiliación emitido por la seguridad social del país de origen, el que puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que, de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, te arrojará la web indicada, Señala que la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente.

Expresa que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, imponiendo requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, siendo confirmada esta decisión por la repartición pública recurrida.

Culmina solicitando se ordene reconocer la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Foto captura que evidencia comunicación telefónica; 3. Comprobante de solicitud de retiro de fondos; 4. Constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen; 5. Cédula de identidad venezolana de la recurrente; 6. Título profesional apostillado; 7. Cédula de identidad venezolana; 8. Certificado de cotizaciones previsionales; y 9. Carta de aprobación de AFP Cuprum.

SEGUNDO: Que evacuó informe don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

Señala en primer término que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias que de lato conocimiento con carácter contradictorio y que lo pedido por la recurrente −que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones– no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia.

En segundo lugar expone que ProVida rechazó solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Hace presente que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Para efectos de acreditar lo señalado, acompaña copia de Oficio Ordinario N°5376 de fecha 28-03-2025, en donde la Superintendencia de Pensiones en caso igual al de estos autos, resuelve no acceder a la devolución solicitada por cuanto en la especie no se cumplían con los requisitos legales y/o normativos.

Agrega que, en todo este tiempo, la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones exponiendo su caso para efectos de obtener pronunciamiento del regulador.

Refiere en tercer término, respecto del marco normativo aplicable, que el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 establece claramente que las AFP están facultadas exclusivamente para otorgar las pensiones, prestaciones y beneficios contemplados expresamente en dicha ley, encontrándose prohibido que destinen los fondos previsionales a fines distintos de los legalmente previstos, salvo excepciones taxativas que no concurren en la especie.

Precisa que la Ley N°18.156 establece condiciones excepcionales para que técnicos extranjeros puedan retirar sus cotizaciones, debiendo acreditar previamente ciertos requisitos, a saber; a). Que detenten la calidad de técnicos; b). Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile; c). Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Señala que el comportamiento adoptado por su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales. Esta Corte, a su turno, comparte la postura de las recurridas por las siguientes razones:

1.- En primer término, valga recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora, al sostener que ese dato podía ser revisado por la misma entidad recurrida. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

Por lo demás, el documento anexado a folio 1.4 no es idóneo para satisfacer la exigencia, al no cumplir con las exigencias básicas para considerarlo como válido en Chile, al tratarse de un documento extranjero sin la debida legalización exigida por nuestra ley nacional.

2.- A lo anterior abona que las recurridas sustentan su oposición a la improcedencia de acoger el requerimiento, por no cumplirse las exigencias legales referidas. Aquello deja en evidencia que el derecho que se exige carece del carácter de indubitado, elemento propio de las garantías que pueden ser impuestas por esta vía constitucional y de excepción, nueva razón para desechar el presente arbitrio.

3.- Finalmente, en cuanto a la lectura de la ley, resulta acorde a los intereses del recurrente cuyo sentido no es compartido por esta Corte, desde que la Ley N°18.156 fue dictada para permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados por ciertos trabajadores extranjeros temporales, facultad que no cuentan los demás trabajadores nacionales, de manera que la excepcionalidad debe leerse con tal rasgo y, por ende, ser exigentes al momento de cumplir sus estándares. Al no ocurrir, el rechazo debe ser confirmado pues, lo contrario, importa provocar una desigual protección ante la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A..

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°947-2025 Protección.